Asalto al tren de la democracia

El tren marchaba tranquilamente por los páramos desiertos de lo que antes había sido Francoland, conquistada con mucho trabajo y esfuerzo para los nuevos Estados Unidos que se estaban fraguando bajo mandato de la masonería, habiendo plasmado para la posterioridad la efigie de su primer presidente en los billetes de curso legal.

Sin disimulo, con la cara al descubierto, sabiendo que aunque le detuvieran su amistad con el sheriff mayor del condado le evitaría cualquier pena que pudiera corresponderle, además, un tribunal de justicia, decían que en nombre del pueblo, había condenado a uno de sus ayudantes por disparar y herir en una pierna a un preso convicto y confeso por sentencia firme, que huía cuando era conducido a prisión, acompañado de su pandilla de secuaces y a caballo, al trote y agotándolos por el esfuerzo, el Niño de la Sauna se encaramó al postigo de uno de los vagones y, de un potente salto, logró pasar a su interior, amenazando a los viajeros con una pistola en cada una de sus manos: Esto es un atraco, todo el mundo quieto o disparo.

El tren transportaba ganado, miles de ovejas apiñadas en los últimos vagones de la marcha. Entre los viajeros no había ningún tipo de personas agresivas, todos eran trabajadores de diferentes oficios y profesiones, tratantes de ganado, propietarios de pequeños almacenes, vendedores ambulantes, militares retirados postergados en la milicia, obreros del propio ferrocarril, trabajadores chinos que buscaban un sitio mejor al que tenían en su lugar de procedencia, mujeres y niños que iban a reunirse con sus maridos y padres, todo gente pacífica cuyo único sueño era trabajar y ser feliz con su familia y amigos.

En ese momento se interrumpió la película, se apagaron las luces de seguridad y se encendieron unos filamentos rojos como la sangre dentro de unas bombillas transparentes cuando empezó a sonar La Internacional, los asistentes se pusieron de pie y cerraron su canto con un clamoroso aplauso, que no llegué a captar si era de sumisión y miedo o de aprobación y afirmación de su espíritu marxista porque hacía muchos años que había visto algo parecido cuando un mandatario salía a saludar a un balcón en el Palacio de Oriente y a las veinticuatro horas todo el mundo despotricaba contra esa misma persona.

De cualquier forma, en la pantalla apareció el NODO SANCHISTA, noticiario de actualidad del feliz vivir de la nación:

El presidente del Gobierno nombra nuevos miembros del Tribunal Constitucional a una señora catedrática de derecho, socialista, catalana, Coordinadora Jurídica del Ministerio de la Presidencia de Gobierno, Laura Díez.

Y a Juan Carlos Campo, que ha sido ministro de Justicia del Gobierno de España hasta hace pocas fechas y ha firmado o revisado, puesto que todos los proyectos de ley y reales decretos leyes del Consejo de Ministros pasan por el filtro del Ministerio de Justicia, una serie de leyes que el Tribunal Constitucional, del que ahora va a formar parte, ha declarado inconstitucionales, como el confinamiento en los dos estados de alarma decretados por el gobierno socialista, el cierre del Congreso de Diputados durante el primero de ellos y la inclusión del entonces vicepresidente Pablo Iglesias en la comisión delegada que controla el CNI.

Juan Carlos Campo, contrario furibundo de la prisión permanente revisable, divorciado y padre de dos hijos, actual pareja sentimental de la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Meritxell Batet, es un jurista preparado, meticuloso y de reconocido prestigio mientras ejerció la judicatura. Pero cuando llegó al Gobierno, encontró la forma de contradecirse de aquello que había manifestado días antes de su nombramiento: “Pedro Sánchez ha asumido con ERC el compromiso de vaciar los tribunales de causas abiertas contra los separatistas. El pacto invade de este modo la independencia judicial y pisotea la capacidad de actuación de la Fiscalía al asumir, como compromiso de Gobierno, “el reconocimiento del conflicto político y la activación de la vía política para resolverlo […], superando la judicialización de este”. OK diario del 03-01-2020.

Él fue el quién, entre otras cosas, se opuso a la reclamación del gobierno de Bolivia, en calidad de testigos, de Pablo Iglesias, José Luis Rodríguez Zapatero, Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón y el exjuez Baltasar Garzón, para esclarecer las causas del incidente diplomático entre España y el país sudamericano, ocurrido el 27 de diciembre de 2019 en la Embajada de México. Y el protagonista del tema de los indultos a los golpistas independentistas catalanes, y del catálogo de penas de la “Ley del sí es sí” que está aguantando Irene Montero pero que Pedro Sánchez sabe que el último responsable de ese bodrio lo tiene en sus propias filas, por eso defiende lo indefendible por encima de la verdad palpable.

Este es el personaje que en el futuro tiene que tomar decisiones sobre la inconstitucionalidad o no de los recursos interpuestos contra las leyes que él promulgó o sancionó positivamente y que han sido recurridas como inconstitucionales: Ley Celáa de educación, ley de eutanasia, ley de la reforma laboral, ley de asalariados de los repartidores, del Ingreso Mínimo Vital y ley de protección a la infancia.

A mí me suena todo esto a un proceso preparatorio para que, a medio plazo, el Tribunal Constitucional se pronuncie favorable a un referéndum que mediante una coma aquí y otra allí, se salte la Constitución por la puerta trasera, a fin de que su jefe Sr. Sánchez pueda cumplir con el peaje prometido a aquellos que le han apoyado en su elección parlamentaria como Presidente, para que ERC y Bildu declaren la independencia de sus respectivos territorios, tratando la decisión de democrática y considerando bélicos y fascistas los españoles que se opongan aplicando el artículo octavo de la Constitución: “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el orden constitucional”.

Acaba el informativo y continúa la película. El Niño de la Sauna y su banda abandonan el tren con su botín, huyendo al galope hacia tierras desconocidas. Tras un trecho que les pareció interminable a los viajeros, llegaron a una estación que se llamaba “El Rey”, a dónde no había llegado la noticia, o no le daban importancia, del asalto que se había producido unos kilómetros antes. Todo era jolgorio en aquella ciudad, se estaban celebrando elecciones a juez del distrito, a sheriff y a alcalde, todos locales, conocidos por sus conciudadanos y sabiendo quién es quién, who is who decían allí. Pobrecillos, pensaban los espectadores, porque se acordaron de las palabras que el juez Campo dijo antes de llegar a ser ministro: «La pasión por la Justicia ha vertebrado mi vida. Debemos luchar por tener una justicia pronta, eficaz e imparcial». Y alguien sentenció: Si es así, que la nación se lo premie; y si no es así, que el pueblo se lo demande.

Antonio CAMPOS

Será tarde

El presidente Pedro Sánchez ha declarado que «Una de las cosas por las que pasaré a la historia es por haber exhumado al dictador. Lo que me motivó a hacerlo no solo fue la deuda que tenemos con los familiares de las víctimas sino también reivindicar el pasado luminoso del republicanismo». Ni que decir tiene que rápidamente le han aplaudido su círculo de mantenidos y/o subvencionados por el erario, como Luis García Montero, Pedro Almodóvar, Meritxell Batet, así como varios ministros socialistas y miembros de la Ejecutiva Federal del PSOE.

Nadie discute la etapa franquista, es una más en la historia de esta nación y así debería enseñarse a todas las generaciones venideras a fin de que no volvieran a producirse ni los actos y asesinatos que precedieron a la Guerra Civil ni la dictadura y su venganza sanguinaria después de la guerra.

He consultado el DRAE, costumbre que tengo desde que era un infante, y en la entrada correspondiente a dictador, dice:

1. m. y f. En la época moderna, persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos y, apoyada en la fuerza, los ejerce sin limitación jurídica.

2. m. y f. Persona que abusa de su autoridad o trata con dureza a los demás.

En el diccionario de Oxford se define:

1.Soberano que recibe o se arroga el derecho de gobernar con poderes absolutos y sin someterse a ninguna ley.

2.Persona que abusa de su superioridad, de su fuerza o de su poder en su relación con los demás.

Al igual que las guerras actuales ya no se hacen en lucha cuerpo a cuerpo por parte de la infantería, sino que es el poder nuclear y el miedo al mismo lo que lleva a ganarlas, o a perderlas, para dar un golpe de estado o imponer una dictadura no es necesario sacar los tanques a la calle o tomar un parlamento por las armas. Ahora el tema es mucho más sublime, puede alcanzarse un estado autócrata o autoritario cambiando las leyes por parte de una suma agregada de minorías que, con pátina democrática de votar una vez cada cuatro años, no tenga en cuenta la evolución diaria de la realidad en la que se vive.

España es un claro ejemplo de ello, en la que Pedro Sánchez se mantiene en el poder a través de los siguientes grandes apoyos:

– El de separatistas e independentistas, que saben no obtendrían nunca una situación tan favorable a sus intereses por la debilidad del número de diputados del partido en el Gobierno.

– El cambio de las leyes y toma del poder de los órganos fundamentales en el funcionamiento del Estado, que hacen prácticamente imposible el resarcimiento de responsabilidades por parte de quien disienta de sus actuaciones.

– La colaboración interesada crematísticamente de diferentes medios de comunicación a favor de la causa fundamental que los sostiene.

– Y la peor de todas, la mentira permanente en la que está establecido nuestro presidente, que miente permanentemente, sin sentimiento de culpa, honor ni responsabilidad política ni penal de ningún tipo, que hubiera provocado su cese o dimisión inmediata en cualquier nación verdaderamente democrática y que aquí es aplaudida y mantenida como verdad universal por parte del electorado.

De esas declaraciones que hemos dejado constancia al principio de estas líneas, lo más importante no es el haber sacado los restos de Franco del Valle de los Caídos, porque el General estaba bien muerto, enterrado y olvidado por todo el mundo, incluso las dos últimas generaciones de españoles no sabían quién había sido.

Lo peor de todo es que Pedro Sánchez está convencido de que pasará a la historia, al mismo nivel que los Reyes Católicos, Carlos I o Azaña, reivindicando el pasado luminoso del republicanismo en un país en el que la Constitución establece que la forma de Estado es una monarquía.

Para mí, esto tiene dos explicaciones: La primera es que ha empezado la cuenta atrás del reinado de Felipe VI El Escayola, que únicamente adorna como lo hacían esas figuritas de escayola que hace años se ponían encima del televisor cuando estos eran casi tan anchos como altos, que el mismo sistema que ha utilizado para cambiar las leyes para mantenerse en el poder es el que va a utilizar para acabar con la monarquía y establecer una Tercera República que pondrá de nuevo a España en pie de guerra.

Y la segunda es que es probable que estemos ante una persona con problemas mentales, megalomanía maléfica en estado puro, que se crea sus propias mentiras, o sea, un mitómano, mezcla de narcisismo e histrionismo, que necesita sentirse grandioso y el centro de las miradas de todo el mundo, dada su baja autoestima, hasta el punto de mentir para crearse una identidad con la que se siente a gusto, adquiriendo esa conducta adictiva por repetición ya que así se ve reforzado por los beneficios que logra.

Sr. Sánchez, usted pasará a la historia como el político más mentiroso que ha existido en la historia de España, mucho peor que los representantes de Podemos, de los secesionistas e independentistas catalanes y vascos, porque todos estos dicen claramente cuales son sus objetivos, con los que puedes o no estar de acuerdo, pero usted dice una cosa y hace otra. Y el pueblo le sigue votando, y parece que le da todo igual, y se cree las mentiras que dice por la mañana y contradice con sus actos por la tarde. Así nos va. En España faltan cárceles y escuelas especiales. Cuando nos queramos dar cuenta, será tarde.

Antonio CAMPOS

La mentira y el poder

La Orden de los Iluminados -Illuminati- se remonta al siglo XVIII como sociedad secreta, y sus solemnes juramentos eran: “Eterno silencio, firme lealtad, fidelidad y obediencia a todos los superiores y estatutos de la orden”. Junto al Club Bilderberg se disputan el control del llamado Nuevo Orden Mundial.

Como todo lo que atañe a estos temas, hay excesivas historias, a favor y en contra, y supuestas verdades y mentiras a su alrededor. Una de ellas es la que mantiene William Guy Carr, fundamentalista cristiano y escritor de teorías conspirativas y antimasónicas, en uno de sus libros de 1955, sobre la presunta existencia de unas cartas escritas entre los años 1870 y 1872, en las que se habla de un plan para el «futuro» del mundo, fomentando tres grandes guerras mundiales:

• La primera permitiría derrocar el poder de los zares en Rusia y transformar ese país en la fortaleza del comunismo ateo necesaria como una oposición controlada y antítesis de la sociedad occidental.
• La segunda se desataría aprovechando las diferencias entre la facción ultraconservadora y los sionistas políticos. Se apoyará a los regímenes europeos para que terminen en dictaduras que se opongan a las democracias (Nazismo, Fascismo, Comunismo y Socialismo) y provoquen una nueva convulsión mundial cuyo fruto más importante será el establecimiento de un Estado soberano de Israel en Palestina, reclamación inmemorial de los judíos.
• La tercera y definitiva guerra se desataría a partir de los enfrentamientos entre sionistas y musulmanes. Este conflicto deberá orientarse de forma tal que el islam y el sionismo político se destruyan mutuamente y además obligará a otras naciones, una vez más divididas sobre este asunto, a entrar en la lucha hasta el punto de agotarse física, mental, moral y económicamente.

Verdad o no todo ello, lo que sí está muy claro es que en la Ley número 32 de los Iluminati se lee textualmente algo que ya ha pasado en Hispanoamérica y que está avanzando a pasos agigantados en España: “Juegue con las fantasías de la gente. Muchas veces se evita la verdad porque suele ser dura y desagradable. Nunca recurra ni a la verdad ni a la realidad, salvo que esté dispuesto a enfrentar la ira que genera la desilusión. La vida es tan dura y problemática que aquellas personas capaces de inventar ilusiones o conjurar fantasías son como oasis en el desierto, todos van hacia ella. Apelar a las fantasías de las masas es una fuente inmensa de poder”.

Si repasamos los líderes mundiales, y en concreto los europeos y españoles, desde la mitad del siglo XIX al presente, nombres de todos los signos y colores han movidos a las masas y han sido aclamados por ser capaces de inventar ilusiones, que es una forma elegante sustituta del verdadero concepto que esconde: mentir.

Y si de mentir se trata, en España tenemos uno que “Miente más que parpadea” -sigue a la venta en Amazon- y que salvo que en el futuro alguien legisle que el pasado no ha existido, quedarán para la historia sus declaraciones:

«No dormiría por las noches» con Podemos en el Gobierno.

«Con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo digo 20 veces».

«La Fiscalía depende del Gobierno».

«Invito a los españoles a desconfiar de quienes ofrecen falsos remedios a enfermedades reales”.

“Los políticos tenemos que afrontar nuestra propia regeneración, que tiene que ver con el fin del aforamiento, fin a los indultos de carácter político y, sobre todo, de esa injerencia en el poder judicial”.

“El Estado debe intervenir en el funcionamiento de los partidos políticos. Quiero que todos los políticos tengan aforamiento cero, así como primarias abiertas”.

“No encuentro ninguna razón que explique por qué los partidos están presentes en la institución que los fiscaliza”.

“Debemos mantener el poder adquisitivo de pensiones públicas. Nada de copagos de medicamentos”.

“Quiero que el Partido Socialista sea el partido de la honradez intransigente, y no se puede decir que el PSOE en Andalucía no haya actuado con contundencia”.

“Quiero cambiar mi partido para cambiar la política y dar un giro a la izquierda”.

“No tengo nada que ocultar”.

“Clarísimamente ha habido un delito de rebelión”. Fecha 17 de mayo de 2018 sobre el Golpe de Estado catalán.

«El indulto -refiriéndose a Cataluña- es una figura necesaria en determinados momentos. Ni cuestiona ni revoca la sentencia firme condenatoria. Simplemente se trata de otro plano, ya no el judicial» … «Por supuesto, no nos engañemos, no pensamos que quienes aspiran a la independencia vayan a cambiar de ideales. No esperamos tal cosa»

Las próximas mentiras que nos va a vender es la expulsión de la Guardia Civil del País Vasco, que es quién verdaderamente sabe la situación de “ETA durmiente” en aquel territorio desde hace muchos años; la legalización de las selecciones de surf y pelota vasca como país independiente porque, como son deportes no muy conocidos, sotto voce es el inicio de otras transferencias de deportes más de masas, hasta llegar al futbol; la creación de un tribunal autonómico vasco en el que acaben los recursos, sin que la ley quede sometida a los tribunales de España.

La expulsión, igualmente, de Cataluña de la Guardia Civil y Policía Nacional, esos que tienen controlados a los salafistas y a los previsibles futuros nuevos golpistas, algunos desde las propias instituciones autonómicas; la última, por ahora, haciendo un escorzo a la ley y modificando el Código Penal, para suprimir el delito de sedición y camuflarlo en un apartado en el que la condena judicial alcanzará penas menores. No sé si alguien en el Gobierno ha pensado que, si se suprime un determinado tipo de delito, no se puede volver a juzgar o ajustar la pena al penado por otro concepto que lo sustituya, debiendo archivarse los procedimientos con sentencia firme, o sea, si se suprime el delito, se extingue la responsabilidad penal.

Para mayor gloria y demostración popular que nuestra democracia está en manos de quienes se aferran al poder como si fuera un clavo ardiendo, Unidas Podemos, en connivencia con el PSOE sanchista, pide derogar el delito de malversación de fondos públicos por ser un “delito del medievo”. No sé si será del medievo, pero yo he cotizado durante cuarenta y cinco años al erario español, por la base máxima, y no he podido conseguir, ni de lejos, los recursos económicos ni el estado de bienestar financiero que algunos políticos han logrado en muy pocos años.

 El resultado de todo ello es que un exconvicto y confeso golpista puede ser presidente de una comunidad autónoma española a muy corto plazo.

Es de suponer que el empeño de los catalanes en conseguir esto es porque piensan volver a hacerlo, es más, han dicho y repetido que están dispuestos a poner 50.000 muertos en defensa de la independencia de Cataluña, sin que pase nada. ¿Pasaría algo si alguien dijese que habría que formar una División Roja y Gualda dispuesta a hacerles frente en defensa de la unidad de España?

Europa empieza a descomponerse porque, hasta el momento, los únicos perdedores de la guerra ruso-ucraniana somos los europeos. Hungría, Polonia, Italia y Suecia se han dado cuenta que la solución a los problemas actuales no es la Agenda 2030; las generaciones de europeos, y españoles en concreto, posteriores a la II WW, no estamos acostumbrados a sufrir, a tener que buscar el pan y la leche fuera de las estanterías de un supermercado.

La inflación desbocada, el interés de la deuda subiendo, lo de los contratos fijos discontinuos es una chorrada que ya ha demostrado no vale para nada al haber aumentado los parados procedentes de esa denominación, la gestión de los fondos europeos es digna del vendedor de pipas que lleva la contabilidad del pincho, y los mejores economistas nacionales afirman, ya no vaticinan, que España entra en recesión en el próximo trimestre y se mantendrá así durante todo el año 2023, o sea, situación de estanflación. Se avecinan tiempos difíciles y convulsos, con recetas populistas que no van al fondo del problema.

Estamos establecidos en la mentira permanente y lo peor de todo es que no se le ve fin, porque no hay una oposición digna de tal nombre, que asuma los riesgos de contar la verdad a la ciudadanía y proponer las soluciones que aplicaría en el supuesto de alzarse con el poder en las próximas elecciones.

Antonio CAMPOS

El Mundial de Qatar

Qatar es un estado árabe al oeste de Asia, con una superficie total de 11.586 kilómetros cuadrados -algo así como la provincia de Murcia-, regido por una monarquía absolutista, la familia Al Thani, desde mediados del siglo XIX, que posee la tercera mayor reserva mundial de gas natural, lo que le ha convertido en el país con mayor renta per cápita del planeta.

Tiene una población de 250.000 cataríes, de religión musulmanes suníes, y 2.750.000 trabajadores inmigrantes, de los que aproximadamente un 10% son altos ejecutivos de primeras marcas mundiales de toda clase de servicios, y el resto corresponden a la «Kafala», hindúes, budistas, o bahá’is, mano de obra con horarios de explotación negrera para la gran transformación urbanística que ha sufrido el país, como el Sharq Crossing, obra del español Santiago Calatrava, un conjunto de tres puentes interconectados que recorren casi diez kilómetros en total, con túneles submarinos que se ondulan sobre y debajo del agua, cuyo coste ha sido de doce mil millones de dólares USA, y toda la infraestructura desarrollada para el mundial de fútbol, que según la BBC inglesa ha provocado, al menos, 2711 muertos de India, 1641 de Nepal, 1018 de Bangladesh, 824 de Pakistán y 557 de Sri Lanka, por las condiciones de trabajo bajo temperaturas que varían de 30° a 50° a la sombra.

En resumen, se trata de una dictadura civil y religiosa, en todos los aspectos de la vida. Pero como “poderoso caballero es don dinero”, organizó los Juegos Asiáticos de 2006 y ha sido elegido país organizador de la Copa Mundial de Fútbol de 2022, el primer país árabe que lo consigue, que comienza el domingo próximo y que durante el mes que va a durar van a estar funcionando, ininterrumpidamente, las fuentes de energía para mantener el aire acondicionado en los ocho estadios, hoteles, centros turísticos y comerciales, arrojando al aire, cada hora, humo contaminante equivalente a diez mil coches sin filtro en su combustión, además de los cientos, miles de aviones que llegarán allí durante el evento con los principales líderes políticos y económicos del mundo. Pero, eso sí, usted levántese a las tres de la mañana para poner la lavadora, que es la hora más económica para mantener limpio el futuro del planeta.

El presidente del Comité Organizador del Mundial, en nombre de su emir, ha dejado absolutamente claro  lo que los turistas pueden o no pueden hacer durante su presencia en el Mundial de Fútbol:

• Portar la bandera LGTBI en el Mundial se castigará  con entre siete y once años de cárcel
• Los asistentes siempre deberán tener cubiertos los hombros y tener cubiertas las rodillas en lugares públicos
• No se podrá gritar en la calle ni comportarse de manera irrespetuosa
• Los turistas no entrarán a Qatar con alcohol, libros religiosos y pornografía
• No se permitirá consumir bebidas alcohólicas en espacios públicos ni conducir borracho
• Las parejas, si no están casadas, no se permitirán las muestras de afecto sin importar la orientación sexual
• Las relaciones sexuales solo serán permitidas entre matrimonios heterosexuales legalmente constituidos
• Prohibido tomar fotografías a mujeres

El islam es la religión que practica el 25% de la población mundial. Hay países en los que su Constitución se basa en la ley islámica. Los principales estados islámicos son Irán, Pakistán, Arabia Saudita, Afganistán, Mauritania y Yemen. Las diez poblaciones musulmanas más grandes se pueden encontrar en: Indonesia, Pakistán, India, Bangladesh, Nigeria, Irán, Turquía, Egipto, Argelia y Marruecos. El país de Europa con más musulmanes es Francia.

Íñigo Errejón, ese totalitario con barniz de mesura en el mensaje y sobriedad en el tono, chavista convencido, comunista cuyo objetivo es trasladar el modelo bolivariano a España, el de «abajo el régimen, a la calle»; «hay colas porque «hay más dinero». «Venezuela es una revolución en libertad»; «sembrar chiringuitos para enchufar «a los cuadros”»; «asaltar medios de comunicación. La pelea por la opinión es una pelea fundamental»; «somos  la alternativa al capitalismo», ha dicho -desde su cómodo sillón en Madrid- que la selección española de fútbol debería dar un ejemplo de libertad y lucir la bandera arco iris en el primer partido.

La vicepresidenta Yolanda Díaz, esa que vestía de “mercadillo de hoz y martillo” hasta hace cuatro días, y que ahora lo hace de firmas de primera categoría mundialmente reconocidas, ha propuesto iniciar el estudio de una reforma legislativa que afectaría a todo el colectivo de trabajadores transfronterizos, de cara a su aprobación en 2023, en concreto a las trabajadoras domésticas marroquíes que, viviendo en Marruecos, trabajan en Ceuta y Melilla, igualándolas en el mismo régimen de la Seguridad Social que el resto de empleados por cuenta ajena, garantizando así, junto a otros derechos laborales, el acceso a la prestación por desempleo. A mí no me parece mala idea, teniendo en cuenta que fidedignos datos estadísticos a nivel europeo cifran que el 80% de los musulmanes que viven en nuestro continente, no trabajan, viviendo de las subvenciones y ayudas estatales. Es lo que se llama democracia; en cambio, si algún europeo se queja de ello, es racismo.

Irene Montero está al frente de un ministerio que maneja más de 20.000 millones de euros, de los que solo sabemos que organiza seminarios para enseñar a las mujeres a decorarse sus partes íntimas y a subvencionar chiringuitos afectos, pero que no disminuye de ninguna forma el número de agresiones sexuales ni mujeres muertas por violencia humana (no digo machista porque la violencia es mala intrínsecamente la ejerza un macho o una hembra, y no cito otros “géneros” porque, todos, cuando se ponen malos de la entrepierna van al urólogo o al ginecólogo).

Es el momento de que la ultra izquierda, el colectivo LGTBI, las feministas y resto de organizaciones que claman, insultan y reclaman, más libertad en España, algunos de ellos extranjeros de nacimiento que no abren la boca en las dictaduras de sus respectivos países, den ejemplo y se presenten en Qatar con la bandera arco iris, se manifiesten en defensa de la libertad sexual de esas mujeres obligadas a llevar el burka y a matrimoniar con quién desde muy pequeñas les ha sido asignado un esposo, generalmente mucho más viejo, que no pueden pasear si no van acompañadas de un hombre de la máxima confianza del marido, de todas las españolas y españoles que, aunque “blanqueados” por espurios intereses políticos que niegan la autoría del mensaje, incitan a conquistar nuestra nación con palabras sobre que España es el país más débil de la Unión Europea, los españoles son muy dados a la holgazanería y se entregan a todo vicio con prontitud.

“La juventud española actual, siguen diciendo, ya sean hombres o mujeres, son débiles ante la droga y ante la fornicación. Sus mujeres se entregan con facilidad y ellos
son adictos a toda clase de vicios. Hemos de penetrar en esa sociedad caduca, estéril y viciosa, pero sin contaminarnos.

Nuestros jóvenes no han de caer en la tentación de la hembra española fornicadora. Hemos de controlarlos para que su moral no se vea resentida por esas viciosas mujeres tan entregadas al pecado.

Nuestros jóvenes que llegan a España han de fortalecerse todavía más ante la flaqueza moral y corporal de los españoles y sentir su orgullo de superiores, y nuestro control ha de ser preciso e insistente para que no claudiquen.

La enfermedad de tipo moral que tiene sumida a esa sociedad débil española es campo propicio para nuestros intereses. Una vez España en nuestras manos la penetración a Europa será más fácil. España no es ni más ni menos para nosotros que la puerta que se nos abrirá con facilidad. Esa es nuestra labor y a ella nos entregaremos con todas las fuerzas de nuestro espíritu”.

Esta es la ocasión perfecta para demostrar, en ese Qatar dictatorial, con hechos, lo que exigen en un país libre, democrático, en el que saben que no va a haber represalias por muchas tonterías e imbecilidades que reclamen, porque, en el fondo, utilizan la dictadura musulmana para llevarnos a esa otra suya, política y social, que es su verdadero objetivo.

España es culpable

Por Arturo Pérez Reverte

Cuando miro atrás sobre cómo hemos llegado a esto, a que una democracia de cuarenta años en uno de los países con más larga historia en Europa se vea en la que nos vemos, me llevan los diablos con la podredumbre moral de una clase política capaz de prevaricar de todo, de demolerlo todo con tal de mantenerse en el poder, aunque sea con respiración asistida. De esa panda de charlatanes, fanáticos, catetos y a veces ladrones —con corbata o sin ella—, dueña de una España estupefacta, clientelar o cómplice. De una feria de picaros y cortabolsas que las nuevas formaciones políticas no regeneran, sino alientan.

El disparate catalán tiene como autor principal a esa clase dirigente catalana de toda la vida, alta burguesía cuya arrogante ansia de lucro e impunidad abrieron, de tanto forzarla, la caja de los truenos. Pero no están solos.

Por la tapa se coló el interés de los empresarios calladitos y cómplices, así como esa demagogia estólida, facilona, oportunista, encarnada por los Rufiancitos de turno, aliada para la ocasión con el fanatismo más analfabeto, intransigente, agresivo e incontrolable. Y en esa pinza siniestra, en ese ambiente de chantaje social facilitado por la dejación que el Estado español ha hecho de sus obligaciones —cualquier acto de legítima autoridad democrática se considera ya un acto fascista—, crece y se educa desde hace años la sociedad joven de Cataluña, con efectos dramáticos en la actualidad y devastadores, irreversibles, a corto y medio plazo. En esa fábrica de desprecio, cuando no de odio visceral, a todo cuanto se relaciona con la palabra España.

Pero ojo. Si esas responsabilidades corresponden a la sociedad catalana, el resto de España es tan culpable como ella. Lo fueron quienes, aun conscientes de dónde estaban los más peligrosos cánceres históricos españoles, trocearon en diecisiete porciones competencias fundamentales como educación y fuerzas de seguridad. Lo es esa izquierda que permitió que la bandera y la palabra España pareciesen propiedad exclusiva de la derecha, y lo es la derecha que no vaciló en arropar con tales símbolos sus turbios negocios. Lo son los presidentes desde González a Rajoy, sin excepción, que durante tres décadas permitieron que el nacionalismo despreciara, primero, e insultara, luego, los símbolos del Estado, convirtiendo en apestados a quienes con toda legitimidad los defendían por creer en ellos. Son culpables los ministros de Educación y los políticos que permitieron la contumaz falsedad en los libros de texto que forman generaciones para el futuro. Es responsable la Real Academia Española, que para no meterse en problemas negó siempre su amparo a los profesores, empresarios y padres de familia que acudían a ella denunciando chantajes lingüísticos. Es responsable un país que permite a una horda miserable silbar su himno nacional y a su rey. Son responsables los periodistas y tertulianos que ahora despiertan indignados tras guardar prudente cautela durante décadas, mientras a sus compañeros que pronosticaban lo que iba a ocurrir —no era preciso ser futurólogo— los llamaban exagerados y alarmistas.

Porque no les quepa duda: culpables somos ustedes y yo, que ahora exigimos sentido común a una sociedad civil catalana a la que dejamos indefensa en manos de manipuladores, sinvergüenzas y delincuentes. Una sociedad que, en buena parte, no ha tenido otra que agachar la cabeza y permitir que sus hijos se mimeticen con el paisaje para sobrevivir. Unos españoles desvalidos a quienes ahora exigimos, desde lejos, la heroicidad de que se mantengan firmes, cuando hemos permitido que los aplasten y silencien. Por eso, pase lo que pase, el daño es irreparable y el mal es colectivo, pues todos somos culpables. Por estúpidos. Por indiferentes y por cobardes.

Sanidad o votos cautivos

Para que no haya malentendidos, he de empezar estas líneas diciendo que yo tengo sanidad privada, que pagaba la empresa en la que trabajaba como retribución en especie y que, cuando me prejubilé, incluyeron en la liquidación correspondiente, con proyección de futuro.

Por ello, he utilizado muy poco la Seguridad Social en temas de envergadura pues, aunque tenía mi residencia en Alcalá de Henares, de lunes a viernes vivía en otras ciudades en los que tenía mi puesto de trabajo.

Cuando llegué a esta ciudad, me encontré con el doctor Mata Guijarro, al que conocía de Granada, dónde él estudiaba la carrera de medicina y vivía mi entonces novia, y hoy mujer, tiempos castos y puros, coincidiendo más de una noche en el bullicio de aquella preciosa ciudad. Fue mi médico de cabecera, de familia se llama ahora, hasta que me mudé de vivienda y me asignaron a la doctora Purificación Hernández García, y si Mata era amigo y un magnífico profesional, Puri es la mejor médico de familia que existe, atenta, amable, atención sin prisas, no le importa la hora de salida del trabajo, dedica a sus pacientes toda su sabiduría médica y humana, que es muy grande. Si existiera un premio como Ciudadano Ejemplar, ella sería mi elegida sin ningún género de duda.

Mientras escribo estas líneas, estoy hospitalizado en el HUPA, para una intervención no urgente, pero muy vigilado por tema de posible sangrado por deficiencia de plaquetas, que llevo conmigo desde hace décadas. Porque como en Alcalá de Henares no hay un hospital privado que pueda responder de inmediato a cualquier complicación, ahora sí uso más asiduamente la Seguridad Social, esa que he estado manteniendo con mis impuestos durante cuarenta y cinco años y tres meses de forma ininterrumpida, sin un solo día en el paro.

Mato las horas leyendo, y me encuentro en PUERTA DE MADRID del día cuatro de noviembre un artículo en el que una llamada Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS) recoge firmas para la mejora de la sanidad pública madrileña, etc, etc ….. y reclama “que la sanidad sea universal, eliminando los requisitos de tiempo mínimo de estancia en el país para poder acceder al SNS”. El escrito no lo ha realizado ningún principiante, pues domina las leyes y las propuestas al Congreso de Diputados.

En otra página se da información sobre que “el día que se abrían las urgencias 24 horas de 80 centros de salud, se produjeron el 57% de bajas en el personal sanitario”, cuando lo habitual es del 10%.

Y la prensa nacional escribe que “El sindicato Amyts, Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, ha sido quien ha convocado la huelga indefinida para los profesionales sanitarios de los centros de atención 24 horas que atienden las urgencias extrahospitalarias. Un paro que también respalda Más Madrid, con Mónica García a la cabeza, que a lo largo de su trayectoria médica y política ha mostrado en numerosas ocasiones su sintonía con este sindicato”. Hemos llegado dónde íbamos.

Dejo aparte el trato, excepcional, que he tenido en el HUPA durante mi estancia allí, desde la señora que hacía la limpieza de la habitación por la mañana hasta la cirujana que me operó, todo el mundo se ha portado de maravilla, no teniendo nada que envidiar a la sanidad privada.

Si tenemos en cuenta que la CCAA de Madrid es la que tiene más profesionales de la medicina por mil habitantes (ratio de 3,7); que el tiempo de espera para operaciones es de 73 días cuando en las CCAA de Aragón es de 183 días, Cataluña 156 días, Baleares 134 días, CLM 113 días, Valencia 100 días, y mejores que Madrid solo están el País Vasco con 71 días y Melilla con 40 días; y que los pacientes que llevan más de seis meses en espera de una operación quirúrgica no urgente (como era la mía) es del 0,5% en Madrid, mientras en CLM es el 36,4%, del 29,7% en Cataluña, del 27,9% en Extremadura, del 12,5% en Valencia y del 9,2% en Aragón, por ejemplo, es fácil llegar a la conclusión que estamos no ante un problema sanitario sino político, de acoso y derribo a quien lo está haciendo no bien, pero sí mucho mejor que los demás, soliviantando a la gente y llenando la calle de algaradas de quienes, probablemente, de buena fe, pero sin datos ni conocimientos suficientes para ello, reclaman cosas como esa de sanidad gratis para todo el mundo, incluso si mañana llegase aquí toda la población de África. ¿Se han puesto enfermos en Marruecos, Argelia, Egipto, Venezuela, Bolivia, Ecuador o en Estados Unidos? En los países del tercer mundo, no te atiende ni Alá; y en Estados Unidos, si no llevas una tarjeta visa oro, tampoco. Unos son la meta suprema a lo que muchos aspiran, y otro es el líder de la democracia.

Y en cuanto a la sanidad privada, ¿cómo es posible que sea atractiva para la inversión privada y de resultados suficientes para repartir beneficios y eso no pueda hacerse así en la pública? A ver si hay que buscar las razones en quienes defraudaron en su momento al fisco no pagando impuestos por lo que realmente cobraban, a que en su momento se aprobó la sanidad gratuita cuando en España había un número de extranjeros regularizados y cotizando, o en el Real Decreto-Ley 33/2020 en el que se subvenciona de forma munificente a organizaciones como Federación de Mujeres Progresistas, Fundación Triángulo, Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados CCOO, Asociación de mujeres libres y combativas, Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, Asociación Socio-Cultural de las Minorías Étnicas ‘Unga’, Kifkif-Entre Iguales-Asociación de Migrantes y Refugiados LGTB, y otras similares. ¿No será que tenemos que invertir, por ejemplo, en duplicar los turnos de los hospitales y reducir los gastos en votos cautivos?

Antonio CAMPOS

Ley de Memoria Democrática

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley de Memoria Democrática, de la que un juntaletras aficionado hace el resumen que, si tenéis paciencia, leeréis a continuación:

La ley, dice, se fundamenta en los principios de verdad (7), justicia, reparación y garantía de no repetición, así como en los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres.

Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables (5).

A los efectos de esta ley, se considera víctima a toda persona, con independencia de su nacionalidad, que haya sufrido, individual o colectivamente, daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales, o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante el periodo que abarca el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la posterior Guerra (1) y la Dictadura, incluyendo el transcurrido hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978, y en particular a:

a) Las personas fallecidas o desaparecidas como consecuencia de la Guerra (1) y la Dictadura.

b) Las personas que sufrieron privaciones de libertad o detenciones arbitrarias, torturas o malos tratos como consecuencia de la Guerra (1), la lucha sindical y actividades de oposición a la Dictadura.

c) Las personas que padecieron deportación, trabajos forzosos o internamientos en campos de concentración, colonias penitenciarias militarizadas, dentro o fuera de España, y padecieron torturas, malos tratos o incluso fallecieron como consecuencia de la Guerra (1) y la Dictadura, especialmente los españoles y españolas deportados en los campos de concentración nazis.

d) Las personas que se exiliaron como consecuencia de la Guerra (1) y la Dictadura.

(1) La coma es el signo de puntuación más importante en la gramática española. En mi opinión, existe un problema gramatical sobre el que no me siento preparado para profundizar en ello. ¿Son dos situaciones diferentes o una sola en la que han de concurrir dos circunstancias? Porque si son dos situaciones, la de “como consecuencia de la guerra” llevaría aparejado la misma investigación, reconocimiento y resarcimiento para los contendientes o defensores franquistas que para los republicanos. En párrafos posteriores, al hablar del carácter ilegal de todas las condenas emanadas del régimen franquista, están claramente separadas las dos situaciones a las que me refiero en estos comentarios.

e) Las personas que padecieron la represión económica con incautaciones y pérdida total o parcial de bienes (2), multas, inhabilitación y extrañamiento.

(2) ¿Se incluyen las incautaciones de oro, joyas y dinero llevado a cabo por los republicanos?

f) Las personas LGTBI que sufrieron represión por razón de su orientación o identidad sexual.

g) Las personas que fueron depuradas o represaliadas profesionalmente por ejercer cargos y empleos o trabajos públicos durante la Segunda República o por su oposición a la Dictadura.

h) Las niñas y niños sustraídos y adoptados sin legítimo y libre consentimiento de sus progenitores como consecuencia de la Guerra (1) y la Dictadura, así como sus progenitores, progenitoras, hermanos y hermanas.

i) Las personas que participaron en la guerrilla antifranquista (3), así como quienes les prestaron apoyo activo como colaboradores, en defensa de la República o por su resistencia al régimen franquista en pro de la recuperación de la democracia.

(3) ¿Incluso las que pudieran tener delitos de sangre?

j) Las personas represaliadas o perseguidas por el uso o difusión de su lengua propia.

k) La personas represaliadas y expulsadas de las Fuerzas Armadas por pertenecer a la Unión Militar Democrática.

l) Las personas que sufrieron persecución o violencia por razón de conciencia o creencias religiosas, así como aquellas personas represaliadas o perseguidas por pertenecer a la masonería o a las sociedades teosóficas y similares.

m) Las personas que hayan sufrido daños o represalias al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización.

Como expresión del derecho de la ciudadanía a la reparación moral y a la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva, se reconoce y declara el carácter ilegal y radicalmente nulo de todas las condenas y sanciones producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra, así como las sufridas por las mismas causas durante la Dictadura, independientemente de la calificación jurídica utilizada para establecer dichas condenas y sanciones.

Se declara la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, a partir del Golpe de Estado de 1936, se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal, así como la ilegitimidad y nulidad de sus resoluciones.

Búsqueda de personas desaparecidas. Corresponderá a la Administración General del Estado la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra (1) y la Dictadura, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas relacionadas con dicha actividad. Dichas tareas se llevarán a cabo de forma gradual y se apoyarán en mapas de localización de personas desaparecidas.

Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Se crea un Fiscal de Sala para la investigación de los hechos que constituyan violaciones de Derecho Internacional de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, incluyendo los que tuvieron lugar con ocasión del golpe de Estado, la Guerra y la Dictadura (4). A este Fiscal de Sala se le atribuirán asimismo funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados, en coordinación con los órganos de las distintas administraciones con competencias sobre esta materia, para lograr su debida identificación y localización.

(4) Aquí parece meridianamente claro que son tres situaciones diferentes.

Las víctimas de la Guerra (1) y la Dictadura definidas en esta ley tienen derecho al reconocimiento y la reparación integral por parte del Estado. Se reconoce el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra y la Dictadura, en los términos que se establezcan legalmente, así como en la normativa de desarrollo.

Se consideran elementos contrarios a la memoria democrática las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial.

Asimismo, serán considerados elementos contrarios a la memoria democrática las referencias realizadas en topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros públicos, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial.

Carecerán de visibilidad los retratos u otras manifestaciones artísticas de militares y ministros asociados a la sublevación militar o al sistema represivo de la Dictadura. A tal efecto, no podrán mostrarse en lugares representativos y, en particular, despachos u otras estancias de altos cargos, espacios comunes de uso, ni en áreas de acceso al público.

Se considerarán actos contrarios a la memoria democrática la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, y supongan exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra (1) o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial. A tal efecto, si en la celebración de un acto público de esa naturaleza se advirtieran hechos que pudieran ser constitutivos de delito, las autoridades competentes pondrán los mismos en conocimiento del Ministerio Fiscal.

El sistema educativo español incluirá entre sus fines el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas, desarrollando en los libros de texto y materiales curriculares la represión que se produjo durante la Guerra y la Dictadura. A tal efecto, se procederá a la actualización de los contenidos curriculares para Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional y Bachillerato.

En el seno del Consejo de la Memoria Democrática se constituirá una Comisión de ámbito estatal, de carácter académico, temporal y no judicial, independiente, con la finalidad de contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra (1)  y la Dictadura, como forma de favorecer la convivencia democrática, mediante la recepción de testimonios, información y recopilación de documentos y de otros antecedentes que le permitan, con objetividad e imparcialidad, la elaboración de conclusiones y recomendaciones para la reparación de las víctimas y evitar a que tales hechos vuelvan a repetirse en el futuro (5).

(5) Para mí, estos dos artículos derogan por ley la Transición, el perdón y el abrazo fraterno que supuso, abriendo de nuevo todos los odios y heridas, ganando una guerra 86 años después de iniciada, sin disparar un solo tiro y por los descendientes ideológicos de los que la perdieron en su momento.

Además, el Gobierno sustituye a los jueces y tribunales de justicia declarando como crímenes de lesa humanidad, de genocidio y de tortura, en el mismo rango que las cámaras de gas hitlerianas, hechos que corresponden probar a la justicia, de forma individualizada a las actuaciones personales de cada uno de esos supuestos criminales.

La ley establece infracciones muy graves, entre las que se encuentra la falta de adopción de las medidas necesarias para impedir o poner fin a la realización, en espacios abiertos al público o en locales y establecimientos públicos, de actos de exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra (1) o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, cuando entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares por parte del titular o responsable del espacio donde se desarrollen dichos actos, y las convocatorias de actos, campañas de divulgación o publicidad que por cualquier medio de comunicación pública, en forma escrita o verbal, en sus elementos sonoros o en sus imágenes, inciten a la exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra (1) o de la Dictadura.

Son infracciones graves: a) La destrucción o menoscabo de lugares declarados como Lugar de Memoria Democrática, de elementos simbólicos en memoria u homenaje de las víctimas de la Dictadura franquista, así como la remoción o desaparición de vestigios erigidos en recuerdo y reconocimiento de hechos representativos de la memoria democrática y la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades en cualquier época, cuando no constituya infracción muy grave; la realización de excavaciones para la localización o exhumación de restos sin haber obtenido la autorización administrativa correspondiente (6); o el incumplimiento de la resolución por la que se acuerde la retirada de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, entre otros.

(6) ¿Se quiere evitar con ello que se abran fosas comunes de fallecidos víctimas de las milicias y otras tropelías de los republicanos?

(7)  Todo lo que sigue a continuación esto también es verdad.

¿Se va a investigar el asesinato del entonces Fiscal General de la República, D. Marcelino Valentín Gamazo, que cumplió escrupulosamente con los deberes de su cargo en defensa de la legalidad constitucional republicana que tanto reivindica la nueva ley redactada sobre la materia, sosteniendo la acusación por rebelión militar contra el líder de UGT y el PSOE, Francisco Largo Caballero, a quien se señalaba como instigador y organizador del golpe armado que ambas formaciones socialistas ejecutaron en octubre de 1934 contra el gobierno constituido, con el resultado de más de 1.500 muertos y cerca de 3.000 heridos, detenido por milicianos con instrucciones para ejecutar la cruel venganza y asesinado, junto a sus tres hijos, meses más tarde?

¿Se va a investigar la matanza de Paracuellos, que cobró la vida de más de cinco mil personas, entre ellos al menos 50 niños y muchos sacerdotes y religiosos asesinados?

¿Se va a investigar la que quizá después del Camposanto de Paracuellos de Jarama, es el lugar que conserva mayor número de restos de asesinados por la izquierda, el pozo-noria y las dos fosas del cementerio de Carrión de Calatrava, en el que los historiadores consideran que fueron arrojadas o enterradas entre 600 y 800 víctimas de la represión en la retaguardia republicana?

Son infracciones leves: El deterioro de las placas identificativas de los lugares de memoria democrática, cuando no constituya infracción grave o muy grave; y la realización de cualquier intervención en un Lugar de Memoria Democrática sin autorización o al margen de lo establecido en la misma, cuando no constituya infracción grave o muy grave.

Sanciones y medidas de restablecimiento de la legalidad. Las infracciones previstas en esta ley se sancionarán mediante la imposición de sanciones pecuniarias y, cuando proceda, de sanciones accesorias no pecuniarias; las pecuniarias consistirán en multas de cuantías comprendidas entre los siguientes importes en función de la gravedad de la infracción, y respeto al principio de proporcionalidad: a) Para infracciones muy graves: multa entre 10.001 a 150.000 euros. b) Para infracciones graves: multa entre 2.001 a 10.000 euros. c) Para infracciones leves: multa entre 200 y 2.000 euros.

Y para la individualización de la multa aparece el criterio de reincidencia, que no se refleja en el derecho penal con relación a faltas y delitos de otra índole (8). Además, se introduce un sesgo populista del importe de las multas de acuerdo con la capacidad económica del infractor (9), con presunta conculcación del principio de igualdad constitucional, que en su artículo 14 dice: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Para el caso de las infracciones muy graves o graves, junto a la sanción económica, podrán establecerse sanciones accesorias, como el cierre temporal, por un período de seis meses a dos años, de los locales o establecimientos públicos donde se cometan las infracciones.

(8) El Código Penal dice:

Art. 22.8 – Son circunstancias agravantes: 8ª Hay reincidencia cuando, al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título de este Código, siempre que sea de la misma naturaleza. A los efectos de este número no se computarán los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo, ni los que correspondan a delitos leves.

Art. 66.1.5 – Agravante de reincidencia cualificada: Aplicables a los delitos dolosos.

La Ley objeto de los presentes comentarios la amplia en el artículo 63.3 a todos los delitos: “En cada grado, para la individualización de la multa se tendrán en cuenta los siguientes criterios: …. d) La reincidencia. Existirá reincidencia por la comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución administrativa firme.

(9) El Código Penal dice: Art. 66.1.5 – Agravante de reincidencia cualificada: Aplicables a los delitos dolosos. Punto 5: 5. Los Jueces o Tribunales determinarán motivadamente la extensión de la pena dentro de los límites establecidos para cada delito y según las reglas del capítulo II de este Título. Igualmente, fijarán en la sentencia, el importe de estas cuotas, teniendo en cuenta para ello exclusivamente la situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares y demás circunstancias personales del mismo.

– El concepto de DOLO lleva aparejado un daño o perjuicio a otra persona. Por lo que este Ley presupone que cualquier acto contra lo legislado en ella, causa daño a un tercero, quedando el tema muy cerca del concepto de odio, que es el nuevo frente de batalla de la izquierda radical mundial.

Y aparece un artículo en el que cualquier persona podrá denunciar los hechos susceptibles de ser constitutivos de las infracciones previstas en la ley. Lo que es lo mismo, el chivato político de turno.

Esta es la ley, sin pontificar y sin rencor, con unas pequeñas matizaciones realizadas por mí, que son las que figuran en negrita. Que cada uno la analice de acuerdo con su conciencia y libertad, porque TODOS FUERON CULPABLES.

Antonio CAMPOS

Belchite (Zaragoza) – Foto del autor

LA GRAN MENTIRA

Por Alfonso Ussía

Érase una vez que se era…

Un país donde, sin que nadie la votara, amaneció un día una República.

Los políticos de izquierdas y de derechas que habían conspirado largamente para traerla se pusieron de acuerdo, en lo que se fuma un puro, para nombrar presidente y gobierno. Fue el 14 de abril de 1931.

Tras un breve periodo constituyente se fue a elecciones (nov 1933) y éstas, vaya por Dios, fueron ganadas por las formaciones de derechas (por cierto, de manera abrumadora).

  Las izquierdas ya habían advertido de que, en caso de que las urnas les fueran adversas, irían contra «la república burguesa».

Algo muy democrático, claro, según afirma hoy el Gobierno Sánchez, haciendo de esta barbaridad ley.

Y cumplieron con lo anunciado: en octubre de 1934 se produce un levantamiento obrero en la cuenca minera asturiana, organizado, financiado y armado por el PSOE.

Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero, a la sazón líderes socialistas, habían convocado para tales fechas una Huelga General Revolucionaria, confiando en extender la insurrección armada por toda la geografía hispana, pero aquel Golpe de Estado (oigan: GOLPE DE ESTADO) se quedó en mera (aunque sangrienta) aventura, porque salvo en pequeñas localidades de Albacete y Cádiz, el obrero eligió quedarse en casa. Y más aún cuando vieron que, aprovechando que el Pisuerga para la ocasión pasaba por la cuenca del Nalón, Lluis Companys proclamaba el Estat Catalá.

Fueron dos semanas de destrucción y crimen, que obligaron al presidente Lerroux a recurrir al Ejército de África para devolver el orden constitucional.

Lógicamente los cabecillas fueron procesados y, a instancias del Gobierno, Largo Caballero, líder de la UGT, fue juzgado por el Tribunal Supremo y acusado por el Fiscal General de la República, Valentín Gamazo.

Gamazo pidió 30 años de reclusión para Largo Caballero por «rebelión militar». Sin embargo, y a pesar de las abrumadoras pruebas presentadas a lo largo de los cinco días de la vista, el líder socialista fue declarado inocente.

El Fiscal Jefe Gamazo, jurista de fuste donde los hubieren, dimitió. Desde ese día, Paco Largo, bien desde el periódico Claridad, bien en sus propios mitines, no dejó de exhibir sus ideas ante masas enfervorecidas: o Dictadura del Proletariado o guerra civil. Y oigan: la tuvo.

Luego volveremos a este punto.

Agosto de 1936, el fiscal Gamazo en compañía de su esposa Narcisa y sus 9 hijos se ha trasladado a Rubielos, una aldeíta en la provincia de Cuenca. Hasta allí se llegan un par de matones mandados desde Madrid, en compañía de otros 20 milicianos de localidades próximas. Toman preso a Valentín y a tres de sus hijos: José (21 años), Francisco (20 años) y Luis (17 años).

El padre suplica que lo maten a él y tengan piedad de sus hijos, pero en una carretera próxima los matan a todos cómo a perros, siguiendo el orden de menor a mayor en un alarde de morbosa crueldad. El Fiscal Jefe de la (gloriosa) República vio como asesinaban uno tras otro a sus hijos mayores antes de morir él.

Capone fue un puto aprendiz al lado del vengativo Largo Caballero. Los cadáveres fueron abandonados en un paraje tan inhóspito que, para cuando Narcisa los encontró varios días después, ya eran sólo unos bultos hediondos.

Y esto, amiguitos y amiguitas, resume el «Estado de Derecho» de la gloriosa Segunda República Española contra la que se sublevaron un grupo de «desalmados fascistas».

Mire, querido imbécil: si la guerra civil hubiera sido un capricho de Franco no hubiera pasado de Melilla. Lea mientras pueda.

Para el recuerdo:

Valentín Gamazo fue Abogado del Estado, al igual que José Calvo-Sotelo, Juan de Isasa, Porfirio Silván, Juan Manuel de Estrada, José Gómez de la Serna, Leandro González, Manuel Gómez Acebo, Pedro Redondo, Wenceslao Manzaneque, Antonio Marín, Manuel Mondéjar, Santiago Alonso, Julio Colomer, Federico Salmón, Luis Belda, Dimas Adánez, Jesús Yébenes, Teodoro Pascual, Fermín Daza, Luis Rúiz Valdepeñas, Juan Rovira, Juan Gómez, Celestino Lázaro, Angel Aguado, Angel Castro y Juan Godinez. Todos ellos ASESINADOS en 1936 por el Frente Popular.

Dos años después   de acabada la guerra, una persona reconoció a uno de los secuestradores de la familia Gamazo. El sujeto andaba tranquilamente por las calles de la capital.

Lo denunció y, tras ser efectivamente identificado y con un juicio justo, fue condenado a muerte y ejecutado.

Aquel hijo de puta hoy es reivindicado por asociaciones de Memoria Histórica como «asesinado vilmente por el fascismo». Igual hasta sus descendientes reclaman un jornalito… «¡Ay de mi pobre abuelito!».

La verdad, la puta verdad, es que la guerra civil solo la deseaba un bando: la izquierda. Los «Golpistas» fueron aquellos convidados que no se resignaron a ser de piedra.

Y es lo que hay. Se ganó la guerra y además se ganó la paz… y eso es exactamente lo que os quieren ocultar.

Si en verdad eres un demócrata full equipe, déjanos contarlo tal cual pasó, machote. ¿Quién tiene miedo a la verdad?

Historias de un bancario irreverente

Queridos amigos y lectores que seguís mi Blog. Os presento mi último libro, HISTORIAS DE UN BANCARIO IRREVERENTE. Esta obra está dividida en dos partes:

1. Pequeña historia de la banca en España, desde los Babilonios hasta el presente, pasando por los Templarios, la primera banca internacional así reconocida por todos los autores, y las diferentes Suspensiones de Pagos en las que ha incurrido históricamente el Reino de España.
2. Es la historia de pequeñas historias vividas durante un largo periodo profesional como empleado de banca. Situaciones y anécdotas bancarias de todo tipo, fusiones, prejubilaciones, clientes y empleados, serias o divertidas, producto de la experiencia propia y de la protagonizada por terceros, contadas desde dentro para lectores de fuera, conjugando la seriedad y responsabilidad de una profesión con su disfrute, la convivencia y sintonía entre compañeros, algo que está empezando a pasar al olvido de las nuevas generaciones.

Estoy seguro que los que han sido empleados de banca se verán reflejados en más de un capítulo de este libro, vivencias en primera persona, que acudirán a su memoria recuerdos de épocas pasadas. En cuanto al resto de lectores, tendrán la ocasión de conocer -sin revelar ningún secreto profesional- los modos y formas internas de las entidades bancarias, hechos y actuaciones que de ninguna otra forma tendrían acceso a ello.

Os agradeceré enviéis esta información a vuestra agenda de asociados y contactos en general. Espero no defraudar en las expectativas de quienes lo lean. Muchas gracias.

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En España se discuten hasta los datos

La Dirección General de la Policía ha destituido al Jefe de la Comisaría de Distrito Centro de Valencia, Ricardo Ferris, que estaba ocupando un puesto de libre designación, por sus declaraciones en el Ateneo Mercantil de Valencia sobre seguridad ciudadana e inmigración.

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha condenado esas declaraciones: «Son absolutamente despreciables, reprochables y, sobre todo, son falsas. No responden a ningún dato real ni objetivo».

El tema ha pasado desapercibido, u ocultado, por las televisiones de carácter nacional, pero lo han recogido diversos periódicos regionales y algunos de internet, calificando el asunto de acuerdo con sus respectivas ideologías o subvenciones recibidas

De la grabación que me ha llegado de lo dicho por este policía, hay que destacar que “los fenómenos delincuenciales están protagonizadas, prácticamente en su totalidad, por extranjeros, los delitos contra la propiedad, además cada uno tiene su propia especialidad, es decir, los robos con violencia, intimidación, mataleones o que dan una paliza por la calle pues siempre son los mismos, o son argelinos, son marroquíes o son sudamericanos; el tema de los hurtos pues también son argelinos, son marroquíes y también hay un montón de bandas actuando del Este, gitanas búlgaras, gitanas bosnias” …/… “Hoy estoy viendo todos los días dos o tres delitos sexuales y los fines de semana ocho o nueve” …/… “Esto es aberrante, y ¿qué está saliendo en los medios de comunicación? Nada. Hay un esfuerzo por mantener a la población totalmente al margen de lo que está ocurriendo y efectivamente, eso lo sabemos todos, por ocultar evidentemente quién está protagonizando ese tipo de delitos, porque, por ejemplo, los delitos sexuales y las violencias de género que ahora están tan de moda, yo siempre veo quien las ha protagonizado y siempre son los mismos, yo ahí no veo ningún español”.

Cada uno es responsable de sus palabras y de sus actos. Y el Gobierno, destituyéndole, también.

No había transcurrido una semana de los hechos comentados cuando hasta nueve patrullas de Policía Nacional y Policía Local tuvieron que intervenir en una multitudinaria pelea de hasta 70 personas, en el centro de Valencia, en la Gran Vía Marqués del Turia, destrozando mobiliario urbano y lanzándose sillas y mesas de los restaurantes, protagonizada por dos grupos étnicos diferentes, informa la prensa que, evidentemente, no citan la nacionalidad ni características de esos dos grupos, haciendo “el caldo gordo” al poder gubernamental, y comiéndose ellos los garbanzos de las subvenciones recibidas.

Sin pretensión alguna de entrar en discusión de ningún tipo, voy a intentar resumir los datos estadísticos oficiales facilitados por el INE sobre el número de delitos cometidos en nuestro país, aunque, supongo, se discutirán por aquellos que quieran maquillar la foto, porque como dijo Ortega y Gasset, “en España se discuten hasta los datos”.

En el año 2021, las penas totales impuestas por los tribunales han sido 789.329, los delitos cometidos han sido 410.842 y los condenados por sentencia firme han sido 295.805 personas, de acuerdo con siguiente cuadro, en el que se aprecian unos porcentajes de crecimiento mayores del 20% en todos los casos con respecto al año anterior y que el de condenados extranjeros es, en términos relativos sobre el total de la población de cada uno de los segmentos, del 250,94% con relación a los condenados españoles.

Estos porcentajes, absolutamente válidos por su procedencia, podrían verse distorsionados porque hay 2.515.382 personas nacidas en el extranjero y nacionalizadas españolas, muchas de ellas no incardinadas en la sociedad española, su libertad y democracia, y que han llegado con unos usos y costumbres distintos a los nativos, unas leyes más laxas -únicamente el 7,2% de los condenados ingresan en prisión al tener penas superiores a dos años de condena- y unas cárceles mejor dotadas y preparadas que en sus países de procedencia.

Como siempre, todo el mundo lleva razón, o sinrazón, porque para la historia van a quedar las palabras de esa íntima colaboradora de la ministra de Igualdad, que dijo: “Debemos dar la nacionalidad a todos los inmigrantes para evitar el racismo que producen las noticias de violaciones a manos de extranjeros”.

• De los 101.873 delitos realizados por extranjeros, 26.349 lo han sido por menores de edad, el 25,86%.

El INE pormenoriza los datos de los CONDENADOS mayores de edad, pero no ofrece un detalle minucioso de los delitos, los de las penas impuestas ni los de los menores de edad.

Año 2021                             Condenados menores de edad	Españoles	Extranjeros	TOTAL
01 Andalucía	2.300	303	2.603
02 Aragón	252	128	380
03 Asturias, Principado	238	25	263
04 Balears, Illes	409	95	504
05 Canarias	694	183	877
06 Cantabria	161	19	180
07 Castilla y León	652	101	753
08 Castilla – La Mancha	449	96	545
09 Cataluña	1.110	550	1.660
10 Comunitat Valenciana	1.512	333	1.845
11 Extremadura	315	31	346
12 Galicia	375	46	421
13 Madrid, Comunidad de	1.174	415	1.589
14 Murcia, Región de	431	85	516
15 Navarra	146	39	185
16 País Vasco	355	151	506
17 Rioja, La	82	19	101
18 Ceuta	96	98	194
19 Melilla	40	87	127
T O T A L	10.791	2.804	13.595
Porcentaje	79,37%	20,63%	100,00%

En 2020 españoles menores de edad condenados fueron 8.911, lo que supone un incremento interanual del 21,1%; los extranjeros fueron 2.327 lo que supone un incremento interanual del 20,0%. El total del incremento fue del 21,0%.

En cuanto a delitos de carácter sexual, estas son las cifras, que han tenido un crecimiento interanual del 34,0%.

Hay que destacar que, en ningún caso, se facilitan datos en los que las víctimas son hombres u homosexuales.

Las mujeres víctimas de violencia de género han sido:

Las fallecidas por violencia de género  han sido:

De todos los datos que anteceden, pueden obtenerse las siguientes conclusiones:

• En términos relativos, es mucho más numerosa la delincuencia extranjera que la nacional. Faltan datos y estudios sobre si las causas son motivadas por la cultura e idiosincrasia de los inmigrantes o por su marginalidad al encontrarse en España de forma ilegal, sin trabajo y viviendo de las subvenciones, pues el grupo de extranjeros que con mayor frecuencia delinque es el de los magrebíes y algunas nacionalidades latinoamericanas, que son los que más registros oficiales por delitos acumulan.
• El número de extranjeros nacionalizados españoles podría distorsionar, no las cifras puesto que son españoles legalmente y a todos los efectos, pero sí el concepto que en España se tiene de ciudadanía integrada socialmente, lejos de usos, costumbres y violencia existentes en los países de los que proceden.
• El inspector-jefe de la Comisaría de Valencia cometió tres grandes errores: Hacer las declaraciones que hizo en un acto organizado por VOX; generalizar, que nunca es bueno y muy malo cuando el contrario es el sistema que se ha hecho con el poder omnímodo de este país (Poder Ejecutivo, Legislativo, Fiscalía, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, el CIS, el INE, TVE, parte importante de la Justicia, la que blanquea el golpe de Estado catalán y pone en libertad a dos líderes radicales musulmanes salafistas a instancias de la franquicia catalana de Podemos, y crea la Unidad de Inteligencia Militar, algo parecido al SIM franquista, valedores y chivatos militares de quien esté en contra del poder establecido; y presentarse sin datos fehacientes de lo que realmente ocurre en su Comisaría, pues el INE se centra en el número de condenados por sentencia firme, pero obvia “la letra pequeña” de las faltas penadas y no dice nada de las denuncias habidas, de las retiradas por miedo a represalias y otras diversas causas, ni de las detenciones realizadas por la totalidad de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Sobre este asunto, les remito al libro “Don’t fuck the Police” en el que dos policías en activo destapan el avance de la delincuencia y de la ineficacia del sistema policial español, batallas internas con connotaciones políticas que impiden que los policías se enfrenten a los delincuentes que se apoderan de cada vez más zonas del país.

• El fracaso absoluto del Ministerio de Igualdad, que gasta el dinero en cualquier cosa menos en prevenir y habilitar los medios necesarios para contener el exagerado aumento de los delitos de violencia de género, de delitos sexuales y de mujeres fallecidas por dicha causa y que no ha abierto la boca para condenar el terrible crimen de la niña en Gijón por parte, presumiblemente, de su madre, demostrando con ello que únicamente es un nido de víboras vividoras a costa del resto de ciudadanos.

Como últimamente termino mis artículos, yo he expuesto los datos, interprételos usted mismo.

Antonio CAMPOS