Sin presupuestos

Pedro Sánchez, a la sazón presidente del Gobierno de España, tuvo ayer un lapsus de memoria sobre lo pactado entre él y Podemos (obsérvese que digo él y no el Partido Socialista Obrero Español porque él no representa ya a todos los afiliados de ese partido) sobre el tema de la Reforma Laboral, diciendo que ambos partidos habían pactado derogar sólo los aspectos más lesivos, pero lo cierto es que en su acuerdo de Gobierno habían acordado derogarla íntegramente. Podemos empieza a desconfiar de Pedro Sánchez, por esta y por otras razones, entre ellas la información que el CNI facilitó a los gobiernos anteriores sobre sus actividades en América Latina, y esa es una de las razones por las que los PGE – Presupuestos Generales del Estado “se aprobarán para el verano”, la frase más importante que pronunció en una entrevista de esas que el veterano periodista José María García tildaba con un adjetivo del que no me quiero acordar.

Los secesionistas catalanes han dicho por activa y por pasiva que no prestarán su apoyo a los PGE hasta que no se hayan establecido acuerdos concretos en esa mesa negociadora entre los dos gobiernos, anunciando una “reunión bilateral” con el presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, la primera semana de febrero en Barcelona. Dos presidentes del mismo rango y, además, jugando el partido en campo ajeno.

Esa reunión y esa mesa negociadora es como el que va a misa, que se sabe va a rezar; o el que va a un restaurante, que se sabe que va a comer; o el que va a un puticlub, que se sabe a lo que va. El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés lo ha dejado muy claro: El encuentro Sánchez-Torra es para abordar la independencia de Cataluña.

“Esto no es una reunión como las otras. El encuentro determinante no es entre el presidente del Gobierno español y una Comunidad Autónoma que tiene problemas autonómicos. Si no que es entre el presidente de España y el presidente de Cataluña, que se sentarán a resolver un problema político, que es sobre la independencia de Cataluña”, ha dicho el líder republicano en una entrevista en TV3.

“Desjudicializar el conflicto” en Cataluña no implica “impunidad”. “Si yo no hiciera cumplir la ley estaría prevaricando”, ha dicho Sánchez. “Hay que devolver a la política una crisis y un conflicto que es político. Y no podemos escondernos detrás del Tribunal Supremo”. A todo esto, le pone una guinda, para adornar: “Rebajaremos la pena para los delitos de sedición”.

En cuanto a los vascos y junto a otras competencias, entre las que se incluyen la retirada del Ejército y la Guardia Civil, Sánchez traspasará la gestión de la Seguridad Social al Gobierno vasco, fragmentando la caja única. Otros que tampoco se fían y que esperan a que se cumplan sus pretensiones para votar los Presupuestos.

Con todo ello, Pedro Sánchez va a estar un año más con los Presupuestos aprobados por el anterior gobierno del Partido Popular, lo que no le va a impedir subir los impuestos: “Si tiene que haber justicia social tiene que haber justicia fiscal” …… “Los que más tienen deben aportar más a las arcas públicas”, ha dicho. A sensu contrario, no ha habido justicia social ni fiscal, ni los que más tienen han aportado más, durante todos los gobiernos anteriores, incluidos los muchos años que han estado en el poder sus conmilitones socialistas. Cuando se aprieta mucho, muchísimo, una pera con una maroma, la pera termina por romperse y es inservible para su cometido de ser utilizada como fruta. Todo, en su justa medida. Y que se enteren de cuántos españoles se están haciendo residentes aquí al lado, en las playas de Portugal.

 

 

Ministro de Sanidad

Salvador Illa Roca nació en La Roca del Vallés (Barcelona), tiene 53 años, licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona, Master en Economía y Dirección de Empresas en el IESE – Universidad de Navarra.

Afiliado al PSC – Partido Socialista Catalán, fue alcalde de su pueblo, director general de Gestión de Infraestructuras del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña, director del área de Gestión Económica del Ayuntamiento de Barcelona entre 2010 y 2011 y coordinador del Grupo Municipal Socialista entre 2011 y 2016.​ Mano derecha y hombre de plena confianza de Miquel Iceta, que lo puso al frente del funcionamiento interno como secretario de organización del PSC.

“Se le atribuye un papel clave en la negociación con Junts per Catalunya en el verano de 2019 relativa al acuerdo que permitió gobernar al PSC en la Diputación de Barcelona.​ Intervino igualmente en la negociación para la formación de un gobierno municipal de coalición entre Barcelona en Comú y PSC en el Ayuntamiento de Barcelona.​ También formó parte, junto con Adriana Lastra y José Luis Ábalos, del equipo negociador del PSOE que llegó al acuerdo con ERC para la abstención del grupo parlamentario correspondiente a este último partido en la investidura de Pedro Sánchez en enero de 2020”, según Wikipedia.

 

 

Hábil negociador, discreto, disciplinado a la hora de acatar, pero también de hacer cumplir las órdenes del partido, no es partidario de un referéndum en Cataluña y tampoco es de los que defiende los indultos para los líderes independentistas. Su inclinación catalanista no le impide decir cosas como estas:

  • El comentario de Torra sobre conseguir la independencia de Cataluña mediante la vía eslovena “es una absoluta barbaridad, una cosa fuera de lugar y un error gravísimo”. Además, considera que “si se pone en conexión con el comentario de los mossos, no se puede descartar que está haciendo un llamamiento a la insurrección”.
  • El Parlament no se puede gobernar ni por Skype ni por Whatsapp
  • El artículo 155 de la Constitución “debería desaparecer cuando haya un Gobierno, pero que ese Gobierne no actúe de manera ilegal”

Su nombramiento no ha sentado nada bien en el mundillo sanitario español. Para muestra, esta carta abierta que le envía un médico de Málaga al nuevo Ministro de Sanidad.

Estimado jefe:

El abajo firmante, médico del Sistema Sanitario Público, te da la bienvenida al Ministerio de Sanidad y se pone a tus órdenes para lo que necesites.

Creo que ha sido un acierto tu nombramiento ministerial: nada más útil en la cúspide de la Sanidad Española que un filósofo; pues, al vernos coartados tantas veces por los puñeteros recortes, los sanitarios y los pacientes de España hemos de apoyarnos siempre en la filosofía para sobrevivir al desastre.

Los pacientes, por ejemplo, se toman las listas de espera con mucha filosofía. Los médicos nos tomamos con filosofía la falta de sustitutos. Las enfermeras se toman con filosofía sus indecentes contratos. Las auxiliares se toman con filosofía que les arrojen orina. Los administrativos se toman con filosofía que les echen la culpa de la demora del médico. Y los celadores se toman con filosofía su escaso reconocimiento profesional. Así que, otro filósofo más en la Empresa para arreglar el asunto, será siempre bienvenido.

No hagas caso, ministro, a quien sospeche que tu llegada al Gobierno tiene algo que ver con tus buenos oficios en la negociación con Esquerra Republicana de Cataluña para la investidura de Sánchez. Pecata minuta es esa. Ese gran servicio a la Patria debe ser recompensado, sin duda ninguna, con una cartera ministerial. Y no hagas caso, tampoco, a quien diga que, como ministro de Sanidad, no sabes distinguir una tos de un estornudo. En los tiempos que corren, eso es un mérito.

Y cuando te vengas abajo, cuando creas que todo se desmorona y que lo estás haciendo fatal, piensa que es imposible quedar peor que algunas lumbreras que te precedieron en el Ministerio.

Recuerdo, por ejemplo, a doña Celia Villalobos, del Partido Popular, también conocida como la “Señora de los Huesos del Puchero”, quien, además de llamar a voces a “¡Manoooolooooo!”, se enfrentó a la crisis de las vacas locas sin saber lo que era una vaca, aunque sabiendo lo que era una loca.

No se me olvida tampoco doña Ana Mato, Popular también, que por poco nos mata con el ébola, y a quien tuvieron que sustituir a toda prisa porque no distinguía el jaguar de su marido de un jaguar de la selva americana.

Tampoco le fue a la zaga un ministro de UCD cuyo nombre –afortunadamente– no recuerdo, y que afirmó en una rueda de prensa que la intoxicación por aceite de colza la producía un bichito muy pequeño, casi invisible. “Tan pequeño, tan pequeño –dijo el catedrático– que si se cae de la mesa se mata”. Pabernos matao, sí.

Y qué decir de la inefable doña Leire Pajín, ministra socialista en su tierna pubertad, y cuyo mérito principal para tan alto destino fue haber pegado carteles en Valencia a favor de Zapatero. Ahora, por cierto, tiene Leire un cochazo, un sueldazo y un cargazo en las Naciones Unidas, en Nueva York. No sabemos qué demonios hace allí. Pero bueno, eso no importa. Tampoco sabíamos lo que hacía aquí.

Con esos antecedentes, amigo ministro, es imposible no triunfar. Y consuélate, hombre. En algo aventajas a la ministra de Sanidad saliente: te veo más guapo.

Así que nada, compañero filósofo: que Enmanuel Kant nos sea propicio y que Aristóteles nos salve. Salud, mucha suerte, y a tu disposición.

Firmado:

Juan Manuel Jimenez Muñoz – Médico y escritor malagueño.

 

 

 

 

Ministro de Cultura y Deportes

José Manuel Rodríguez Uribes, nacido en Valencia, 51 años, casado, un hijo, licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, Doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, tesis dirigida por Gregorio Peces Barba, histórico dirigente socialista de la Transición.

Director General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, integrante de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), encargado del área de Laicidad, tema que ha desarrollado en su último libro Elogio de la laicidad. Hacia el Estado laico: la modernidad pendiente (Tirant lo Blanch, Valencia, 2017). Profesor titular de Filosofía del Derecho y Filosofía Política, primero en la Universidad de Valencia (2001-2004) y, desde 2004 hasta la actualidad, de la Universidad Carlos III de Madrid.

 

 

Es experto en Derecho y Filosofía del Derecho, defensor de las víctimas del terrorismo. No tiene experiencia en temas de gestión cultural ni deportiva. Es un filósofo con buenas intenciones.

Copio uno de sus escritos del año 2014:

“Un mundo con normas, eso es precisamente la democracia constitucional que nos hemos dado, en España desde 1978, y que debemos preservar para no volver a las andadas o para que no la destruyan unos u otros, desde dentro o desde fuera del sistema. Reglas, por tanto, para todos (gobernantes y gobernados) y para todo (organización territorial del Estado, prevención y combate de la corrupción, etcétera) menos para la ética privada, donde la única norma debería ser la conciencia individual. Por eso cuando en el espacio público, político o económico, aquéllas se olvidan o no existen la consecuencia no es otra que el abuso, el exceso, el daño al más débil, la corrupción o el enriquecimiento ilícito o desmesurado. Crisis y más crisis, económica, social, medioambiental, política y moral; desconfianza y más desconfianza, que es lo único que no resiste la democracia constitucional como recordé en esta misma Agenda Pública” ……

“La sociabilidad amistosa, la antítesis de la guerra, requiere el respeto mutuo, la tolerancia positiva y nos sugiere la simpatía y la solidaridad, para ser mejores o para no perder, según los casos. Las desigualdades originales, naturales, económicas o sociales (pobres y ricos, vulnerables y fuertes, sabios o ignorantes) sólo pueden ser corregidas y equilibradas con reglas compartidas y con un reparto democrático del poder. Sin aquéllas o sin éste sólo hay violencia, miseria, oscuridad, destrucción…

El gobierno de las leyes propio del constitucionalismo de nuestro tiempo es así el ideal regulativo que inventa la mejor civilización y la mejor modernidad especialmente a partir de Montesquieu; y la democracia, la única forma de gobierno justa y, en cierto sentido, posible. Uno y otra aspiran a sacarnos del caos previo, de la violencia desenfrenada, o de un poder que siempre tiende a abusar, el del Estado o el de la sociedad y otros poderes económicos, incluso el de uno mismo como con la antigua venganza privada” …..

“El problema no es del sistema, no es de la democracia constitucional, necesariamente parlamentaria y representativa aunque se complete con otras formas de participación. El sistema goza de un diseño teórico y normativo, si no perfecto, sí armónico y sofisticado para buscar siempre el equilibrio, que debe beneficiar especialmente a los que parten del lado bajo de la balanza. El problema es y ha sido de algunos que lo han usado para el aprovechamiento propio, torciendo sus reglas, abusando de la confianza de los ciudadanos, jugando sucio, usurpadores muchos de ellos delincuentes. Pero sin el sistema estaríamos peor, desnudos ante su fuerza y su ambición. Esos mismos hubieran campado a sus anchas, todavía más, sin posibilidad de sanción e incluso legitimando sus “nuevas propiedades” para la historia. Por tanto no se trata de acabar con el sistema del 78, aunque debamos actualizarlo, sino de hacerlo cumplir, de aplicarlo en toda su extensión, de profundizar en sus amplias posibilidades, vigilando especialmente al vigilante y sin caer seducidos por los cantos de sirena de oportunistas salvadores … No otra vez”.

Su antecesor le deja muy adelantado el proyecto de la Ley del Mecenazgo, la reforma del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música, la regulación que facilita la grabación de películas y series de televisión a productoras extranjeras, y la Ley de Patrimonio Histórico.

Como se ve, Rodríguez Uribes es un demócrata convencido y buena persona. Laico y proselitista del laicismo. Veremos si esa bancada gubernamental, prensada por el aumento de sus miembros, en su acepción de sujetos, no le hace cambiar de opinión y filosofía.

 

 

 

 

Ministro de Justicia

El nuevo ministro de Justicia es Juan Carlos Campo Moreno (Osuna, Sevilla, 1961), juez de carrera, magistrado, diputado del PSOE por la provincia de Cádiz desde 2016. Fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía (1997-2001); y desde 2001 a 2008, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a propuesta del PSOE. En febrero de 2009 fue nombrado secretario de Estado de Justicia, hasta 2011. Portavoz del PSOE en la comisión de Justicia del Congreso, contrario furibundo de la prisión permanente revisable, divorciado y padre de dos hijos, es actual pareja sentimental de la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Meritxell Batet. Persona de máxima confianza de Pedro Sánchez, está destinado a ser uno de los grandes protagonistas de esta legislatura.

 

Sobre su nueva mesa ministerial, arden los siguientes problemas:

Deberá renovar el CGPJ – Consejo General del Poder Judicial, y un tercio del Tribunal Constitucional, en un momento en el que la política pretende instalarse en ambos.

Deberá controlar vs pelearse con la nueva Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, anterior ministra de Justicia, que es el eslabón perdido para la subordinación de la justicia, el poder del Estado que más se le resiste a Pedro Sánchez, “ministra” en la sombra para satisfacción de los secesionistas, chavistas y bolivarianos españoles. Sánchez dijo hace dos meses: «¿De quién depende la Fiscalía?… pues eso». Y no quiero pensar que la ambición del poder perpetuo le lleve a nombrar a los jueces directamente, como se pretende en el borrador de la Constitución de la inexistente Republiqueta Catalana, muy propio de cualquier dictadura y a lo que ni siquiera se atrevió Franco.

De momento, ya le ha salido un grano purulento en la punta de la nariz: “Pedro Sánchez ha asumido con ERC el compromiso de vaciar los tribunales de causas abiertas contra los separatistas. El pacto invade de este modo la independencia judicial y pisotea la capacidad de actuación de la Fiscalía al asumir, como compromiso de Gobierno, “el reconocimiento del conflicto político y la activación de la vía política para resolverlo […], superando la judicialización del mismo”. OK diario del 03-01-2020.

En consonancia con ello, ya tenemos el primer ejemplo: La nueva Fiscal General del Estado, al día siguiente de su nombramiento, avala que se suspenda la inhabilitación por desobediencia dictada por la Junta Electoral contra Quim Torra hasta que su condena sea firme. De esa forma, Pedro Sánchez y Quim Torra podrán reunirse, como estaba previsto, como presidentes del mismo rango, para seguir negociando las concesiones a los secesionistas.

Deberá fijar la posición que tendrá a partir de ahora la Abogacía del Estado en todos los asuntos que afecten a Cataluña y el desafío independentista. Edmundo Bal, que hasta hace poco más de un año fue el jefe de la Sección Penal de la Abogacía del Estado, y se opuso a que ésta rebajara la acusación a los cabecillas del procés de rebelión a sedición, fue fulminantemente destituido por Dolores Delgado. Y dejó clara su opinión al respecto: “Por favor, a la Abogacía del Estado que no la manipulen, que no la utilicen, que no la instrumentalicen con fines puramente políticos porque es la Abogacía del Estado y no la Abogacía del PSOE”.

Decidir qué hacer si la Fiscalía General del Bolivia imputa a alguno de los que ha reclamado en calidad de testigos: Pablo Iglesias, José Luis Rodríguez Zapatero, Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón y el ex juez Baltasar Garzón, para esclarecer las causas del incidente diplomático entre España y el país sudamericano, ocurrido el pasado 27 de diciembre, en la Embajada de México.

Afrontar el descontento de jueces y fiscales ante las cargas de trabajo que soportan y la forma de trabajar, más propio del siglo pasado que del actual.

Deberá gestionar el tema de los presos del procès y los problemas derivados del mismo con la Unión Europea, entre ellos, las euroórdenes o los suplicatorios pedidos al Parlamento Europeo por su buen amigo el juez Llarena.

Deberá “inventar” nuevas leyes que permitan modificar la Constitución por la puerta trasera, a fin de que su jefe Sr. Sánchez pueda cumplir con el peaje prometido a aquellos que le han apoyado en su elección parlamentaria como Presidente.

Es un hombre preparado, escrupuloso y meticuloso en sus intervenciones. Ahora, como ministro de Justicia, es el momento de demostrar que la Justicia, con mayúscula, es totalmente independiente, y está por encima, del poder político y de los egos personales, como él mismo dijo el pasado 18 de diciembre cuando recibió el premio a la Excelencia y Calidad en la Justicia por parte del Consejo General de Procuradores de España:

“La pasión por la Justicia ha vertebrado mi vida. Debemos luchar por tener una justicia pronta, eficaz e imparcial”. Si es así, que la nación se lo premie; y si no es así, que el pueblo se lo demande.

 

 

 

 

Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación

Luis Planas Puchades nació en Valencia en 1952.  Casado. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y premio Extraordinario de Licenciatura. Inspector de Trabajo y de la Seguridad Social, primer destino en Córdoba.

  • Diputado por Córdoba en el Congreso de los Diputados (1982-1986).
  • Diputado en el Parlamento europeo (1986-1993).
  • Consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía (1993-1994).
  • Consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía (1994-1996).
  • Senador designado por el Parlamento de Andalucía (1996)
  • Embajador de España en Marruecos (2004-2010).
  • Embajador de España ante la Unión Europea (2010-2011).
  • Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (2012-2013).
  • Secretario general del Comité Económico y Social de la UE (2014-2018).
  • Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (desde 2018 con motivo de la moción de censura a Rajoy).

 

 

Repite en el mismo ministerio en esta legislatura. Profesional de la política como se puede observar por los puestos que ha ocupado, con Carmen Calvo como valedora, Luis Planas tiene un perfil europeísta y conoce muy bien las instituciones de la UE, donde fue jefe de gabinete de Manuel Marín y de Pedro Solbes.

El periodista César Lumbreras, director del programa “Agropopular” de la COPE desde hace 35 años, gran conocedor del mundillo de la agricultura, ha escrito de él:

“En el año y medio largo que ha estado en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha caracterizado por dejar pasar el tiempo, ponerse de perfil y mirar para otro lado cuando han surgido problemas. Es lo que ha hecho, por ejemplo, con las crisis en los precios de los cítricos o actualmente del aceite de oliva. De hecho, las principales organizaciones agrarias han convocado ya manifestaciones en las próximas semanas para protestar por la situación. A lo largo de la legislatura que comienza ahora el campo español se enfrenta a numerosos retos, como la negociación del Marco Financiero de la UE para el periodo 2021-27, del que depende el dinero que habrá para financiar la PAC; la negociación de la futura PAC, que estará marcada por un fuerte componente verde; la gestión del Brexit, especialmente de su capítulo comercial, vital para una parte de las exportaciones agroalimentarias españolas o la guerra comercial desatada entre la UE y Estados Unidos. También deberá gestionar las crisis de precios en el mercado interior”.

 

 

 

Ministra de Educación

Ministra de Educación y Formación Profesional

Isabel Celaá Diéguez nació en Bilbao, 69 años, casada, madre de dos hijas, licenciada en Filosofía y Letras, Filología inglesa, y Derecho​ por las universidades de Deusto y de Valladolid. Es catedrática de bachillerato desde 1981.

Se inició en política en 1987, en el ámbito foral vasco, en dónde ha permanecido, ocupando diversos cargos, hasta su incorporación a la política nacional como ministra de Educación y Formación Profesional tras el éxito de la moción de censura que el PSOE presentó contra el gobierno de Mariano Rajoy (PP) en junio de 2018.

Entre los puestos ocupados en el Gobierno Vasco, por su interés, copio de Wikipedia: “De 2009 a 2012 ejerció el cargo de consejera de Educación, Universidades e Investigación en el gobierno de Patxi López. Impulsó la reforma de la Educación Pública Vasca, apostando fuertemente por el trilingüismo y la incorporación de nuevas tecnologías en centros escolares, mediante el programa Eskola 2.0. También concedió gran protagonismo a la Formación Profesional.

Celaá combatió el adoctrinamiento nacionalista en las aulas. Su primera medida fue derogar el currículo escolar (marca lo que deben estudiar los alumnos hasta los 16 años) aprobado por su antecesor, Tontxu Campos (Eusko Alkartasuna) para despojar al currículo escolar de la carga ideológica nacionalista que le había infundido el Gobierno vasco anterior, donde gobernaba el PNV en coalición con EA e Izquierda Unida. Entre otras cuestiones, ese currículo fijaba el euskera como lengua preferente en la comunidad. Celaá equiparó euskera y castellano al mismo nivel, de acuerdo al bilingüismo de Eukadi. Otro gesto –muy polémico– fue matizar en el currículo escolar el término «Euskal Herria», borrando la entidad política-administrativa que figuraba en los libros de texto, pero blindando el concepto cultural. «No lo vamos a eliminar por la sencilla razón de que Euskal Herria existe. Es el país del euskera y es un territorio que tenemos de cultura común, de lengua común y que compartimos los vascos», aseguró en una de sus primeras entrevistas como nueva consejera autonómica.

Durante su etapa como consejera puso en marcha los programas de presencia de las víctimas del terrorismo en los centros educativos para que trasladaran su experiencia a los alumnos de Secundaria”.

 

Repite como ministra de Educación y Formación Profesional, dos temas que, desde hace muchos años, han ido cambiando con el gobierno de turno, con estrepitosos fracasos tanto en la tolerancia para pasar de curso a los malos estudiantes, como en las calificaciones obtenidas cuando se compara nuestro nivel de enseñanza con otros países del mundo.

La presente legislatura se presenta problemática en muchos frentes, uno de ellos, en este ministerio, porque no hay consenso alguno entre los diversos partidos políticos, la comunidad educativa, los padres de los estudiantes ni en los propios estudiantes.

Supongo que seguirá con la reforma de la LOMCE, pendiente de la anterior legislatura: La Ley Básica de Educación que expulsará a la Religión como asignatura que sirva para hacer media, relega a la concertada para que la escuela pública tenga preeminencia en la programación de la oferta de plazas escolares, propone integrar a alumnos de escuelas especiales en aulas ordinarias, devolver más competencias a las autonomías que tienen lengua cooficial para que elijan en qué lengua se debe enseñar y pone en el punto de mira a la educación diferenciada.

La otra gran apuesta nacional debería ser la Formación Profesional. Desde la Transición democrática, se han abierto en España más de doscientas universidades entre públicas y privadas. Todo el mundo quiere ser universitario; y hay muchos que, aunque pongan su máximo empeño, no sirven, por las circunstancias que sean, para ser médicos, ingenieros, economistas o abogados; otros, con becas que es tirar el dinero público, tardan diez años en superar una carrera de cuatro cursos. Y lógicamente, son carne de paro perpetuo, salvo que se dediquen a la política o al sindicalismo.

En España falta técnicos profesionales, trabajadores y mandos intermedios cualificados; y debemos estar preparados para el cambio sustancial que se va a producir en los próximos diez años a nivel mundial, de los oficios, trabajos y labores que van a desaparecer, igual que desaparecieron los carboneros de los trenes, los paragüeros, los repartidores de leche o los picapedreros. Quienes no cambien el “chip” a las nuevas profesiones que se nos vienen, y no hablen inglés fluido, no encontrarán trabajo en el futuro. ¿Se acuerdan de las Universidades Laborales? Pues de alguna forma habría que crear una red nacional potente, exigente, de calidad, y con los mejores profesionales, los más aptos no los más adictos, como profesores de Formación Profesional.

 

 

El primer incendio que se le ha presentado a la Sra Celaá ha sido en relación al art. 27 de la Constitución, que dice:

  1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
  2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
  3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

En la Comunidad Murciana ha surgido un tema que todos los medios de comunicación han titulado el “PIN  PARENTAL“, que es una solicitud expresa en formato papel o digital que los padres y madres podrían dirigir a los directores de los centros con el fin de excluir a sus hijos de enseñanzas, charlas, talleres o actividades con carga ideológica o moral contraria a sus convicciones que, cada vez más colegios españoles, enseñan a niños menores a que duden de su sexo, a que se masturben, a que descubran otra experiencias sexuales y otras formas de sexualidad.

El Gobierno en pleno se ha opuesto a esta “revolución” de los padres y la Ministra de Educación ha dicho: “La Educación es un derecho fundamental y constitucional y no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. De lo contrario, estaríamos asumiendo que los menores, por serlo, no tienen derechos fundamentales”.

Efectivamente, los hijos no pertenecen a los padres, son libres y tienen su propia vida; pero, de ninguna manera, pertenecen al Estado, y mucho menos a una idea de un partido político para adoctrinarlos, exactamente igual que hacía Franco, que ha hecho Cataluña con su inmersión lingüística y cultural (de eso no ha dicho nada ni la Sra Celaá ni nadie del Gobierno), que Hitler (“tu hijo ahora ya nos pertenece” – 1933), y antes, los inventores de este asunto, la URSS comunista de sus peores años de dictadura, en los que señalaban quién debía ser fontanero, quién ingeniero, quién militar o quién espía. Supongo que esas pretendidas lecciones sexuales y doctrinales también serán para los niños musulmanes, a ver qué pasa con eso. En el marxismo, con sus diversos nombres, siempre han antepuesto el estado al individuo, la manada a la persona, etc. etc., y siempre mandando el líder supremo, al que todos dicen “amén”. Tampoco olvidaban poner las palabras demócrata y progreso en todo lo que podían, aunque la realidad fuera dictadura y caverna de miseria y hambre.

He escrito hace tiempo que siento algunos “tics” políticos que no me gustan nada, que así se empezó en sitios como Bolivia, Nicaragua o Venezuela, y mira cómo están ahora. “Malos momentos son estos para la picaresca”, que escribió el clásico. Y para los verdaderos demócratas.

 

 

Ministra de Igualdad

La nueva ministra de Igualdad es Irene Montero Gil, nacida en Madrid en 1988, licenciada en psicología, diputada por Madrid en el Congreso de Diputados desde enero 2016. Afiliada a las Juventudes Comunistas desde los 15 años, se unió a Podemos desde la PAH – Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

 

 

Comunista de puño en alto y tuiteadora de “los Borbones, a los tiburones”, su experiencia profesional, según indica el Portal de Transparencia de Podemos, trabajó durante un año en 2010 en la empresa Saturn, una marca de electrodomésticos, en labores de nula importancia empresarial.

Es la actual pareja sentimental del líder de Podemos, Pablo Iglesias Turrión, con quien tiene tres hijos. Y el ejemplo perfecto de la igualdad que pregona de todos los ciudadanos, principalmente de los pobres a quienes dice defender: Todos ellos quieren tener su sueldo y vivir dónde vive ella, convertida en “casta” contra la que decía luchar en sus inicios.

Según el acuerdo de gobierno firmado por PSOE y Podemos, este ministerio tendrá como reto la “lucha decidida contra la violencia machista” así como por “la igualdad retributiva, el establecimiento de permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, el fin de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la elaboración de una Ley de igualdad laboral”. Entiendo que estos párrafos no van destinados a corregir la aciaga ley de Violencia Machista, en la que tiene que ser el acusado quien presente la carga de la prueba de su inocencia, algo propio solamente de las dictaduras.

Pero no nos olvidemos de los segundos puestos. Ha nombrado Directora del Instituto de la Mujer a Beatriz Gimeno, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) cuando el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el matrimonio homosexual en 2005, que aboga por «cerrar cárceles» para que «no haya más presos» y considera que «la heterosexualidad oprime a las mujeres».

Cuenta con un Blog en el que publicó un artículo titulado «Por el culo, políticas anales», en el que anima a que las mujeres penetren analmente a los hombres para alcanzar la igualdad.

«Estoy trabajando este tema desde el punto de vista no gay, sino feminista y heterosexual. Me interesa mucho el culo masculino como lugar de la vergüenza y como espacio altamente simbólico donde se concentra la pasividad entendida como feminización (degradante) y como lugar de placer inasumible para los hombres heterosexuales».

El humorista Moncho Borrajo escribió: “Según la ideología de Unidas Podemos, Irene Montero no es un cargo público, pero si UNA CARGA PÚBLICA”.