Nunca existió un reino independiente de Cataluña

Autor: Jesús Laínz

Nacido en Santander en 1965. Catedrático, historiador, europarlamentario por VOX. Discurso pronunciado en Bruselas en el año 2019.

Lo que a mí me corresponde es explicarles brevemente la falsedad de la legitimación histórica para la secesión de Cataluña. Dado el poco tiempo disponible, les plantearé brevemente ocho cuestiones para responder a la incesante falsificación histórica de los separatistas.

1- La primera, casi superflua, es la de que, evidentemente, Cataluña no tiene ningún derecho de autodeterminación, derecho muy claramente definido por la ONU y cuyos titulares son los antiguos territorios coloniales o los sometidos a dominio extranjero, lo que, obviamente, no es el caso de Cataluña.

2- La segunda consiste en la obsesión de los separatistas por extraer de la existencia en el pasado de un reino, un ducado, un condado, una república o cualquier forma de Estado, el derecho de secesión en el siglo XXI. ¿Se imaginan ustedes que de la existencia en el siglo VIII de los reinos de Essex, Wessex o Mercia alguien dedujese el derecho de sus habitantes a separarse de Inglaterra en el siglo XXI? En Italia existieron las repúblicas de Venecia y Génova, el reino de Cerdeña, el de Nápoles y el de las Dos Sicilias. ¿Tendrán por ello estas regiones italianas derecho a separarse de Italia en el siglo XXI? En Alemania existieron los reinos de Baviera, Prusia, Sajonia, Hannover o Würtemberg y otros treinta y nueve Estados de la Confederación Germánica. ¿Se imaginan las risas en Alemania si a alguien se le ocurriese sostener que los habitantes de los territorios donde existieron aquellos reinos tienen derecho a independizarse en el siglo XXI? Y no olviden el pequeño detalle de que todos estos reinos que acabo de mencionar al menos tuvieron la virtud de existir, mientras que lo que nunca existió fue un reino independiente de Cataluña. Por lo tanto, si los habitantes de ninguno de estos territorios tienen el derecho a separarse de sus naciones, ¿por qué los de Cataluña sí habrían de tenerlo?

3- Los separatistas sostienen que Cataluña es algo ajeno a España, que su vinculación con ella ha sido muy débil. Pero Cataluña siempre fue parte de España, nada menos desde que Roma comenzó a dar forma administrativa a los pueblos de la Península Ibérica, con la catalana Tarragona como primera capital de la Hispania romana. Y, posteriormente, la catalana Barcelona sería la primera capital de la Hispania visigoda. A partir de entonces, los catalanes han participado en todas las empresas históricas de España: la Reconquista de ocho siglos contra los invasores musulmanes, el descubrimiento y conquista de América, etc. Porque con Colón y con Hernán Cortés estuvieron muchos catalanes, y buena parte de los primeros evangelizadores de América fueron monjes catalanes. Y ya que estamos en Bruselas, no podemos dejar de recordar a los Tercios de Flandes, en los que muchos soldados catalanes lucharon a las órdenes del duque de Alba, aunque, evidentemente, los separatistas catalanes no lo mencionen nunca.

4- En cuarto lugar, los separatistas catalanes sostienen que España es una nación desarticulada, imperfecta, poco sólida, poco hecha. Pero si echamos un vistazo a Europa, veremos que naciones tan indudables y sólidas como Italia o Alemania se unificaron hace sólo ciento cincuenta años. En cuanto a Francia, otra nación evidentísima, Saboya y Niza se incorporaron a ella muy recientemente, en 1860. Y Alsacia y Lorena hace bastante menos: exactamente ciento un años, en 1918, al terminar la Primera Guerra Mundial. En cuanto a Polonia, dependiendo del siglo del que hablemos, la veremos cambiar de tamaño y de ubicación en el mapa. E incluso desapareció durante largo tiempo. España, por el contrario, lleva seis siglos siendo lo que es. Pues bien, si ninguna de estas regiones de estos países, a pesar de su reciente incorporación, tienen el derecho a la secesión, ¿por qué Cataluña, que lleva en España dos mil años, sí?

5- La quinta cuestión se refiere a Escocia, cuyo referéndum legal de 2014 es muy utilizado como ejemplo por los separatistas catalanes. Pero el ejemplo es inapropiado, puesto que la legislación constitucional británica no es la española, por lo que no se comprende por qué habría de extenderse a España o a ningún otro país del mundo. Porque la legislación británica es, obviamente, fruto de la historia de Gran Bretaña. Pues en 1707 dos parlamentos, el escocés y el inglés, de dos reinos, Escocia e Inglaterra, acordaron fundirse para conformar el Reino de Gran Bretaña mediante el Acta de Unión. Pero, en el caso español, jamás hubo ningún parlamento catalán de ningún reino de Cataluña que pactase de igual a igual con un parlamento español de un reino de España para conformar el Reino Unido de España mediante ninguna Acta de Unión. Por lo tanto, la explicación histórica y las consecuencias jurídicas son completamente distintas.

6- Otro elemento esencial en la falsaria propaganda separatista es que Cataluña fue invadida por España en 1714, elemento muy utilizado tanto en el exterior como en el interior. En el exterior, para ganarse simpatías entre aquellos desinformados que se creen lo de un país pequeño invadido por una potencia más grande. Y en el interior, para lavar el cerebro de los catalanes, especialmente de los niños. Un ejemplo: el dirigente separatista Artur Mas declaró a Le Monde en febrero de 2012 que “Cataluña pertenece al Estado español desde hace trescientos años por la fuerza, tras haber perdido batallas y guerras”. Pero esto es sencillamente mentira. Lo que hubo en España en 1714 no fue una guerra entre españoles y catalanes, sino entre los partidarios del candidato Habsburgo y los del Borbón. Y de unos y de otros los hubo en todas las regiones españolas, Cataluña incluida. Pero como Barcelona fue la última resistencia del finalmente derrotado candidato Habsburgo, con la debida tergiversación se presenta como una guerra entre españoles y catalanes. Y, dicho sea de paso, el motivo principal del apoyo probablemente mayoritario en Cataluña al candidato Habsburgo fue la tradicional francofobia de los catalanes, detalle que Artur Mas, por supuesto, no explicó a Le Monde.

7- Otra de las mentiras, de gran eficacia propagandística, con la que se suele intoxicar a la opinión pública europea consiste en sostener que Cataluña merece la secesión por haber sufrido especialmente durante el régimen de Franco. No es éste, evidentemente, momento ni lugar para explicarlo. Sólo les daré tres breves datos: hubo más voluntarios catalanes luchando en el bando franquista que en el republicano; el régimen franquista estuvo plagado de ministros, parlamentarios, embajadores y otros altos cargos catalanes; y Cataluña fue la región más beneficiada por la política económica del franquismo. Podríamos extendernos hasta el infinito, pero les daré un solo dato: en 1975, cuando murió Franco, Cataluña, que representa el 6% del territorio español, contaba con el 45% de los kilómetros de autopista.

8- Por último, otro argumento de gran eficacia sentimental: la lengua catalana como justificación de la secesión, argumento absurdo donde los haya pero muy utilizado en la propaganda. Pues, ¿desde cuándo una lengua es igual a una nación? Se calcula que en el mundo se hablan unas 6.000 lenguas, y en la ONU hay representadas 193 naciones. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué falla aquí? ¿En el mundo sobran 5.800 lenguas? ¿O en la ONU faltan 5.800 naciones? Pero vengámonos más cerca, a Europa. Pues el único país europeo donde se habla una sola lengua es Islandia. Todos los demás son multilingües. Aquí, en Bélgica, por ejemplo, se hablan tres: francés, flamenco y alemán. Y en Francia o Italia, países aparentemente monolingües, se hablan más lenguas que en España. ¿Estará dispuesta Francia, la République Une et Indivisible, a conceder la independencia a Alsacia porque allí se habla alemán, a Bretaña porque allí se habla bretón, a Provenza porque allí se habla provenzal, a Córcega porque allí se habla corso, a los Pirineos Atlánticos porque allí se habla vasco y al Rosellón porque allí se habla catalán?

Concluyamos: Cataluña no tiene ningún derecho histórico, ni jurídico, ni étnico, ni lingüístico, ni cultural, ni de ningún tipo, a la secesión. O como dicen los separatistas, ningún derecho a decidir, que es el eufemismo para no mencionar la inaplicable autodeterminación.

¿Por qué especial privilegio, por qué especial superioridad los catalanes tendrían derecho a decidir unilateralmente la destrucción de España mientras que los demás españoles tendrían que mantener la boca cerrada? Porque no olvidemos que la tan repetida construcción nacional catalana no es otra cosa que la destrucción nacional de España.

¿Ustedes, señores franceses, italianos, británicos, polacos, alemanes, aceptarían que los habitantes de una región decidiesen la destrucción de sus naciones sin que los demás habitantes de las demás regiones pudieran participar en la decisión?

Efectivamente, el derecho a decidir existe: es el derecho que, para decidir sobre la existencia o desaparición de España, tienen todos los ciudadanos españoles.

Los errores se pagan

Toño Mateu Lahoz es, probablemente, el mejor árbitro de fútbol de España y de Europa, lo que es lo mismo, del mundo. Pitó la final de la Copa de Europa de Clubs y estaba destinado a hacer lo mismo en la final de la Eurocopa de Selecciones Nacionales que se está jugando estos días.

Le asignaron uno de los partidos más importantes de dicho torneo, Francia-Portugal. Y cometió un error inexplicable al sancionar con penalti una caída voluntaria de Kylian Mbappé, la nueva estrella mundial, en el área de Portugal.

En Europa, en el mundo, los errores se pagan. El Comité de Designación de Árbitros lo ha apartado de la fase final, suspendiendo su pase a los partidos más importantes de semifinales y final de esa competición.

¡Cuánto tenemos todavía que aprender! En España hubiera habido un corporativismo mal entendido que habría disimulado el error y la sanción. Y no digamos en el tema de la cosa pública: Errores, mentiras, engaños, titulaciones falsas, amistades, adictos, astillas y uno y mil casos más de pícaro del Siglo de Oro, más vigente que nunca en la historia de nuestro país.

Se nos llena la boca diciendo que somos demócratas, pero no la conjugamos en nuestros actos, no exigimos responsabilidad alguna a quien se equivoca, muchas veces de forma intencionada, y permitimos hechos y actuaciones que en cualquier otro país civilizado serían censurados y cesadas las personas de forma fulminante, a iniciativa propia o del mando correspondiente.

Mateu Lahoz seguirá siendo el mejor árbitro, pero es justo que pague por el error cometido. Ojalá fuera así en todos los casos en España, sobre todo en lo que atañe a la responsabilidad de los que desempeñan funciones públicas, que olvidan demasiado a menudo que se trata de periodos circunstanciales, y que deberían volver a su vida privada en las mismas condiciones que lo hizo el anterior presidente de Uruguay, Pepe Mújica, ejemplo de honestidad y honradez.

Mas-Colell y el Tribunal de Cuentas

por Elisa de la Nuez el 26.06.2021 en https://cronicaglobal.elespanol.com

El Tribunal de Cuentas es un órgano constitucional cuyo funcionamiento es bastante desconocido, como está poniendo de relieve el debate sobre el expediente de responsabilidad contable abierto a varios políticos, entre ellos al economista Andreu Mas-Colell (consejero de Economía en el Gobierno de Artur Mas hasta 2015) por una supuesta desviación de fondos públicos para promoción exterior del independentismo, que ha dado lugar a la firma de un manifiesto de solidaridad por parte de algunos Premios Nobel y varios académicos de prestigio, convencidos, al parecer, de que una figura académica tan relevante no ha podido incurrir en ninguna responsabilidad contable. Eso sí, sin haberse molestado demasiado en contrastar ni los hechos ni las normas jurídicas aplicables, quizás dando por sentado que en España no hay un Estado de derecho digno de tal nombre.

Una defensa “por ser vos quien sois” de corte estamental (a la que se han sumado voces tan relevantes como la de Jordi Amat) que causa un cierto sonrojo a estas alturas del siglo XXI en la medida en que una de las conquistas básicas del Estado de derecho y de la democracia liberal es la consagración de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Eso por no hablar de las consideraciones del ministro Ábalos acerca de las “piedras” que el Tribunal de Cuentas está poniendo en el camino de la concordia y la reconciliación y que habrá que ver cómo se arregla tamaño desaguisado. Parece que para algunos de nuestros gobernantes estatales o regionales el Estado de derecho es más un obstáculo que una garantía. Todo un signo de los tiempos.

Quizá por esa razón merece la pena detenerse un poco en esta institución, prevista en el artículo 136 de la Constitución y que, pese a su nombre, no es un Tribunal de Justicia. Se trata, efectivamente, de un organismo público que es el máximo responsable de la fiscalización de las cuentas públicas y de la gestión financiera del sector público, es decir, de controlar que los fondos públicos se gestionan de forma eficiente y de acuerdo con la legalidad.

Estas entidades existen (con nombres más o menos parecidos) en todos los países de nuestro entorno y pertenecen a la categoría de instituciones de control o contramayoritarias (los famosos “checks and balances”) en la medida en que se configuran como órganos independientes de otras instituciones, especialmente del Poder Ejecutivo, al menos sobre el papel. Esto es lógico si se tiene en cuenta que para realizar correctamente su labor como controladores externos no pueden depender de quienes deben controlar. Al menos sobre el papel, claro está, porque en nuestro país, como sucede con tantas otras instituciones, los 12 consejeros del Tribunal de Cuentas estatal se “reparten” entre los partidos políticos mayoritarios. Algo parecido pasa a nivel regional con los distintos entes autonómicos que realizan funciones similares en el ámbito correspondiente.

Por lo que aquí nos interesa, los Tribunales de Cuentas que responden al modelo continental (entre ellos el nuestro) además de las funciones de fiscalización realizan también funciones de enjuiciamiento, que tienen carácter jurisdiccional y cuya finalidad es depurar la responsabilidad contable de los gestores de fondos públicos mediante los procedimientos previstos al efecto en la normativa reguladora, que es la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Interesa también destacar que los órganos regionales equivalentes carecen de esta función de enjuiciamiento.

Pues bien, en esta ley (artículo 45 y siguientes) está previsto que se realicen las denominadas “actuaciones previas a la exigencia de responsabilidades contables”. En primer lugar se practican si de las funciones de fiscalización resultan hechos que puedan dar lugar responsabilidades contables, de manera que el Consejero de Cuentas correspondiente (de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o Abogado del Estado) y con citación y, en su caso, intervención del presunto responsable, acuerda la formación de pieza separada con la finalidad de concretar los hechos, los posibles responsables, tanto directos como subsidiarios, y el importe total de los perjuicios ocasionados al erario público.

También cabe que estas actuaciones se inicien porque se llegue al conocimiento por vías distintas a la fiscalización, de hechos supuestamente constitutivos de alcance de caudales o efectos públicos. En ambos casos se nombra a estos efectos un delegado instructor y el procedimiento termina, en su caso, con la práctica del acta de liquidación provisional donde se fija la cuantía de la responsabilidad contable, que es el importe en el que se concretan los perjuicios y el que servirá de base para decretar el embargo, si no se paga o afianza esta cantidad por aquellos que sean declarados responsables. Hay que subrayar también que si se aprecia la posible existencia de delito se debe de poner en conocimiento de los tribunales de justicia.

Hasta aquí las normas, aplicables a Mas-Colell y a cualquier hijo de vecino gestor de fondos públicos. Es cierto que hay expertos que consideran que el procedimiento que hemos descrito es muy mejorable, en la medida en que es poco garantista y puede originar cierta indefensión a los presuntos responsables. Si es así, los tribunales de justicia podrán apreciarlo, y, sobre todo, el legislador deberá tomar nota para modificarlo. Lo que no es de recibo es que se pretenda prescindir sin más de las normas vigentes cuando afectan a personajes relevantes ni que los méritos académicos o/y políticos operen como una especie de eximente.

La asunción de responsabilidades jurídicas, del tipo que sean, es una consecuencia inevitable del ejercicio del poder fuera de los límites marcados por el ordenamiento jurídico en un Estado democrático de derecho. Cuando antes lo aprendamos mejor será para todos.

Tiempos recios

El 11 de febrero de 1873, en España, se produjo uno de esos acontecimientos que, de vez en cuando, suponen un punto de inflexión en la Historia de los pueblos.

Se vivían tiempos recios. Muy recios. Tiempos de cambios e incertidumbres.

Y, para aquellos jóvenes que hayan sido víctimas de la LOGSE, quiero aclarar que Franco no había nacido, ni tampoco don Manuel Azaña, y que aún no había rojos ni azules, ni fascistas ni antifascistas, ni milicianos ni falangistas. Y añado: todo lo que voy a contar sucedió medio siglo ANTES de nuestra Guerra Civil.

1871 y 1872 fue un bienio de puro disloque. Nunca, jamás, había estado tan dividida España como en esos dos convulsos años. Nunca. Aunque, bien es verdad, ignoraban los pobrecitos españoles lo que les aguardaba al año siguiente, en 1873. Ya saben: todo es susceptible de empeorar.

En 1871 y 1872, el panorama nacional era el siguiente:

1-Las provincias vascongadas estaban en guerra con el resto del país. A cañonazos. Ya saben: los Fueros, los Derechos y todas esas cositas.

2-Los catalanes pinchaban donde más podía doler: también andaban díscolos, y compinchados con los vascongados en la guerra de guerrillas.

3-Había una Constitución Española desde 1869, una monarquía constitucional y un rey constitucional que se llamaba don Amadeo de Saboya (por Dios, qué mala rima).

4-Aunque los monárquicos eran mayoría en el Congreso de los Diputados (70% de los escaños), una ruidosa minoría republicana (30% de los escaños) no cesaba de provocar algaradas por todo el país. Querían abolir la Constitución, echar al rey, proclamar la Primera República y que España fuese un Estado Plurinacional (ellos lo llamaban federal o cantonal).

5-La cosa se puso absolutamente insoportable en febrero de 1873. Jamás se habían dado cita en las Cortes Españolas tantos inútiles juntos, tanto irresponsable por metro cuadrado. Don Benito Pérez Galdós, que entonces era un joven columnista en un periódico madrileño, decía esto sobre el Congreso de los Diputados: “… las sesiones de las Cortes me atraen; y, las más tardes, las paso en la tribuna de la prensa entretenido con el espectáculo de indescriptible confusión que dan los Padres de la Patria. El individualismo sin freno, el flujo y reflujo de opiniones, desde las más sesudas a las más extravagantes, y la funesta espontaneidad de tantos oradores, enloquecen al espectador e imposibilitan las funciones históricas de la Cámara”.

Como no podía ser de otra manera, visto el desastre que se avecinaba, el rey don Amadeo de Saboya renunció a la Corona española y se marchó del país. Tenía esa suerte: era italiano.

Y aquí transcribo las palabras literales de la abdicación de don Amadeo. Fue la mañana del 11 de febrero de 1873 cuando las pronunció:

“Españoles: dos años ha que ciño la corona, y España vive en constante lucha, viéndose cada día más lejana la era de paz y de ventura que tan ardientemente anhelo. Si fueran extranjeros los enemigos en sus luchas, entonces yo, al frente de esos soldados tan valientes como sufridos, sería el primero en combatirlos. Pero todos los que con la espada, con la pluma y con la palabra, agravan y perpetúan los males de la nación son españoles. Todos invocan el dulce nombre de la patria. Todos se pelean y se agitan por su bien; y, entre el fragor del combate, entra el confuso, atronador y contradictorio clamor de los partidos políticos”.

Cuatro horas después de la abdicación del rey don Amadeo, se proclamaba la Primera República Española. Cuatro semanas después, la anarquía se adueñaba del país. Y cuatro meses después, España se fragmentaba en infinidad de Cantones: 39 provincias o ciudades españolas, arrogándose un supuesto “derecho a decidir” o de “autodeterminación”, se habían constituido en Estados, algunos con moneda y ejército propios.

Y entonces llegó la locura final: Cataluña expulsó al ejército gubernamental; Cartagena se apropió de los barcos de la Marina Española, bombardeó con ellos Almería y Alicante y comenzó a piratear en el Mediterráneo; Granada le declaró la guerra a Jaén; Cádiz, a Jerez; Jumilla, a Murcia; etcétera, etcétera, etcétera… Todos contra todos.

Y esa es mi historia de hoy, lector. ¿Te suena de algo? ¿No? Pues lee las declaraciones de don Miquel Iceta. Dice el ilustre político catalán que en España hay 9 naciones. Nueve. Él las ha contado y le salen 9. Exactamente 9.

Bueno. No desesperen. Ya faltan menos para 39. Todo se andará.

Firmado: Ricardo Rodríguez Fernández (*)

Magistrado, gallego, pero fundamentalmente, español.

(*) Inspector delegado de la jurisdicción penal en el Servicio de Inspección del órgano de gobierno de los jueces. Es uno de los magistrados más internacionales. Como consultor se ha recorrido gran parte de los países iberoamericanos. Es doctor en derecho, tiene un Máster en Criminología y es experto en derecho comunitario.

No al indulto

Sr. Rufián, D. Juan Gabriel. Usted es nacido en Cataluña, pero no tiene sangre fenicia ni visigoda; sus antepasados eran unos aldeanos andaluces, destripaterrones de izquierdas, y su abuelo “un republicano que creía que España era el mejor país del mundo”, que fueron a Cataluña en busca de ese trabajo que Franco facilitaba con inversiones y empresas tanto en aquella región como en el País Vasco. Sus padres se conocieron en un mitin de Bandera Roja (Organización Comunista de España), un partido de extrema izquierda en el que ambos militaban.

Es usted un charnego en toda la amplitud de la palabra. Listillo, eso sí, nacido varios años después de morir Franco, sin haber conocido aquella época ni haber pasado penalidad alguna por su ideología política, estando Zapatero de presidente del Gobierno se dio cuenta por dónde podría derivar la política manifestando ya su propensión a vivir del negocio del independentismo, siendo relativamente reciente, año 2015, su incorporación profesional a la misma, con una carrera meteórica que va desde los seiscientos euros que cobraba mensualmente del paro a ser la mano derecha de Oriol Junqueras.

Desde el primer día se ha distinguido usted por aquello “que hablen de mí, aunque sea mal”, con un discurso faltón, patán, insolente, grosero, insultante, procaz, desconsiderado y abiertamente bélico, en contra de España, de sus gentes, de su historia, de sus valores, de su existencia como nación; usted está contra todo y contra todos los que nos sentimos españoles por encima de cualquier ideología política, religiosa o social que cada uno podamos tener.

Si se hubiera solucionado para siempre la guerra payesa de condados catalanes sobre si España o Francia, y el General Espartero no hubiera parado cuando iban mil y catorce, a lo mejor usted no me habría insultado como hizo el domingo pasado. A mí y a más de 125.000 personas, muchas de ellas, como yo, sin adscripción política de ningún signo, nos congregamos en la madrileña plaza de Colón contra los indultos que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez, el peor político español desde Fernando VII, en un acto convocado por Unión 78, entidad civil alrededor de la Constitución Española, para pedir NO AL INDULTO a los golpistas catalanes, juzgados y condenados por las más altas instancias judiciales de esta gran nación.

Alrededor de la situación y el origen de esta gracia que se remonta a “Gaceta de Madrid núm. 175, de 24 de junio de 1870” y si en este caso concreto concurre alguna circunstancia para que pudiera imputarse al Consejo de Ministros por prevaricación, definida en nuestro Código Penal como “A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años”, me parece que se va a abrir un proceso jurídico de largo recorrido en el que van a ser los propios jueces los que más ofendidos se sientan al comprobar que sus conocimientos, trabajos y sentencias no sirven para nada, con el agravante que en este caso una mayoría absoluta de los ciudadanos está a favor de lo que ellos han dictaminado.

En la magna obra “Comentarios a la Constitución Española” de 2018, dirigida por Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer y María Emilia Casas Baamonde, el Catedrático de Derecho Constitucional de la UAM, Juan José Solozábal Echavarría, al hablar del artículo 2 de nuestra Constitución, dice: La claridad y firmeza de nuestra Norma Fundamental, atribuyendo el poder constituyente a la Nación española y concibiéndolo como expresión del poder político del Estado, impide la asunción de dicho poder por quien no es el soberano. Soberano es el pueblo español, no los pueblos del Estado, ni siquiera los pueblos de España. Así, el titular de la soberanía es un sujeto homogéneo, no un sujeto múltiple, de modo que cupiese pensar que las colectividades territoriales que lo integran, al participar alícuotamente en la soberanía, pueden recuperar su poder político propio, como el socio fundador puede renunciar a sus derechos y abandonar la sociedad en la que hasta ese momento participaba. Pero el soberano tampoco es un sujeto complejo o resultante de las incorporaciones separadas de sus integrantes, y cuya voluntad se formase por acuerdo de dichos componentes, sino un sujeto único con identidad propia que trasciende y se distingue, sin ser necesariamente diferente, y menos opuesto, a las unidades que lo integran, absorbiendo así el poder fundamental de la colectividad. Paladinamente lo ha dejado claro el Tribunal Constitucional. La Constitución, dice, «no es el resultado de un pacto entre instancias territoriales históricas que conserven unos derechos anteriores a la Constitución y superiores a ella, sino una norma del poder constituyente que se impone con fuerza vinculante general en su ámbito, sin que queden fuera de ella situaciones «históricas» anteriores» (STC 76/1988, de 26 de abril, FJ 3). La soberanía está depositada de modo exclusivo en la Nación española, y en sentido jurídico constitucional no puede referirse la expresión nación «a otro sujeto que no sea el pueblo titular de la soberanía» (STC 31/2010).

Que hasta el presidente Felipe González, que puso a España en Europa y respetada por todo el mundo, dijera en televisión y en horas de máxima audiencia que él no se siente representado por el Partido Socialista actual, y que no concedería el indulto del que estamos hablando, es un claro indicio de la deriva que está tomando la política: “el fin justifica los medios”, cuando el único fin es mantenerse en el poder por parte de Pedro Sánchez.

Sr. Rufián, haciendo justicia a los sinónimos de su apellido (alcahuete, aprovechado, baratero bellaco, bergante, birlesco, bribón, chulo, felón, garitero, gorrón, granuja, lenón, malandrín, miserable, pícaro, pillo, sabandija, truhán, vil), usted ha dicho que ese acto democrático, únicamente con banderas constitucionales de España y sin ningún tipo de incidente, nada que ver por los protagonizados por los CDR catalanes, «es una especie de narcosala de la ultraderecha en la que se va a repartir metadona de la mala para esa gente», convirtiéndolo en algo que, supongo, conocerá y/o frecuentará, ignoro en función de qué, por tener claro algo que yo, siendo de mucha más edad y habiendo vivido mucho más que usted, desconozco de qué se trata, pues solo me he dedicado a trabajar desde que tenía dieciséis años, a estudiar y a aportar impuestos a la sociedad.

Hace unos días, nuestro presidente Pedro Sánchez advirtió a Marruecos que “defenderá la integridad de España con todos los medios”. Integridad de la nación para fronteras externas.

¿Son o no son sagradas las fronteras, externas e internas? ¿Va a manifestar Pedro Sánchez lo mismo y con la misma fuerza a aquellos que quieren romper la integridad de España desde dentro? Supongo que les informará que el artículo 8 de la Constitución dice: “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”.

Solo quiero añadirle una cosa: Si esto sigue por el mismo camino, tanto el Sr. Sánchez como usted, pasarán a los libros de historia como dos de las personas sin las cuales no hubiera sido posible comenzar una nueva guerra bélica entre hermanos.

Ejerciendo mi libertad, voy a dejar claro mi opinión: NO AL INDULTO.

Antonio CAMPOS

¡Qué bonito es Malta!

Si no llega a ser por la goleada que la selección española de futbol le endosó a Malta el 21 de diciembre de 1983 en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla, entrenada por Miguel Muñoz, con cuatro goles de Santillana, otros tantos de Poli Rincón, dos de Maceda, uno de Sarabia y otro de Señor, hasta completar el 12-1 que dio la clasificación para la Eurocopa, muy poca gente sabía entonces dónde está ese país, muchos incluso ni sabían que existía.

La victoria de España no llegó al tanteo histórico de los magnicidios que derechas e izquierdas han protagonizado en el discurrir político: Presidentes del gobierno español asesinados por la izquierda 4: Cánovas, Canalejas, Dato y Carrero Blanco. Presidentes del gobierno español asesinados por la derecha 0; líderes destacados de la oposición asesinados por la izquierda 2: Calvo Sotelo y Jose Antonio Primo de Rivera. Líderes destacados de la oposición asesinados por la derecha 0; intentos de asesinatos de reyes y presidentes por parte de la izquierda 6: Isabel II, Alfonso XII, Maura, Alfonso XIII, Juan Carlos I y Jose Maria Aznar. Intentos de asesinatos de reyes y presidentes por parte de la derecha 0; Tanteo total: 12-0.

Malta es un archipiélago de ocho islas situado en el Mar Mediterráneo, al sur de Sicilia en Italia y la costa de África del Norte. Se habla el idioma local, el maltés, y el inglés, pues fue colonia inglesa hasta el año 1964. Tiene una superficie total de 315 kilómetros cuadrados y alrededor de medio millón de habitantes, por lo que es muy alta la densidad de población.

Es una nación conocida por sus sitios históricos relacionados con una sucesión de culturas: fenicios, griegos, romanos, bizantinos, almogávares, musulmanes, los Caballeros Hospitalarios de San Juan (hoy conocidos como la Orden de Malta), franceses y británicos, que fueron dejando su impronta en fortalezas, templos megalíticos y un complejo subterráneo funerario que data de alrededor del año 4000 a. C.

Fue Don Álvaro de Bazán, I marqués de Santa Cruz, grande de España, II señor de las villas del Viso y Valdepeñas, comendador mayor de León y de Villamayor, Alhambra y La Solana en la Orden de Santiago; miembro del Consejo de su Majestad Felipe II, capitán general del Mar Océano y de la gente de guerra del Reino de Portugal, almirante español, quién en 1565 utilizó por primera vez infantería de marina para realizar operaciones anfibias al frente de tropas cristianas que alcanzaban los 10.000 hombres, para proteger a la Orden de Malta y liberar Malta del cerco y ataque que sufrió de la poderosa flota turca y de sus tropas, en su mayoría jenízaros, compuesta por 40.000 soldados, 131 galeras y medio centenar de barcos de menor calado.

La principal isla es, precisamente, Malta, en donde la mayor longitud es de 27 Kms. Su capital es La Valeta, en la que se concentra la mayor parte de la actividad económica del país. Pertenece a la Unión Europea desde 2004 y su moneda es el euro. El salario mínimo no llega a los 800€ mensuales. Los precios de hoteles y restaurantes, similares a los de España. Es un país muy seguro y que merece la pena visitar y pasar allí unos días de descanso.

En Malta hay muchos casinos, se mueve mucho dinero procedente de toda Europa, desde Marbella a Leningrado, por lo que no es difícil oír hablar en español tanto en salones de juego como en ciertos despachos y bufetes en los que se gestionan todo tipo de negocios, cobros y pagos, acogiéndose a la libre circulación europea, con el dinero procedente del juego, que tiene alas, pudiendo cambiarse por acciones, bonos soberanos de cualquier estado, yates, viviendas o cualquier otro bien de los que no vuelan, pegado al suelo, en cualquier sitio del mundo. Malta es la mejor opción de la UE para refugiar dinero negro.

Suponerse, siempre el ejemplo es un supuesto hecho inexistente, que un francés, con posibles económicos y políticos, quiere comprarse una finca de recreo en la Costa Azul. A través de un Gestor Inmobiliario de los que únicamente se dedican a las grandes propiedades y por tanto suculentas comisiones de intermediación, se arreglan pequeños detalles urbanísticos pendientes, tanto con las autoridades municipales como con los arquitectos que van a dirigir las obras necesarias de adecuación que desean los futuros propietarios.

Mientras se solucionan estos pequeños problemas, se les da un adelanto a los actuales dueños de medio millón de euros, de los cinco millones de euros en los que se ha pactado la compraventa final, si bien se escriturará por un importe de dos millones de euros, con una hipoteca del mismo importe, que ya se ha hablado con el banquero amigo de turno y está todo arreglado, pues existen otros muchos clientes y productos asociados e inducidos por este personaje que desea comprar el inmueble, que hace que las relaciones sean más profundas y fructíferas que con cualquier otro cliente del banco.

Cuando llega el momento de hacer efectivo los 2,5 millones de euros restantes, más recuperar los 500.000 euros adelantados, el vendedor (o su representante), el comprador (o su representante) y el agente inmobiliario (o su representante), viajan a Malta; juegan en uno, o varios, casinos, y ganan tres millones de euros, casualidad, el vendedor cobra en efectivo, y vuelven todos a Francia felices y contentos.

Solo falta firmar la hipoteca y pagar los impuestos correspondientes a los dos millones de euros, que es el precio por el que se ha elevado a escritura pública en el notario francés.

Esta forma de hacer negocios es ancestral, se llama trueque, y fue elevada a la potencia mítica por Humphrey Bogart en Casablanca, solo que Rick lo hace por amor, de forma desinteresada, y en la realidad de la vida se juntan lo decente con lo indecente, lo lícito con lo ilícito y lo legal con lo ilegal, teniendo que existir siempre un capitán Renault, alguien con poder suficiente para que se cierre el círculo vicioso sin que existan culpables.

En esta historia queda pendiente de contar un tema muy importante, que es el meollo de la cuestión: ¿Qué ha ganado el casino con todo esto? ¿Qué ha o va a recibir a cambio de esa gran suerte que ha tenido el jugador? Porque nadie hace nada gratis. Ni ese ganador pasa desapercibido para las autoridades maltesas, salvo que se fraccione el pago en muchos agraciados, ¿o sí? ¿Bienes muebles, inmuebles, materiales, inmateriales, fijos, movientes, semovientes, tangibles, etéreos, aquí, allá o acullá …?

¿Me guardarás un secreto, amigo? Más me lo guardas si no te lo digo. De momento, con que sepas que me voy unos días de vacaciones, tienes bastante.

No hay selección nacional de camareros

En enero de este año escribía yo un artículo titulado “Dimisión con honor” en el que decía que había presentado su dimisión, asumiendo la responsabilidad de sus errores y anteponiendo su honor, el general de ejército del Aire, Villarroya Vilalta, Jefe del Estado Mayor de la Defensa – JEMAD – máxima autoridad militar española, por haberse vacunado contra el coronavirus, junto a otros altos cargos militares dentro del plan de vacunación del EMAD, porque las Fuerzas Armadas tienen asignado por el Ministerio de Sanidad un cupo de vacunas, al margen de las que se reparten entre las comunidades autónomas para ser suministradas a la población civil, de las que al Estado Mayor de la Defensa le corresponde un porcentaje para el que se estableció un orden de prioridades: personal sanitario, militares que van a participar en misiones internacionales y la estructura de mando, siguiendo un criterio de edad.

Todos somos iguales ante la ley, pero no igual de importantes para la colectividad de los ciudadanos. En mi opinión, el Rey, la Princesa heredera, el presidente del Gobierno, la vicepresidenta primera del Gobierno, el JEMAD, el presidente del CGPJ, por su importancia y por los problemas que podrían presentarse si alguno de ellos muriese de forma repentina por el coronavirus, deberían haberse vacunado los primeros, televisado en directo para general conocimiento, dando ejemplo acerca de la seguridad de las vacunas y salvaguardando sus vidas por el puesto que tienen o desempeñan en la de todos los españoles, en unos momentos convulsos en los que la nación los necesita sanos física y mentalmente.

Me llovieron críticas por todos los lados, que Franco estaba muerto, que todos somos iguales, que nadie tiene que tener prevalencia sobre nadie, en fin, qué haría yo sin mis enemigos que, menos bonito, me dijeron de todo.

Ayer 8 de junio, saltándose el orden establecido por las autoridades, estas mismas autoridades autorizan a vacunarse a los futbolistas de la selección española de futbol, hombres entre 20 y 35 años, ninguneando al resto de españoles de esa edad, y no digamos a los comprendidos entre esos 35 y 59 años, pendientes aún de vacunación. No alcanzo a comprender por qué esos privilegios ante cualquier camarero, dependiente de supermercado, empleado de banca, fontanero o abogado de oficio. Y mucho menos que no se oiga ni una sola voz discordante de esos mismos que censuraban que se hubiera vacunado el JEMAD y la propuesta que yo hacía respecto a las máximas autoridades del país.

Y es que los intereses de “pan y fútbol” para que el ciudadano no piense en los verdaderos problemas que tenemos, y la presión de los medios de comunicación que viven de ello, que verían mermados sus ingresos de una forma importante, hacen que conculquemos, una vez más, el principio de igualdad que marca la Constitución.

Los futbolistas tienen mucho poder fáctico. También ayer, un medio de comunicación nacional publicó que diez jugadores del Real Madrid habrían vetado el fichaje de Conte como entrenador, porque es una persona dura en la exigencia y en el trabajo físico, en cuyo aspecto todos los equipos españoles llegan a Europa arrastrándose por los campos, señal de una deficiente preparación. Cuando un empleado alcanza tal poder en la empresa que se cree el dueño, que impone sus ideas por encima del empresario, ese empleado ha alcanzado su nivel de incompetencia y sobra en la empresa; y los futbolistas no dejan de ser unos empleados en unas empresas que se llaman clubs de fútbol. De ahí las malas formas que muchos importantes jugadores han tenido de salir de sus equipos, y las que nos quedan por ver.

Volvemos a comprobar que el metro no tiene cien centímetros para todo el mundo, que el que no tiene padrino no se bautiza y que seguimos anclados en un mundo caciquil, igual que en la etapa franquista y, lo que es peor, igual que en el siglo XIX. Más vale ser adicto que apto.

Actualízate papá

Para los que no vivieron aquella época, voy a recordar una ley que autorizaba la grabación en la calle, mediante elementos fijos o móviles, de todos los ciudadanos, sin intervención de la autoridad judicial. ¡Control policial por parte de una dictadura!, decíamos. ¡Solo falta que nos controlen mientras hacemos nuestras necesidades fisiológicas! Entre el texto de aquella ley, destaco:

* La captación, reproducción y tratamiento de datos personales por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los términos previstos en esta Ley Orgánica, así como las actividades preparatorias, no se considerarán intromisiones ilegítimas en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, a los efectos de lo establecido en relación a la protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

* En la instalación de sistemas de grabación de imágenes y sonidos se tendrán en cuenta, conforme al principio de proporcionalidad, los siguientes criterios: asegurar la protección de los edificios e instalaciones propias; asegurar la protección de edificios e instalaciones públicas y de sus accesos que estén bajo custodia; salvaguardar y proteger las instalaciones útiles para la seguridad nacional y prevenir, detectar o investigar la comisión de infracciones penales y la protección y prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública.

* Podrán utilizarse dispositivos de toma de imágenes y sonido de carácter móvil para el mejor cumplimiento de los fines previstos en esta Ley Orgánica, conforme a las competencias específicas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La toma de imagen y sonido, que ha de ser conjunta, queda supeditada, en todo caso, a la concurrencia de un peligro o evento concreto.

* El uso de los dispositivos móviles deberá estar autorizado por la persona titular de la Delegación o Subdelegación del Gobierno, quien atenderá a la naturaleza de los eventuales hechos susceptibles de filmación, adecuando la utilización de dichos dispositivos a los principios de tratamiento y al de proporcionalidad.

* En casos de urgencia o necesidad inaplazable será el responsable operativo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes el que podrá determinar su uso, siendo comunicada tal actuación con la mayor brevedad posible, y siempre en el plazo de 24 horas, al Delegado o Subdelegado del Gobierno o autoridad competente de las comunidades autónomas.

Doy a leer estas líneas a mi hijo y me dice: Pero papá, si esa es la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, firmada por el presidente socialista Pedro Sánchez Castejón, y corresponde a una democracia consolidada, en la que todos somos libres, en la que existe una clara separación de los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, y ninguno de ellos se inmiscuye en cualquier otro, en la que los únicos que pueden tomar decisiones que atenten contra la libertad de las personas son los jueces. ¡¡Actualízate papá, que estamos en pleno siglo XXI!!

Volvemos a cometer el mismo error

El presidente del Gobierno presentó el 13 de abril el último plan diseñado para la gestión y el desarrollo de los fondos europeos de recuperación Next Generation UE y que suponen para España la recepción de 140.000 millones de euros en total, 72.000 millones de euros a fondo perdido y 68.000 millones de euros en préstamos a devolver, en el período 2021-2026, con un discurso inicial de “»El Plan de Recuperación es el plan económico más ambicioso de la historia reciente de España».

Con unos fondos totales esperados de 27.000 millones de euros para el presente año 2021, que se están retrasando porque falta la ratificación de la mitad de los países que componen la Unión Europea, el programa de inversión previsto para el trienio 2021-2023 se fundamenta en:

–         Reorientar el modelo productivo, impulsando la transición verde, la descarbonización, la eficiencia energética y las energías renovables … con mejora de la resiliencia (1) de todos los sectores económicos.

(1)      Resiliencia: Es la capacidad que le permite a ciertas personas anteponerse a las distintas adversidades que se les presentan en la vida diaria, desarrollando conductas positivas ante el estrés, las amenazas o algún conflicto.

–         Transición digital humanista en España, a través de inversiones y reformas que potencien las infraestructuras, competencias y tecnologías necesarias para una economía y una sociedad digital.

–         Cohesión social y territorial de España, mediante el refuerzo del estado de bienestar, del sistema educativo, empleo de calidad y un sistema fiscal justo.

–         Igualdad de género (2) a través de medidas transversales orientadas a elevar la tasa de empleo femenino y la igualdad de oportunidades.

(2)      Supongo que el término correcto será “sexos” porque gramaticalmente en español los géneros son masculino, femenino y neutro.

Con este proyecto, dice, se alcanzará un crecimiento potencial superior al 2% sostenido y rico en creación de empleo de calidad, que permita crear más de 800.000 puestos de trabajo en sectores de futuro. Si esos 800.000 puestos de trabajo anunciados por el presidente del Gobierno son brutos, es como no decir nada, porque nada se estima sobre los inactivos, ERTE ni nuevos desempleados que habrá; si son netos, son unos datos similares a los que había en ERTE en abril de este año, con lo que haríamos sería reincorporar a su trabajo anterior a quienes están en esa situación.

El Gobierno prevé que estas políticas “servirán de palanca para inversiones privadas por 500.000 millones de euros en los próximos seis años”. ¿Ha pensado el Gobierno qué empresa privada va a invertir esa ingente cantidad de dinero en un país con las condiciones que presenta hoy el nuestro?

No he visto referencias concretas a creación y ayudas a empresas de sectores de alto valor añadido del sector farmacológico y de salud, tecnológico, bacteriológico, biotecnológico, armamentístico, robótico, informático, de nanotecnología y de desarrollo industrial, entre otros, de los que España depende de terceros países que son los que presentan un mayor crecimiento del PIB.

No dice nada de la aportación que a partir de este año tiene que hacer España a ese Fondo Común de Recuperación Europea que, lógicamente, disminuirá la liquidez neta de la ayuda recibida; ni tampoco sobre contención y control de gastos, ni reducciones de ningún tipo sobre el macro funcionariado de libre designación caciquil y economía de escalas acerca de las distintas administraciones del Estado.

La alternativa a la subida de impuestos es la austeridad, lo que es lo mismo, recortar los gastos. Y ahí sí que hay práctica unanimidad por parte de la ciudadanía: No puede ser ilimitado el sustento de los que no aportan nada a la sociedad por parte de quienes cotizan, o han cotizado, durante toda su vida.

Nos está volviendo a pasar lo mismo que con el ministro Solbes en la legislatura de Rodríguez Zapatero: Un brillante personaje, ministro de Hacienda, que parecía ser el único consciente en el Gobierno de la grave situación económica que atravesaba España y que no fue capaz, o no lo dejaron, poner solución al problema a su debido tiempo.

Hoy es Nadia Calviño la que está aceptando que le impongan una serie de medidas económicas, que el Gobierno se ha guardado de hacer públicas hasta pasadas las elecciones autonómicas de Madrid, y que se sostienen únicamente en la Ayuda de la Unión Europea y la subida de impuestos, actuales y creación de otros nuevos, lo que va a suponer más paro, más economía sumergida, por lo tanto menos ingresos fiscales y gran desviación sobre los ingresos totales previstos.

Como este tema ha sido tratado, analizado y comentado en miles de artículos, vamos a plasmar en estas líneas, sin ningún tipo de tecnicismos, el sentir del ciudadano medio a pie de calle, ese que se levanta todos los días a las siete de la mañana para ir a trabajar.

Dos son los temas que más impacto han tenido en la población. El primero, la subida del IVA a productos y servicios básicos, hasta ahora con IVA reducido, que afecta a los que pagan IVA al 4%, entre otros: El pan, la leche, prótesis, alimentos cereales, frutas y verduras, servicios de teleasistencia, reparación vehículos personas con discapacidad; el 10% los productos agrícolas, libros y bibliotecas, transporte de viajeros, armarios de cocina y baño, restaurante no de lujo, compra de vivienda.

El segundo, es el cobrar peaje en todas las autovías de España a partir de 2024; y aunque han filtrado que el precio sería un céntimo de euro por kilómetros recorrido, el razonamiento de “Es justo que quien utilice la carretera, la pague”, podría extenderse a que paguen únicamente quienes usan las escuelas, las universidades, los hospitales, las televisiones públicas nacionales y autonómicas, los sindicatos, el carril bici, los caminos de senderismo, correos, y hasta las cárceles por parte de quienes están allí recluidos.

En este caso, además, concurren dos circunstancias: Las carreteras ya fueron pagadas en su día con los impuestos de todos los españoles. Y se recaudan más de veinticinco mil millones de euros anuales por temas relacionados con los vehículos: IVA sobre diferentes servicios, tasas, matriculaciones, impuesto de circulación y, sobre todo, el 56,3% de impuestos a los carburantes. Todo ello, sin tener en cuenta el alza de precios que se producirá en todas las mercancías que se transportan por carretera, la incidencia que pudiera tener en el precio de las exportaciones y el turismo procedente del extranjero que alcanza la cifra de 50.000 coches diarios.

Al Gobierno se le llena la boca con dos vocablos de moda (valor con mayor frecuencia absoluta en estadística): Uno es “gobierno progresista” y el otro es “servicio público”. Cada vez sé menos de economía, y de todo, pero vislumbro en estas medidas que ese progresismo va a incidir de forma importante en el poder adquisitivo de la clase trabajadora y veremos si no es el inicio de una nueva etapa inflacionista.  

Por tercera vez en la historia democrática de España, el socialismo, ahora marxista, dejará el país como un secarral, en quiebra la economía nacional, y veremos si no abocados a un Estado fraccionado, desunido y con una deuda impagable para las siguientes generaciones. ¡Es que el pueblo pide cada cosa ….!

Antonio CAMPOS

Ayudemos a las empresas, por caridad

El Grupo CELSA – Compañía Española de Laminación – es el mayor grupo siderúrgico de España, se funda en el año 1967 en Castellbisbal (Barcelona) por Francesc Rubiralta Vilaseca, ingeniero industrial con amplia experiencia internacional, muy conocido, y reconocido, en la sociedad catalana, benefactor del Gran Teatro del Liceo, del Instituto de Empresa Familiar (IEF) y con subvenciones a la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), al IESE Business School y al ESADE de Barcelona; murió en 2010 y fue sustituido por su hijo Francesc Rubiralta Rubió como presidente y CEO de Celsa. Es una multinacional de capital familiar, ​está presente en 120 países, tiene casi 10.000 empleados de forma directa, que alcanzan los 28.500 si consideramos directos e indirectos, y factura más de 4.000 millones de euros al año, prácticamente lo mismo que facturaba en el año 2013, última constancia fehaciente que tengo de sus cuentas.

Adelantado a las políticas de adjetivos verdes, naturales o ecologistas, su filosofía de trabajo ha sido los principios de la economía circular. Actualmente, todas las actividades de las compañías del grupo se desarrollan acorde a estos principios. Devolver productos a su ciclo de vida. Reciclan anualmente más de ocho millones de toneladas de chatarra férrica, lo que supondría más de 1.000 campos de fútbol llenos, evitando así la acumulación de residuos en vertederos y obteniendo nuevamente productos de acero de alto valor para la sociedad sin necesidad de menoscabar los recursos naturales.

El grupo fue creciendo mediante la compra, entre otras muchas, de empresas que tenían problemas de estrangulamiento financiero, como Sidegasa y Nueva Montaña Quijano, la adquisición de viejas factorías de hierro vascas en la que figuraban nombres como los Echevarria, Delclaux y Churruca, catalanas como Altos Hornos de Cataluña, Altos Hornos del Besós y Tycsa, y fuerte expansión en los países nórdicos, a la vez que surgían disputas familiares y se asumía un elevado endeudamiento que tuvieron que refinanciar, alargando plazos (lo que en el mundillo bancario se denomina patada pa´lante) y con cláusulas de reconversión en acciones en el caso de incumplimientos de pago.

Aunque la página web de la empresa no muestra su situación financiera actual ni ha deposito cuentas consolidadas en el Registro Mercantil, los mayores acreedores son los bancos Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y hasta 20 bancos en total, que en 2017 tuvieron que hacer una refinanciación por importe de 2.600 millones de euros, calificada como pérdidas futuras, y que han ido vendiendo por menos del 25% de su valor nominal a fondos buitres, de esos que pretenden comprar a precio de saldo, fraccionando empresas, inmuebles, instalaciones y mercancías para proceder a su venta por separado.

CELSA solicitó al Gobierno de España, a través de la SEPI y acogido al Fondo de Rescate de Empresas Estratégicas, 700 millones de euros a primeros de este año. Ahora, parece ser que el Gobierno pretende que los acreedores hagan una quita del 80% y darles únicamente 550 millones de euros.

De toda esta historia, vista desde fuera, yo saco las siguientes conclusiones:

• Antes de morir Rubiralta padre, se le estimaba una solvencia superior a los 2.000 millones de euros, que habrá pasado a los herederos, quienes seguirán aumentando su patrimonio con los dividendos obtenidos en los años de bonanza. Pregunta de alumno de bachillerato: ¿No sería lógico que avalaran personalmente la aportación que vamos a hacer todos los ciudadanos españoles para tratar de solucionar su problema?

• El Estado, Hacienda Pública y Seguridad Social, ¿está al corriente de pago por parte de estas empresas? En caso contrario, ¿está avalada la deuda convenientemente? No olvidemos que ese dinero es también de todos los españoles. Yo tengo en estos momentos un contencioso con Hacienda en el que me reclama 2.200 euros, por disparidad de criterios, que he recurrido al TEAR; y me han obligado a presentar un aval bancario por ese importe.

• Para hacer el planteamiento que ha hecho la SEPI, no hacían falta alforjas, con que hubieran presentado Concurso necesario, se hubiera llegado al mismo destino.

• Los bancos, una vez más, pecan con el riesgo comercial de crecimiento. No puede ser que los analistas y responsables de los bancos antes citados sean todos tontos y no se hayan dado cuenta de la situación financiera de este grupo, aunque podría haberse dado otra circunstancia, más factible: Ser conocedores de la realidad, pero haber accedido a la refinanciación para no reconocer la falencia y provisionar la pérdida.

• Si una empresa como la que estamos hablando dice que necesita 700 millones, salvo prueba evidente en contrario, con lo que quedaría en muy mal lugar la solicitante tratando de engañar al Estado, es que verdaderamente necesita ese importe y no otro menor que se le quiera dar. Una cosa son las necesidades y otra las intenciones.

• Facturando 4.000 mil millones de euros anuales, con una deuda rabiosa de 2.600 millones y otra a largo de 550 millones, hasta donde sabemos, ¿alguien piensa que podrá cumplir con sus compromisos de pago puntual y dinerariamente?

Dejo para lo último, pero no por ello menos importante, el problema de los trabajadores. Si el Grupo CELSA cayera definitivamente y no se pusiera dinero bueno sobre dinero malo, ¿cuánto le costaría al Estado, política, social y económicamente? Busquemos ahí la respuesta a todo el tinglado que se ha montado acerca de las empresas zombis, muchas de las cuales no volverán a ser rentables nunca, estando condenadas, desgraciadamente, a desaparecer.