La República Dominicana

La República Dominicana es un pequeño país situado en el mar Caribe, cuya capital es Santo Domingo (tres millones de habitantes), de unos 48.000 kilómetros cuadrados, algo más que Extremadura, con una población total de once millones de habitantes y un régimen político de república presidencialista.

En su historia más reciente, todavía viven españoles que recordarán la dictadura del generalísimo de los ejércitos, Rafael Leónidas Trujillo Molina, que ejerció una represión absoluta y abundantes asesinatos, tortura y métodos terroristas contra la oposición, amigo de Franco y visitante de nuestro país en diferentes ocasiones, así como de sus familiares y afectos una vez él fue asesinado en 1961 en un atentado propiciado por la CIA. Los conspiradores autóctonos fueron ejecutados sumariamente, algunos de ellos sirviendo de alimento a los tiburones.

En 1966 Joaquín Balaguer ascendió al poder y se mantuvo en él durante un periodo de 12 años, en un gobierno autoritario que utilizaba la represión sobre sus opositores políticos, para que la competencia fuera prácticamente nula y legitimar su reelección «democráticamente». Su gestión fue un período de represión de los derechos humanos y las libertades civiles, en la cual se produjo 11.000 víctimas por desapariciones forzadas y asesinatos políticos.

Tras un periodo de apertura democrática, fue elegido presidente Antonio Guzmán Fernández por el Partido Revolucionario Dominicano, con políticas liberales que acabaron cuando Guzmán se suicida inesperadamente el día 4 de julio de 1982.

En 1986 retomó el poder Joaquín Balaguer, que tenía cerca de 80 años. En 1990 resultó reelegido Joaquín Balaguer en unas elecciones empañadas por denuncias de fraude. En 1994, Joaquín Balaguer resultó nuevamente vencedor. Como resultado de las denuncias de fraude, se hizo una Reforma constitucional recortando el período presidencial a dos años y acordando la celebración de elecciones en 1996.

A partir de entonces y bajo una coalición denominada Frente Patriótico, se produjo un muy importe crecimiento macroeconómico, privatización de las empresas estatales y fuertes inversiones procedentes del extranjero, hasta que en 2003 quebraron tres bancos, salvados por el gobierno, produciéndose con ello una alta inflación.

En 2004 ganó las elecciones presidenciales Leonel Fernández con un 57,11 % de los votos, reduciendo la tasa de cambio del dólar y estabilizando la economía, con múltiples voces que acusaban de corrupción a la Administración Pública.

Se mantuvo en el poder hasta el año 2012 en el que fue elegido presidente Danilo Medina, reelegido en 2016, día en el que se dieron los resultados electorales provisionales cinco minutos antes de cerrar las urnas y que, casualidad, fueron exactamente idénticos a los definitivos. Durante sus mandatos se produjo un aumento significativo de la delincuencia, corrupción gubernamental y un sistema de justicia débil por presiones de todo tipo.

El 5 de julio de 2020 ganó las elecciones presidenciales con el 53,05 % de los votos, Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), de centroizquierda, fundado el 9 de septiembre del año 2014 por el hoy presidente de la República, como escisión del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), encabezando una coalición de más de 10 partidos en las elecciones generales de 2016, haciéndose con el poder en el año 2020.

Desde que Luis Abinader es presidente de la República Dominicana, su crecimiento, exponencial, se sustenta en el turismo y en la construcción para satisfacer la demanda de ese turismo y de los trabajadores empleados en el sector. Y en las divisas que envían los dos millones de emigrantes, la mayor parte de ellos en Estados Unidos. Vamos, copia calcada de la política económica de Franco.

Se ha incrementado de una forma exponencial la presencia de empresas españolas en aquel país: Globalia, Meliá, Barceló, NH, Riu, Paladium, Fluxa, Zara, Acciona, Naturgy, Mapfre, Boluda, Eulen o Banco Santander. Y a raíz de la pandemia por coronavirus, el volumen inversor se ha quintuplicado en total, aunque es muy difícil, por no decir imposible, saber las cifras exactas verdaderas porque la legislación dominicana impone una opacidad que hace prácticamente imposible discernir el monto del dinero llegado legalmente del que procede de otros asuntos de origen desconocido.

La Constitución Dominicana, consagra el derecho a la intimidad y el honor personal: “Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. (…) Se reconoce la inviolabilidad de la correspondencia, documentos o mensajes privados en formatos físico, digital, electrónico o de todo otro tipo. Sólo podrán ser ocupados, interceptados o registrados, por orden de una autoridad judicial competente, mediante procedimientos legales en la sustanciación de asuntos que se ventilen en la justicia y preservando el secreto de lo privado, que no guarde relación con el correspondiente proceso”.

Y la Ley Monetaria y Financiera consagra el secreto bancario en su artículo 56, cuando obliga a las instituciones financieras a «guardar secreto sobre las captaciones que reciban del público en forma desagregada que revele la identidad de la persona. Sólo podrán proporcionarse antecedentes personalizados sobre dichas operaciones a su titular o a la persona que éste autorice expresamente».

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que «el ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad», y dispone que el mismo comprende el «mantener reservados ciertos aspectos de la vida privada y controlar la difusión de información personal hacia el público». La CIDH destacó que los Estados no solo deben abstenerse de injerencias arbitrarias en la vida privada de las personas, sino que además deben de «brindar la protección de la ley contra aquellas injerencias adoptando medidas de protección contra las interferencias de las autoridades».

En octubre del año pasado, la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia reafirmó el criterio que establece que una de las reglas de la actividad bancaria y financiera es la confidencialidad y el secreto bancario, de manera tal que las negociaciones y transacciones que realizan los intermediarios financieros no pueden divulgarse a terceros, salvo en los casos en que, en interés de la administración de la justicia, y previa orden de un juez, se disponga lo contrario y que la administración tributaria, en los casos que tome conocimiento de hechos constitutivos de delito, deberá iniciar previamente ante la justicia ordinaria la acción penal.

Según el Banco Central de la República Dominicana, tienen una presión fiscal del 14% porque las sociedades pagan impuestos pero no las personas físicas con seis meses de residencia, que no tienen que tributar por lo que generan fuera, por lo que todo aquel que reciba dinero del exterior no tiene que declararlo y por tanto queda «limpio» para siempre.

Las relaciones del Partido Socialista con la República Dominicana de Luis Abinader son estrechas y profundas, del que es asesor especial Pepe Bono, que ha colocado a los socialistas Juan Segovia y Alberto Muiños como asesores del presidente. Él ha obtenido la doble nacionalidad, al igual que Felipe González, a título de «naturalización privilegiada», aunque parece ser que éste va poco por allí.

Pero es que, de los políticos en activo, hay bastantes, y de gran peso —en todos los sentidos— que parece están muy relacionados con aquél país, con mascarillas y sin mascarillas, con pelotas y sin pelotas, de forma global o particular, con hidalguía o sin ella, con maletas o con bolsos, con aviones públicos o privados, con aviones que han volado pero no figuran en ninguna ruta de vuelo, con pasajeros de camas compartidas o separadas, con hologramas o con vaporarios, con observadores internacionales en las elecciones en las que se adivinaron los resultados antes de cerrarse las urnas, con préstamos blandos para sanear zonas costeras cuya propiedad de los terrenos se desconoce, y con demasiados secretos por parte de aquellos que venían a traer aire fresco y absoluta transparencia a ejercer sus funciones públicas.

Además de Marruecos, todos los caminos de la corrupción llevan en estos momentos a la República Dominicana, a dónde se llega desde una España en la que no se trata igual a todos los que meten la pelotita en el agujerito: Si lo haces después de haber triunfado, como Jon Rahm, aparece la envidia y la descalificación a cualquier fallo; si te llamas Roca, por ejemplo, y aunque haciendo honor al nombre seas la canalización de las deposiciones humanas, no tiene importancia porque su uso está generalizado. Que yo no digo que sea, pero que lo parece.

Ha sido Koldo, el íntimo amigo socialista de Pedro Sánchez, hoy apestado social y al que parece que nadie conoce ni sabía nada de él —menos mal que las fotos y los videos no mienten—, el que ha dicho: «Me pregunto si la cacería sobre Ábalos es solo una casualidad o una gran conveniencia».

Y nadie saca a pasear dictadores dominicanos muertos ni trata de ocultar y destruir el pasado de aquel país. Aquí queremos que el pasado sea como cada uno de nosotros hubiera querido que sucediera, los que llevaban a hombros en una caja de pino a sus muertos ahora ensalzan, veneran y entregan el poder al círculo de asesinos de aquellos compañeros, se arrastran a los pies de las ultraizquierdas y ultraderechas independentistas para mantenerse en su sillón de cuero, olvidando aquel lema que mantenía viva la llama de la libertad de los que hicimos la Transición en primera persona: «más vale morir de pie que vivir de rodillas», que otros compañeros como Pilar Miró dejaron su cargo por comprarse un vestido para asistir a un acto oficial y que a Alfonso Guerra le costó su puesto de vicepresidente del Gobierno el que un hermano suyo tuviera un despacho en un organismo público. Pobrecillos, hermanitas de la caridad al lado de los políticos actuales, que ciertamente no mienten porque están instalados en la inmundicia permanente de la mentira.

Cada día se cierra más el círculo vicioso del mal uso de la democracia. El poder del sanchismo lo controla todo. Como el tema es un clamor que traspasa nuestras fronteras, habiendo quedado en el olvido las promesas de regeneración, transparencia, igualdad, vivienda y trabajo digno y separación e independencia de poderes, estamos de lleno inmersos en el cuento de la ranita, que se baña en agua que se va calentando por momentos; el aumento de la temperatura será tan sutil que su cuerpo se irá adaptando al cambio, hasta que finalmente muere hervida, casi sin darse cuenta.

El círculo controlado es tan grande que como se acercan las elecciones catalanas y las europeas, el gobierno estará satisfecho de la suspensión cautelar de Telegram, aplicación de mensajería instantánea para dispositivos electrónicos que ofrece una gama ilimitada de posibilidades, con más de 900 millones de usuarios en todo el mundo, ocho millones y medio de ellos en España, a través de una denuncia de Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus porque hay algunos contenidos protegidos por derechos de autor, aunque me temo que el trasfondo es evitar las críticas al sanchismo y el apoyo que pudieran dar a otras opciones políticas. Nadie habla, para nada, que es uno de los principales medios de comunicación entre los terroristas islamistas: En eso sí que deberían centrarse en investigar las fuerzas políticas, policiales y judiciales.

¿Por qué se aplica esa suspensión cautelar y no se hace lo mismo con la autonomía de Cataluña mientras la Generalitat tiene cientos de sentencias judiciales —no denuncias, como Instagram, sino sentencias firmes— con relación a la escolarización en castellano sin cumplir?

Para que nos hagamos una idea del alcance de esta medida, Telegram únicamente está prohibida en China, Corea del Norte, Irán, Paquistán —todos países en los que impera una gran democracia— y Taiwán por ser una «amenaza para la seguridad nacional», y ahora en España. Y es que ha aparecido un mensaje en el que se ve a Pedro Sánchez con una leyenda que dice: «Vamos a terminar con la corrupción. La vamos a legalizar».

Esto solo podría ser el principio. La exministra socialista francesa de educación Najat Vallaud-Belkacem propuso limitar las horas de acceso a internet en toda la región de París y posteriormente en el resto de Francia; en España este bloqueo podría ser un experimento para proseguir con el secuestro de redes sociales y señalar a los internautas con criterios ajenos al socialismo.

Tras un fin de semana, tiempo para relejarse, pensar, oír, escuchar, recibir y dar órdenes, el mismo juez que acordó la suspensión cautelar, acuerda dejar en suspenso su auto de días pasados hasta obtener completa información de las fuerzas policiales sobre lo acontecido.

Bien está lo que bien acaba, pero, una vez más, es una señal indicativa de hasta dónde podría llegar el control total que alguien pudiera pretender sobre la ciudadanía.

Para rizar el rizo y ya sin vergüenza ni recato, el PSOE pretende cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que sean los Fiscales —¿de quién depende la Fiscalía?, dijo alguien— y no los jueces quienes hagan las instrucciones e investigaciones judiciales a su conveniencia (del Gobierno), con lo que vamos a pasar por la izquierda, a toda velocidad, a la dictadura venezolana.

Desinhibido de lo que pueda pensar el mundo entero, Pedro Sánchez solicita que la Unión Europea levante todas las sanciones internacionales a Venezuela —país que frecuenta con asiduidad el expresidente Zapatero—, en plena ola de represión contra los opositores políticos de Nicolás Maduro. Si hubiera que pagar el precio de una gestión de esa importancia, su valor podría alcanzar el mismo que el de una mina de oro.

Aquel que esté pensando que soy un fantasioso, que recuerde cómo era Persia (Irán), Turquía, Egipto, Argelia, Marruecos, Cuba, Venezuela, Bolivia y otras naciones copadas por el islamismo radical o por el comunismo, que nunca pensábamos que iban a llegar a la situación de la falta de libertades en la que hoy se encuentran. Porque «cualquier situación por mala que sea es susceptible de empeorar».

Antonio CAMPOS

Apártate que me tiznas

Que la verdadera lideresa de la oposición es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo sabe todo el mundo, hasta su «jefe» Alberto Núñez Feijoo y, en especial, el presidente del Gobierno y Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, que la teme más que a nadie en la política nacional.

Díaz Ayuso es, en el más amplio sentido de la palabra, mujer. Una mujer que brilla por su preparación y méritos propios, de esas que dijo la cantante Bebe que no necesitan una manifestación para saber que son iguales a los hombres, que caminan al unísono con ellos, y que saben que tienen el don más grande que existe en el universo, ser madres y dar vida y continuidad a la existencia humana, que con su esfuerzo —y sólo con su esfuerzo— han dejado constancia de su paso terrenal y ejemplo a seguir: Marie Curie, Virginia Woolf, Frida Kahlo, Rosalind Franklin, Elizabeth Blackwell, Margaret Hamilton, Ada Lovelace, Hedy Lamarr, o nuestras más cercanas María de Guzmán (Doctora de Alcalá),  Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal, María de Pineda, María Zambrano, Rosalía de Castro, Clara Campoamor o Margarita Salas, entre otros muchos nombres que figuran con letras de oro en el progreso y la cultura mundial.

Es la única que, hasta el momento, no se ha doblegado ante los evidentes abusos y retorcimiento de la ley que Pedro Sánchez está llevando a cabo en España para constreñir nuestra libertad, nuestra economía y nuestra democracia, en aras a unas supuestas instrucciones globalistas que pretenden convertir la nación española en un tremendo secarral como si una falla tectónica rompiera Europa y uniera nuestro país al continente africano, a la vez que se mantiene él en el poder de forma perenne en el tiempo, controlando medios de comunicación, votos de migrantes subvencionados, custodia de papeletas de votantes por correo, sistemas informáticos de recuento de comicios y más de veinte empresas u organismos estratégicos para esta nación a través de haber colocado al frente de ellas a sus más adictos.

El año 2024 se ha iniciado con graves problemas para él, para toda la ciudadanía y para la democracia. Después de haber perdido la elección a presidente del Partido Socialista Europeo, derrotado por el sueco Stefan Löfven, lo que ha sido ocultado por sus «ecos multimedia adictos», nos vuelve a mentir accediendo a incluir en la amnistía —negociada en última instancia en Suiza por el ínclito Rodríguez Zapatero, que sabe mucho de eso por haber desempeñado el mismo personaje de película en las «negociaciones con ETA» y en diferentes frentes hispanoamericanos—, aparecen claras evidencias de algo que olía mal a distancia desde el primer momento en el que se produjeron, y cuya única explicación política eran excusas por parte gubernamental debido a la urgencia de la situación, que es el tema de las «mascarillas» en la pandemia por coronavirus, y falta por aflorar lo que pueda, o pudiera, haber sobre las vacunas.

El mismo día que la prensa escribe, de forma textual, los siguientes titulares:

• Un proveedor de Illa compró al contado un chalé de 4,2 millones de euros justo después de firmar contratos por 263 millones.
• El gobierno valenciano investigará los contratos de Puig durante la pandemia y su relación con el caso PSOE.
• El Gobierno de Sánchez premia con más de 60 millones a la ONG que dirige el padre de su gurú económico.
• El Gobierno calla con los vínculos de Begoña Gómez (esposa de Pedro Sánchez) con el caso PSOE.
• Begoña Gómez visitó dos veces Air Europa en secreto (24/06/20 y 16/07/20) en plena negociación del rescate.
• La mujer de Pedro Sánchez, en el ojo del huracán por su relación con los Hidalgo.
• Un juzgado ordena al Gobierno desvelar los documentos del rescate millonario a Plus Ultra.
• Desaparecen de una caja fuerte de la Policía los móviles del Mediador del Caso Tito Berni.
• El sector izquierdista del CGPJ detecta cuatro escollos «incompatibles» con la aplicación directa de la de la amnistía a Puigdemont.

A ello hay que añadir los miles de artículos y ríos de tinta vertidos sobre quienes han aparecido, con nombres y apellidos, en el sobreprecio y circunstancias pagadas por las mascarillas, otros nombres que se sospechan pero no se dicen, nombramientos y actuaciones de ciertos personajes con uniformes oficiales, robos de documentación en la caja fuerte de una comisaría (si eso ocurre en una comisaría, imagínese lo protegido que está usted solo en su casa), incremento patrimoniales no justificados o al menos no conocidos por el español que trabaja y paga impuestos y, por favor, no diga que todos somos iguales de hecho, porque si usted se equivoca en un pequeño error en su declaración del IRPF o deja de pagar una multa de doscientos euros, la diligencia de embargo no se hace esperar.

En la misma fecha, decíamos, Pedro Sánchez, desencajado, muy lejos de esa actitud de boy de playa que mostraba en las fotos que han empezado a circular por internet en sus años de juventud, exige a Feijóo que haga dimitir a Ayuso por una inspección abierta a su novio, en fechas anteriores a haber iniciado relaciones con ella, que Hacienda —¡casualidad!—, con la ministra Montero al frente, envió a la Fiscalía el mismo día que el juez pidió la inspección a la «trama Koldo», denominada así por ser el último escalón de un tinglado que huele a dinero negro expandido a los cuatro puntos cardinales.

No seré yo quien defienda a Ayuso ni a nadie que haya cometido ningún delito, pero ¿No quedamos que todo el mundo era inocente mientras no se demuestre lo contrario? ¿Puede imputarse a una persona algo que su pareja hizo, supuestamente hasta que dicten sentencia los tribunales, antes de haberlo conocido? ¿No es bastante, mucho, muchísimo más grave todo lo que se imputa a los intervinientes en la mal llamada «trama Koldo» que esto del novio de la presidenta de Madrid? ¿No es todo ello poner en funcionamiento el «ventilador de la mierda» por parte de los estómagos agradecidos del sanchismo, parlamentarios y extraparlamentarios, para que obnubile la mente de los ya de por sí poco reflexivos votantes españoles?

Únicamente pido que quienes sean culpables, de cualquier partido político, ocupen el puesto que ocupen, del color, raza, religión o ideario político que concurra en cada cual, sean juzgado por el Poder Judicial, único en una democracia con poder y autoridad constitucional para hacerlo, por fiscales y jueces independientes y se les apliquen las leyes hasta sus últimas consecuencias, pues si hay que ser prudentes y honestos con el dinero propio, mucho más se ha de ser con lo ajeno, y más aun si se trata del de todos los ciudadanos de España.

QUE VENGA DIOS Y LO VEA

Autor: Juan Manuel Jimenez Muñoz – Médico y escritor

03 marzo 2024

(Advertencia a los lectores: este extenso pero jugoso artículo de hoy trata sobre el fraude de las mascarillas en Baleares. Quiero advertir que Franco, Millán-Astray, Ayuso, Feijoo, la Falange, Hernán Cortés, los Reyes Católicos, Julio César y Viriato no aparecen en mi artículo como autores de la estafa, al no figurar tampoco en las actas de la Guardia Civil. Yo, torpe de mí, me centraré en los jefazos del PSOE, que sí están investigados por la Benemérita. Pero si alguien desea conocer la verdadera implicación de los fascistas en las mascarillas fraudulentas de Baleares, habrá de conectar con el Equipo de Felación Sincronizada de El País, Diario Público, Cadena SER, Radiotelevisión Espantosa y “Al rojo vivo” de la Sexta. Ellos tienen pruebas sólidas de que Koldo ha trabajado mano a mano con la derecha extrema, la extrema derecha, el franquismo retrógrado, el hermano de Ayuso, los genocidas del pueblo azteca y los conquistadores de Al-Ándalus. Ellos te lo explicarán absolutamente bien para que tú lo repitas como un loro. Hala, sectario. A cambiar de canal).

Dicho esto, comencemos.

De todos los presuntos estafadores de mascarillas que están saliendo a la luz, hay una “presunta” que nunca me pareció buena gente. Se trata de Francina Armengol, expresidenta de Baleares. Prometo, lector, que no le tengo tirria por capricho. Sí, sí. Ya sé que la memoria es frágil. Pero la mía… no.

La pareja de Armengol es Joan Nadal, trabajador autónomo, dueño de un chiringuito de jardinería con cero trabajadores que facturó cero euros los años 2012, 2013 y 2014: una empresa muerta. Pero en 2015, justo el año en que Armengol llegó a la presidencia de Baleares, con los cero trabajadores de siempre ingresó, cosa curiosa, 4,3 millones de euros. Al año siguiente (2016), otro milagro: el chiringuito declaró casi un millón de euros. Y desde entonces hasta hoy (2017-2023), cero trabajadores y cero euros de ingresos. Ojo: son datos de Hacienda, no míos. Si entre mis lectores hay algún autónomo con cero trabajadores que haya ingresado 4,3 millones de euros en un sólo año, por favor: póngase en contacto conmigo para explicarme el negocio. Con esas escandalosas cifras, y con una pizca de vergüenza, Francina Armengol ya estaría siendo investigada como se investigó en su momento a la infanta doña Cristina por los líos de Urdangarín. Pero no. Esto es la izquierda caviar del intocable progresismo-progresista, y Armengol es ahora presidenta del Congreso. Si eso no resulta raro, que venga Dios y lo vea.

Otrosí digo, Señoría. En febrero de 2018, Armengol aprobó un decreto que obligaba a hablar en catalán a todos los médicos de las Islas Baleares. De esa manera tan inteligente logró que centenares de sanitarios huyeran de allí, y que los isleños lo pagaran caro durante la pandemia COVID: se quedaron pocos médicos en Baleares, pero gracias a Dios todos ellos hablaron en catalán con los moribundos. El caso más escandaloso fue el de Ileana Antón, la única neuropediatra de Baleares, que en marzo de 2018 se marchó de las Islas porque no le salía de los ovarios estudiar catalán. Armengol, entonces, prefirió pagar aviones hacia la península a los niños con problemas neurológicos antes de permitir el castellano. Si eso no es ser mala persona, que venga Dios y lo vea.

Otrosí digo, Señoría. El 7 de octubre de 2020, en plena pandemia COVID, con los locales de ocio cerrados y la gente en sus casas durante el toque de queda, mientras Armengol instaba a sus súbditos “a incrementar sacrificios” (sic), la policía de Palma fue advertida del enorme ruido en un bar de copas, concretamente en el “Hat-Bar”. Eran las dos y diez de la madrugada y, al personarse, la policía encontró un cierto número de juerguistas entre los que se encontraba… sí, sí, amigo mío: la Armengol. Primero, negó los hechos; pero la hija de fruta, ¡dieciocho días después!, acabó por disculparse. Por esa misma indecencia (juergas durante la pandemia) cayó Boris Johnson, primer ministro de la Gran Bretaña. Pero nuestros hijos de la Gran Bretaña no se despegan del sillón ni con agua caliente. Al contrario: Armengol fue ascendida a tercera autoridad de España. Si eso no es ser mala persona, que venga Dios y lo vea.

Y ahora vayamos a las dichosas mascarillas de Koldo, de ese híbrido entre Einstein y Belén Esteban que cobraba una pensión de invalidez mientras cortaba troncos en Navarra, de ese tipo del que Pedro Sánchez escribió el siguiente panegírico en el año 2014: «Koldo es un gigante de la militancia socialista, un guerrillero de corazón comprometido, un referente en la lucha contra la derecha». Que Dios le conserve la vista, ya que la vergüenza se la quitó hace tiempo. Digo a Sánchez. Bueno. Y a Koldo.

Pero Koldo quería caldo, y esto fue lo que sucedió:

1-El Gobierno de Armengol compró mascarillas a los amiguetes de Koldo. En mi opinión, nada que objetar: en plena debacle, muchas administraciones recibieron la llamadita de Koldo y algunas, desesperadas, picaron el anzuelo. Pero no sólo eso: Armengol ni siquiera firmó un papelito con la banda de estafadores: simplemente… apalabraron un acuerdo y redactaron el escrito semanas más tarde. Si eso no resulta raro, que venga Dios y lo vea.

2-El Gobierno de Armengol recibió de Koldo medio millón de mascarillas que eran pura basura, la nada con sifón, una bazofia. En Baleares se dieron cuenta de inmediato: un informe interno y secreto de abril de 2020 ya advertía que las mascarillas eran más inútiles que un submarino descapotable. De hecho, las almacenaron en un depósito donde, ya caducadas, aún crían polvo. Sin embargo, incluso sabiéndose estafada, Armengol pagó a los delincuentes 3,7 millones de euros, cargó el dinero a los fondos europeos y calló como una fruta: y es que el presunto estafador de la estafada Armengol era un alto cargo del PSOE, y entre bomberos no se pisan la manguera. Si eso no es ser mala persona, que venga Dios y lo vea.

3-El 12 de agosto de 2020, no contenta con haber estafado a Armengol, la banda de Koldo pidió un informe favorable al Gobierno balear “para seguir operando con otras administraciones” (sic). Y sí: Armengol emitió ese informe favorable a sabiendas de que sus mascarillas eran basura, a sabiendas de que la habían estafado. Y con ese aval mentiroso, con esas buenas referencias de un compañero de partido, con esa inmoralidad basada en los códigos sicilianos de la omertá, permitió Armengol que Koldo pudiera estafar a otras administraciones y pusiera en peligro la salud de más profesionales y más pacientes. Si eso no es ser mala persona, que venga Dios y lo vea.

4-Por último, un día antes de perder el poder en Baleares, cuando faltaban sólo 24 horas para que el nuevo Gobierno del PP la reemplazase, Armengol se dio cuenta de que estaba perdida, de que sus mentiras y sus falsas mascarillas saldrían a la luz en pocos meses. Entonces, y sólo entonces, firmó un documento pidiendo a la banda de Koldo que devolviese a Baleares 2,3 millones de euros de los 3,7 estafados. Si eso no es ser mala persona, que venga Dios y lo vea.

A ver, militante del PSOE o votante de Pedro Sánchez, déjate del “y tú más” y repite conmigo tres veces:

Si eso no es ser mala persona, que venga Dios y lo vea.

Si eso no es ser mala persona, que venga Dios y lo vea.

Si eso no es ser mala persona, que venga Dios y lo vea.

Y es que ya no hay pan para tanto chorizo ni caldo para tanto Koldo.

Firmado: Juan Manuel Jimenez Muñoz.

Honrados fijos discontinuos

«El dinero es más peligroso que el plutonio» decía un jefe que yo tuve. Si a ello se une que a la bajamar aparece toda la inmundicia en la playa, no debería extrañarnos que haya sido ahora cuando ha explotado judicialmente el «tema mascarillas» adquiridas durante la infausta pandemia por coronavirus y de la que no hemos tenido conocimiento que muriera ningún político, banquero, financiero, grandes dirigentes de ninguna religión ni persona de relevancia en cualquier rama importante o estratégica en el mundo.

La situación y circunstancias de aquellos momentos, el considerable aumento estadístico de fallecidos sobre los datos facilitados por los organismos gubernamentales, y las empresas y sobreprecios pagados por la compra de material sanitario, quedó recogido en mi libro UN CUENTO DEL GOBIERNO, segunda edición de enero 2022, que no saco a colación ahora por prurito personal sino como ejemplo de que diferentes medios de comunicación, de todas las ideologías, ya hablaban de temas que olían mal a distancia, y cuya única explicación política eran excusas por parte gubernamental debido a la urgencia de la situación.

Como la soga se rompe siempre por el sitio más débil, el primer imputado con relación a los hechos entonces ocurridos, ha sido un tal Koldo, portero en un nigth-club convertido en chófer y guardaespaldas del exsecretario general del PSOE, José Luis Ábalos, del que se duda que tenga preparación y fuerza política suficiente para ser la mente pensante y el líder de la infraestructura que ha de montarse para llevar a cabo este gatuperio.

Pedro Sánchez calificó a esta persona en 2014 como «uno de los gigantes de la militancia» en tierras navarras, y «un referente político en la lucha contra los efectos de la crisis y las políticas de la derecha». Tal era su confianza en él que en su libro «Manual de resistencia» dice que Koldo García fue el encargado de custodiar día y noche los 57.000 avales que había recogido para ser candidato a secretario general del PSOE en las primarias celebradas el 21 de mayo de 2017.

El PSOE, de forma unánime, sin fisuras, con democracia del 100% de su Comité Federal, puso todas sus flechas envenenadas apuntando al jefe de Koldo, José Luis Ábalos quién, abrumado por las circunstancias, el 26 de febrero, a última hora del día, presenta su dimisión como presidente de la Comisión de Interior del Congreso, pero no como diputado.

A las cuarenta y ocho horas siguientes comparece en rueda de prensa y, tras duros reproches contra la Ejecutiva que lidera Pedro Sánchez, comunica que abandona el Grupo Parlamentario del PSOE y se irá al Mixto al no aceptar el ultimátum de Ferraz, que le había exigido que entregase su acta de diputado en 24 horas por «responsabilidad política» en el caso Koldo. Al final, no hubo expulsión previa y la dirección del PSOE dejó que fuese su exalto cargo el que informase de su marcha.

De esta forma, Ábalos seguirá siendo aforado y como tal ningún órgano judicial puede abrir causa contra él salvo el Tribunal Supremo y, en teoría, tendrá sus manos libres para votar —o negociar— las leyes en el sentido que considere oportuno y/o favorezca sus intereses, recompensados o no, pues su voto será decisivo en el resultado final del recuento parlamentario y la caída o permanencia en el poder del gobierno sanchista, chantajeado por el independentismo catalán y su amnistía.

Nos encontramos en un punto decisivo en la democracia española. Más allá del resultado final al que se nos lleve con el tema de las mascarillas y material sanitario en el momento de la pandemia, que es muy importante para la limpieza democrática de las personas y de la nación, —yo también pienso que el tema es de tal relevancia que merecería la pena designar un equipo judicial en exclusiva para investigar este asunto—, que queda en evidencia la concentración de poder que ha acumulado el partido de Pedro Sánchez, la tupida red tejida —más de veinte organismo o empresas de máxima importancia estratégica están copadas en el primer nivel de su organigrama por personas absolutamente adictas y agradecidas a Pedro Sánchez— que se retroalimentan en favores y prebendas, en la indubitada sumisión de la fiscalía —al menos en los puestos de más alto relumbrón— aplicando criterios diferentes a situaciones iguales, que se debería llegar «hasta sus últimas consecuencias, caiga quien caiga» y que hay que despejar la equis de la ecuación para resolver de una vez el problema. Probablemente yo sea un iluso.

Antonio CAMPOS

Publicado en PUERTA DE MADRID el 08-03-2024

Diputeros

“Hola, soy Juan Bernardo Fuentes, candidato al Congreso de los Diputados por la isla de Fuerteventura. Me presento porque quiero contribuir a este proyecto socialista que quiere cambiar España, que quiere una España que avance y una España que crezca hacia el futuro, una España de igualdad, una España de principios, una España de valores. Cuento contigo. Vota PSOE”.

Con este mensaje se presentaba a las urnas Juan Bernardo Fuentes Curbelo, de 61 años de edad, casado, que según declaración en el Congreso de Diputados correspondiente a la XIV Legislatura era Director General del Gobierno de Canarias, ganadero con propiedades y deudas acordes con su actividad, y administrador de cuatro empresas, que debía ser muy organizado para poder atender tantos puestos de trabajo al unísono, todo lo cual le daba para tener únicamente un saldo bancario de 2.120 euros en total.

Ha sido Portavoz adjunto de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, y mismo cargo en la Comisión de Hacienda y Función Pública desde el siete de febrero de 2020 hasta la fecha de su cese el pasado catorce de febrero de 2023.

He escrito en muchas ocasiones que con Franco había una media de doscientas personas por cada provincia que se lo llevaban crudo -el dinero- por ser vos quién sois, un total de diez mil en toda España. Y que la España democrática nació viciada porque se nutrió de dinero procedente de más allá de nuestras fronteras, para que los partidos políticos pudieran ponerse en funcionamiento y subsistir en un espacio en el que ninguno sabía hacerlo a través de sus propios medios.

Lo peor de todo es que de una forma sistemática y continuada, que queremos y quieren convencernos es a título personal, han continuado y, consustancial al pícaro español que todos llevamos dentro, se encuentra perpetuada en la vida política española.

Desde la Grecia antigua y sus filósofos -el hombre, ¿es bueno o es malo por naturaleza? – se acudía al oráculo, convencidos que a través de la pitonisa era el propio Apolo quien respondía sus preguntas. Antes de entrar al templo, el consultante debía entregar una cantidad de dinero y sacrificar ovejas a modo  de pago en especie que el oráculo requería. En el siglo V antes de J.C., los colubistas (cambistas griegos) se convirtieron en trapezitas (banqueros) y nadie contrataba ninguna operación sin recurrir a un trapezita, que tenían empleado numeroso personal, la mayor parte esclavos, muy hábiles en los negocios, laboriosos y abnegados en su cometido, que esperaban alcanzar así su liberación. Los que eran ya libertos luchaban por conseguir las plazas de jefes de servicio o apoderados, con la ambición de alcanzar un día la dirección del establecimiento, sabiendo que una norma no escrita era que la fidelidad, la devoción, la entrega y el fervor prevalecían sobre cualquier otra virtud que alumbrara a quien quisiera obtener esos puestos.

En España hay muchos trapaceros, de todo signo  y color, cuyo único objetivo es transmitir “y tú, más” cuando alguno cae en un renuncio. Durante años he trabajado en un confesionario, no solo existen confesionarios ocupados por sacerdotes de la iglesia católica, pero sí el secreto de confesión o profesional, y he visto el resultado final de muchas operaciones de financiación de partidos políticos, de políticos a título personal, de reclusión para contar dinero en el habitáculo de cajas de alquiler, de transferencias que olían mal desde lejos, y de reuniones y amistades que, bajo ningún concepto, pueden haber pasado desapercibidas para quienes mantienen un convivir diario con ciertas personas que no parecen los más listos de la clase, pero que son utilizados precisamente por eso para otros menesteres.

En esta ocasión ha sido un personaje secundario, cauto él, que sigilosamente y por lo que pudiera pasar -argumento manido en muchas películas de segundo y tercer nivel- el que ha destapado el pastel y declarado que «Bárcenas se queda pequeño al lado de esto», señalando que el exdiputado del PSOE Fuentes Curbelo era el cabecilla de una trama de corrupción y advierte que habrá más políticos salpicados; y a mí me extraña mucho que el único en prisión en estos momentos sea un militar de máxima graduación -alguien quiere dar ejemplo- y ningún representante del pueblo, ese que vota en el parlamento por la abolición de la prostitución -poner puertas al campo, ¿saben cuántas hipotecas se han pagado con prostitución silente?, ¿sólo es prostitución si se cobra en dinero metálico efectivo y no de otras formas?- y luego lo celebra, presuntamente, con prostitutas de postín, alcohol de marca, cocaína de alta pureza y viandas con estrellas.

La investigación señala que Bernardo Fuentes Curbelo, “en connivencia con otros investigados, se encargaba de recibir a los diferentes empresarios […] en sus dependencias del Congreso de los diputados en Madrid, […] lo cual era fundamental para poder dar una apariencia de seriedad y poder atraer la trama delictiva y generar confianza en los empresarios captados”.

Para despistar y que la población ponga su foco de atención en otras cosas, Pedro Sánchez escribe: “ […] Ojalá pronto no quede ni rastro del típico matrimonio franquista de “hombre y mujer” que tanta violencia y odio genera”. Pues nada, el matrimonio heterosexual es un invento franquista, y la unión de un hombre y una mujer genera odio y violencia. Señor presidente del Gobierno, usted, además de mentir más que parpadea, nos tilda de violentos y generadores de odio. Me ahorro el calificativo que se merece porque soy consciente que se han cursado órdenes a los mandos socialistas de controlar y denunciar todo lo que se escriba sobre el tema de origen majorero que nos ocupa, solo les deseo a esas personas que, si alguna vez, cuando corresponda según sentencias judiciales, van a la cárcel, les apliquen la ley del talego a los chivatos.

Evidentemente, todos estos hechos son presuntos porque estamos en una democracia y como tal es el que acusa el que tiene que aportar la carga de la prueba, por lo que todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Salvo en dos casos en el ordenamiento español de nuestra democracia imperfecta: Es el acusado el que tiene que demostrar su inocencia cuando quién acusa es Hacienda o cuando lo hace una persona que sea mujer o como tal se sienta en temas sexuales, aunque luego vaya al urólogo si tiene un problema en la entrepierna.

¿Se sabe algo de sus socios de Podemos?  Mejor que estén callados porque para una que habla abiertamente sobre sexualidad, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, dice que la penetración “es patriarcal”, reivindicando la autosatisfacción. Tal como está el patio, me parece que lo que se quiere es cerrar las casas de puta y abrir chozas de paja.

Y D. Alberto El Acomodaticio, ¿qué dice? Por algo parecido llegó Pedro Sánchez al poder, pero ahora él calla, o farfulla en voz baja porque nadie puede decir de este agua no beberé ni este cura no es mi padre, porque quiere llegar a ser presidente del Gobierno por errores ajenos y no por méritos propios, porque no es un líder nato que soliviante a las masas, porque España es un país de subvencionados, prestos a conjurarse contra quién les mantiene ociosos y sin contraprestación laboral, porque lleva en la solapa el mismo PIN de la Agenda 2030, verdadero objetivo ignoto para los ciudadanos a implantar en la vieja Europa empujada por Estados Unidos,  pero de la que se cachondean en China (tras la reapertura de su economía, el mes pasado ya ha batido todas las previsiones de crecimiento y ha dejado claro que lo de los coches eléctricos no va con ellos), Rusia, Corea, India, toda África y América del Sur, o sea, en el ochenta por ciento de la población mundial.

Mientras tanto, las empresas españolas, que crean riqueza y puestos de trabajo, empiezan a trasladar su sede fiscal y pagar impuestos en otros países en los que son mejor recibidos y tratados que en España, y no hable de bandera patriótica quien no esté dispuesto a morir por ella, empezando con que el Gobierno llama “modélicos demócratas y sublimes progresistas” a los catalanes que pretenden transgredir la Constitución e independizarse de España. Fue uno de los más insignes poetas del siglo pasado, el republicano Antonio Machado, el que dijo: «De diez cabezas, nueve / embisten y una piensa. / Nunca extrañéis que un bruto / se descuerne luchando por la idea”.

Carta a Su Majestad el rey emérito

Antes de iniciar esta carta quiero transmitirle a SM mi posición inequívocamente monárquica. Cuando era joven, me sentía republicano, probablemente por contraposición al régimen franquista y por aquello que pudiera llegar a ser presidente de una república cualquier ciudadano, cualquiera que fuese la cuna en la que hubiera nacido. Pero cuando fui creciendo, estudiando, documentándome y, sobre todo, analizando la historia de nuestra nación, soy, decididamente, monárquico. ¿Por qué? Pues porque en España ha habido dos Repúblicas, y las dos han acabado en una Guerra Civil. Y porque el español es pícaro por naturaleza, y un presidente de la República, del partido político que fuese, sería fagocitado por el primer ministro y su Consejo, del partido político que fuese.

Igual que los Borbones llevan sangre borbona, los españoles llevamos sangre española, de lucha por lo que sea y contra quien sea, del quítate tú para que me ponga yo, teniendo el ejemplo más claro en el comportamiento de los países latinoamericanos, a los que les enseñamos nuestro idioma, nuestra idiosincrasia y nuestras costumbres, que, poco a poco, pero de forma constante, van cayendo en la pobreza y la miseria.

He leído en diferentes medios de comunicación que SM estaba ejerciendo presión mediática para asistir a los funerales de la reina Isabel II de Inglaterra, y que se siente ninguneado y está dispuesto a «tirar de la manta». Al final, consiguió estar presente en dicho acto y que ello no ha sentado nada bien a impresentables personajes que se han quitado el hambre en nuestro país, llamándole “delincuente fugado” cuando no existe ninguna causa pendiente contra SM en España, a la vez que defienden a golpistas, proetarras y condenados por sentencia firme de los más altos tribunales de justicia.

No es consciente SM del deseo que tenemos una gran mayoría de españoles de que alguien “tire de la manta”, en una democracia imperfecta y que nació viciada por los fondos opacos que todos los partidos políticos recibieron de sus conmilitones europeos.

El 22 de julio de 1969, amparándose en la Ley de Sucesión según la cual sería Franco quien nombraría al monarca del reino, designa a SM como su sucesor a la Jefatura del Estado, con el título de “Príncipe de España”, saltándose así el orden sucesorio natural que correspondía a su padre D. Juan de Borbón, quien calificó esta ley como «engendro monstruoso» y no renunció a sus derechos dinásticos hasta 1977, una vez muerto Franco.

En un reinado de luces y sombras, su mayor acierto fue dotar a España de una Constitución, que se aprobó en referéndum, con una mayoría aplastante del 91,81%, que define a España como “Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Para ello se rodeó de personas honestas, de toda ideología, en las que primaba su amor a España por encima de desencuentros políticos, encabezados por el primer presidente de la democracia, Adolfo Suárez Illana, al que descabezó cuando ya no lo necesitaba, y los futuros presidentes, el socialdemócrata Felipe González y el centroderechista José María Aznar; entre todos, se evitó una nueva guerra civil y se puso a España en Europa y en el Mundo, política, social y económicamente hablando.

El periodo democrático español tiene grandes secretos, que solo conocen pocas personas y que callan, por diferentes razones. Esa es una de las causas por las que el que fue presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, campa a sus anchas y nadie se mete con él, pues se cuidó muy bien de ir documentando las cloacas del periodo de la Transición y posteriores, a través de lo que entonces se conoció como los “patas negras” de la policía catalana.

Puede que yo esté equivocado, pero me gustaría saber los secretos sobre la financiación de los partidos políticos desde el inicio de dicho periodo, y si todos, de una u otra forma y sin pagar impuestos, recibieron ayudas externas e internacionales para su puesta en marcha y primer funcionamiento; hasta el último en aparecer en escena, VOX, que ha reconocido que es así, pero, dicen, es legal y ajustado a las normas vigentes.

– Los préstamos perdonados por los bancos, perdón, contabilizados en suspenso y amortizados contra la cuenta de resultados, sin reclamación, como puede comprobarse analizando el CIR en secuencias anuales, quien tenga acceso a ello.

– La corrupción, a todos los niveles y en todos lados, que pueden ser excepciones, pero las hay, y han sido de igual o similar tamaño según el periodo en el que han estado en el poder unos y otros. Personas que cuando llegaron a la política eran asalariados o profesionales liberales de nivel medio en sus ingresos, y que ahora tienen “posibles” en abundancia, como se dice en la Mancha toledana.

Uno de los secretos de la democracia es el informe de la CIA norteamericana del 6 de noviembre de 1975 sobre las circunstancias que concurrieron en el ascenso al poder de SM y el pacto realizado con Hassan II de Marruecos, que sigue sin desclasificarse en España.

El 23-F. El coronel Martínez Inglés, entonces miembro del CESID, asegura en sus libros la intervención de SM en aquella intentona de asonada, felizmente repudiada mediante su intervención en televisión. Mal, muy mal, las formas, pero buen resultado, pues desde entonces se disfrutó en España el mayor periodo democrático, en paz y concordia, entre todos los españoles.

Pactos con independentistas vascos y catalanes a cambio de su apoyo para permanecer en el Gobierno de la Nación.

Asesinatos no aclarados por ETA y otras bandas terroristas, que el Gobierno de Pedro Sánchez está blanqueando en estos momentos.

Los crímenes de los abogados de Atocha en Madrid.

El 11-M-2004, el mayor atentado terrorista cometido en España, una serie de ataques en cuatro trenes de Cercanías de Madrid, en los que fallecieron 193 personas y resultaron heridas, algunas con secuelas de por vida, cerca de otros dos mil viajeros. Estos hechos produjeron un cambio de Gobierno, que pasó al PSOE; largo proceso indagatorio, contradicciones de los técnicos en los materiales empleados, pruebas contaminadas e incluso desaparición de los restos de los trenes explosionados; un larguísimo proceso judicial con sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo y que en 2018 el juez Gómez Bermúdez, que es quien dictó la última sentencia, declaró que “España no está preparada para saber la verdad”.

Las acusaciones públicas vertidas por ciertas personas contra grandes líderes políticos, económicos, militares, judiciales y rangos similares, en la que o bien tenían que estar en la cárcel los acusadores si es que son mentira o los acusados si es que es verdad.

La abdicación de SM y su posterior traslado de España, a vivir en un país árabe y que, Dios guarde a SM muchos años, pero que cuando “caiga el puente del músculo colgante” podría armarse un conflicto diplomático de mucho cuidado.

El inexplicable ascenso político de Pedro Sánchez, quién es su mentor y qué circunstancias han concurrido para que, de una forma unipersonal, tomara la decisión de entregar el Sahara a Marruecos en contra de toda la historia documentada hasta esa fecha.

Y, ¿por qué no?, sus relaciones con el CNI y su propia estructura paralela le han hecho ser conocedor de los grandes secretos de todos los políticos, de los bienes que tienen todos ellos, dentro y fuera de nuestro país, legales, ilegales o alegales, de los asuntos derivados de Bilderberg y de la Orden de la Jarretera, de grandísimos pelotazos dinerarios que han dejado los de la época franquista a la altura de una zapatilla, de que su hijo, nuestro actual rey, parece que no es consciente que es una pajarita de papel que mueve el viento a su antojo con rayos y tormentas y que no es seguro que la princesa, educada a la antigua usanza escolar de escuadra y cartabón en su retiro de Cardiff y mediatizada por ideas republicanas muy cerca de su cuna, apartada de la milicia y de las relaciones internacionales, llegará a ascender algún día en el escalafón.

Nos estamos acercando peligrosamente a la más absoluta nada social, a la fragmentación nacional y a un nuevo desencuentro. Por todo ello, Majestad, agradecería “tirara de la manta” y supiéramos quién es quién, quién adora a Dios y quién al diablo, no vaya a ser que tengamos en los altares a quienes deberían estar en la cripta que hay debajo de la mayoría de ellos. Sería un favor impagable para los ciudadanos de buena fe, que la historia se lo agradecería.

Ruego a SM acepte estas líneas con mi debido respeto y consideración, en aras a la libertad y la democracia en el más amplio sentido de ambos conceptos.

Antonio CAMPOS

Corrupción generalizada

Si yo fuera presidente de una gran empresa, no contrataría como secretario de control, director de comunicación o analista de mercado a ningún miembro del Partido Popular.

He dejado escrito en diferentes ocasiones que la corrupción es consustancial al inicio del periodo democrático que ahora vivimos, entre otras cosas porque surgieron de la nada unos partidos políticos sostenidos, sufragados y apoyados económicamente por dinero de origen desconocido, gran parte de él procedente de sus homónimos en el extranjero.

Y como nunca se ha querido de verdad acabar con esta situación porque todos tienen algo por lo que callar, en algunos casos podría ponerse en peligro la viabilidad de la democracia en España, de ahí la situación que nadie osa meterse con el Clan Pujol y sus archivos de los agentes “pata negra” en su momento, pues así nos va.

El Partido Popular no está en las coordenadas actuales de gestión porque calla, no responde con contundencia, las respuestas son a título personal de los dos responsables acusados sobre los presuntos temas de corrupción en la comunidad autónoma y en la alcaldía de Madrid. Tiene que ser un periódico el que escribe que “el concejal de Más Madrid José Javier Barbero Gutiérrez y el edil del PSOE Ramón Silva validaron expresamente los contratos para la adquisición de material sanitario, ahora investigados por el juez Adolfo Carretero, adjudicados a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño. Así consta en la documentación remitida a la Fiscalía Anticorrupción e incorporada al sumario de la causa, a la que ha tenido acceso OKDIARIO”. Y sigue callando cuando hace unos días Pedro Sánchez volvió a repetir: “Yo, a la dirección nacional del PP aún no le he escuchado decir absolutamente nada de lo que estamos viendo en Madrid, ni de Ayuso, ni de Almeida”, ni sobre el tema Gürtell. Y no será por el inmenso inventario de corruptelas históricas que tiene el PSOE.

Al unísono, se fuga a Singapur un tal Roger Parellada Ferré al que la Generalitat de Cataluña le compró 35.000.000€ en mascarillas, que pagó por adelantado y del que nunca más se supo. Pero de este individuo nadie escribe nada.

Ni de la noticia publicada por elespanol.com el 29-04-2022, que dice: “José Luis Vera, el exjuez que el PSOE colocó en la Diputación de Valencia como asesor jurídico con la idea de que combatiera la corrupción del PP, cobró mordidas por valor de 1,3 millones de euros a cambio de favorecer los intereses de grandes promotoras en diversas administraciones socialistas. Vera, que ha ejercido durante años de magistrado en la Audiencia Provincial de Valencia por el cuarto turno (el que se reserva para abogados de reconocido prestigio y una trayectoria acreditada), es uno de los cabecillas de la supuesta «organización criminal» que se investiga en el caso Azud, que desmanteló la Guardia Civil y que supuestamente repartió comisiones millonarias entre cargos del PP y del PSOE durante 20 años. A Vera se le atribuye el papel de conseguidor de contratos en Administraciones gobernadas por los socialistas”.

Y el nuevo líder popular Núñez Feijóo se sube a la escalera gallega de no saber si sube o baja, -nada nuevo, ya lo hizo en Galicia con el idioma castellano- dejándose querer en Cataluña defendiendo “la nacionalidad catalana” …. “que debe recuperar su liderazgo”, supongo que en detrimento de quien, antes o después, acabará con él, o sea, Díaz Ayuso, quien ha llevado a la CCAA de Madrid al primer puesto en cualquier tema económico, con los menores impuestos establecidos en toda España.

Voy a remitir al lector, perdón por remar a favor de corriente, a mi libro UN CUENTO DEL GOBIERNO, publicado enero del presenta año, y al capítulo “El coronavirus en España”, pág. 41 y siguientes, en el que recojo, con fechas, datos y fuentes de publicación, algunas de las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno de la Nación, del que incluyo a continuación un mínimo ejemplo de la forma más constreñida posible.

En España hay seis grandes “capos” para hacer negocios con China, que se reparten los sectores y que cobran un treinta por ciento de comisión por su intermediación, que tienen que repartir con el intermediario chino en origen y con el partido único; no se pierde ni un solo euro, pues la pena de muerte “por corrupción” es real, aunque sea un ministro el que haya “distraído” ese euro. Y los chinos funcionan así es en todos los países del mundo … lo que le ha pasado a España, que ni los políticos, ni sus asesores tienen conocimiento del comercio internacional y mucho menos con China. Han contratado a amiguetes, paisanos y parientes que, para nada, conocen ese mundillo, y los han engañado.

Según dice El País del 21-04-2020, “el Gobierno vuelve a errar en la compra de test, fundamental para contener la pandemia del coronavirus. El Ejecutivo, que sigue sin desvelar cuál es la empresa que ha intermediado en la compra de test defectuosos, hizo una nueva compra para sustituir a los defectuosos, que tampoco funcionan”.

El Confidencial del 22-04-2020: El Gobierno pagó por adelantado 23,8 millones de euros a un intermediario chino por las mascarillas ‘fake’ que han tenido que ser retiradas de los hospitales por no cumplir con los estándares mínimos de seguridad … Según revela el contrato de adquisición, la Dirección General de Cartera Común y Farmacia del Ministerio de Sanidad compró 2,1 millones de mascarillas defectuosas.

El Confidencial 22-04-2020: Los test defectuosos chinos comprados por 17,1 millones de euros y los dos millones de mascarillas ‘fake’ no son los únicos problemas que ha tenido el Gobierno con sus proveedores sanitarios durante la crisis del coronavirus. Sanidad también tuvo que resolver un contrato de compra de 144 respiradores con la empresa española Hyperin Grupo Empresarial de 3,31 millones de euros porque la compañía no fue capaz de suministrar los dispositivos. El reintegro del dinero, que se pagó por adelantado, ya ha sido solicitado por el Ministerio de Sanidad, pero la empresa aún no lo ha hecho efectivo.

La elección de una empresa como Hyperin para un contrato de esta relevancia sorprende porque la mercantil tiene como objeto social «la fabricación de elementos de yeso para la construcción» y fue creada hace solo un año, según el registro mercantil.

El País 22-04-2020: Sanidad adjudica a una firma sin empleados un contrato de 4,2 millones. El proveedor de material para combatir el coronavirus es una asesoría laboral de Málaga con pérdidas. Los orígenes de esta empresa se remontan a 2013, cuando la firma se denominaba Administración concursal Marsan SLP y su objeto social era la gestión de concursos de acreedores. La propietaria de la empresa, la abogada Eva Paola Martínez, admite que Value&Bro S. L. “no tiene fábrica en China”. “Tenemos acuerdos en el país, subcontratamos”.

ABC del 23-04-2020: El Gobierno pagó los test fallidos al 350 por cien de su precio de mercado. El producto cuesta menos de tres euros en la fábrica de China y varios distribuidores lo venden en España a unos siete euros: Sanidad abonó 26 euros.

El Ministerio de Sanidad firmó un contrato con la empresa Interpharma para el suministro de 659.000 unidades de test diagnósticos para Covid-19 a cambio de 17.143.885 euros. Es decir, cada unidad costó 26 euros … El coste del producto en fábrica, lo que pagan los distribuidores en China, no supera los tres euros por unidad. A eso hay que sumarle el transporte, los impuestos y el beneficio del intermediario.

Según Vozpópuli, en el caso de los contratos de Transportes, las adjudicaciones se aprobaron en órdenes ministeriales del departamento de Ábalos los pasados 20 y 26 de marzo …. la compra de material sanitario se encargó a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas, una sociedad con sede en Zaragoza que presta servicios de desarrollo y asesoramiento técnico en actividades internacionales de salud, energía, agua e infraestructuras agrícolas, principalmente en países de África. Esta empresa cuenta con cinco trabajadores, según los datos del Registro Mercantil.

The Objetive del 09 abril 2022: “la titular del Juzgado 26 de Madrid está investigando un total de 56 contratos del Ejecutivo de Pedro Sánchez realizados durante los primeros meses de confinamiento” …. “El medio centenar de contratos objeto de investigación se disparan a cerca de mil millones de euros …” … “Las pesquisas del Juzgado también se centran en notables sobrecostes. Con una media de incremento del 300% en el precio, el expediente que muestra un desfase mayor y espectacular es el tramitado para la adquisición de batas desechables …”

Yo no soy quién para juzgar a nadie, me limito a exponer los hechos. No sé quién es culpable ni quién es inocente y quiero suponer que todos estos temas llegarán a los tribunales de justicia, y espero caigan en manos de personas que no tengan que agradecer nada a nadie. Lo que sí reclamo es, una vez más, un metro de cien centímetros para todo el mundo, aquello del jurisconsulto romano Domicio Ulpiano de “la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde”.

Todo a un euro – 005

005 – El dinero y el plutonio

“Siempre sale a hablar quien tiene por qué callar” es un refrán español cuyo origen lo recoge G. Correas en su Vocabulario de refranes y frases proverbiales (1627), edición de L. Combet, revisada por R. James y M. Mir-Andreu, Madrid, Castalia del año 2000.

En una España en donde uno no se puede fiar ni de la chaqueta que lleva puesta, la diputada por el PSOE en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, Dña María del Carmen López Ruiz, ha fustigado con saña y oprobio a la presidenta Díaz Ayuso por la intervención de un hermano de esta última en la adquisición de material sanitario durante la pandemia de coronavirus, tema no admitido a trámite por la justicia.

Pues mira por dónde, a los pocos días de su furia política, la que es imputada es su propia hija por un presunto delito de estafa por importe de dos millones de euros al sindicato UGT, de todo lo cual se puede obtener una doble conclusión: Qué control se lleva en ese sindicato del dinero que pasa por las manos de sus empleados, y qué bonito es estar callados y con las manos bien lavadas en los bolsillos cuando se trabaja con plutonio.

Antonio CAMPOS

Información con reparos

El Expediente Royuela es una serie de artículos en la prensa digital y videos en Facebook que viene haciendo desde hace mucho tiempo una persona con nombre y apellidos, en los que denuncia presuntos delitos muy graves por parte de políticos, órganos judiciales, policiales y financieros de España, y sobre el que he escrito en varias ocasiones que debería entrar de oficio la Fiscalía, pues o bien tiene que estar procesado y condenado el autor del mismo, o bien tienen que estar procesados y condenados los acusados. Se ha hecho con ello algo que da mala espina: no hacer nada, porque cuanto más se remueve la mierda, más huele.

Confirmada la veracidad de la publicación de los artículos que se exponen a continuación, solo añadir por mi parte tres cosas: Las medallas, si las hay, para su autor; las responsabilidades, si las hay, para su autor igualmente; ningún demócrata puede permanecer callado e impávido ante lo que ahí se cuenta: el pueblo español tiene el derecho y la obligación de saber la verdad.

El Diestro – 15 septiembre, 2021

Récord en Hacienda: Denuncia exitosa de más de 1.772 millones de euros

Un artículo de Javier Marzal, Socio de Honor de la Asociación para la Investigación y la judicialización del Expediente Royuela

El Expediente Royuela (ER) contiene las mayores denuncias de delitos económicos de la democracia, con el logro de más ingresos fiscales provenientes de la metamafia institucional. El 19 de noviembre de 2019, El Mundo publicaba un artículo con el titular: “Las cifras de la mayor trama de corrupción de la Democracia: 679.412.179,09 euros de dinero defraudado en el caso de los ERE”. El 12 de septiembre de 2021, la página http://www.casos-aislados.com informaba sobre 587 casos con 3.836 implicados y 124.123.965.826 €.

Por su parte, Eurostat de la Unión europea, en 2018 publicó que la corrupción en España casi alcanzaba el 8% del PIB, una cifra que supera los beneficios de todas las grandes empresas y multinacionales juntas.

En el ER se ha denunciado la mayor trama de corrupción de la democracia, superando los 5.200 millones de euros, y se explica gran parte de los delitos con los que se ha conseguido ese dinero.

Sólo en un día, el 17 de agosto de 2003, Alberto Royuela Fernández (creador del ER) y su colaborador, el periodista Juan Martínez Grasa, denunciaron ante la Agencia Tributaria a decenas de políticos, fiscales, jueces, policías, forenses, inspectores fiscales, etc.

La denuncia estaba estructurada en 15 partes, de las que están publicadas 13. Los depósitos en dólares de tres de las denuncias suman 1.076.000.000 US$ y las otras diez denuncias contienen depósitos en euros que suman 879.300.000€. Utilizando el cambio del dólar en el día de la imposición de los depósitos, estas trece denuncias totalizan 1.772.114.208 de euros sin declarar, que proceden del crimen organizado que, en su mayoría, financia al PSOE.

El dinero estaba ingresado en 4.088 depósitos bancarios en Madrid y en Galicia, en Canadá, en Panamá y en Venezuela. En la denuncia se aportó toda la información de cada uno de los depósitos denunciados. Los corruptos denunciados, realizaban las imposiciones de los depósitos bancarios en los mismos días y utilizaban los mismos testaferros, apareciendo como beneficiarios ellos, sus esposas, hijos u otros familiares.

Los bancos que blanquearon este dinero son: Citibank, Lloyd Bank, Caixa Galicia, Caixa Nova y Caixa Vigo. Citibank vendió su negocio minorista en España al Banco Popular en 2014 y el Banco Santander compró por un euro el Banco Popular en 2017. Lloyd Bank vendió el negocio en España al Banco de Sabadell en 2013. Caixa Galicia, Caixa Nova y Caixa Vigo forman parte de ABANCA.

Suponiendo un tipo marginal máximo del IRPF de un 45% (establecido desde febrero de 2003, antes era de un 48%), la denuncia descubría un fraude fiscal de 797.451.393,44 euros y suponiendo la sanción máxima de un 150%, totalizaría 1.196.177.090,16€. sumando el fraude más las sanciones, la Hacienda Pública habría ingresado 1.993.628.483,61 euros, gracias a la denuncia por información del Expediente Royuela.

Entre los denunciados figuran Felipe González Márquez (Presidente del Gobierno español desde 1982 a 1996), más de veinte de sus ministros, ex Alcaldes (Barcelona y Madrid), Presidentes de Comunidades Autónomas, varios magistrados de la metamafia del Tribunal Constitucional, más políticos, policías, fiscales y jueces, así como sus esposas, hijos y otros familiares.

Hacienda denunció a gran parte de ellos o a todos por delitos económicos ante el Ministerio Fiscal donde les encubrieron, posiblemente a cambio de un porcentaje de lo defraudado. Los procedimientos tributarios se resolvieron de diferente forma, llegando a embargar a un miembro del actual Gobierno de España.

Los mayores delincuentes económicos denunciados son: Felipe González Márquez, Juan Alberto Belloch Julbe (ex Super Ministro -Interior y Justicia- de Felipe González y ex Alcalde de Zaragoza), Pascual Maragall Mira (ex Alcalde de Barcelona y ex Presidente de la Generalidad de Cataluña), Carlos Jiménez Villarejo (primer Fiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción) y José María Mena Álvarez (el capo de la metamafia más denunciada en el ER).

Según la documentación del ER, Carlos Jiménez Villarejo, cuando era Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, mandaba realizar ciertas actuaciones criminales a Mena que era su segundo de abordo y después sería su sucesor. Entre estos encargos figuran varios asesinatos. La metamafia de Mena asesinó al venezolano Rafael de la Hera Martínez por denunciar por estafa, en la Comisaría de Moratalaz en Madrid y en Caracas (Venezuela), a su hijo Carlos Jiménez Jorquera (12.000.000US$ en Panamá). Realizó otras “eliminaciones físicas”, como llamaban a los asesinatos, encargadas por la cúpula del PSOE a Villarejo.

Esta metamafia de Mena ha sido denunciada por más de 2.000 asesinatos, extorsión, espionaje, sobornos, tráfico de drogas en España y en los Países Bajos, tráfico internacional de armas, creación de una red de prevaricación judicial y un sinfín de negocios mafiosos.

En 2021, un juez ha denunciado a José Luis Rodríguez Zapatero (Presidente de España 2004-2011), por cobrar 5 millones de euros para encubrir a esta metamafia.

Esta es la mayor denuncia de corrupción de la historia de España y forma parte del Expediente Royuela. Las denuncias están disponibles en http://www.javierroyuelasamit.com (Javier Royuela Samit fue asesinado por dos narcotraficantes y agentes de la Guardia Civil, querellados en 2006 y en 2021, y denunciados entre medias).

La información citada forma parte del popular Expediente Royuela que algunos medios institucionalizados y creadores de la posverdad, han calificado como bulo. El primero fue El País el 9 de noviembre de 2020. En el vídeo https://youtu.be/D11_pUQhWP0, del canal oficial del ER en YouTube, se denuncia que Jesús Ceberio Galardi, cuando era Director de El País, cobraba 10.000 dólares al mes en Monterrey (Méjico), de la metamafia de Mena. Tal vez por eso Mena es un articulista habitual de El País y proveedor de “fake news”, al menos sobre los Royuela y sus denuncias.

¿Un bulo? Que se lo pregunten a los defraudadores y a la Agencia Tributaria.

El Expediente Royuela está llamado a reescribir la historia de la democracia española y a explicar cómo ha llegado la corrupción a destruir el país.

*Un artículo de Javier Marzal, Socio de Honor de la Asociación para la Investigación y la judicialización del Expediente Royuela

Periodista Digital – DAVID LOZANO el 21 septiembre 2021

Una denuncia golpea a Sánchez: la lista de cargos del PSOE que ocultan millones de euros en Venezuela. Javier Marzal asegura que los presuntos defraudadores abrieron 752 depósitos bancarios con 392 millones de dólares (326,6 millones de euros)

El PSOE defiende el chavismo porque sus capos tienen cientos de millones allí”, así encabeza la información remitida a Periodista Digital por Javier Marzal, que detalla en un artículo las relaciones entre el socialismo y la Venezuela de Hugo Chávez, que tienen su razón de ser en las conexiones económicas.

Por su interés, siempre respetando la presunción de inocencia, reproducimos el artículo de Marzal a continuación, donde se detallan las presuntas cuentas millonarias que se han denunciado a la Agencia Tributaria:

Hace unos días, varios medios publicaron mi artículo: “Record en Hacienda: Denuncia exitosa de más de 1.772 millones de euros”.

En la noticia se dice que esa denuncia tributaria récord del  17 de agosto de 2003, firmada por  Alberto Royuela Fernández  y su colaborador, el periodista Juan Martínez Grasa, estaba estructurada en 15 denuncias.

Una de ellas denunciaba que los días 3 y 10 de agosto de 2004, los defraudadores abrieron 752 depósitos bancarios con 392 millones de dólares americanos (326,6 millones de euros), en la sede de CITIBANK en Caracas y Maracaibo. Se aportaba toda la documentación de cada uno de los depósitos.

¿Quiénes son los defraudadores tributarios?

Felipe González Márquez (Presidente del Gobierno 1982-1996) y su familia (esposa Carmen Romero González y Pablo, hijo de ambos). Cada uno de ellos depositó 26.400.000US$, totalizando 79.200.000US$ (66 millones de euros).

Juan Alberto Belloch Julbe, superministro felipista y exalcalde de Zaragoza, depositó 36.000.000US$ y su hermano 12.000.000US$, totalizando 48.000.000US$ (40 millones de euros).

Pascual Maragall Mira (exalcalde de Barcelona y expresidente de la Generalidat de Cataluña), su hermano depositó 23.000.000US$ y su cuñado 24.000.000US$, totalizando 47.000.000US$ (más de 39 millones de euros).

Carlos Jiménez Villarejo (primer Fiscal Jefe Anticorrupción) y su familia: Aurora Jorquera Hernández (esposa depositó 26.400.000US$), la misma cantidad que los dos parientes de Felipe González), 9.600.000US$ Carlos y 9.600.000US$ Ana, hijos de ambos, totalizando 45.600.000US$ (38 millones de euros).

José María Mena Álvarez (ex Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que proporcionaba servicios al PSOE y al fiscal Villarejo (que fue su jefe directo) y su familia: María Julia Maiques Azcárraga (esposo) con 21.600.000US$, y María, hija de ambos, con 9.600.000US$, totalizando 31.200.000US$ (26 millones de euros).

Mariano Fernández Bermejo, Fiscal Jefe de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y ex Ministro felipista, con 24.000.000 (20 millones de euros).

Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, ex Presidente del Tribunal Constitucional, y su familia: Elisa Maseda Arango (esposa) con 24.000.000 (20 millones de euros).

Guillermo Vidal Andréu, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, denunciado por encubrir los asesinatos de Mena, y su familia: Mercedes Salleras Lluis (esposa) con 24.000.000US$ (20 millones de euros).

Gerardo María Thomas Andreu, Magistrado Presidente de la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona y su familia: Carmen Caja Lopez (esposa) con 21.000.000US$ (17,5 millones de euros).

Carlos Viver Pi-Suñer, Magistrado del Tribunal Constitucional, con 12.000.000 (10 millones de euros).

José Antonio Martín Pallín, Magistrado del Tribunal Supremo, con 12.000.000 (10 millones de euros).

Margarita Robles Fernández, actual Ministra de Defensa, con 12.000.000 (10 millones de euros).

Manuela de Madre Ortega, Vicepresidenta General del PSC-PSOE, con 9.600.000US$ (8 millones de euros).

Guillermo Castelló Guilabert, Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, con 1.200.000US$ (un millón de euros).

Ramón Gomis Masqué, Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, con 1.200.000US$ (un millón de euros).

Claudia Bayarri García, Magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona, con 1.200.000US$ (un millón de euros).

Nuria Garriga López, Magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona, con 1.200.000US$ (un millón de euros).

Ramón Macía Gómez, Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, con 1.200.000US$ (un millón de euros).

Jesús Navaroo Morales, Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, con 1.200.000US$ (un millón de euros).

Magdalena Jiménez Jiménez, jueza del Juzgado de lo Penal nº 19 de Barcelona, con 1.200.000US$ (un millón de euros).

Roser Aixandri Tarre, juez del Juzgado de Instrucción nº 26 de Barcelona, con 1.200.000US$ (un millón de euros).

Eduardo Navaroo Blasco, juez del Juzgado de Instrucción nº 32 de Barcelona, con 1.200.000US$ (un millón de euros).

Isabel Castellano Rausill, Fiscal en Barcelona, con 1.200.000US$ (un millón de euros).

Rafael García Ruiz, sargento de la Guardia Civil destinado a la Policía Judicial y lugarteniente de Mena, con 1.200.000US$ (un millón de euros).

Juan Manuel García Peña, Agente de la Policía Nacional destinado a la Policía Judicial y lugarteniente segundo de Mena, con 1.200.000US$ (un millón de euros).

¿Qué relación tenían entre sí todos estos presuntos delincuentes? ¿Por qué utilizaron los mismos testaferros? ¿Por qué realizaron los depósitos en los mismos días?

La relación de los 23 últimos está bien documentada en el Expediente Royuela y todos tenían relación con el enorme negocio de Mena, en el caso de los jueces simplemente estaban en nómina de Mena.

Pero ¿qué relación tenían Felipe González, Juan Alberto Belloch y Pascual Maragall con ellos? Belloch tenía presuntamente su propia red de prevaricación judicial y ¿los otros dos capos?

El Expediente Royuela lo explicará porque está llamado a reescribir la historia de la democracia española y a explicar cómo ha llegado la corrupción a destruir el país (8% del PIB, superando el beneficio de las grandes empresas y las multinacionales juntas).

Javier Marzal.

Hay que investigar esto

El artículo que sigue a continuación es copia textual de lo que publica EL DIESTRO con fecha 07-01-2022. En mi opinión, el tema es tan grave que, sin ningún género de dudas, alguien tiene que ser investigado y juzgado: O quien acusa o los acusados. Pero no es de recibo que en una democracia un asunto de esta envergadura pase desapercibido para los gobernantes, la oposición política, la justicia y los ciudadanos en general.

El gobierno estaría malversando fondos europeos para “ayudar” a Margarita Robles a encubrir un centenar de presuntos asesinatos.

NOTA DE PRENSA DE ACODAP

Por El Diestro – 7 enero, 2022

El Gobierno urde lo que apunta a ser un espeluznante montaje para encubrir el centenar de asesinatos denunciados por ACODAP ante la Guardia Civil en los que podría estar involucrada la actual ministra de Defensa. Copia de los nuevos manuscritos llegados a la asociación liderada por el juez Presencia, muestran que el ex fiscal Mena habría pedido a Robles que impidiera a la Benemérita investigar las fosas de Mequinenza, mientras tanto el Gobierno se ocuparía de “eliminar” las pruebas, los cuerpos de los delitos.

ACODAP, la “Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública liderada por el juez decano de Talavera de la Reina Fernando Presencia, formuló denuncia en base a unos manuscritos que señalan la existencia de una tenebrosa organización perfectamente definida y controlada por el ex fiscal de Cataluña José María Mena.

De acuerdo con esa documentación, se da a conocer la existencia de una banda organizada dedicada al sicariato por encargo y previo pago. En ella participarían algunos personajes integrados en los cuerpos de seguridad del Estado, así como laboratorios forenses y policía científica. De este modo lograban la abstención de esos cuerpos en las investigaciones de los asesinatos, dejando ocultas las causas. La responsabilidad de controlar a la fiscalía corría por cuenta del propio Mena.

En una carta, dirigida por Mena al entonces fiscal jefe anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, le pedía que se entrevistara con Zapatero. En la misiva se mencionaban expresamente las fosas comunes (“chalés” en la jerga de Mena) en la que serían enterrados los casi 400 sicarios (“inquilinos”), los que sirvieron a la banda para ejecutar los crímenes (“eliminaciones”) que se describen en miles de manuscritos. Este es el texto transcrito:

“Carlos

Te dije hace unos días que ya le había enviado a Zapatero la carta en los términos que me dijiste, exponiéndole la situación en que iba a quedar todo por aquí después de mí jubilación que, como sabemos, está a la vuelta de la esquina.

Más o menos se lo expuse con toda crudeza, pero no le mencioné nada sobre los chalets de (…), (…) y Mequinenza. Y ahí podemos tener un grave problema si no lo dejamos todo bien atado.

Y aunque Ruiz asegura que todo se hizo correctamente y es del todo improbable que puedan surgir contratiempos, ambos sabemos que el tiempo es experto en procurar traiciones.

Pero como yo ya me dirigí a él hace unos días, creo sinceramente que lo más acertado, dada la importancia del asunto, es que seas tú quien contacte con Zapatero en esta ocasión para exponerle el tema de las fosas y de todo lo que contienen.

En este caso creo que hacer prevalecer tu rango en la interlocución es lo más acertado.

Sé que si Zapatero mueve los hilos el tema jamás verá la luz.

Dile a Ruiz lo que piensas y devuélveme la nota, por favor.”

Los manuscritos que obran en poder de ACODAP incorporan una colección de misivas en la que quedaría manifiestamente clara la enorme preocupación y empeño de Mena por conseguir las complicidad, protección y colaboración del entonces mandamás del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero.

Por todo esto y mucho más, al tener conocimiento de las comprometedoras cartas en las que aparecían reseñadas las tres localidades donde se afirmaba existían fosas comunes, a ACODAP no le quedó otra opción que denunciar públicamente y ante las autoridades tan graves asuntos, a la luz de lo que ordena la Directiva UE 2019/1937 sobre informantes de infracciones del Derecho de la Unión, que es de incuestionable aplicación desde el 17/12/2021.

El 24 de febrero de 2021 se interpuso la denuncia ante la Comandancia de la Guardia Civil de Caspe (Zaragoza).

Un representante autorizado del Benemérito Cuerpo fundado por el Duque de Ahumada informó el 9 de abril siguiente que se iban a emprender las tareas de investigación pertinentes. Sin embargo, nada se hizo desde aquella fecha.

Hoy sabemos la razón de esa inactividad. En unos nuevos manuscritos de Mena de los que ha vuelto a tener conocimiento ACODAP, se interpela esta vez a la ahora Ministra de Defensa, Margarita Robles, pidiéndole ayuda. Lo más interesante de todo es que, la Robles parece que también estaba bien metida en el ajo.

Este es el texto transcrito de esos tres nuevos documentos:

“1ª Nota del ex fiscal José María Mena Álvarez a Margarita Robles

Amiga y compañera

Un favor.

En los videos del cabronazo (sic) de Royuela aparecen lo que llaman las fosas de Mequinenza. Si no lo has visto, míralo.

El muy cabrón lo ha denunciado ante la guardia civil.

Aunque no tengas nada que ver en esto ni te afecte personalmente, comprenderás que si caemos nosotros también caes tú.

¿Qué me interesa entonces? está claro: que la guardia civil no mueva un dedo. Que no investigue absolutamente nada.

Y tú eres la única que puede dar esa orden o hablar con quien tenga que darla. No sé. Apela a la inverosimilitud de la historia, a que es absurdo emplear recursos que suponen una millonada en algo que es un puro bulo. No sé. Argumentos tienes de sobra.

Como siempre confió plenamente en ti.

Dime algo.

2ª Nota del ex fiscal José María Mena Álvarez a Margarita Robles

Amiga y compañera

Asunto: Mequinenza

Lo sabía. Sabía perfectamente que podía confiar plenamente en ti. Tras tu carta, estoy convencido de que la guardia civil no moverá un dedo.

Tampoco sé si la persona que se ha encargado de parar el tema ha tenido que adquirir ciertos compromisos. Por si acaso, en el sobre, en billetes de 500, van 200.000 €. Espero que si existen esos compromisos, sean suficientes.

3ª Nota del ex fiscal José María Mena Álvarez a Margarita Robles

A la atención de Margarita Robles amiga y compañera

Asunto: videos Royuela/ Almacellas

El mismo favor que con el de Mequinenza.

Como no me dijiste nada sobre la compensación económica interpreto que la utilizaste.

Aquí tienes otro sobre con 200.000 €

Dime algo.”

Lo más sorprendente de todo es que Margarita Robles y el propio Gobierno de la Nación se han rendido al chantaje. Y lo han hecho urdiendo un enrevesado montaje jurídico que les permitirá (si nadie lo remedia) desenterrar las fosas, acceder a los cuerpos de los asesinados, y desprenderse de ellos sin levantar sospechas. Pero eso sí, comprometiendo 6 millones de euros procedentes de los fondos de la Unión Europea.

Para ello, y de manera absolutamente cínica, espeluznante e ilegal por su propósito delictivo, el Consejo de Ministros aprobó el 5 de mayo del año pasado (un mes y medio después de que ACODAP formulara la denuncia ante la Guardia Civil), y con cargo a los fondos europeos, “un presupuesto de ejecución de seis millones de euros, para rehabilitar 38 hectáreas de terreno en el término municipal de Mequinenza” que es precisamente donde se supone que están enterrados más de un centenar de cadáveres.

“El proyecto contempla la restauración de los espacios mineros asociados a las antiguas explotaciones subterráneas de carbón Grupo Europa y Grupo Virgen del Pilar, situadas en el término municipal de Mequinenza (Zaragoza). Los trabajos comenzarán en 2022, durarán un año y medio, e incluirán lo que más interesa al Gobierno en estos momentos, esto es el movimiento de tierras de esas 38 hectáreas de terreno para localizar las fosas, recuperar los cuerpos y hacerlos desaparecer”, según recoge la nueva denuncia que acaba de formular ACODAP ante los juzgados de instrucción de Madrid.

En el escrito de denuncia se pide al juzgado que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y para evitar que desaparezcan las pruebas de los delitos denunciados, se ordene la paralización total de las obras previstas en el proyecto de restauración ambiental de los espacios mineros asociados a las antiguas explotaciones subterráneas de carbón Grupo Europa y Grupo Virgen del Pilar, situadas en el término municipal de Mequinenza (Zaragoza), según Convenio firmado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el Gobierno de Aragón, para la restauración ambiental de zonas afectadas por explotaciones mineras de carbón cerradas en las comarcas aragonesas.

También se pide en el escrito dirigido al juzgado que, de acuerdo con lo dispuesto esta vez en el artículo 3 también de la Lecrim, se declare, a los meros efectos de la represión penal y con carácter prejudicial, la ilegalidad del referido Convenio firmado entre el MITECO y la Comunidad de Aragón al ser constitutivo de un presunto delito de malversación de fondos públicos europeos.