TODO LO QUE SIEMPRE QUISISTE SABER SOBRE LA ECONOMÍA, PERO NUNCA TE ATREVISTE A PREGUNTAR.

Juan Manuel Jimenez Muñoz  27 febrero 2023

“El Gobierno debe intervenir el mercado y topar los precios por Decreto. Es intolerable que los despiadados capitalistas, los dueños de los supermercados, a costa de los españoles, ganen tantísimo dinero. Los precios deben toparse al nivel que estaban antes de la guerra de Ucrania”.

Hola, lector. Hola lectora. ¿Quién podría no estar de acuerdo con ese loable propósito de la ministra Belarra, la actual jefa de Podemos? ¿Qué malnacido podría desear lo contrario? ¿A quién no le gustaría que ¡mañana mismo! un kilo de aguacates (que ahora cuesta cuatro euros) pasase a costar dos euros? ¿Puede haber algún masoquista que prefiera pagar un euro por una barra de pan, en lugar de medio euro? Y sobre todo… ¿cómo es posible que a nadie, antes que a Ione Belarra, se le haya ocurrido la feliz idea de bajar los precios en las tiendas a través de un Decreto del Gobierno?

Bien, lector. En principio… da la impresión de que la propuesta podemita es infalible: parece que Ione Belarra, alias La Alegría de la Huerta, tiene un corazón de oro. Aunque, todo hay que decirlo, hay algo que me ha hecho dudar sobre la bondad de esa medida intervencionista: quien propone topar los precios por Decreto es Podemos, el autor intelectual de la Ley Sueltavioladores, de ese prodigio jurídico que ya es referente en el mundo. Por no hablar de lo de entrar en los urinarios de señoras con pene, barba y bigote. O por no hablar de la pena de cárcel por matar una rata a escobazos. No sé. No sé. Podemos está por medio. Algo debe de fallar. ¿Dónde estará la trampa?

Así pues, más mosqueado que un perro en un barrio chino, me puse a indagar en las supuestas bondades de la intervención estatal de los precios, y releí «Los enemigos del comercio», el monumental ensayo de don Antonio Escohotado. Y lo que encontré, amigo lector, me puso la piel de gallina, pues justo por esa política intervencionista sucedió una debacle en todas las naciones que han sido (o son) gobernadas por marxistas.

A continuación, basándome en la historia actual de la Venezuela chavista y en la historia pasada de otros países, explicaré en doce pasos muy simples cómo se gesta un desastre tras abandonar la economía de mercado. No te asustes, lector: la Economía es algo árida… pero con un poquito de humor lo entenderemos sin problema. Ponte cómodo y disfruta.

Paso 1: La ministra Belarra ordena a los tenderos que no vendan la barra de pan a su precio actual de un euro, sino al mucho más amable de medio euro. Un 50% menos.

Paso 2: Entonces, los tenderos llaman a los panaderos para decirles que, a partir de mañana, les comprarán el pan a la mitad de su precio de hoy.

Paso 3: Entonces, los panaderos llaman a los molineros para decirles que, a partir de mañana, les comprarán la harina a la mitad de su precio de hoy.

Paso 4: Entonces, los molineros llaman a los campesinos para decirles que, a partir de mañana, les comprarán el trigo a la mitad de su precio de hoy.

Paso 5: Entonces, los campesinos hacen cábalas de lo que les cuesta a ellos producir el trigo (agua, gasolina, abonos, tractores, plaguicidas, etcétera) y llegan a la curiosa conclusión de que van a trabajar de balde para la ministra Belarra, que cuando bebe la agarra. Y como los campesinos, aunque rústicos, no son imbéciles… plantan el trigo justito para amasar ellos su propio pan, y acaparan el excedente en sus graneros hasta que suban los precios… ¡y que le vayan dando por culo a los urbanitas de la capital!

Paso 6: No hay pan. Aunque la gente tiene euros para gastar, no se encuentra pan por ninguna parte (asumo que, a estas alturas, el lector ya habrá entendido que lo dicho para el pan vale para el aceite, la leche, la carne, las verduras, los zapatos y las aspirinas).

Paso 7: La escasez de productos origina grandes aglomeraciones en las tiendas. Entonces, para que la gente no se acuchille en las colas, Ione Belarra recurre a lo único que se ha inventado en ocasiones similares: las cartillas de racionamiento. Todo el mundo comerá, pero poquito y con orden.

Paso 8: Como la gente de la ciudad aún tiene euros, y como los campesinos han acaparado el poco grano que queda, los urbanitas más “listos” se compinchan con los agricultores más “espabilaos” para traer trigo a las ciudades, aunque sea a precio de oro. En resumidas cuentas: surge el mercado negro de toda la vida, para el que pueda pagarlo. El estraperlo.

Paso 9: Poco después, al no haber compraventa en el mercado libre (recuerda: solo funcionan los estraperlistas y las cartillas de racionamiento), han quebrado las farmacias, las fruterías, las pescaderías, las carnicerías, las panaderías y cualquier comercio privado. Las grandes empresas (cadenas alimentarias, constructoras, eléctricas, etcétera) se marchan al extranjero. Las pequeñas empresas y los autónomos se marchan a la mierda. La destrucción de empleo es terriblemente masiva y, a consecuencia del paro, la gente se empobrece a marchas forzadas y los billetes dejan de circular.

Paso 10: Ante la falta de dinero circulante, el Gobierno activa la maquinaria de fabricar billetes e inunda el país con una moneda que no vale absolutamente nada (pues nadie produce). Es el inicio del desastre final: es la hiperinflación de la actual Venezuela chavista o de la Alemania de 1919-1930, durante la República de Weimar.

Paso 11: Desesperado, el Gobierno toma medidas extremas para evitar la hambruna: fusila a los campesinos que acaparan trigo, les requisa el cereal y les expropia las tierras. Exactamente lo que hicieron Lenin y Stalin entre 1917-1938. O, más recientemente, lo que hizo Chávez en Venezuela: ¿recuerda el lector los alocados gritos de Chávez ordenando “¡Exprópiese!”? Pues era eso exactamente: quitar la propiedad de su negocio a quien desobedezca la orden del Gobierno de vender a pérdidas.

Paso 12: La ruina absoluta. La bancarrota. La represión. Como si hubiese pasado un huracán por el país. Aportaré un solo dato, por ser fácilmente comprobable: la tasa de pobreza extrema en Venezuela en 1998 (el año de la llegada de Chávez al Gobierno) era del 9% (una barbaridad, por supuesto). En el año 2021, tras 23 años de chavismo, era ¡del 68%!: la más elevada de América y, además, con la tasa de delincuencia más alta del mundo. Entonces, en ese momento exacto de la bancarrota, sólo los muy pudientes (las Belarras, las Yolandas, las Montero, los Stalin, los Maduro, los Castro, los Garzón, los jefazos del Partido y los funcionarios afines) pueden comer tres veces al día. Para el resto, lo mejor es emigrar a otro país o sobrevivir con las migajas del Estado. 

Ése es el modelo que propone Podemos, los socios de Pedro Sánchez, los que asesoraron al chavismo en Venezuela. Los que aún entonan loas a Nicolás Maduro y a los hermanos Castro. Los gestores de la miseria generalizada. Los expertos en igualar por abajo. Los defensores de la inactividad social y de la economía subsidiada. Los que, como el ministro Garzón, visten camisetas con el logo de la desaparecida Alemania Oriental: el régimen asesino y liberticida que tanto añoran.

Y ya está, lector. Mantén cerca de ti este artículo por si alguna vez sientes la morbosa tentación de pensar que lo mejor para España es que los “despiadados empresarios” quiebren, y que a Amancio Ortega le vaya fatal. Recuerda que el Estado no lo puede todo. La Historia lo demuestra. En Venezuela afirmaban que lo que les ha sucedido era imposible de ocurrir. Tomemos nota.

El mundo ha salido adelante gracias a muchos Amancios Ortegas y a muchos pequeños autónomos; pero nunca ha salido adelante gracias a señoritas que jamás dieron un palo al agua fuera de la sede del Partido, y que ahora cobran 90.000 euros al año en su cargo de ministras. Ojalá se les seque la yerbabuena. O mejor aún, como decía Rafael Alberti en su famoso poema al que Paco Ibáñez puso música:

<<A Galapagar, a Galapagar;

hasta enterrarlos en el mar>>.

El mundo, amigo mío, funciona moderadamente bien en Francia, Canadá, Holanda, Bélgica, Australia, Nueva Zelanda, Suecia, Dinamarca, Reino Unido, Italia, Portugal o España. A sitios así, y no a Cuba ni a Venezuela, se marchan los fugados del “procés”. Por algo será. Y el mundo ha funcionado y funciona terriblemente mal en Nicaragua, Venezuela, Cuba, Alemania Oriental, la U.R.S.S. o Corea del Norte, paraísos comunistas donde no hay alimentos que comprar ni libertad para quejarse.

Que no te la den con queso, lector. Que no te la den con queso.

Cagoentóloquesemenea y mitad del cuarto más.

EL REY EMÉRITO DURANTE EL GOLPE DE ESTADO DEL 23-F

Juan Manuel Jimenez Muñoz – Médico y escritor malagueño.

23 febrero 2023

Es una pena que la imagen que va quedando de don Juan Carlos Iº, rey emérito de España, sea la de un mujeriego corrupto que se ha trasladado a los Emiratos Árabes para no pagar impuestos. Una verdadera pena. Una desgracia para el país. Una desgracia para nuestra memoria colectiva. Gasolina para los antisistema que buscan derrocar la Constitución del 78 e instaurar una dictadura de estilo bolivariano. Y esto lo digo yo, que soy republicano hasta la médula, pero no idiota, ni antidemócrata, ni desagradecido.

La vida privada de don Juan Carlos Iº no ha sido precisamente ejemplar, pero su contribución a la convivencia, aunque cada vez más ignorada, es indudable. Por ejemplo: nadie menor de 55 años puede tener conciencia clara (personal) del Golpe de Estado del 23-F de 1981. Pero aquí estoy yo para ayudar. Hoy, aniversario de aquel suceso, traigo una versión muy breve para las víctimas de la L.O.G.S.E. Sencillita. Novelada.

Don Juan Carlos, como nieto del exiliado Alfonso XIII, fue designado por Franco heredero a título de rey. Y heredaba, por cierto, los plenos poderes de Franco. En otras palabras: cuando llegase a la Jefatura del Estado, podría apalancarse en el cargo como un monarca dictador al estilo de los sátrapas orientales, o podría traer la democracia a España como en las monarquías europeas. Y optó por lo segundo.

Cuando Franco murió, algunos capitostes del régimen intentaron por todos los medios que continuase el franquismo. O sea: el mismo perro pero con distinto collar. Pero no fue así. Un grupo de hombres había urdido un plan a corto y medio plazo para pasar del franquismo a la democracia, para cerrar heridas de la Guerra Civil, para que “las dos Españas” conviviesen en paz. Daré tres nombres: Torcuato Fernández Miranda, Adolfo Suárez y el rey don Juan Carlos, los tres procedentes del régimen que pensaban liquidar.

Lo de pasar a la democracia desde el franquismo fue peliagudo. El tema fundamental era el Ejército, más franquista que el mismísimo Franco, aunque (y esto es vital) el dictador había dejado una orden expresa (y escrita) para ser cumplida tras su muerte: los militares debían obedecer en todo momento al nuevo rey don Juan Carlos.

Y así, mientras ETA cabreaba a los militares con sus atentados terroristas, mientras los más fascistas del régimen se empeñaban en hacerle la vida imposible al rey, mientras la Oposición en el exilio insultaba a don Juan Carlos apodándole “El Breve”, estos tres personajes que he nombrado se las apañaron para sortear todos los obstáculos y, ya para 1977, convocar las primeras elecciones a Cortes Constituyentes. No sé si me he explicado bien: en menos de dos años, Suárez y don Juan Carlos habían decretado una amnistía general para todos los encarcelados, habían legalizado al Partido Socialista, al Partido Comunista, a todos los partidos independentistas, a la CNT, a Comisiones Obreras y a la UGT. Además, habían hecho regresar del exilio a toda una pléyade de políticos de izquierdas muy destacados en la lejana Guerra Civil. Y más aún: habían sorteado con éxito el descontento de los militares y las carnicerías de ETA por toda España. Y todo eso lo hicieron ellos solitos, sin recurrir a la ayuda de ningún Comité de Expertos.

Tras las primeras elecciones libres se formó un Congreso Constituyente en el que, además de los independentistas vascos y catalanes, figuraban partidos de la derecha, del centro y de la izquierda. Y entre todos redactaron la Constitución de 1978, la que tenemos en vigor, que fue votada favorablemente por el 88% de los españoles (y dicho sea de paso, por el 91% de los catalanes y el 69% de los vascos).

Y atención a esto. En esa Constitución, como en las monarquías europeas, el rey renunciaba libremente a todos los poderes dictatoriales heredados de Franco para pasar a ser un mero árbitro de la lucha entre partidos. De esa manera, tras la Constitución, siguieron más libertades: de culto, de divorcio, de Autonomía… Ojo, lector. He dicho de Autonomía. Me refiero a los 17 reinos de Taifas que disfrutamos ahora, en especial a Cataluña y País Vasco. Eso ya era demasiado para los militares franquistas. Habían tragado a duras penas con la legalización del Partido Comunista y con ser asesinados, día tras día, por la banda terrorista ETA. Pero eso de que la Nación se desgajase en 17 autonomías… Por ahí no iban a pasar. Y no pasaron. El 23 de febrero de 1981 dieron un golpe de Estado. Sacaron a la calle los tanques en Valencia, amagaron en Madrid, tomaron Televisión Espantosa y asaltaron a tiros el Congreso secuestrando a todo el Gobierno y a la totalidad de los diputados; y a punto estuvieron de asesinar a Santiago Carrillo (Partido Comunista), a Felipe González (PSOE), a Alfonso Guerra (PSOE), a Manuel Gutiérrez Mellado (vicepresidente del Gobierno), a Adolfo Suárez González (presidente del Gobierno) y a Agustín Rodríguez Sahagún (ministro de Defensa), a quienes mantuvieron como rehenes “especiales” en una habitación aparte.

La noche del 23 al 24 de febrero fue terrible. Una nueva guerra civil se avecinaba. Los sindicalistas andaban huidos o escondidos. Los líderes regionales, cagados de miedo (con la notable excepción de Jordi Pujol, que dio la cara esa noche e hizo un llamamiento a resistir). Los afiliados a los partidos políticos rompían papeles en casa y se preparaban para ser detenidos y posiblemente torturados. Los periodistas, en paradero desconocido. Los defensores de la plurinacionalidad, si te he visto no me acuerdo. Los españoles en general, encerrados en sus casas pendientes de la televisión. Todos expectantes a ver qué coño decía el rey. Porque el rey, incluso despojado de todos sus omnipotentes poderes franquistas, era la única autoridad que reconocían aquellos militares sublevados.

Y el rey, vestido de capitán general, y a pesar de que Televisión Espantosa estaba tomada, pudo por fin salir ante todos los españoles y desautorizar el golpe. Entonces, como por ensalmo, los militares se retiraron a sus cuarteles y liberaron a los diputados.

Eso sí: al día siguiente, muy valientes todos ya (inclusive el abajo firmante), nos manifestamos en las calles de España contra el golpismo y a favor de la democracia. Y, para no morirnos de vergüenza, nos creímos la leyenda de que “el golpe lo paró el Pueblo”. Y un mojón de pato.

Ya termino. No os quiero dar mucho la vara. Esa «tontería» de la Transición se la debemos a don Juan Carlos I, a ese anciano mujeriego que ahora viaja en camello por los desiertos de Arabia, a ese posible corrupto que se ha marchado de España para cuidar a Froilán: el árbol caído de donde hoy sacan leña quienes se agazaparon en sus madrigueras la noche del 23 de febrero de 1981. Es justo reconocerlo. Es la verdad.

Concursos de acreedores año 2022

Texto parcial de mi nuevo libro EL OTOÑO DE LA DEMOCRACIA

España fue el primer país europeo que se declaró en Suspensión de Pagos, cuando Felipe II era rey del primer imperio de ámbito mundial. Para hacer frente a los inmensos gastos existentes, impuestos: La alcabala, impuesto de aduanas; la cruzada, impuesto eclesiástico; el subsidio, impuesto sobre rentas y tierras y las tercias reales, impuestos a órdenes militares. Felipe II además de subir estos durante su reinado, implantó otros, entre ellos el excusado, impuestos sobre parroquias, y los millones, ocho millones de ducados al año para los seis siguientes, que se dedicaron a la construcción de una nueva Armada. La vida de los españoles del tiempo era muy dura y la carga fiscal excesiva.

Según la mayoría de los autores, el Reino de España ha suspendido pagos o declarado en quiebra en trece ocasiones, durante los reinados de Felipe II (años 1557, 1575 y 1596), Felipe III, Felipe IV, Carlos II, Fernando VII e Isabel II, que apostó por la construcción de numerosas líneas ferroviarias en una inversión sin precedentes, aunque la mayoría de ellas resultaron ruinosas, lo que llevó al desastre a estas compañías y a los bancos financiadores en 1806. Y la deuda de la II República Española, que Franco se negó a reconocer.

Carlos López escribe: “Trece bancarrotas que nos coloca en el primer puesto mundial en este sentido. Bancarrotas que cuentan cómo la historia de nuestro país puede ser explicada por una serie de hechos invariables: pésimos gobernantes, corrupción desmesurada, ausencia de empresarios competentes, analfabetismo e incultura recalcitrante y una sociedad adormecida y aclimatada que sólo es capaz de despertar por hambre y, que cuando lo hace, su propia incultura le lleva por caminos plagados de hechos salvajes hacia el mismo punto prácticamente de donde partió: nuevos gobiernos de políticos igual de corruptos que los anteriores, perpetuidad del sistema de valer más por ser quién eres y no por tus méritos y la terrible incultura que nos lleva a mirar hacia nuestro ombligo mientras nos quejamos amargamente de nuestra suerte y esperamos de la Gracia Divina mejorar nuestro miserable existir”.

Sin hacer comparaciones, porque las circunstancias son absolutamente diferentes al ser hoy España parte de la Unión Europea y tener el euro como moneda común, sí es conveniente recordar la situación de la España real en la que nos encontramos, al margen de quien está, o esté, en el Gobierno de la Nación.

Según datos oficiales del Colegio de Registradores Mercantiles de España, las Estadísticas de Procedimientos Concursales durante el año 2022, han sido:

(*) Con la entrada en vigor el 17 de agosto de 2022 de la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil, se establece que los Juzgados de lo Mercantil conocerán de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil en materia de concurso de acreedores, cualquiera que sea la condición civil o mercantil del deudor, por lo que salvo indicación explícita en los autos correspondientes (muy poco frecuente) se hace imposible diferenciar entre personas físicas con y sin actividad empresarial. Los últimos datos facilitados corresponden al tercer trimestre del año 2022 y el porcentaje de los concursados SIN ACTIVIDAD es el 125,85% de los que tienen actividad empresarial, lo que significa que las personales particulares, en especial los deudores hipotecarios, presentan una morosidad muy superior a los que ejercen actividad empresarial.

(*) Datos noviembre 2022

Como claramente se aprecia, el aumento de los Concursos ha tenido un crecimiento exponencial durante el periodo de gobierno sanchista, desde antes de la pandemia por coronavirus y la guerra ruso-ucraniana, acentuado en los dos últimos años de forma exagerada.

Como hemos reflejado anteriormente, se han dejado de publicar los datos oficiales de concursados sin actividad empresarial, es decir, particulares sobreendeudados, en concreto operaciones hipotecarias que, esperemos, no hayan sido movilizadas por los bancos prestamistas y ahora se encuentren dentro de esa burbuja subprime que provocó la crisis económica anterior.

        Igualmente, es de destacar que según nota del propio Colegio de Registradores, el índice de morosidad está influenciado por “El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, en su artículo 43, procedió a suspender temporalmente el deber de solicitar la declaración de concurso por el deudor insolvente (mientras estuviere vigente el estado de alarma), a la vez que, también de forma temporal (durante el estado de alarma, hasta transcurrir dos meses a contar desde la finalización de este), se preveía la inadmisión a trámite de las solicitudes de concurso necesario. La norma fue derogada por otra posterior, Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, que extendía sus efectos hasta el 31 de diciembre de 2020. Posteriormente por medio de la Disposición Final Décima (tercer punto) del Real Decreto-Ley 34/2020, de 17 de noviembre, esta extensión se prorrogó hasta el 14 de marzo de 2021. En 2021, el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, en su apartado cuarto de la Disposición final séptima, habilitó una nueva prórroga hasta el 31 de diciembre de 2021. Y con posterioridad, el Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación, se habilitaba una nueva moratoria hasta el pasado 30 de junio”.

Es decir, se han hecho diferentes reformas encaminadas a que las empresas pudieran continuar su actividad pese a su alto grado de apalancamiento y el alto porcentaje de falencia que pueda suponer en un futuro, ante el temor a una avalancha de concursos y quiebras, evitando con que crezcan las estadísticas del paro, utilizando un trampantojo gramatical similar al de los “fijos discontinuos”, y traslada al año 2024, una vez celebradas las próximas elecciones generales, el reflejo público de datos y sus consecuencias de la cada vez peor situación empresarial en un contexto en el que se vislumbra un grave deterioro de las perspectivas económicas.

El ratoncito

Que Ione Belarra es una mindundi, con sostén o sin él, es una verdad al alcance de cualquier que tenga un mínimo de cociente intelectual. Pero que nos haga una ley, y el partido sanchista apruebe, en la que se reforme el Código Penal de tal forma que se castigue con penas de entre 18 y 24 meses de cárcel si el animal muere, hasta 36 meses si hay más de un agravante y entre 5 y 10 años de inhabilitación para convivir o trabajar con animales, tratándolos conforme a condición de seres sintientes, mientras aumenta día a día la pobreza en la nación y Cataluña va a solicitar un concierto económico para dejar de contribuir a la caja común del Estado, va más allá de si el perro de San Roque tiene o no rabo.

Según newtral.es, ese chiringuito de la verdad oficial que únicamente existe en los países en los que los gobiernos están muy lejos de ser una democracia, los puntos clave de sanción son:

“Si es necesaria atención veterinaria. Se aplicarán penas de tres a 18 meses de prisión o multa de seis a 12 meses por actos de maltrato animal que impliquen tratamiento veterinario para “el restablecimiento de su salud”. También se castigará con la misma pena si alguien somete a un animal vertebrado a explotación sexual.

Si no se requiere de atención veterinaria. El responsable de causar las lesiones al animal será sancionado con una multa de uno a dos meses o con trabajos en beneficio de la comunidad de uno a 30 días. Esta misma pena también se le impondrá a quien maltrate “gravemente” a un animal “sin causarle lesiones”.

En caso de abandono. Si el responsable de un animal vertebrado lo abandona en condiciones que puedan “peligrar su vida o su integridad”, será castigado con una pena de multa de uno a seis meses. También se contemplan trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

Si fallece el animal. La pena de prisión llegará a ser de 12 a 24 meses o multa de 18 a 24 meses si se causa la muerte de un animal. Asimismo, se recoge la posibilidad de inhabilitación de hasta cinco años para la convivencia o el trabajo con animales.

Violencia de género. La iniciativa incorpora la violencia instrumental contra animales como agravante en casos de violencia de género”.

Nos encontramos en situaciones tan kafkianas como que uno puede ir a la cárcel por matar un ratón en su casa, por comerse una gallina criada en el corral del pueblo o por matar un gato que se te cruce en la carretera. Y mucho cuidado con lo que sentencien los jueces, que seguramente es porque no entienden la ley o son animalmente machistas.

Ya no se trata de izquierdas ni de derechas, es de ser o no gilipollas elevado al cuadrado.

Antonio CAMPOS