Armonización fiscal

¿Puede ser socialista-marxista una persona que, antes de ser ministro, es probable que ganase 250.000 euros anuales y pensar lo mismo que alguien que era cajera de un supermercado y es factible ganara unos 15.000 euros anuales? Las cifras me las invento, por no estar callado, pero parece que sí, que aunque hubiera mucha diferencia entre el poder adquisitivo de una subalterna con el director de una reputada Unidad de Estudio de una multinacional, los nuevos trabajos políticos deben dar mucho de sí, como el chicle, porque parece que se juntan los extremos, al menos en cuanto al tema económico y el nivel de vida, porque el poder obnubila la razón y pretende hacer iguales a desiguales, que es la mayor injusticia que existe bajo la capa del cielo, esté o no ocupado por alguien.

Algunas autonomías del Partido Popular han descubierto el hilo negro en economía: Que cuando los impuestos son altos, bajarlos a empleadores y empleados, y darles facilidades fiscales, atrae la inversión, de cualquier sitio, nacional e internacional. El fondo del boom económico español de los años sesenta, fue ese; el de las regiones vascas y catalanas durante el régimen franquista, igual; eso hizo que las grandes empresas e industrias punteras de entonces se establecieran en España y, en concreto, en esos dos territorios a los que sí, en efecto, Franco compró la paz social con ello.

El ministro Escrivá, una de las grandes decepciones de nuestro Gobierno, que va a terminar por quebrar la Seguridad Social de forma definitiva, a la que ya cogió con el agua por arriba del cuello, ha lanzado un mensaje de armonización fiscal en todas las autonomías, porque ha visto como algunas de las gobernadas por el partido de la oposición nacional, están creciendo muy por encima de aquellas en las que gobierna el PSOE o alguno de sus conmilitones, esos que quieren deshacer España y mantienen a Pedro Sánchez en el poder.

¿Se refiere Escrivá a que vamos a armonizar con la Unión Europea, que no será absolutamente nada, lo que es ahora, mientras no haya un gobierno, un parlamento, unas leyes, unos tribunales, una justicia, un ejército, un etc., etc., únicos e iguales para todos? ¿O lo que quiere es que aquellas autonomías que se gastan el dinero en ampliar el odio a España, en embajadas propias, en policías y paramilitares propios, y en otras muchas cosas que van en contra del resto del país, no bajen sus impuestos, sino que sean las autonomías que mejor lo están haciendo fiscalmente quienes los suban? ¿Van a ser todos los impuestos iguales y para todas las autonomías o solo los que beneficien a los que sostienen en el poder a su líder Pedro Sánchez? ¿Por qué no se armoniza a la baja, reduciendo los impuestos en aquellas autonomías que se quejan de “malas prácticas” si no es porque estas tienen que mantener sus estructuras para independizarse de España?

Se vuelve a utilizar el trampantojo y, dicen, podrían llamarlo prestaciones patrimoniales no tributarias al Estado. Una vez más se cumple la Ley de Murphy. Bruselas es peor y más poderoso porque tiene la potestad de fabricar Deuda Pública mediante una fotocopiadora y habla de “la necesidad de aplicar de forma más coordinada la fiscalidad sobre la riqueza entre los distintos territorios para garantizar un nivel de imposición mínimo y coordinado, evitando la competencia fiscal perjudicial entre las comunidades».

Pero hombre, que mire su propio ombligo: Hay que recordar que Escrivá ocupó la misma función en la empresa privada que Miguel Sebastián, no recuerdo bien si fue su sucesor en el puesto, y que este, también socialista y ministro en su día, es totalmente partidario de suprimir el Impuesto de Patrimonio, por razones técnicas que no vienen al caso en estos momentos, pero entre otros motivos prácticos, porque no se paga en ningún país de la Unión Europea, siendo Noruega y Suiza los dos únicos países que lo contemplan en toda Europa. Dice Miguel Sebastián que  ”El Impuesto sobre el Patrimonio habría que quitarlo definitivamente, de una vez por todas. Es penoso que volvamos en España al debate entre ricos y pobres y mezclar la eventual supresión de este impuesto con la viabilidad del Estado de Bienestar”. ¿Por qué Bruselas va a ver con buenos ojos esa discriminación con España? ¿Qué vende Pedro Sánchez por ahí, sin que lo sepamos los españoles?

A la vez que nos quieren poner este supositorio, la ministra cirujana -Dios nos libre caer en sus manos- dice que “No sería ético, no podemos recortar ni nuestros sueldos ni el de nuestros ministros ya que eso sería populismo …. Aunque España tendrá que hacer un gran esfuerzo y prepararse para los recortes que se esperan”. Y, de un golpe, Pedro Sánchez se gasta 573 millones de euros públicos en su viaje a Estados Unidos para conseguir una foto con Bill Gates y autoproclamarse aspirante a presidir la Internacional Socialista. No les voy a llamar sinvergüenzas, pero sí caraduras, fuertes con el cobarde y cobardes con el fuerte.

La armonización, que no deja de ser una recentralización de la toma de decisiones, debería aplicarse a otra serie de competencias, tipo Estados Unidos, ese gran país que nos ha metido en la refriega con Rusia que ya veremos cómo acaba todo: Desde el nombramiento de jueces y fiscales a través del voto, pasando por elecciones diferentes para el poder legislativo y el poder ejecutivo, hasta la policía, justicia y cárceles federales (nacional en nuestro caso), para una serie de delitos previamente establecidos por su gravedad, educación en el idioma nacional y un aprendizaje como segundo idioma del propio autonómico, en el que cualquier ciudadano no fuera discriminado en ninguna parte de la nación, además de por razón de sexo, color o religión, por el idioma. Y no, no soy un iluso. Sé que no lo hará, ni el PSOE ni el nuevo líder de la oposición, que me parece luce la misma enseña en su solapa y está empezando a tomar posturas formadas por sufijación rajoyana de Don Tancredo.

En cuanto a las pensiones, antes o después, el gobierno de turno -lo que pasa es que ningún turno quiere asumirlo- pasará como sucedió en Grecia, serán los más débiles políticamente hablando, o sea, los funcionarios y los pensionistas, quienes verán reducidos sus ingresos de una forma sustancial, contrabalanceo para seguir pagando a estómagos agradecidos que no han ingresado nada en la caja común de todos los españoles y que no piensan hacerlo en toda su vida, pero que votan al partido gobernante.

Escrivá, empleado que fue de banca, debería consultar con sus amigos de la UGT, los de antes de inventarse las cigalas, los de 1981, que fueron los que modificaron la forma de jubilarse los empleados de ese sector, calculando los derechos adquiridos hasta ese momento de forma individualizada, y aportando esa cuantía (en varios años) a una “mochila” que se siguió nutriendo de lo contribuido cada año sucesivo por empleador y empleado y que va con el trabajador dónde quiera que preste sus servicios.

Pero para eso, el Estado (todos los españoles) debería aportar menos, pero en cambio sí aportar más los patronos y los obreros. Y “con la iglesia hemos topado”, ahora que Pedro Sánchez quiere que nos entierren en una caja de cartón, como venían los zapatos de El Gorila en tiempos de Franco. ¡Cualquiera se atreve a eso! Porque como España es el país de los derechos y no de las obligaciones, adiós al voto, al colchón de la Moncloa, a los diez coches blindados de escolta, a los Pumas y a los Boeing, que creo todos ellos van a moverse con electricidad, dando ejemplo a la ciudadanía.

Lo de la solidaridad está muy bien, siempre que no sea SOL y DAR Y DAR. Porque siempre toman el sol los mismos y dan los mismos, pero ambos no son los mismos. No sé si me explico.

Antonio CAMPOS

Semántica retorcida

El Gobierno sanchista ha presentado una proposición de ley para establecer un «gravamen excepcional no tributario», una «prestación patrimonial de carácter público» a banca y energéticas que, dada la mayoría absoluta parlamentaria que lo sostiene, es de suponer se aprobará sin enmiendas de ningún tipo.

Estos gravámenes, dice la Exposición de Motivos que trata de justificarlos, «están caracterizados por su carácter coactivo y el interés público que subyace en los mismos. Además, “dichas prestaciones no tienen un carácter tributario, por cuanto se configuran como instrumentos de intervención del Estado en la economía […] Por tanto, la exigencia de la prestación a los obligados al pago no se incardina en el ámbito de una relación jurídica-tributaria, sino en el contexto de la intervención del Estado en la economía a fin del cumplimiento de los principios y valores constitucionales que rigen nuestro contrato social».

Este nuevo impuesto, torticeramente retorcida la semántica, sobre las entidades bancarias y las empresas energéticas, se ha concebido que sea del 1,2% sobre las ventas de las empresas energéticas y del 4,8% sobre las comisiones e intereses netos de las entidades financieras, lo que, de entrada, significa que está redactado por alguna mala persona, que deja fuera del devengo todos los gastos que la actividad empresarial lleva consigo.

En la referente a los bancos, esa definición de “comisiones e intereses netos”, sin más explicaciones adicionales, corresponden al Margen Bruto de su Cuenta de Resultados, que según  el experto financiero Jose Ramón Fernández de la Cigoña lo simplifica: “Margen bruto = Ventas – Coste de los bienes vendidos”.

Sólo se tendrá en cuenta las operaciones dentro de España, por lo que los más beneficiados serán los grandes grupos diversificados internacionalmente, y en el caso de empresas extranjeras sólo tributará la filial doméstica. La base imponible serán los beneficios de los años 2022 y 2023 y se abonarán a ejercicio vencido en el mes de septiembre del año siguiente, con un pago a cuenta del 50 % del total en el mes de febrero, y no podrán deducirse en el Impuesto de Sociedades.

 Si analizamos los datos que han presentado las principales entidades bancarias a fin del primer semestre del presente año, las cifras serían las que se indican a continuación, que drenará liquidez al mercado y que podría acarrear problemas financieros a alguna entidad.

Pese a que el Gobierno tiene mucho cuidado en no nombrar la palabra impuestos en esta nueva propuesta de ley es evidente que no se trata de una tasa, pues estas se imponen a cambio de un servicio, que no es este el caso; es por tanto un impuesto al que se le ha cambiado la semántica para tratar de evitar pleitos ante la justicia porque, claramente, es una doble imposición que ya se grava en el Impuesto de Sociedades.

Como guardián de su cumplimiento ponen al Banco de España, cuando es el BCE el único habilitado para investigar en los bancos sistémicos europeos, y fue el que en su día dijo que “las entidades bancarias deben trasladar todos sus costes a los nuevos créditos”. Y los precios los marca la libre competencia porque si el Gobierno decidiera estabular los tipos de interés máximos a aplicar, entonces estaríamos claramente en una senda autócrata sin duda alguna.

Pese a que el Gobierno tiene mucho cuidado en no nombrar la palabra impuestos en esta nueva propuesta de ley, es evidente que no se trata de una tasa, pues estas se imponen a cambio de un servicio, que no es este el caso; es por tanto un impuesto al que se le ha cambiado la semántica para tratar de evitar pleitos ante la justicia porque, claramente, es una doble imposición que ya se grava en el Impuesto de Sociedades.

Como guardián de su cumplimiento ponen al Banco de España, cuando es el BCE el único habilitado para investigar en los bancos sistémicos europeos, y fue el que en su día dijo que “las entidades bancarias deben trasladar todos sus costes a los nuevos créditos”. Y los precios los marca la libre competencia porque si el Gobierno decidiera estabular los tipos de interés máximos a aplicar, entonces estaríamos claramente en una senda autócrata sin duda alguna.

Además, se abre una nueva vía judicial tanto para el Gobierno como para bancos y eléctricas, porque al no tratarse de impuestos, según ellos, no podrá aplicarse la vía económico-administrativa prevista para los tributos, ni los recursos pertinentes, quedando todos al arbitrio de los diversos tribunales que sentenciarán de diferentes formas.

Es de suponer que las empresas afectadas presentarán recurso de inconstitucionalidad, ese organismo que debería ser el sacrosanto lugar de justicia unánime e irrebatible, pero que se ha convertido en un partido en el que todos los intermediarios tratan de que jueguen los peones adictos a su causa y que, vistos antecedentes, en el mejor de los casos podrían pasar varios años antes de su decisión por lo que, si hubiera que devolver el dinero ahora recaudado, serían otros, del partido gobernante o de la oposición, pero no estos membrillos excesivamente azucarados en olor de multitudes dictatoriales bolivarianas de “si Ana Botín e Ignacio Galán protestan, es que vamos en la buena dirección”, o sea, todos para pobres subvencionados y en primer tiempo de saludo a favor del Gobierno.

El tema, en mi opinión, tiene otras derivadas que, hasta ahora, han pasado desapercibidas para los medios de comunicación.

La falta de seguridad jurídica y de garantías que tiene España para el inversor extranjero, fundamental para que llegue el dinero a nuevas empresas, actuales, tecnológicamente avanzadas y que generen valor añadido para todo el mundo, empezando por los salarios de sus empleados.

España sigue siendo un país de economías particulares moderadas y muchas familias, de todo tipo y condiciones, tienen sus pequeños ahorros en Planes de Pensiones y Fondos de Inversión que, todos, tienen posiciones en bancos y eléctricas, por su solvencia a largo plazo y por sus rendimientos en dividendos. Aquí va a salir perjudicado todo el mundo, sobre todo el modesto ahorrador que no tiene posiciones en los mercados internacionales, que son absoluta mayoría.

Todavía hay personas interesadas en decir, muy seguros y en voz muy alta, que hace años se rescataron a los bancos españoles. Es mentira, con mayúscula. Se rescataron a las centenarias Cajas de Ahorro, tomadas al asalto por políticos, sindicalistas y caciques locales, alguna de ellas con ilustres apellidos en sus consejos asesores y largas carreras políticas descorbatadas. Es más, tampoco. Se salvaron a los depositantes, a todos esos que, sin saber nada del tema aceptan como buenos los mensajes interesados, al Juan Español de a pie, que hubiera perdido sus ahorros pues el Fondo de Garantía de Depósitos no tenía dinero para hacer frente a todas las insolvencias que se habrían producido.

Y, en tercer lugar, algún maléfico, físico o mental, podría estar pensando en una OPA sobre los bancos españoles, cuya cotización está a tiro de piedra de algún amigo que facilitase la nacionalización de la banca vía toma de accionariado a unos precios muy por debajo de su valor en libros. Hay quien pensará que esta es una idea digna de Edgar Alan Poe, pero no, es una posibilidad que los consejos de administración de esas entidades deberían plantearse.

Y la oposición, ¿qué dice de todo esto? Me temo que, entre tenidas conjuntas y temidas universales, piensan en Esopo: Las uvas todavía están verdes.

Antonio CAMPOS

Más impuestos para el ahorrador

El BOE del pasado 14-10-2021 publicó la Orden del Ministerio de Hacienda para la determinación de los valores de referencia de los inmuebles, que se determinará, anualmente, por aplicación de módulos de valor medio, basados en los precios de todas las compraventas de inmuebles efectivamente realizadas ante fedatario y obtenidos en el marco de informes anuales del mercado inmobiliario, en función de las características catastrales de cada inmueble. A ese precio se le aplicará el nuevo coeficiente de minoración del 0,9%, que no podrá superar el valor de mercado.

Ese coeficiente de minoración pasa del 0,50% actual al 0,90% por lo que la subida prevista en la valoración de los inmuebles en venta, donación y cualquier otro tipo de transmisión pasa a ser casi del doble, el 80% concretamente, lo que se traducirá en mayor devengo de impuesto y plusvalías por Sucesiones, de Patrimonio y de Transmisiones Patrimoniales.

Parece ser, aunque la Orden citada no lo recoja, que «Los valores catastrales vigentes no se verán afectados, por lo que esta nueva norma no tendrá ningún efecto en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que usa el valor catastral como base imponible, y no el valor real.

Enmascarado bajo norma contra el fraude fiscal, la realidad es que es una forma de generar más ingresos que, como siempre, serán soportados por “la clase media” porque los mamertos jóvenes subvencionados no tienen viviendas y los verdaderamente ricos tienen sus muy bien pagados asesores que, de alguna forma, verán una salida airosa para sus intereses. El ciudadano honrado y trabajador, que ha comprado su vivienda con el esfuerzo de toda su vida, verá cómo su herencia se diluye en impuestos y gastos cuando haga el ULVI, su último viaje.

En España tenemos problemas para pagar las pensiones, para dotar de personal a la sanidad pública y que los quirófanos estuviesen activos las veinticuatro horas del día, faltan residencias de mayores, faltan maestros, las carreteras están desatendidas de conservación, la policía desbordada, la justicia dicta sentencias en muchos casos cuando puede, no cuando debiera, puntual e inmediata a la realización de los delitos, y así podríamos seguir enunciando carencias y problemas provocados por la falta de dinero que ni las Autonomías ni el Estado invierten en estos temas.

En cambio nadie dice nada del dinero gastado en inmigrantes ilegales, MENA, televisiones para mayor gloria del cacique autonómico, bonos culturales a quien no ha leído una novela en toda su vida, asesores políticos semianalfabetos, chiringuitos sin contenido para la sociedad pero refugio de adictos y otra multitud de dispendios dinerarios, que hay que pagar con los impuestos de quien verdaderamente son los únicos que pagan impuestos, la clase media, al menos en un porcentaje sobre ingresos mucho más alto que cualquier otro segmento ciudadano, los de abajo porque no pagan y los de arriba porque minimizan su importe optimizando las grietas que la ley les permite.

Según el jurisconsulto romano Domicio Ulpiano, “la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde”. ¿Es justo el trasvase de dinero de quienes han trabajado durante toda su vida a           quienes no lo han hecho, ni piensan hacerlo, nunca? Porque esta es la única razón de la subida de impuestos como intento de mantenerse en el poder quienes han creado “una secretaría de Reforma Constitucional y Nuevos Derechos”, que es presagio de “Cortes Constituyentes” unipartidista, tipo Venezuela, ese país sobre el que “El Pollo Carvajal” ha declarado que Iglesias, Monedero y Errejón «ayudaron a destruir Venezuela asesorando sobre expropiaciones». No son buenos presagios para la democracia imperfecta que disfrutamos en España.

Antonio CAMPOS

Oprimir al trabajador, estímulo para vagos

Autor: Antonio Iturralde Gilmartín

La Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 (LPGE 2021), ha modificado la Ley General de la Seguridad Social y, dentro de las modificaciones realizadas, introduce el siguiente apartado 2 en su artículo 309:

2. También estarán sujetos a una cotización de solidaridad del 9 por ciento sobre la base mínima de cotización del Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, los pensionistas de jubilación que compatibilicen la pensión con una actividad profesional por cuenta propia estando incluidos en una mutualidad alternativa al citado régimen especial al amparo de lo establecido en la disposición adicional decimoctava, la cual no será computable a efectos de prestaciones.

La cuota correspondiente se deducirá mensualmente del importe de la pensión.

¿Qué quiere decir esto? Para daros un ejemplo práctico os expondré mi caso:

1.- Durante 45 años he estado cotizando a la SS como trabajador por cuenta ajena, hasta jubilarme al cumplir los 65 años. Durante la mayoría de esos años de cotización a la SS, lo he hecho en su cuantía máxima, para llegar en la actualidad a tener una pensión mensual de 2.707,49 € que, tras la retención del IRPF del 19,76% que se me realiza, me suponía un abono neto mensual de 2.172,49 €.

2.- En mi caso, como en el de otros muchos profesionales, la situación personal, familiar, etc., me obliga a seguir ejerciendo como abogado por cuenta propia, lo que es y ha sido compatible para todos los profesionales que cuenten con una mutualidad alternativa al régimen de la SS, como lo es la Mutualidad de la Abogacía y otras (médicos, arquitectos, etc.).

El ejercicio de la abogacía por cuenta propia, supone la declaración de unos ingresos por actividades económicas que se suman a los ingresos por las rentas del trabajo constituidos por la pensión, situación que genera una mayor tributación en el IRPF por dos factores, ya que además de generarse mayores cantidades de renta que generan impuestos, asciende la base imponible por la suma de la pensión de jubilación y la actividad de abogado por cuenta propia, con lo que el tipo impositivo es mayor. Por lo tanto, el ejercicio de una actividad profesional por cuenta propia siendo, a la vez, pensionista, no es un privilegio, sino un esfuerzo laboral que genera mayor recaudación para el Estado.

3.- El actual Gobierno de la Nación, en su afán por proteger a los trabajadores, ha decidido respecto de los que seguimos trabajando con más de 65 años, generando mayores ingresos vía impuestos por nuestro trabajo y, por la pensión de jubilación obtenida tras muchos años de cotización, premiarnos con una “COTIZACIÓN DE SOLIDARIDAD” de 170 €/mensuales desde julio hasta diciembre y que, en 2022 se revisará.

4.- El resultado es que después de años en que la pensión de jubilación ha permanecido inmóvil, de golpe el abono de mi pensión pasa de 2.172,49 € a 2.002,49 €.

Reproduzco el texto de la carta que me ha enviado la SS, al objeto de que no quepa considerar sesgado su contenido en esta nota y, de manera que quien la lea pueda interpretarla según considere.

Finanzas estatales

Comenzamos un nuevo año y pese a los buenos deseos de todos, los problemas de los españoles siguen siendo los mismos, es más, yo creo que se van a acrecentar en el ya presente 2021. Hoy nos centraremos en las fuentes de financiación del Estado.

El Estado tiene dos fuentes principales de financiación: la Deuda Pública y los Impuestos. La Deuda Pública Española ha aumentado de forma desorbitada en los últimos tiempos, por los gastos derivados de la pandemia por coronavirus, por menores ingresos por aumento del paro y la reducción de beneficios empresariales, y por las subvenciones de todo tipo que se están produciendo para que la ciudadanía sienta que seguimos en una sociedad del bienestar, que no se corresponde con la realidad financiera del país y que si no se pone remedio urgente a la situación, desembocará en “colas del hambre” y revueltas callejeras, tanto de autóctonos como de inmigrantes.

La mayor parte de la Deuda Pública Española la tiene el BCE, preocupado seriamente por su creciente volumen porque mantiene en su cartera un importe estimado de 330.000 millones de euros, el 25% del total, fondos soberanos e inversores extranjeros poseen el 30% y los bancos españoles un total entre el 15 y el 20% que, abocados a fusionarse a corto plazo, van a tener en sus balances una exposición muy elevada al futuro económico de la nación.

Además, durante el año 2021 han de salir al mercado otros 300.000 millones de euros, 190.000 millones de euros para refinanciar emisiones anteriores, y 110.000 millones de euros nuevos, para el incremento del déficit y las desviaciones presupuestarias de los PGE recientemente aprobados. Y las ideas expansivas del gasto que mantiene el Gobierno van en contra de cualquier política de reducción de la deuda. España, y los residentes en España, estamos viviendo muy por encima de nuestras posibilidades reales y eso, antes o después, se acaba pagando.

La otra fuente de ingresos son los Impuestos. Estas son las modificaciones contempladas en los PGE, que entran en vigor con la llegada del nuevo año.

Alza fiscal del IRPF de dos puntos para las rentas del trabajo superiores a los 300.000 euros, y de tres para las del capital por encima de 200.000 euros. Si se suprimiera el tope de cotización a la Seguridad Social, quienes ganan ese dinero tendrían que repensarse si el líquido resultante merece la pena sobrepasar, o no, esos importes brutos; y si la preparación, el esfuerzo y dedicación que hacen para ganarlo es justicia distributiva al trasvasarlo a aquellos de no hacen nada y tienen “todo gratis”.  

Otro cambio que recogen los Presupuestos es la vigencia indefinida del impuesto sobre el patrimonio, que se suprimió en 2008 y se reintrodujo con carácter temporal durante la anterior crisis financiera, prorrogándose desde 2011 año tras año. El Gobierno también ha subido un punto el tipo —del 2,5% al 3,5%— para las fortunas de más de 10 millones de euros. Este impuesto será nulo de ingresos para la Hacienda Estatal, ya que este gravamen está cedido a las comunidades, que lo recaudan y tienen la capacidad de bonificarlo hasta el 100%, como ocurre en Madrid.

Como quiera que Madrid es la CCAA que más aporta a la caja estatal, con los impuestos autonómicos más bajos, el Gobierno ha pactado con ERC una armonización fiscal, lo que realmente significa que Madrid tenga que subir sus impuestos autonómicos al mismo nivel y rango que el resto de autonomías, dejando fuera el Régimen Especial del País Vasco y Navarra (ahí hay mucho miedo, prohibido tocar no vaya a ser que se molesten), porque los sectores independentistas vascos y catalanes son los que mantienen a Pedro Sánchez en el poder. Todo ello va a llevar a replantearse los impuestos autonómicos por IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, y si a esa parte de la población que más gana y mantiene el sistema de los que nada aportan, le conviene o no fijar la residencia en otros países europeos, como Portugal, a la misma distancia que Valencia o Málaga, que espera con los brazos abiertos y amplia exacción de impuestos a todo aquel español que allí llegue.

Incremento del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% al 21%, incluidos “cubatas”.

En el impuesto de sociedades, se limitará al 95% la exención sobre dividendos de las filiales para grupos con ingresos superiores a los 40 millones; las que facturen menos tendrán un periodo de gracia de tres años.

Se gravarán al 15% los dividendos no distribuidos de las Socimis -sociedades especializadas en inversiones inmobiliarias-, que ahora están exentas de pagar el impuesto de sociedades si reparten al menos el 80% de los dividendos entre los accionistas.

Subida de las cuotas de los autónomos entre tres y doce euros más mensualmente.

Impuesto a los residuos y a los envases plásticos.

Subida del impuesto de matriculación, debido a que se empezará a usar la nueva normativa WLTP para medir las emisiones. Se estima una subida media del 5%.

Se reduce los incentivos a los planes de pensiones individuales: el límite máximo de deducción por las aportaciones pasa de 8.000 a 2.000 euros. Para los planes colectivos, al contrario, aumenta de 8.000 euros a 10.000 euros.

Sube del 6% al 8% el tipo de gravamen del impuesto sobre primas de seguros.

La tasa Google gravará a un tipo del 3% a las grandes empresas con ingresos superiores a los 750 millones a nivel mundial y facturación en España de más de tres millones. Mientras que la tasa Tobin -el tributo a las transacciones financieras- gravará con un 0,2% las operaciones de compraventa de acciones de compañías españolas que coticen y tengan capitalización mayor a 1.000 millones de euros, todo el IBEX.

Se reduce de 2.500 a 1.000 euros el pago en efectivo entre empresas y particulares.

El sector de los combustibles vaticina una subida media del precio de los carburantes de 0,07 euros por litro.

La factura del gas sube de media el 5,97%

Correos subirá los sellos de las cartas hasta un 22,6%. El sello para el envío de cartas y tarjetas postales (normalizadas y de hasta 20 gramos de peso) a destinos nacionales subirá un 7,7%, y pasará a costar 0,70 euros. El envío de paquetes nacionales costará también un 5% más. La empresa pública ha encarecido más de un 55% la correspondencia nacional en cinco años.

Se prevé que baje la luz hasta un 13% de manera progresiva durante los próximos 5 años, debido a la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico.

Se calcula que las tarifas de las autopistas bajen un 0,11%.

El Ingreso Mínimo Vital sube un 1,8%

Las pensiones y prestaciones suben el 0,9% en el caso de las generales y el 1,8% en las no contributivas.

Si excluimos el aumento de cotización por IRPF a las rentas altas, el resto de las medidas adoptadas van a desembocar en un incremento de los precios al consumidor final, a la clase media que sostiene el país, a esos que se levantan todos los días antes de amanecer para que los verdaderamente ricos tengan a buen recaudo sus fortunas y los que no trabajan, ni quieren hacerlo en toda su vida, vivan a cuenta perpetua del “papá Estado”, al que le sale más beneficioso tenerlos callados y contentos que prepararlos, y obligarlos a través de leyes de reinserción laboral, para que aporten valor añadido al conjunto del país, que falta va a hacer en este año 2021 en el que las dificultades económicas van a ser aún mayores que en el infausto 2020 pasado. ¡Virgencita, virgencita, que me quede como estoy!!

Paraíso fiscal de Madrid

Estamos a punto de morir, de rodillas, ante las nuevas hordas dictatoriales e implorando una vacuna que pretende modificar el ADN humano mediante ingeniería genética en el que se han introducido genes de otras especies, como el chimpancé.

Al amparo del miedo que nos invade, la política española se está convirtiendo, se ha convertido ya, en un mercadeo árabe en el que el regateo es de obligado cumplimiento, con el agravante que nuestros políticos saben de antemano que van a llegar a un acuerdo, satisfactorio en beneficio mutuo, a pesar del espectáculo teatral que representan a diario.

Pedro Sánchez impone a Margarita Robles, ministra de Defensa, trasladar el cuartel del Ejército en San Sebastián para lograr el voto favorable del PNV a los Presupuestos. Estos cuarteles están plenamente operativos, estratégicos para el CNI y, con ellos, desaparece la inmediatez de actuación en el País Vasco ante cualquier insurrección o hipotética independencia, en la que el Ejército tardaría en reaccionar más de lo debido, situación no descartable ante manifestaciones como las que ha realizado Otegui: “Necesitamos que la gente ocupe la calle ….. hemos convocado una manifestación para el día 6 de diciembre, en contra de la Constitución, por la república vasca ….. con sectores abertzales, soberanistas, a los de izquierda, a las mujeres, a los antifascistas ….”  

El otro punto álgido separatista, Cataluña, por boca de un personaje con nombre que lo define, exige a Pedro Sánchez que ponga fin al control financiero del Estado a la Generalitat y que iguale los impuestos que se pagan en la Comunidad Autónoma de Madrid con la del resto de autonomías. Lo que realmente está pidiendo es que se suba el IRPF y el impuesto de sucesiones y donaciones, para igualarlos a los vigentes en las autonomías regidas por socialistas, podemitas e independentistas, que dilapidan el dinero en gastos “suntuosos” de tipo proselitista, subvenciones a adictos, embajadetas publicitarias y todo tipo de actos cuyo único objetivo es su ansiada independencia. Todo ello mediante una enmienda a los PGE con la siguiente redacción:

1. Se crea la cuota estatal en el Impuesto sobre el Patrimonio cuyo rendimiento constituye ingreso del Estado no cedido a las Comunidades Autónomas.
2. Tributan por la cuota estatal los contribuyentes por obligación personal
3. La determinación de la cuota líquida estatal se ajustará a las reglas siguientes:
4. a) Se aplicará la normativa estatal vigente reguladora del Impuesto. En ningún caso serán de aplicación las normas aprobadas por las Comunidades Autónomas en ejercicio de la capacidad normativa reconocida en la Ley de cesión tributos.
5. b) El importe del mínimo exento, así como la escala de tipos de gravamen, serán los que haya fijado la normativa estatal con carácter supletorio”.

Si esto se lleva a efecto, se cierra la puerta a las reducciones que tienen establecidas las comunidades autónomas, y antes que transcurran los muchos años que se tardan en obtener una sentencia final firme, Madrid debería enrocar el texto legal (hay que ser más malos que los malos) a través de vías subsidiarias compensatorias a estudiar.

Ya puesto, deberíamos igualar también el Concierto Económico del Régimen Fiscal del País Vasco y Navarra, la calidad de la sanidad pública, los sueldos de los funcionarios, policías, guardias civiles, bomberos, profesores, médicos y enfermeros; la compra unificada de material sanitario al mismo precio en todas las comunidades autónomas; el embargo al FC Barcelona por impago a Hacienda, al igual que ha hecho con los jubilados morosos mediante detracción de su deuda en la nómina extra de este mes; y así en otros muchos temas en los que, principalmente Cataluña, ha mantenido una ventaja competitiva hasta que al dinero le pusieron alas con un tres por ciento de potencia y se trató de disimular con el adoctrinamiento independentista.  

Madrid se ha decantado por bajar los impuestos, y ha obtenido mayores ingresos; Cataluña ha implantado impuestos hasta por tomar una gaseosa y, junto al éxodo de empresas debido a sus pretensiones independentistas, ha reducido drásticamente sus ingresos fiscales; a esto, lo llaman “paraíso fiscal de Madrid”, lo que solo es una buena administración basada en controlar los gastos y aumentar los ingresos, idea fundamental en cualquier empresa bien gestionada.

Otra que se queja de lo mismo es María Jesús Montero, que fuera consejera de Hacienda bajo el Gobierno de Susana Díaz y que no pudo hacerlo peor, batiendo todos los récords de paro y endeudamiento autonómico. Y ahora está en el Gobierno, con una sonrisa melifrua y con más peligro que un mono con un cutter en la mano.

No vale quejarse cuando uno va perdiendo el partido, ni pretender que acaben con empate a cero los que juguemos fuera de casa y con victoria local los jugados en nuestro campo. Porque, sin reconocerlo, ¡¡faltaría más!! estaríamos volviendo a un estado centralizado en el que los 47 millones de ciudadanos que lo habitan tendrían los mismos derechos, obligaciones, deberes y leyes. Solo les faltaría decir que con Franco se vivía mejor.

Fuente: Libremercado

Sin complejos

A fecha 01-04-2020, datos oficiales, 13,4 millones de trabajadores (10,0 millones empleados privados y 3,3 millones empleados públicos) tienen que pagar a 17,7 millones de personas que viven del erario público. A esas cifras hay que sumar los nuevos parados por ERTE, Concursos y despidos que se producirán cuando se pueda volver libremente al trabajo, aunque también descenderán las de los ERTE’s actuales. Y la RENTA MÍNIMA, a todo aquel vago, español o extranjero, legal o ilegal, que quiera vivir del cuento en España, además de las prostitutas, a las que la izquierda niega su legalización y regularización, con cotización de impuestos y de seguridad social, pero las incluye como “voto cautivo” en esta nueva dádiva para dependientes perpetuos del Estado. ¿Quién va a pagar esta fiesta?

En mi opinión, y siempre que a nuestro Gobierno sanchista-comunista no se le ocurra salir del euro, expropiar los ahorros particulares o nacionalizar los sectores básicos de producción en España, habrá que afrontar una serie de reformas estructurales, en el fondo y en la forma, para que la empresa privada cree empleo, mucho y rápido, de tal manera que se evite el pillaje y los delitos por obtener el sustento básico, para lo que hay que incentivar fiscalmente la contratación y delimitar un “periodo máximo” de circunstancias extraordinarias: Ya que no se puede devaluar la moneda, ni tampoco se debe devaluar el salario, hacerlo mediante el aumento de una hora diaria más de trabajo, método empleado en Alemania y en Japón para su reconstrucción después de la IIWW.

Además, habrá que impulsar la creación de industrias y empresas de nueva tecnología, técnicas avanzadas, biomédicas, farmacéuticas, robotización, armamentística, investigación y desarrollos propios, que cumplan un doble objetivo: Evitar la dependencia de terceros, y sustituir al turismo y a la construcción como pilares básicos de nuestra economía. Esto habría que haberlo hecho, con o sin coronavirus, desde hace años.

Para ello, para que podamos volver a situarnos con el poder adquisitivo y el nivel de vida del que veníamos disfrutando, hay que aplicar una fórmula muy sencilla que decía un viejo profesor mío: Para que una empresa vaya bien, solo hay que hacer dos cosas: Aumentar los ingresos y disminuir los gastos.

Aumentar los ingresos en la Hacienda Pública es SUBIR LOS IMPUESTOS. Quienes en su día hayan votado conociendo y siendo conscientes de los programas electorales de los distintos partidos políticos, sabrán de las verdaderas intenciones comunistas de Podemos, que aprovechará la desgracia ajena del coronavirus para imponer su ideario:

Subir el IRPF a las rentas de más de 100.000 euros anuales, con un tipo marginal del 47%, que llegaría hasta el 55% para las de más de 300.000 euros.

Que las rentas del capital tributen en la misma base que las del trabajo, incluyendo las plusvalías generadas en menos de dos años (ampliable a seis en el caso de inmuebles).

Eliminar las desgravaciones fiscales de los planes de pensiones, cuyo límite actual se sitúa en 8.000 euros al año por contribuyente.

Crear un Impuesto sobre la Riqueza (ahora «tasa covid») sobre patrimonios de más de 1 millón de euros, con el fin de recaudar el 1% del PIB (más de 10.000 millones de euros). Tendría un mínimo exento por primera vivienda de 400.000 euros y gravaría con un 2% los patrimonios de más de 1 millón, con un 2,5% los de más de 10, con un 3% los superiores a 50 y con un 3,5% los de más de 100 millones. Sustituiría al Impuesto de Patrimonio.

Elevar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, armonizándolo a escala estatal a partir de un mínimo de tributación para evitar la competencia fiscal entre comunidades autónomas.

Establecer un tipo del 35% en el Impuesto de Sociedades para las bases imponibles superiores al millón de euros, introduciendo, además, un tipo mínimo del 15% sobre el resultado contable.

Aplicar un Impuesto sobre los Depósitos con un gravamen mínimo del 0,2%, con la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan establecer recargos adicionales.

Crear un recargo específico en el IBI para viviendas desocupadas.

Aprobar un Impuesto sobre las Transacciones Financieras para gravar con un 0,3% la compra de acciones y derivados, quedando exenta la adquisición de deuda pública.

Y recortar las pensiones, algo parecido a lo que, en doce ocasiones diferentes, se hizo en Grecia cuando tuvo que acudir la Unión Europea a su rescate con el comunista Tsipras en el poder. Otros perjudicados serán los funcionarios públicos, congelando durante unos años las subidas de sueldo y suprimiendo MUFACE, ISFAS y MUGEJU.

La otra alternativa es la austeridad, lo que es lo mismo RECORTAR EL GASTO. Pero, me temo, que no va por ahí la estabilización de nuestra Deuda Pública, porque lo que propongo a continuación sería acabar con muchas canonjías propias, y muchos de nuestros políticos no podrían colocarse ni de cajero de un supermercado.

• Congreso de Diputados: Dos por cada provincia con menos de medio millón de habitantes; cuatro Diputados para las provincias que tengan más de medio millón de habitantes.
• El Senado estará formado por dos Senadores por cada provincia española, uno por cada una de las poblaciones de Ceuta y Melilla, y dos por cada Comunidad Autónoma, elegidos de entre sus parlamentarios.
• El Concejo Municipal de los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes estarán compuestos por cinco personas, Alcalde, Vicealcalde y tres Concejales.
• El Concejo Municipal de los ayuntamientos comprendidos entre 50.000 y 500.000 habitantes, estarán compuestos por diez personas, Alcalde, Vicealcalde y ocho Concejales.
• El Concejo Municipal de los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes estarán compuestos por quince personas, Alcalde, Vicealcalde y trece Concejales.
• Supresión de los casi doscientos mil asesores y cargos de confianza políticos, siendo sustituidos por funcionario públicos de carrera, que desempeñen la dirección técnica de las instrucciones políticas.
• Fusionar algunas Comunidades Autónomas, con lo que desaparecerían multitud de cargos, carguillos, amiguetes y caciques locales, a la vez que se reconoce de forma expresa las particularidades propias de Cataluña y el País Vasco a las que, dentro de la solidaridad interterritorial e isonomía entre todos los españoles, mantendrán autonomía financiera y otras transferencias de servicio al ciudadano, salvo temas de educación, defensa, justicia y sanidad, que será igual en todo el territorio español.
• Igualar las condiciones de las pensiones de todos los cargos públicos a la del resto de trabajadores, años de cotización y plazos, así como cotización por la totalidad de emolumentos.
• Atajar el fraude a Hacienda y a la Seguridad Social en un doble sentido:

-Inspecciones, con capacidad sancionadora y fecha máxima de seis meses para resolver recursos, a empresarios y empresas, cobrando las deudas en efectivo o garantizándolas de forma suficiente, preferentes en el supuesto de Concurso.

-Convertir en productivo el gasto improductivo que es la prestación por desempleo, renta mínima  y subvenciones a quienes no trabajan, introduciendo criterios de eficacia, cambiando el concepto por el de Salario Estatal, periodo transitorio, cobrando las dos terceras partes del SMI, a fin de que busquen trabajo de forma activa, con contraprestación de colaboración social de obligado cumplimiento por parte de los perceptores, a disposición y mando del alcalde de cada municipio, en horario de jornada completa: Mañanas, de nueve a catorce horas, arreglo de carreteras y caminos, ambulatorios, hospitales, escuelas, cárceles, limpieza de bosques, riberas y acequias, medio ambiente, acompañamiento de disminuidos, discapacitados, ancianos, y mil y una necesidades más que es necesario cubrir. Horario de tarde, de cinco a siete: Cursos de capacitación impartidos en escuelas, institutos y universidades, por profesores de esos centros, controlados por el Estado. Todo ello con el mismo rigor con el que se lleva a cabo el horario en cualquier empresa privada.

• Corrupción. Ley de punto final, y fijar un plazo máximo para sentenciar los procesos hoy abiertos. Acuerdo parlamentario (o sea, de siete personas: los cinco líderes nacionales, el vasco y el catalán) para que el próximo que caiga en ello, persona, grupo o partido, sea fulminado política, económica y carcelariamente, de forma rápida y ejemplar. El último tema, de la semana pasada, un supuesto fraude de 40 millones de euros por parte de la anterior cúpula del sindicato UGT en Andalucía
• Suprimir todo tipo de subvenciones:

-Cultura, teatro, cine y artistas en general, darles un porcentaje de bonificación fiscal sobre el importe declarado de los resultados obtenidos por el trabajo realizado.

-Nuevas empresas y autónomos, exención fiscal total los dos primeros años, condicionado a su permanencia futura como actividad o empresa.

-Clubs, ONG’s, organizaciones varias, feministas, y de otra índole cualquiera, sin subvenciones de ningún tipo. Se harán cargo de ellas las Comunidades Autónomas, con funcionarios públicos de carrera, y serán auditadas por el mismo organismo que lo haga de las Cuentas Públicas.

-Inmigrantes, se aplicará la vigente Ley de Extranjería, debiendo acogerse a los identificados y legalmente expatriados, con contrato de trabajo, que tendrán las mismas ayudas que los nacionales.

-Sindicatos obreros y patronales, partidos políticos: Sin subvenciones. Solo tendrán ingresos por las cuotas de sus afiliados y por donaciones nominativas y suficientemente identificadas, sujetas a impuestos, de particulares y empresas, sujetas a bonificaciones fiscales.

-En cuanto a las ayudas al alquiler, becas de libros, sanidad y pensiones sin haber cotizado en toda su vida, se suprimirán para todo extranjero que se encuentre de forma ilegal en territorio español.

• Modificar el sistema actual de pensiones para futuros pensionistas; el actual Ministro de Seguridad Social era un prestigioso profesional en esta materia, pero desde que le nombraron Ministro, parece que se le ha olvidado todo lo que sabía y se ha comprado una almohadilla para arrodillarse.

Con lo aquí expuesto, hay materia suficiente para formar un Grupo de Trabajo con verdaderos expertos, para analizar en profundidad estas propuestas y cuánto supone en la economía española para tratar de solucionar la situación económica actual, y si se atreve el Gobierno, promueva un referéndum nacional a ver qué dicen los ciudadanos sobre ello.

Cuanto antecede, siempre que no haya que pedir un RESCATE a la Unión Europea, que sería lo lógico, ante la falta de liquidez de nuestra Hacienda Pública. Hay quién apuesta por una intervención por parte de Europa para septiembre; cambiarán los hábitos de consumo, compraremos poco y lo necesario, imponiéndose las compras por internet. Se acabarán los gastos superfluos. Cambio cultural y estructural de todo el sistema político, económico y empresarial que hemos conocido hasta ahora.

Podemos se opondrá de forma contundente a ser dirigidos y controlados por Europa, por lo que Pedro Sánchez se verá forzado a convocar nuevas elecciones generales para el próximo año 2021.

La mayoría de españoles no son/somos conscientes que ya nada será igual, que tendremos que cambiar nuestra forma de vida y que los próximo años vamos a pasarlos muy mal en todos los aspectos, porque estamos en el momento más delicado, sanitaria y económicamente, desde la guerra civil española del siglo XX.

Antonio Campos

 

Publicado en PUERTA DE MADRID de Alcalá de Henares el 15-05-2020

 

Política progresista

 

 

…y más paro, más pobreza, más Suspensiones de Pagos, más salida de capitales, más falta de inversiones extranjeras, otra vez a vivir de las pensiones de los padres y a ver colas en los centros de asistencia social de la Iglesia. ¿Qué no te acuerdas?

Esto no hace tanto ocurría en  la España de Zapatero hasta que llegó un nuevo Gobierno que tuvo que enderezar el rumbo de un país que tenía el mayor déficit comercial del mundo, con facturas sin pagar por miles de millones de euros, con las Cajas de Ahorro (no los bancos) quebradas y si no se rescataban la gente perdía sus ahorros, con unas pensiones impagables,  con 17 Comunidades Autónomas que son como un agujero negro por donde se pierde gran parte del dinero que pagamos en impuestos, con una tasa de paro que llegó al 26% (la mayor de la UE con Grecia), con una generación perdida… Con un nuevo Gobierno, se embridó el gasto, se rescataron las cajas, a lo que contribuyeron los bancos, se aprobó la reforma laboral y empezamos a exportar, a reducir el déficit y la deuda, a alquilar y comprar viviendas y a estrenar coche … a sonreír y a ser felices de nuevo.

Pero hay una parte de la población que lo que le motiva son las promesas, los discursos  vacíos, las palabras huecas, las mentiras y el odio a la derecha, que ahora toda es fascista, porque quien no está de acuerdo con los planteamientos plurinacionales sanchistas-podemitas son todos fascistas, porque estos quieren vaciar los bolsillos de los que se levantan a las siete de la mañana para ir a trabajar, para subvencionar a sus amigos, adictos y conocidos, y a todos aquellos que no quieren “dar un palo al agua” en toda su vida. Quien desconoce la historia está condenado a repetirla. ¿Alguien duda de a dónde nos van a llevar sus políticas autodenominadas progresistas?

 

El hachazo fiscal

Por su interés, reproducimos a continuación el artículo de María Galante publicado el 16-11-2019 en Hispanidad, sobre las propuestas fiscales que vienen tras “el abrazo rojo” entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

“”El hachazo fiscal. La subida de impuestos, punto por punto, que preparan Sánchez e Iglesias. Ya se ha hablado mucho, mucho, mucho sobre el pacto, aun por cerrar…no debemos perder la esperanza, entre PSOE y Unidas Podemos. Pero, volvamos al documento de 10 puntos hecho público tras el ‘bombazo’ que dibuja cuáles serán las líneas maestras del Gobierno de coalición.

El último de los puntos es el que habla de impuestos y, aunque no se ofrecen detalles de la futura fiscalidad, -no hace falta porque los conocemos todos, salvo sorpresas y éstas no hay que descartarlas-, a Iglesias no le ha costado nada convencer a Sánchez de que transite por el camino “podemita” y ponga en marcha una reforma fiscal que “aumente la progresividad y la recaudación”. No debemos de olvidar que el programa de Sánchez para el 10-N en cuanto a impuestos estaba sospechosamente vacío, algo que no es habitual en alguien que lleva año y medio gobernando y a quien, por lo tanto, se le supone una política fiscal definida. La tenía, y se la había propuesto a Bruselas, el pasado mes de mayo, pero la ocultó en el programa para estar abierto a pactos de distintos colores.

 

 

Entonces, y sumando las medidas presentadas en las pasadas elecciones de abril, que se mantienen, y las nuevas de cara al Ejecutivo que se avecina en el que tiene ya un pie el populismo, al que algunos definen como “caudillismo amable”, destacan las siguientes, (dedíquenle tiempo porque la lista es larga):

-Subida mínima de dos puntos en los tipos del IRPF para rentas superiores a 130.000 euros y de cuatro puntos para los de más de 300.000 euros.

-En concreto, Podemos propone un incremento del tipo marginal a partir de los 100.000 euros para las rentas del trabajo que pasarían del 45% actual hasta una horquilla del 47% al 55%. Este último tramo afectaría solo a rentas de más de 300.000 euros.

-Subida mínima de cuatro puntos en el IRPF para las rentas del ahorro superiores a 140.000 euros, pasando del 23% al 27%.

-Aplicación de un tipo efectivo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades para grandes corporaciones, que subiría al 18% en el caso de los bancos y empresas de hidrocarburos.

-Recorte de las deducciones en el Impuesto de Sociedades.

-Aplicar un tipo agravado en el Impuesto de Sociedades a las empresas «contaminantes».

-Incremento de las cotizaciones a través de una nueva subida del salario mínimo interprofesional.

-Aumento de las cotizaciones que pagan los autónomos bajo la excusa de adecuar dicha contribución a sus ingresos reales. El 80% de los autónomos cotiza por la base mínima, de modo que la mayoría pasaría a cotizar más para poder trabajar.

-Destopar las cotizaciones sociales a los sueldos de más de 45.000 euros brutos anuales, lo cual supondría un pago medio de 2.200 euros al año por trabajador, aumentando, además, el coste laboral para, al menos, dos millones de asalariados.

-Aumentar la fiscalidad del diésel con el fin de equiparar su precio al de la gasolina, perjudicando con ello a la mitad de los conductores.

-Armonización fiscal a nivel autonómico, lo cual se traduciría en la reintroducción del Impuesto de Patrimonio en todo el territorio nacional, a partir de un mínimo exento por primera vivienda de 400.000 euros, y en una subida del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en las regiones que lo han eliminado o reducido de forma sustancial.

-Elevar el IVA a los alimentos ultraprocesados o ricos en grasas y azúcares.

-Creación de la tasa Google a empresas tecnológicas.

-Creación de la tasa Tobin a transacciones financieras.

-Endurecer el régimen de las Sicav para elevar su tributación.

-Endurecer el régimen de las Socimi (empresas de inversión colectiva en inmuebles en alquiler) para que, entre otras medidas, paguen un tipo del 15% sobre los beneficios no distribuidos.

-Eliminar las ventajas fiscales que disfrutan los planes privados de pensiones, cuyos partícipes rondan los 7,6 millones de personas.

-Limitación de vuelos nacionales y encarecimiento generalizado de los billetes de avión mediante el aumento del IVA, un mayor gravamen al queroseno y la creación de una tasa adicional y específica a este tipo de viajes.

-Creación de un nuevo impuesto a la distribución y venta de plástico de un solo uso, embalaje o de productos de usar y tirar.

-Subida del impuesto de matriculación a todos los vehículos que emitan CO2, frente al umbral mínimo actual de más de 120 g/km, y una nueva elevación del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.

-Nuevos aranceles mediante la creación de un «impuesto de carbono» en las fronteras de la UE que se aplicaría a las actividades intensivas en energía, desde el transporte aéreo y marítimo a los sectores industriales más contaminantes procedentes de terceros países””.

Completan estas medidas las propuestas sobre «la vivienda como derecho y no como mera mercancía», limitando los precios de los alquileres, prohibiendo los desahucios o “casos de ocupación en precario” (okupas), cesión y alquiler a terceros de los pisos vacíos. El fin de la propiedad privada.

Acabo con una mención a algo que circula por internet y que, desgraciadamente, podría convertirse en realidad:

La buena noticia es que van a subir el SMI a 1.200 euros y vas a trabajar 34 horas a la semana. La mala es que tu empresa va a cerrar y lo verás desde el paro.

 

 

 

 

Programa PSOE elecciones 2019 – Segunda parte

Hay varios temas que observo se han tocado demasiado someramente:

 

• Situación, pactos y actuaciones que se van a llevar a cabo en relación a los secesionistas catalanes y vascos, cesiones que se les van a hacer, nuevos estatutos pactados, o al menos bosquejados, y si se van a amnistiar o no a los hoy juzgados por la asonada catalana y a los presos de ETA en su día condenados.

 

• En los apartados 61 y 62 se habla de que “Las pensiones se actualizarán anualmente con el IPC real, aumentando en mayor medida las pensiones mínimas y no contributivas”. O sea, se beneficia a los más insolidarios, a los que no han cotizado nunca nada o a aquellos que han cotizado lo mínimo cobrando en dinero negro el resto de sus ingresos. Es urgente llegar a un pacto nacional sobre este tema, del que se habla mucho y nadie hace nada, pues en caso de venir mal dadas (una nueva crisis empieza a asomar en el horizonte) o ser intervenidos por Europa, las pensiones pasarían a devaluarse de una forma similar a como se hizo en Grecia en su momento.

 

• Inmigración. Apartados 70 y 107. Se habla de protegerlos, pero no se dice nada de que vayan a escuelas, aprendan el español, trabajen y paguen impuestos. Los musulmanes utilizan la democracia occidental para vivir de las subvenciones y conquistar Europa, inshallah.

 

• Violencia de género. Apartados 72, 73 Y 74. Habla de IGUALDAD. Pero igualdad no es la prevalencia de la palabra de la mujer ante la del hombre. Según la Constitución y el Ordenamiento Jurídico español, toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario, siendo la carga de la prueba de quien acusa.

 

• Estatuto de los Trabajadores. Anular la reforma laboral con un nuevo Estatuto de los Trabajadores que blinde a los sindicatos. Se pretende avanzar en la participación de los trabajadores en la toma de decisiones empresariales, lo que en el PSOE denominan democracia y participación de las trabajadoras y trabajadores en las empresas. Y, puesto que esta función no se puede realizar con todos los trabajadores uno por uno, se hará por medio de los sindicatos, que ganarán un poder significativo en las empresas (en las que no cierren).

• Ley Mordaza. Apartado 94. Esta ley es una auténtica locura en un estado verdaderamente democrático. Pero, cuidado, no la vayamos a empeorar, que no es muy de fiar ese añadido de “Es posible mayor libertad con mayor seguridad”.

 

• Ley de Memoria Histórica. Apartado 95. Por aquí empezó a romperse la Transición. La redacción de “reparación de las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura”, deja fuera a muchos republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas, bolcheviques, con las manos manchadas de sangre con la misma intensidad que el otro bando contendiente.

 

• Prostitución. Apartado 75. ¿No sería más fácil legalizar y regular la prostitución? Con la prostitución y el cannabis pasará como con la Ley Seca de Estados Unidos, algún día serán legales, en vez de meter la cabeza debajo de la almohada como ahora se hace, pero a la vez tener en cuenta sus cifras de negocio para calcular el PIB.

 

• Identidad de género. Un/a menor de 16 años puede ser madre, abortar, cambiar de sexo, etc, etc…. Pero sigue siendo menor legal cuando comete algún delito. Algo chirría.

 

• Política del agua. Otro tema sobre el que estamos escondiendo la cabeza. ¿Por qué no se hacen más pantanos? Si no fuera por los que hizo Franco, España estaría ahora muriendo de sed. Igualmente, con el agua del Ebro que se pierde en la desembocadura catalana al Mediterráneo.

 

• Vivienda social. Apartado 84. Franco construyó cuatro millones de viviendas sociales. ¿Por qué no se hace algo parecido? ¿Por qué esa actuación tiene el apellido franquista? ¿Por qué no se quiere de verdad atajar el problema en su verdadera amplitud? ¿Por qué los lobbies inmobiliarios (todos los lobbies van a reforzarse según el apartado 50) no quieren perder su pedazo de tarta, en connivencia con intereses espurios? ¿Porque todo el mundo quiere vivir en el barrio de Salamanca en Madrid?

 

• Reforma Constitucional. Apartado 88. No dice nada de los verdaderos intereses en reformar la Constitución, con temas tan candentes como ahora mismo tiene España.

 

• Ejército Europeo. Apartado 104. Con eso se evita tener un Ejército Nacional que pueda cumplir con los artículo 2 y 8 de la Constitución, tanto para la defensa de nuestras fronteras, la unidad de España o una hipotética situación homónima a la actual de Venezuela, cuyos “profesores” no hay que olvidar que fueron los líderes de Podemos, conmilitones del PSOE, a quienes ahora presionan para que el exJEMAD Julio Rodríguez sea el próximo Ministro de Defensa, del que dependería el CNI.

 

• Economía. Traslado unos artículos de la prensa nacional para que nadie pueda decir que sesgo mis opiniones:

 

 

 

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha instado a buscar una fórmula, “sea la que sea”, para asegurar el mantenimiento de las autovías, que tiene un coste anual para el Estado de 11.000 millones de euros, y que se hace inviable porque cada vez hay más kilómetros (20.000 actualmente) y menos recursos públicos. Las palabras del ministro abren la puerta a la instauración de un posible pago por el uso de las autovías hasta ahora gratuitas. Precisamente, la patronal de grandes constructoras y concesionarias SEOPAN propuso la semana pasada la extensión de peajes a toda la red viaria de gran capacidad (autovías y autopistas) con concesiones a 25 años, lo que aportaría al Estado entre 60.000 y 110.000 millones de euros, dependiendo de las tarifas aplicadas. SEOPAN también aboga por la implantación de sistemas de peaje inteligente para el acceso y salida a las grandes ciudades, como Madrid o Barcelona. Por Ramón Muñoz en El País del 09-11-2018.

 

En la noche del 30 de abril, una vez ganadas las elecciones el PSOE, Pedro Sánchez envió a Bruselas la Actualización del Programa de Estabilidad. En los grandes números del documento, el Ejecutivo confirmaba un aumento de la presión fiscal que tendrán que soportar los contribuyentes y las empresas y corregía las cifras de déficit presentadas hasta la fecha. Pero, además, analizaba los peligros que acechan a la economía española en un momento de desaceleración para reconocer que si los vientos de cola que en los últimos años han sido favorables se vuelven adversos -como ya anticipa la subida del petróleo-, su impacto negativo en la economía exigirá una subida adicional de impuestos. La primera de las amenazas sería que el Banco Central Europeo (BCE) module su discurso y decida recuperar la hoja de ruta que tenía para 2019 con el inicio de una subida de tipos. Se trata de una “hipótesis improbable”, según reconoce el documento enviado a Bruselas. La debilidad de la economía de la Eurozona obligó a Fráncfort a guardar en un cajón esa posible subida de tipos. Sin embargo, tampoco es del todo descartable. Mario Drahgi finaliza su mandato en octubre de 2019 y son muchas las voces que se muestran preocupadas por la escasa munición con la que el BCE cuenta en caso de que estalle otra crisis económica.De acuerdo con los cálculos del Gobierno español, un aumento de 120 puntos básicos en los tipos, tendría un impacto negativo en el PIB de alrededor de un 1% de aquí a 2021. Algo que impactaría en las cuentas públicas, con una menor recaudación fiscal, un mayor gasto en prestaciones sociales y un mayor coste de los intereses de la inmensa deuda pública que acumula España. Todo ello en un entorno “en el que la demanda interna y la creación de empleo se resienten”. Trasladado a los números, ese escenario supondría un aumento extra del déficit de 0,8 puntos porcentuales, que habría que compensar con nuevas medidas tributarias para cumplir con el objetivo de déficit. Por María Vega en Okdiario del 03-05-2019.

 

El Gobierno de Pedro Sánchez ha esperado a la celebración de elecciones para revelar a la opinión pública su estrategia fiscal para la presente legislatura. El principal objetivo del PSOE consiste en elevar la presión fiscal desde el 35,1% del PIB en 2018 hasta el 37,3% en 2020, lo cual equivale a recaudar unos 26.000 millones de euros adicionales cada año.

 

Para conseguirlo, el Ejecutivo confía en que la buena marcha de la economía siga contribuyendo positivamente a llenar las arcas públicas, pero también contempla una sustancial subida de impuestos por dos vías. En primer lugar, al incremento de las cotizaciones sociales aplicado este año, con un impacto próximo a los 3.800 millones de euros, se sumará un aumento de impuestos por valor de otros 5.600 millones a partir de 2020, fruto de la puesta en marcha de las medidas tributarias que contenía el fallido proyecto de Presupuestos de 2019. Y, en segundo término, Hacienda espera elevar la recaudación mediante la eliminación o rebaja de beneficios fiscales.

 

Este particular palo, consistente en revisar las cuantiosas deducciones y bonificaciones que incluye el sistema tributario español, es menos perceptible, puesto que no consiste en elevar tipos o crear nuevos impuestos, pero el resultado a nivel recaudatorio es idéntico, ya que la reducción de este tipo de incentivos se traduce, en última instancia, en la ampliación de las bases imponibles y el pago de una mayor factura fiscal para los contribuyentes afectados.

 

En concreto, el Programa de Estabilidad que el Gobierno remitió a Bruselas el pasado martes hace alusión a la necesidad de revisar este tipo de beneficios para ahorrar dinero a la Administración —en perjuicio del contribuyente—. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) será el organismo encargado de revisar estas partidas. En una primera fase, desarrollada en 2018, dicha entidad ya detectó una serie de ineficiencias en el ámbito de las subvenciones y las recetas médicas, cuya corrección permitiría contener el gasto. El Gobierno se compromete ahora con Bruselas a realizar estas mejoras, tras incluir estos ahorros en las proyecciones presupuestarias que maneja hasta 2022.

 

La segunda fase, sin embargo, se llevará a cabo el presente año y, en este caso, la AIReF revisará, entre otras partidas, el amplio elenco de deducciones y bonificaciones fiscales que están vigentes, un trabajo que también aprovechará el Gobierno para elevar la recaudación fiscal. Así, tal y como señala el Programa de Estabilidad, «los beneficios fiscales son instrumentos de política fiscal que persiguen determinados objetivos económicos y/o sociales, mediante ahorros o mejoras en la renta de personas físicas y jurídicas a través de reducciones en sus cuotas tributarias. Conllevan, por tanto, una minoración de la recaudación tributaria. Por todo ello, conocer su efectividad resulta crucial para poder diseñar un sistema tributario que alcance sus objetivos de manera óptima».

 

El plan consiste en evaluar un total de trece beneficios fiscales, cuya cuantía asciende a 57.187 millones de euros. Seis de estos beneficios están vinculados al IRPF, desde la tributación conjunta hasta reducciones por alquiler o aportaciones a planes de pensiones privados; otros tres son relativos al Impuesto sobre Sociedades; tres se aplican al ámbito del IVA; y uno en Impuestos Especiales, tal y como refleja el siguiente cuadro.

 

 

Dado el importe a revisar, equivalente al 5% del PIB, a poco que la AIReF detecte posibles correcciones, las arcas públicas podrían engrosar varios cientos e incluso algunos miles de millones de euros mediante el rediseño, reducción o eliminación de dichos beneficios, con la consiguiente carga extra para las familias y empresas afectadas.

Además, también se revisarán los incentivos a la contratación, en referencia a las bonificaciones y reducciones en las cuotas de la Seguridad Social de las que se benefician las empresas por contratar determinados perfiles, como jóvenes o parados. La cuantía de estos incentivos ronda los 2.600 millones de euros año y, según señala el Gobierno en su documento, «suponen una minoración de los ingresos por cotizaciones sociales».

 

Aquí, la AIReF revisará los incentivos que se aplican a jóvenes menores de 30 años y mayores de 45; mujeres con infrarrepresentación en determinadas profesiones y oficios; transformación de contratos temporales en indefinidos o tarifa plana de trabajadores autónomos; reducciones al trabajo autónomo con carácter general y específico; y contrataciones de personas con discapacidad.

Esto no significa que el Gobierno de Sánchez vaya a eliminar todas estas deducciones fiscales, ni mucho menos, pero sí muestra su disposición a revisar cada una de estas partidas para elevar la recaudación, lo cual, en caso de efectuarse, implicaría una nueva subida de impuestos por la puerta de atrás. Así, por ejemplo, el Programa de Estabilidad estima que tan sólo la reorganización de los incentivos aplicados a la contratación podría llegar a elevar la recaudación de la Seguridad Social en unos 500 millones de euros al año desde 2020, equivalente al 19% del volumen total de dichas ventajas fiscales. Por M. Llamas en Libre Mercado del 03-05-2019

 

 

IRPF, diésel, Patrimonio, Sociedades… así es el estacazo fiscal de Sánchez en el que Bruselas no cree. La Comisión considera que las previsiones de ingresos del Gobierno socialista están infladas y que España seguirá incumpliendo el déficit.

 

Un total de 26.000 millones de euros acumulados en los próximos cuatro años. Este es el aumento de la presión fiscal que el Gobierno de Pedro Sánchez ocultó durante la campaña electoral y que acaba de prometer a Bruselas apenas dos días después de ganar las elecciones del 28-A. El aperitivo llegará en 2020 con una subida de impuestos por valor de 5.654 millones de euros. En principio, 2019 se salva de cualquier incremento impositivo por tratarse de un año electoral.

 

La mayoría de estas medidas estaban ya incluidas en el acuerdo al que llegó Sánchez con Podemos para los Presupuestos de 2019, que finalmente fueron rechazados en el Congreso, lo que precipitó las elecciones anticipadas. Ahora, el Gobierno socialista se dispone a resucitar el pacto con Pablo Iglesias.

 

Su objetivo, aduce, es que «quienes disponen de mayor riqueza contribuyan de forma equitativa en un modelo fiscal progresivo, donde cada uno aporte en función de su capacidad y reciba en función de su necesidad, preservando a la clase media y trabajadora». Pero lo cierto es que algunas subidas, como la del diésel, afectan a toda la población y el resto pueden ser repercutidas por las empresas en los consumidores.

 

Con esta subida masiva de impuestos, el Gobierno de Sánchez pretende convencer a Bruselas de que podrá financiar el fuerte aumento de gasto público incluido en su programa (en medidas como volver a ligar las pensiones a la inflación, algo que la Comisión ve contraproducente; el incremento de los salarios de los funcionarios; el subsidio de paro para mayores de 52 años; o el aumento del permiso de paternidad). Y que por tanto cumplirá los objetivos de reducción del déficit públicos exigidos por la Unión Europea.

 

Sin embargo, Bruselas ya ha dejado claro que no se cree los números de Sánchez. Las cuentas no cuadran. Según la evaluación que hizo el Ejecutivo comunitario del borrador de Presupuestos para 2019, las previsiones de ingresos de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, son demasiado optimistas, están infladas. Hay un alto riesgo de incumplir el Pacto de Estabilidad. El Fondo Monetario Internacional (FMI) también ha avisado de los riesgos de una subida de impuestos en un momento en que el crecimiento económico se ralentiza.

 

La Comisión tiene previsto publicar el próximo martes 7 de mayo sus previsiones económicas de primavera, en las que examinará el impacto de las medidas de Sánchez sobre el crecimiento y el déficit. Y a principios de junio aprobará sus recomendaciones de política económica al Gobierno socialista, en las que previsiblemente reiterará sus críticas y dudas. De momento, este es el incremento de impuestos que prepara Sánchez.

 

Nuevos impuestos

SUBIDA DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES (1.776 MILLONES): Esta medida busca acercar el tipo efectivo al nominal, con el objetivo de lograr «una mayor contribución de las grandes empresas y grupos consolidados». Por un lado, se limitarán algunas exenciones. Por el otro, el Gobierno de Sánchez impondrá un tipo mínimo efectivo de tributación del 15% para las grandes compañías. Las pymes quedan exentas. Es más, las que facturen menos de un millón de euros verán reducidos del 25% al 23% el impuesto de sociedades. (-276 MILLONES)

 

INCREMENTO DEL IRPF A LAS RENTAS ALTAS (328 MILLONES): Se incrementan dos puntos los tipos impositivos para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. Asimismo, el tipo estatal sobre la base del ahorro aumentará cuatro puntos para las rentas del ahorro superiores a 140.000 euros, pasando del 23% al 27%. Sánchez sostiene que esta medida «responde a la justicia social y a la capacidad contributiva de los ciudadanos».

 

SUBIDA DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO (339 MILLONES): Subirá un 1% el tipo aplicable a patrimonios superiores a 10 millones de euros «con el objetivo de que aporten en mayor medida los ciudadanos que dispongan de mayor patrimonio». Bruselas considera «muy improbable» que esta medida genere la recaudación que espera el Gobierno socialista.

 

En España, este denominado «impuesto sobre la riqueza» está transferido a las comunidades autónomas, que tienen poderes para fijar el tipo que quieran. La subida prevista por Sánchez sólo se aplicaría a Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha y Castilla y León, las únicas que no tienen su propio impuesto sobre el patrimonio y se remiten al estatal. En el esto de regiones, el impuesto a las rentas altas sólo generó 89 millones en 2016, según los datos de la Comisión.

 

NUEVO IMPUESTO AL DIÉSEL (670 MILLONES): Sánchez tiene previsto aumentar la fiscalidad de los gasóleos: en concreto, una subida de 38 euros por cada mil litros. No obstante, de momento se salvan el gasóleo de uso profesional y el gasóleo bonificado. Se trata de otorgar a sus usuarios más tiempo para adaptar su actividad a otros productos menos contaminantes y de no mermar su competitividad.

 

El Gobierno sostiene que su objetivo es equiparar progresivamente la fiscalidad del diésel y la de la gasolina: «No persigue, por tanto, un fin recaudatorio per se, sino que busca proteger el medioambiente». El Ejecutivo comunitario ha venido señalando reiteradamente que España es uno de los países de la UE que menos recauda con impuestos medioambientales y que por tanto tiene más margen para subirlos.

 

REBAJA DEL IVA A LOS SERVICIOS VETERINARIOS (-35 MILLONES): Se reducirá  el gravamen a los servicios veterinarios del actual 21% al tipo reducido del 10%. El Gobierno socialista considera necesario adecuar la tributación de estos servicios a la de los medicamentos para uso veterinario, que sí pagan un 10%.

 

MEDIDAS DE FISCALIDAD DE GÉNERO Y DESIGUALDAD (-18 MILLONES): Este capítulo incluye dos cambios. En primer lugar, se rebaja el IVA de los productos de higiene femenina del actual tipo reducido del 10% al superreducido del 4%. En segundo lugar, Sánchez introducirá una deducción en el impuesto de sociedades para las empresas que incrementen el número de mujeres en su consejo de administración hasta alcanzar la paridad.

 

REBAJA DEL IVA A LAS PUBLICACIONES DIGITALES (-24 MILLONES): El Gobierno socialista rebajará del 21% al 4% el IVA para libros, periódicos y revistas en soporte electrónico. De esta forma, España hace uso de la posibilidad recientemente aprobada por la UE para acabar con la discriminación fiscal que sufren las publicaciones digitales respecto a las de papel.

 

TASA A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS (850 MILLONES): Consiste en gravar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero, con independencia de la residencia de las personas o entidades que intervengan en la operación o del lugar en el que se negocien. Estas operaciones no se encuentran en la actualidad sujetas a impuesto alguno, por lo que, según el Gobierno de Sánchez, el establecimiento de la tasa supone un avance en equidad tributaria.

 

Esta medida está inspirada en una propuesta de la Comisión Europea que lleva años atascada en Bruselas. Además, el Ejecutivo comunitario considera que la previsión de ingresos está inflada. Basándose en las experiencias de Francia e Italia, que ya tienen sus propias tasas nacionales, concluye que la recaudación será un 30% inferior a la prevista. Es decir, unos 595 millones.

 

TASA DIGITAL (1.200 MILLONES): Se trata de gravar los ingresos obtenidos en España por grandes empresas internacionales como Google o Facebook a partir de ciertas actividades digitales que escapan al actual marco fiscal. La tasa se aplicará a un tipo del 3% a los ingresos generados por servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea como los que prestan las redes sociales y la venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario.

 

Esta tasa se basa también en una propuesta de Bruselas pero que ya ha sido enterrada en la UE por falta de unanimidad. Tampoco en este caso el Ejecutivo comunitario se cree la previsión de ingresos de Montero y le aplica un descuento del 30%, lo que dejaría la recaudación en 840 millones.

 

LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL (828 MILLONES): Este apartado se concreta en tres medidas: limitación de los pagos en efectivo, refuerzo de la lista de morosos a la Hacienda Pública y adopción de las mejores prácticas internacionales en la lucha contra los paraísos fiscales. La Comisión estima que la recaudación real será la mitad de la prevista por Sánchez (414 millones) debido a la incertidumbre sobre la puesta en marcha efectiva de estas iniciativas.

Por Juan Sanhermelando en Elespañol.com del 02-05-2019.

 

 

Publicado en el Blog de Campos el 07-05-2019