Constitucionalistas: por sus hechos los conoceréis

Autora: Teresa Freixes – Catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)

Facebook ha calificado de «inapropiado» un artículo de la jurista Teresa Freixes en el que criticaba los pactos del PSC con el separatismo, la Ley de Amnistía, y unas recientes declaraciones del candidato del PSC a las elecciones del próximo 12 de mayo, Salvador Illa, que en una entrevista en The Time decía que «la gente teme más a Abascal que a Carles Puigdemont» y que «Abascal es un peligro mayor que Puigdemont».

Facebook trata a esta catedrática, una de las voces más críticas, sensatas y educadas contra el separatismo catalán, con el mismo grado de censura que los contenidos que incluyen desnudos, manifestaciones racistas, lenguaje que incite al odio o la discriminación o violencia, lo que nos da una idea del grado de censura progubernamental a la que estamos llegando.

En cambio, Facebook no ha dicho nada acerca de los intentos de justificación en mensajes y escritos que se publican sobre la actuación del Sr. Illa cuando era Ministro de Sanidad y le pilló de pleno el «tema mascarillas» que, solo por el cargo que ostentaba, supongo tendrá alguna responsabilidad.

Teresa Freixes ha escrito un artículo en respuesta al «cerco político» que se le está formando, que publicamos en este blog con nuestro total apoyo a su persona.

No se haga trampas en el solitario Sr. Illa. Y vigile sus eslóganes de campaña, por ejemplo el que acaba de acuñar, porque la trampa es más que evidente. Sus electores no son tan simplones como Vd. quiere ejemplificar. Por ejemplo, en la última encuesta del CIS catalán, la oposición a la amnistía alcanza el 56% entre los votantes del PSC.

¿Por qué? Pues porque por sus hechos los conoceréis. Los conocemos porque para este PSC, que ya no es el mismo que se opuso al golpe en 2017, lo que podríamos considerar indicadores del constitucionalismo, que no son otros que los estándares europeos de democracia y Estado de Derecho, han dejado de estar vigentes en el ideario y la práctica de esta formación política. A saber:

– Menosprecio del Parlamento, no sólo en las Cortes sino también en el Parlament de Cataluña, donde el debate político serio brilla por su ausencia y la calidad legislativa está bajo mínimos. Ni presupuestos siquiera, ni en España ni en Cataluña. De la manita van.

– Apoyo a una amnistía que proporciona impunidad a los golpistas y que no soluciona para nada la convivencia en Cataluña. Claro, es muy duro afirmar públicamente que lo que la provoca es la necesidad de 7 votos en en una investidura y los que hagan falta para mantener una legislatura imposible.

– Ninguneo al Poder Judicial, al que consideran un estorbo cuando es el puntal que garantiza el Estado de Derecho y la democracia en todo el mundo civilizado. Además de utilizarlo políticamente, para intentar aparecer ante la ciudadanía como defensores de la Constitución, como cuando impugnan la iniciativa que pretende resucitar la marmota de la declaración unilateral de independencia.

– Ausencia de vinculación con la sociedad civil, eludiendo entrevistas y contactos con quienes venimos defendiendo, no por conveniencia, sino por la convicción que nos otorga sabernos legítimos defensores del orden constitucional pese a la represión y la muerte civil a que quieren condenarnos, con su aquiescencia.

– Manipulación grosera del «relato», tildándonos de extrema derecha por no seguir a ciegas su buena nueva y por mantener contra viento y marea los argumentos conducentes a recuperar la centralidad y el consenso con los que dimos origen a este sistema constitucional que están permanentemente erosionando.

– Aparcar la institucionalidad, negociando tanto la impunidad como ahora el referéndum de autodeterminación al margen de los órganos legalmente establecidos para aceptar las «mesas de diálogo» en el extranjero, con «mediadores internacionales», ocultamente, haciendo que los constitucionalistas catalanes seamos moneda de cambio en impúdicos acuerdos que únicamente van a dar alas al secesionismo y a quienes pactan con ellos, es decir, a los que representan como mucho a la mitad de la población de Cataluña. Aunque cabe decir, que tan ilegítima sería esta negociación aunque representara al 80%b de la población, puesto que la mayoría numérica nunca justificará la anticonstitucionalidad ni la indecencia.

– Penetración espuria en todos los órganos e instituciones al más puro estilo procesista. De «els carrers seran sempre nostres» [las calles serán siempre nuestras] han pasado a «colonicemos» todo lo posible, sin dejar resquicio a la profesionalidad ni a la neutralidad debida. Que se lo pregunten a las organizaciones profesionales que han adoptado el «Pacto por la defensa del Estado de Derecho», al que se están adhiriendo cada día nuevos colectivos, hartos de que no se respete el marco constitucional, ni las capacidades que se precisan para acceder a puestos funcionariales o de responsabilidad. Es más importante tener el carnet del partido que superar con acreditación contrastada criterios de calidad. Lo acabamos de ver, tanto en los órganos nacionales como en órganos catalanes. Lo cómodo es coser y cantar al son que toca. Vaya ejemplo se está dando a los jóvenes.

Podríamos enumerar muchos más. Lo iremos haciendo, a pesar de que nos bloqueen en Facebook por «contenido inapropiado» (nos lo han hecho por destacar el buen hacer de los políticos portugueses; los boots se lanzan a denunciarnos por contenido inapropiado. No debe interesar que se divulguen según qué cosas).

Pero no se preocupen. Cuando traten de quitarnos de en medio, nosotros también lo volveremos a hacer.

La Fiscalia ja és una altra ucursal del PSOE

Dolça Catalunya del 26-03-2024

Ja sabem que la Generalitat va cercar l’ajuda del Kremlin per al prusés; que Moscú envió agentes de la inteligencia militar y agitó el golpe de estado en Cataluña; que la UE está investigando las «relaciones entre los secesionistas catalanes y la administración rusa», y «las campañas de desinformación a gran escala que Rusia ha ejecutado en Cataluña»; que agentes encubiertos de FSB (exKGB) com aquesta política letona donaven suport entusiàstic al prusés separatista; que espías rusos entraron en la Generalitat; que la màfia russa facilità els contactes de Puigdemont amb el Kremlin; que el responsable de relaciones internacionales de Convergència negoció el desembarco de 10.000 soldados rusos en Barcelona, y agentes rusos prometieron al Motxo 500.000$ millones si rompía España.

Tot això ho sabem. Por eso, lecciones sobre la bondad de Putin las justas, que no ens llepem el dit.

Hoy leemos algo nuevo en Libertad Digital: en mayo de 2021 el Gobierno del PSOE «destituyó a petición del separatismo al mando de la Guardia Civil encargado de la Policía Judicial. Su nombre era Daniel Baena. Y, entre otras cosas, no sólo investigo y acorraló a los golpistas, sino que también investigó las conexiones con Rusia (…) el teniente coronel estuvo a cargo de la investigación sobre los acontecimientos del referéndum del 1 de octubre de 2017, y sus investigaciones fueron de crucial importancia para llevar a buen puerto un proceso que se saldó con condenas de entre nueve y 13 años de prisión para los líderes del proceso independentista».

En 2021 la Fiscalía del PSOE -siguiendo órdenes de ERC+JxC- cerró el caso Volka, que investigaba la trama rusa del prusés. Se tenía «la identidad de 5 altos funcionarios de los servicios de inteligencia rusos que presuntamente participaron en estos contactos [con el golpismo], así como detalles de 3 instituciones financieras extranjeras desde las cuales supuestamente se habían transferido fondos para financiar los movimientos de los espías por Europa y se habían utilizado tarjetas de crédito para cubrir sus gastos de viaje». La Fiscalía saboteó también la investigación de los contactos de Puigdemont con Rusia, se opuso a que se investigara el patrimonio de Josep Lluís Alay (valido del Motxo).

«La Fiscalía ha obstaculizado la investigación de casos de injerencia rusa en el proceso independentista», diu un informe presentat al Parlament Europeu.

Cómo mola lademocraciaquenoshemosdado. Pero siga ud. alelado con Netflix, pensando según los medios y comiendo caliente, convencido de que somos libres y tenemos mil derechos en nuestra maravillosamente avanzada España.

Dolça i despotitzada Espanya…

Los ejes de la carreta

El furibundo ataque que en las últimas fechas se ha producido contra el dolor de muelas del frente sanchista, también llamado Isabel Díaz Ayuso, ha puesto de manifiesto que hay personas que no se paran ante la legalidad vigente ni respetan el puesto institucional que ostentan.

Parece ser que sí, que la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, antes de conocerla y tener relación con ella y ninguna con la política en general, cometió ciertas trampas con Hacienda y sobre las que su abogado admitió los hechos —normalmente, los buenos asesores fiscales le exponen a sus clientes las alternativas existentes para presentar sus declaraciones a Hacienda y las consecuencias que pueden acarrear cada una de ellas, y es el cliente quién decide cuál de esas alternativas tomar, siendo consciente de lo que puede sobrevenir de la decisión tomada—, habiendo llegado con la fiscalía a un arreglo amistoso mediante el pago de las cantidades entre ambas partes acordadas.

Estos temas llegan a la fiscalía cuando los denuncia Hacienda, a cuyos ficheros se accede mediante unos protocolos en los que quedan registrados quienes son los que acceden, en qué fecha, hora y rango tienen cada uno de ellos, por lo que es muy fácil saber quién o quiénes, con poder o sin poder para ello, pudieron entrar en ese expediente y así saber quién o quiénes son las personas físicas que pudieron filtrar estos datos, secretos y de régimen interno de Hacienda.

Trasladado el asunto a la fiscalía, también es un muy reducido número de personas que tienen acceso a los sumarios, y todos ellos con obligación profesional de mantener el secreto.

En esta España de pícaros y facinerosos, Ángela Martialay escribe en El Mundo que «El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dio orden de difundir el insólito comunicado de la Fiscalía Provincial de Madrid desvelando las conversaciones secretas mantenidas entre la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso, ejercida por el abogado Carlos Neira, y el fiscal encargado del asunto Julián Salto».

Y la ministra Marisú Montero hace uso y abuso de su actitud «parraplas» diciéndolo en el Congreso de Diputado, mediante una interesada filtración a la que ella no debería haber tenido acceso, recordándonos la diferencia con la actitud del coronel De los Cobos con el ministro Marlaska años ha, que le costó el puesto y el ascenso a general. Es la diferencia entre las personas de honor y las del grano, la tirita y el hablar chabacano de mentes carcomidas por el uso y abuso del poder.

De todo ello se deduce que ha habido transgresión de la legalidad vigente, que, una vez más, España parece una república bananera, que el Gobierno no se para ante nada ni ante nadie, y que una nación democrática no puede ser tal sin una total y absoluta libertad del poder judicial, que tiene que llegar hasta el fondo de esta cuestión y procesar de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente a quién o quiénes lo hayan transgredido, en cuyo cupo incluyo a la pareja de la Sra Díaz Ayuso que, si ha cometido algún delito, lo pagué, y para todo ellos, que en realidad se cumpla aquello de que «todos somos iguales ante la ley».

Una vez dicho cuanto antecede, ni me explico el silencio de la oposición del Partido Popular ni las voces que claman a los cuatro viendo tratando de presentar a diversos personajes, aforados y no aforados, sobre los que los medios de comunicación independientes están publicando todos los días actuaciones, concesiones, pagos, maletas, comisiones, viajes, prebendas dadas y recibidas, fondos europeos desviados a otros difusos destinos, y un largo etcétera, sobre los que no veo prontitud —ni siquiera ganas— de actuación por parte de la fiscalía, cuando nuestros cuerpos policiales están e incluso ya tienen en su poder, documentación suficiente para imputar a más de una persona por todos estos hechos.

Nuestros políticos, todos, son fuertes con el débil y cobardes con el fuerte. Mientras Rodríguez Zapatero, en dónde pisa él no crece más la hierba, nos vende que la amnistía será la paz y la convivencia en España, JUNTS y ERC han dicho por activa y por pasiva, te podrán gustar o no sus planteamientos, pero no mienten, que la amnistía es el punto de «salida» para la independencia, y una persona —parlamentaria en Madrid— ha dejado caer, como el que no quiere la cosa, que «el referéndum (de independencia) ya está pactado con el equipo de Pedro Sánchez desde finales del año pasado». A lo peor es esto lo que justifica que la carreta que monta nuestro Gobierno suene tanto porque está vacía.

Antonio CAMPOS

Serlo y parecerlo

Quien haya sido profesor o alumno de una Escuela de Negocios de alto prestigio internacional, de las que en España hay tres o cuatro de primer nivel y otras tantas en un segundo escalafón, aunque también muy prestigiosas, sabe que los profesores que se incorporan a ellas, además de su alta cualificación como licenciados, doctores o catedráticos en cualquier tema, ocupan primeros niveles en los organigramas de muy importantes empresas y tienen todos una amplia experiencia profesional y docente. Aun así, se pasan un curso académico sentados en el último banco de las aulas, absolutamente callados y tomando notas de todo cuanto sucede en la clase, aprendiendo los recursos, las técnicas y, en especial, la unicidad de criterios educativos que impera en esa organización, cuyo prestigio y el alto precio que pagan sus alumnos, generalmente licenciados universitarios, viene dado por esa excelencia y la publicación de trabajos en revistas científicas de primer rango mundial.

Pero si bien su remuneración es alta, ganan poco, en términos relativos y en comparación con otros profesionales que no tienen el bagaje que ellos atesoran. Con ese trabajo, ninguno de ellos ha podido comprar bienes inmuebles en diferentes sitios del país por un importe de diez millones de euros en un plazo de diez años.

Hace mucho tiempo, cuando Fernández Ordoñez dio pátina de seriedad a que los españoles hiciéramos la Declaración de la Renta, uno de los motivos por los que te investigaba Hacienda era por «los signos externos», que era algo así —ejemplo para comprensión general de toda clase de personas— como que si tú ganabas cinco mil pesetas al mes de aquellos años, no podías tener una vivienda en la calle Serrano de Madrid que costaba medio millón de pesetas, un Mercedes último modelo, llevar a los hijos al mejor colegio privado, enviarlos al extranjero a estudiar en instituciones privadas de primer orden e irte de vacaciones con tu mujer, tus padres y tus suegros a la Patagonia durante un mes.

Aquello desapareció de la legislación fiscal, en una de las muchas reformas que, de forma incompleta y poniendo parches a favor de la corriente gobernante en cada momento, se han realizado en democracia. Y hemos llegado a una situación en la que la Ministra de Hacienda cesa al director de Inspección Financiera y Tributaria, y a la delegada especial de la AEAT en Aragón, tras la elaboración de un informe sobre incrementos patrimoniales injustificados de ciertas personas y enviarlo para su investigación a la Audiencia Nacional.

En el orden jurídico, la sentencia más reciente que he encontrado se remonta al año 2004, en la que la Audiencia Provincial de Murcia, para fijar la pensión compensatoria en una separación matrimonial, se basa en que «los signos externos no son coherentes con las rentas …».

Según el Tribunal Supremo de Justicia Español, «cuando el hecho esté acreditado en autos es irrelevante cuál sea la parte que haya suministrado el material probatorio con tal de que el órgano judicial pueda extraer y valorar el hecho proclamado», pero es el mismo TS el que dice que «la obligación de probar los hechos normalmente constitutivos de su pretensión, corresponde al actor y, por el contrario, es atribución del demandado la de los impeditivos o extintivos de la relación jurídica en discusión», aunque nuestra actual legislación introduce la inversión de la carga de la prueba, que es «la excepción del principio general según el cual la carga de probar corresponde al que afirma unos hechos o sostiene una determinada pretensión», como es el caso penal en prevalencia de una pretendida igualdad de géneros, algunos como los pecados de la iglesia católica, de pensamiento, en la que es el acusado quien tiene que probar su inocencia. Demencial quién inventó este asunto y más demencial y culpable quién lo autorizó bajo su mandato, alejándose de uno de los principios de la democracia no escritos, pero de aplicación general: «Todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario».

Toda esta introducción viene al caso de los comentarios vertidos por diferentes medios de comunicación y en especial por el periodista Carlos Cuesta y por Gabriel Araújo, Secretario General de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos, ambos de reputada veracidad en sus artículos, sobre una persona muy cercana al poder, sin coraza de aforamiento, en la que tanto el Ministerio de Hacienda como el de Justicia, —en una democracia consolidada están de más los «verificadores gubernamentales de la verdad» y los salvadorillos y salvadorillas (—Ahí es nada—decía él—. ¡Poder entrar y … jincharse…!, escribía en ese cuento D. Pedro Muñoz Seca)—, deberían ser los más interesados en investigar y aclarar judicialmente las circunstancias y los hechos acaecidos, y que aquella parte que mienta o haya transgredido la legalidad, haga frente a las responsabilidades previstas en nuestro ordenamiento fiscal y jurídico.

Antonio CAMPOS

Apártate que me tiznas

Que la verdadera lideresa de la oposición es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo sabe todo el mundo, hasta su «jefe» Alberto Núñez Feijoo y, en especial, el presidente del Gobierno y Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, que la teme más que a nadie en la política nacional.

Díaz Ayuso es, en el más amplio sentido de la palabra, mujer. Una mujer que brilla por su preparación y méritos propios, de esas que dijo la cantante Bebe que no necesitan una manifestación para saber que son iguales a los hombres, que caminan al unísono con ellos, y que saben que tienen el don más grande que existe en el universo, ser madres y dar vida y continuidad a la existencia humana, que con su esfuerzo —y sólo con su esfuerzo— han dejado constancia de su paso terrenal y ejemplo a seguir: Marie Curie, Virginia Woolf, Frida Kahlo, Rosalind Franklin, Elizabeth Blackwell, Margaret Hamilton, Ada Lovelace, Hedy Lamarr, o nuestras más cercanas María de Guzmán (Doctora de Alcalá),  Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal, María de Pineda, María Zambrano, Rosalía de Castro, Clara Campoamor o Margarita Salas, entre otros muchos nombres que figuran con letras de oro en el progreso y la cultura mundial.

Es la única que, hasta el momento, no se ha doblegado ante los evidentes abusos y retorcimiento de la ley que Pedro Sánchez está llevando a cabo en España para constreñir nuestra libertad, nuestra economía y nuestra democracia, en aras a unas supuestas instrucciones globalistas que pretenden convertir la nación española en un tremendo secarral como si una falla tectónica rompiera Europa y uniera nuestro país al continente africano, a la vez que se mantiene él en el poder de forma perenne en el tiempo, controlando medios de comunicación, votos de migrantes subvencionados, custodia de papeletas de votantes por correo, sistemas informáticos de recuento de comicios y más de veinte empresas u organismos estratégicos para esta nación a través de haber colocado al frente de ellas a sus más adictos.

El año 2024 se ha iniciado con graves problemas para él, para toda la ciudadanía y para la democracia. Después de haber perdido la elección a presidente del Partido Socialista Europeo, derrotado por el sueco Stefan Löfven, lo que ha sido ocultado por sus «ecos multimedia adictos», nos vuelve a mentir accediendo a incluir en la amnistía —negociada en última instancia en Suiza por el ínclito Rodríguez Zapatero, que sabe mucho de eso por haber desempeñado el mismo personaje de película en las «negociaciones con ETA» y en diferentes frentes hispanoamericanos—, aparecen claras evidencias de algo que olía mal a distancia desde el primer momento en el que se produjeron, y cuya única explicación política eran excusas por parte gubernamental debido a la urgencia de la situación, que es el tema de las «mascarillas» en la pandemia por coronavirus, y falta por aflorar lo que pueda, o pudiera, haber sobre las vacunas.

El mismo día que la prensa escribe, de forma textual, los siguientes titulares:

• Un proveedor de Illa compró al contado un chalé de 4,2 millones de euros justo después de firmar contratos por 263 millones.
• El gobierno valenciano investigará los contratos de Puig durante la pandemia y su relación con el caso PSOE.
• El Gobierno de Sánchez premia con más de 60 millones a la ONG que dirige el padre de su gurú económico.
• El Gobierno calla con los vínculos de Begoña Gómez (esposa de Pedro Sánchez) con el caso PSOE.
• Begoña Gómez visitó dos veces Air Europa en secreto (24/06/20 y 16/07/20) en plena negociación del rescate.
• La mujer de Pedro Sánchez, en el ojo del huracán por su relación con los Hidalgo.
• Un juzgado ordena al Gobierno desvelar los documentos del rescate millonario a Plus Ultra.
• Desaparecen de una caja fuerte de la Policía los móviles del Mediador del Caso Tito Berni.
• El sector izquierdista del CGPJ detecta cuatro escollos «incompatibles» con la aplicación directa de la de la amnistía a Puigdemont.

A ello hay que añadir los miles de artículos y ríos de tinta vertidos sobre quienes han aparecido, con nombres y apellidos, en el sobreprecio y circunstancias pagadas por las mascarillas, otros nombres que se sospechan pero no se dicen, nombramientos y actuaciones de ciertos personajes con uniformes oficiales, robos de documentación en la caja fuerte de una comisaría (si eso ocurre en una comisaría, imagínese lo protegido que está usted solo en su casa), incremento patrimoniales no justificados o al menos no conocidos por el español que trabaja y paga impuestos y, por favor, no diga que todos somos iguales de hecho, porque si usted se equivoca en un pequeño error en su declaración del IRPF o deja de pagar una multa de doscientos euros, la diligencia de embargo no se hace esperar.

En la misma fecha, decíamos, Pedro Sánchez, desencajado, muy lejos de esa actitud de boy de playa que mostraba en las fotos que han empezado a circular por internet en sus años de juventud, exige a Feijóo que haga dimitir a Ayuso por una inspección abierta a su novio, en fechas anteriores a haber iniciado relaciones con ella, que Hacienda —¡casualidad!—, con la ministra Montero al frente, envió a la Fiscalía el mismo día que el juez pidió la inspección a la «trama Koldo», denominada así por ser el último escalón de un tinglado que huele a dinero negro expandido a los cuatro puntos cardinales.

No seré yo quien defienda a Ayuso ni a nadie que haya cometido ningún delito, pero ¿No quedamos que todo el mundo era inocente mientras no se demuestre lo contrario? ¿Puede imputarse a una persona algo que su pareja hizo, supuestamente hasta que dicten sentencia los tribunales, antes de haberlo conocido? ¿No es bastante, mucho, muchísimo más grave todo lo que se imputa a los intervinientes en la mal llamada «trama Koldo» que esto del novio de la presidenta de Madrid? ¿No es todo ello poner en funcionamiento el «ventilador de la mierda» por parte de los estómagos agradecidos del sanchismo, parlamentarios y extraparlamentarios, para que obnubile la mente de los ya de por sí poco reflexivos votantes españoles?

Únicamente pido que quienes sean culpables, de cualquier partido político, ocupen el puesto que ocupen, del color, raza, religión o ideario político que concurra en cada cual, sean juzgado por el Poder Judicial, único en una democracia con poder y autoridad constitucional para hacerlo, por fiscales y jueces independientes y se les apliquen las leyes hasta sus últimas consecuencias, pues si hay que ser prudentes y honestos con el dinero propio, mucho más se ha de ser con lo ajeno, y más aun si se trata del de todos los ciudadanos de España.

Es una lata el trabajar

Con cierta frecuencia me pregunto si el esfuerzo de nuestros abuelos por dar de comer a nuestros padres y el de nuestros padres por darnos una cultura superior a la suya, no lo hemos echado por la borda la generación que hemos vivido en los dos siglos, en la democracia orgánica (dictadura) franquista y en la democracia gubernamental (autocracia) socialista que impera en España desde hace, exactamente, veinte años.

Como hemos vivido en primera persona las estrecheces económicas, el intento de represión mental —y personal en algunos—, la reconversión de unos pantalones viejos de tu padre en unos nuevos para ti, los quintales de judías, garbanzos y lentejas comidos, el pluriempleo para poder medio llegar a fin de mes, hemos sido munificentes en exceso con nuestros hijos, y no digamos con nuestros nietos, dándoles todo lo que nosotros no hemos tenido, empezando por una libertad que muchos han mal entendido, una cultura que muchos no han aprovechado, de tal forma que han llegado a creer que la leche, la fruta o el pan crecen de forma espontánea y es solo alzar la mano y tomarla en las estanterías del supermercado, que solo tienen derechos, ninguna obligación y algunos no llegan a saber distinguir en voz alta entre un hombre o una mujer desde la posición de sus intelectuales meninges.

Hoy arrasa en todos los medios de comunicación un video en el que una mujer, de edad indefinida entre veinte y treinta años, llora sin consuelo porque, tras acabar sus estudios universitarios —pagados con los impuestos de todos los ciudadanos—, ha encontrado un trabajo con un horario de 9:00 de la mañana a 17:00 de la tarde. A ello hay que añadir la pérdida de tiempo en transporte desde su hogar hasta las oficinas, siendo un trabajo presencial y viviendo a una hora de distancia de la sede de su puesto.

El video de marras lleva más de 2,2 millones de reproducciones y es apoyado por una gran mayoría de los jóvenes que lo siguen, con algún comentario de pasado tenebroso, como el que dice: «La semana laboral de 40 horas se diseñó con un ama de casa para encargarse de las tareas domésticas».

Es muy bueno, e instructivo, tomar el tren de Cercanías a ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao, y ver a los trabajadores, hombres y mujeres, con pantalones raídos o con corbata, que se levantan a las seis o seis y media de la mañana en los pueblos de la periferia, para entrar a trabajar a las ocho, comer un menú de diez euros en una tasca, eso el que no se lleva su petate con la comida, y verlos regresar en ese mismo tren entre las seis y las ocho de la tarde-noche, muchos de ellos de pie todo el trayecto por estar llenos todos los vagones debido a los cientos de miles de personas que hacen lo mismo todos los días.

Pregúntesele a alguno de ellos a ver qué opinan de las quejas de esta mujer de ese video viral, qué les parece las subvenciones que reciben quienes no trabajan ni quieren hacerlo en toda su vida, si es su querer y sentir el último descubrimiento del PSOE de reservar un «cupo laboral» a los «afrodescendientes» porque España, ha dicho Pedro Sánchez, es racista. Pero, en cambio, no dice nada sobre las «papichas» o las «impúberes conyugales» de la misma procedencia u origen.

Sr. Sánchez, España no es racista. Y es impensable que el presidente de una nación, teóricamente democrática, diga eso, salvo intereses espurios personales, excepto si lo que pretende es nacionalizar a esos «afrodescendientes» para que, agradecidos, lo mantengan a él en el poder indefinidamente, o para acabar con la religión cristiana —en sus diversas acepciones— que es lo que ha mantenido unida a Europa desde hace siglos.

En España es bien recibido todo aquel que viene a trabajar y a ganarse la vida honradamente. No hay ninguna alarma social ni racismo de ningún tipo con chinos, japoneses, estadounidenses, ingleses, franceses, polacos, rusos, israelitas o australianos. Ni siquiera con los que llegan a vivir del cuento, de sus subvenciones —las que usted les da—, de los diezmos del caballo alado. Otra cosa son los que delinquen, los que tienen una cultura absolutamente diferente a la nuestra desde que nacen, que manejan un machete mejor que el mejor carnicero del mejor matadero de animales de nuestro país, que no le da otro sentido a la vida que sus fantasías inventadas, que sus genes son los mismos de aquel Almanzor que jugaba al futbol con la cabeza de los cristianos.  

Todo ello en la dirección indicada en la última reunión, digital, que ha tenido el Foro de Sao Paulo – Venezuela Unida, en la que ha estado nuestro ínclito Rodríguez Zapatero («Con él empezó el desastre» sería un buen título para una película sobre su vida), además de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) como anfitriona, Maduro, Samper, Correa, Evo Morales y otros ilustres demócratas, eso sí, revolucionarios, del totalitarismo hispanoamericano, bajo el lema general de «Ha comenzado a funcionar la justicia» y «Hay jueces con una gran conciencia revolucionaria», que en su apartado quinto dice: «Hemos penetrado las luchas de la equidad de género y el racismo. Estamos arrinconando el imperialismo y estas banderas, como la desmitificación de las religiones, han sido bien aprovechadas por nuestros militantes».

El título de este artículo corresponde a una canción de Luis Aguilé, filósofo argentino de la vida del pueblo español, que «coló» más de una de sus canciones como si el destino de sus letras fuera sobre sus tierras de nacimiento. 

«Es una lata / el trabajar / todos los días te tenés que levantar / aparte de esto / ¡Gracias a Dios! / La vida pasa felizmente si hay amor». Ahora hay mucho amor gastado, astado y enmerdado.

Antonio CAMPOS

QUE VENGA DIOS Y LO VEA

Autor: Juan Manuel Jimenez Muñoz – Médico y escritor

03 marzo 2024

(Advertencia a los lectores: este extenso pero jugoso artículo de hoy trata sobre el fraude de las mascarillas en Baleares. Quiero advertir que Franco, Millán-Astray, Ayuso, Feijoo, la Falange, Hernán Cortés, los Reyes Católicos, Julio César y Viriato no aparecen en mi artículo como autores de la estafa, al no figurar tampoco en las actas de la Guardia Civil. Yo, torpe de mí, me centraré en los jefazos del PSOE, que sí están investigados por la Benemérita. Pero si alguien desea conocer la verdadera implicación de los fascistas en las mascarillas fraudulentas de Baleares, habrá de conectar con el Equipo de Felación Sincronizada de El País, Diario Público, Cadena SER, Radiotelevisión Espantosa y “Al rojo vivo” de la Sexta. Ellos tienen pruebas sólidas de que Koldo ha trabajado mano a mano con la derecha extrema, la extrema derecha, el franquismo retrógrado, el hermano de Ayuso, los genocidas del pueblo azteca y los conquistadores de Al-Ándalus. Ellos te lo explicarán absolutamente bien para que tú lo repitas como un loro. Hala, sectario. A cambiar de canal).

Dicho esto, comencemos.

De todos los presuntos estafadores de mascarillas que están saliendo a la luz, hay una “presunta” que nunca me pareció buena gente. Se trata de Francina Armengol, expresidenta de Baleares. Prometo, lector, que no le tengo tirria por capricho. Sí, sí. Ya sé que la memoria es frágil. Pero la mía… no.

La pareja de Armengol es Joan Nadal, trabajador autónomo, dueño de un chiringuito de jardinería con cero trabajadores que facturó cero euros los años 2012, 2013 y 2014: una empresa muerta. Pero en 2015, justo el año en que Armengol llegó a la presidencia de Baleares, con los cero trabajadores de siempre ingresó, cosa curiosa, 4,3 millones de euros. Al año siguiente (2016), otro milagro: el chiringuito declaró casi un millón de euros. Y desde entonces hasta hoy (2017-2023), cero trabajadores y cero euros de ingresos. Ojo: son datos de Hacienda, no míos. Si entre mis lectores hay algún autónomo con cero trabajadores que haya ingresado 4,3 millones de euros en un sólo año, por favor: póngase en contacto conmigo para explicarme el negocio. Con esas escandalosas cifras, y con una pizca de vergüenza, Francina Armengol ya estaría siendo investigada como se investigó en su momento a la infanta doña Cristina por los líos de Urdangarín. Pero no. Esto es la izquierda caviar del intocable progresismo-progresista, y Armengol es ahora presidenta del Congreso. Si eso no resulta raro, que venga Dios y lo vea.

Otrosí digo, Señoría. En febrero de 2018, Armengol aprobó un decreto que obligaba a hablar en catalán a todos los médicos de las Islas Baleares. De esa manera tan inteligente logró que centenares de sanitarios huyeran de allí, y que los isleños lo pagaran caro durante la pandemia COVID: se quedaron pocos médicos en Baleares, pero gracias a Dios todos ellos hablaron en catalán con los moribundos. El caso más escandaloso fue el de Ileana Antón, la única neuropediatra de Baleares, que en marzo de 2018 se marchó de las Islas porque no le salía de los ovarios estudiar catalán. Armengol, entonces, prefirió pagar aviones hacia la península a los niños con problemas neurológicos antes de permitir el castellano. Si eso no es ser mala persona, que venga Dios y lo vea.

Otrosí digo, Señoría. El 7 de octubre de 2020, en plena pandemia COVID, con los locales de ocio cerrados y la gente en sus casas durante el toque de queda, mientras Armengol instaba a sus súbditos “a incrementar sacrificios” (sic), la policía de Palma fue advertida del enorme ruido en un bar de copas, concretamente en el “Hat-Bar”. Eran las dos y diez de la madrugada y, al personarse, la policía encontró un cierto número de juerguistas entre los que se encontraba… sí, sí, amigo mío: la Armengol. Primero, negó los hechos; pero la hija de fruta, ¡dieciocho días después!, acabó por disculparse. Por esa misma indecencia (juergas durante la pandemia) cayó Boris Johnson, primer ministro de la Gran Bretaña. Pero nuestros hijos de la Gran Bretaña no se despegan del sillón ni con agua caliente. Al contrario: Armengol fue ascendida a tercera autoridad de España. Si eso no es ser mala persona, que venga Dios y lo vea.

Y ahora vayamos a las dichosas mascarillas de Koldo, de ese híbrido entre Einstein y Belén Esteban que cobraba una pensión de invalidez mientras cortaba troncos en Navarra, de ese tipo del que Pedro Sánchez escribió el siguiente panegírico en el año 2014: «Koldo es un gigante de la militancia socialista, un guerrillero de corazón comprometido, un referente en la lucha contra la derecha». Que Dios le conserve la vista, ya que la vergüenza se la quitó hace tiempo. Digo a Sánchez. Bueno. Y a Koldo.

Pero Koldo quería caldo, y esto fue lo que sucedió:

1-El Gobierno de Armengol compró mascarillas a los amiguetes de Koldo. En mi opinión, nada que objetar: en plena debacle, muchas administraciones recibieron la llamadita de Koldo y algunas, desesperadas, picaron el anzuelo. Pero no sólo eso: Armengol ni siquiera firmó un papelito con la banda de estafadores: simplemente… apalabraron un acuerdo y redactaron el escrito semanas más tarde. Si eso no resulta raro, que venga Dios y lo vea.

2-El Gobierno de Armengol recibió de Koldo medio millón de mascarillas que eran pura basura, la nada con sifón, una bazofia. En Baleares se dieron cuenta de inmediato: un informe interno y secreto de abril de 2020 ya advertía que las mascarillas eran más inútiles que un submarino descapotable. De hecho, las almacenaron en un depósito donde, ya caducadas, aún crían polvo. Sin embargo, incluso sabiéndose estafada, Armengol pagó a los delincuentes 3,7 millones de euros, cargó el dinero a los fondos europeos y calló como una fruta: y es que el presunto estafador de la estafada Armengol era un alto cargo del PSOE, y entre bomberos no se pisan la manguera. Si eso no es ser mala persona, que venga Dios y lo vea.

3-El 12 de agosto de 2020, no contenta con haber estafado a Armengol, la banda de Koldo pidió un informe favorable al Gobierno balear “para seguir operando con otras administraciones” (sic). Y sí: Armengol emitió ese informe favorable a sabiendas de que sus mascarillas eran basura, a sabiendas de que la habían estafado. Y con ese aval mentiroso, con esas buenas referencias de un compañero de partido, con esa inmoralidad basada en los códigos sicilianos de la omertá, permitió Armengol que Koldo pudiera estafar a otras administraciones y pusiera en peligro la salud de más profesionales y más pacientes. Si eso no es ser mala persona, que venga Dios y lo vea.

4-Por último, un día antes de perder el poder en Baleares, cuando faltaban sólo 24 horas para que el nuevo Gobierno del PP la reemplazase, Armengol se dio cuenta de que estaba perdida, de que sus mentiras y sus falsas mascarillas saldrían a la luz en pocos meses. Entonces, y sólo entonces, firmó un documento pidiendo a la banda de Koldo que devolviese a Baleares 2,3 millones de euros de los 3,7 estafados. Si eso no es ser mala persona, que venga Dios y lo vea.

A ver, militante del PSOE o votante de Pedro Sánchez, déjate del “y tú más” y repite conmigo tres veces:

Si eso no es ser mala persona, que venga Dios y lo vea.

Si eso no es ser mala persona, que venga Dios y lo vea.

Si eso no es ser mala persona, que venga Dios y lo vea.

Y es que ya no hay pan para tanto chorizo ni caldo para tanto Koldo.

Firmado: Juan Manuel Jimenez Muñoz.

Honrados fijos discontinuos

«El dinero es más peligroso que el plutonio» decía un jefe que yo tuve. Si a ello se une que a la bajamar aparece toda la inmundicia en la playa, no debería extrañarnos que haya sido ahora cuando ha explotado judicialmente el «tema mascarillas» adquiridas durante la infausta pandemia por coronavirus y de la que no hemos tenido conocimiento que muriera ningún político, banquero, financiero, grandes dirigentes de ninguna religión ni persona de relevancia en cualquier rama importante o estratégica en el mundo.

La situación y circunstancias de aquellos momentos, el considerable aumento estadístico de fallecidos sobre los datos facilitados por los organismos gubernamentales, y las empresas y sobreprecios pagados por la compra de material sanitario, quedó recogido en mi libro UN CUENTO DEL GOBIERNO, segunda edición de enero 2022, que no saco a colación ahora por prurito personal sino como ejemplo de que diferentes medios de comunicación, de todas las ideologías, ya hablaban de temas que olían mal a distancia, y cuya única explicación política eran excusas por parte gubernamental debido a la urgencia de la situación.

Como la soga se rompe siempre por el sitio más débil, el primer imputado con relación a los hechos entonces ocurridos, ha sido un tal Koldo, portero en un nigth-club convertido en chófer y guardaespaldas del exsecretario general del PSOE, José Luis Ábalos, del que se duda que tenga preparación y fuerza política suficiente para ser la mente pensante y el líder de la infraestructura que ha de montarse para llevar a cabo este gatuperio.

Pedro Sánchez calificó a esta persona en 2014 como «uno de los gigantes de la militancia» en tierras navarras, y «un referente político en la lucha contra los efectos de la crisis y las políticas de la derecha». Tal era su confianza en él que en su libro «Manual de resistencia» dice que Koldo García fue el encargado de custodiar día y noche los 57.000 avales que había recogido para ser candidato a secretario general del PSOE en las primarias celebradas el 21 de mayo de 2017.

El PSOE, de forma unánime, sin fisuras, con democracia del 100% de su Comité Federal, puso todas sus flechas envenenadas apuntando al jefe de Koldo, José Luis Ábalos quién, abrumado por las circunstancias, el 26 de febrero, a última hora del día, presenta su dimisión como presidente de la Comisión de Interior del Congreso, pero no como diputado.

A las cuarenta y ocho horas siguientes comparece en rueda de prensa y, tras duros reproches contra la Ejecutiva que lidera Pedro Sánchez, comunica que abandona el Grupo Parlamentario del PSOE y se irá al Mixto al no aceptar el ultimátum de Ferraz, que le había exigido que entregase su acta de diputado en 24 horas por «responsabilidad política» en el caso Koldo. Al final, no hubo expulsión previa y la dirección del PSOE dejó que fuese su exalto cargo el que informase de su marcha.

De esta forma, Ábalos seguirá siendo aforado y como tal ningún órgano judicial puede abrir causa contra él salvo el Tribunal Supremo y, en teoría, tendrá sus manos libres para votar —o negociar— las leyes en el sentido que considere oportuno y/o favorezca sus intereses, recompensados o no, pues su voto será decisivo en el resultado final del recuento parlamentario y la caída o permanencia en el poder del gobierno sanchista, chantajeado por el independentismo catalán y su amnistía.

Nos encontramos en un punto decisivo en la democracia española. Más allá del resultado final al que se nos lleve con el tema de las mascarillas y material sanitario en el momento de la pandemia, que es muy importante para la limpieza democrática de las personas y de la nación, —yo también pienso que el tema es de tal relevancia que merecería la pena designar un equipo judicial en exclusiva para investigar este asunto—, que queda en evidencia la concentración de poder que ha acumulado el partido de Pedro Sánchez, la tupida red tejida —más de veinte organismo o empresas de máxima importancia estratégica están copadas en el primer nivel de su organigrama por personas absolutamente adictas y agradecidas a Pedro Sánchez— que se retroalimentan en favores y prebendas, en la indubitada sumisión de la fiscalía —al menos en los puestos de más alto relumbrón— aplicando criterios diferentes a situaciones iguales, que se debería llegar «hasta sus últimas consecuencias, caiga quien caiga» y que hay que despejar la equis de la ecuación para resolver de una vez el problema. Probablemente yo sea un iluso.

Antonio CAMPOS

Publicado en PUERTA DE MADRID el 08-03-2024

Es la guerra, amigos

Carles Puigdemont, presidente una vez más del Consell de la República Catalana, ha enardecido a sus masas independentistas diciendo que se inicia una nueva etapa en la que ha dejado claro que «no habrá tregua para intentar lograr la independencia y que, por lo tanto, no estará exenta de confrontación», llamando «a prepararse para una unilateralidad que esta vez no tiene que ser meramente declarativa, sino que hay que llevarla a la práctica si el Gobierno no concede un referéndum de autodeterminación».

Da por pactada, cerrada y aprobada la amnistía y pide superar la desunión de las distintas opciones separatistas porque «volverá la confrontación si no se les concede la autodeterminación.

«Mientras el Estado español, se niegue a resolver la demanda democrática del pueblo catalán, tenemos el derecho y el deber de prepararnos para una unilateralidad práctica que debe hacer materialmente posible la independencia». Ha continuado con que «la amnistía no supone amansarlo ni a él ni a su partido, del que depende para continuar una legislatura que ya se ha encargado de dejar claro que no tiene ningún compromiso de sostener. Si lo que pretenden los socialistas es que la amnistía desactive el ‘procés‘, Puigdemont ha dejado claro que por su parte no será así. «La confrontación no ha acabado, la represión no acabará tampoco por más leyes que hagamos», ha sentenciado, además de advertir que está dispuesto a hacer «los sacrificios que haga falta» para hacer frente a un Estado que no tiene problema en «saltarse el estado de derecho» cuando se trata de defender la «sagrada unidad de la patria».

Es insólito e impropio de un país democrático que nuestro gobierno pacte en el extranjero con una persona que, a fecha hoy, es un fugado de la justicia, que esté seguro del fallo que en última instancia va a sentenciar el Tribunal Constitucional, que vaya a amnistiar unos delitos sobre los que los delincuentes ya dicen que van a volver a saltárselos y provocar nuevos enfrentamientos que están en investigación de los juzgados españoles si hubo o no terrorismo, si hubo o no intervención de potencias extranjeras para hacer una guerra —con armas— contra España, y que mienta acerca de la evaluación que ha realizado «La comisión de Venecia», que es la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional, que brinda asesoramiento jurídico a sus Estados miembros que deseen adecuar sus estructuras jurídicas e institucionales a los estándares europeos y a la experiencia internacional en los campos de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho.

Y ha mentido, distorsionando la realidad e interpretando el texto de tal forma que sus máquinas propagandistas de medios adictos por subvenciones —alguna salvada de la quiebra técnica—  han ocultado, con premeditada intención, lo que realmente dice ese informe:

La ley debería adoptarse por una amplia mayoría parlamentaria.

No debería tramitarse con urgencia.

Debería contar con los informes preceptivos.

Se hubiera tenido que hacer un estudio previo del impacto de la norma, «para ver si se cumplía con el principio de proporcionalidad y si se incluían a las personas debidas, puesto que no pueden estas normas adoptarse, según la propia Comisión, en favor de personas determinadas, sino con criterios de interés general».

«Tanto el ámbito de aplicación temporal como el de los delitos afectados es impreciso y que ello debería subsanarse».

«Se debería clarificar mejor el objetivo de lo amnistiable en relación con la malversación, para precisar qué se incluye y qué no y hasta qué punto, para evitar que cualquier delito de corrupción pueda situarse dentro del ámbito de aplicación de la amnistía».

«No tiene suficientemente en cuenta los derechos de las víctimas de los delitos que se pretenden amnistiar».

«Critica también la falta de claridad en las medidas cautelares que se puedan tomar en la aplicación de la norma, especialmente en relación con el efecto suspensivo de la cuestión de inconstitucionalidad que, en su caso, pueda ser presentada ante el Tribunal Constitucional, ya que parece que la proposición de ley quiera evitar la suspensión de la aplicación de la norma».

«Tampoco ve claro, la Comisión, de qué manera afecta la amnistía a los delitos de terrorismo, puesto que establece que no será aplicable cuando exista sentencia firme y, para la Comisión, la etapa procedimental es irrelevante al respecto».

«Recuerda el necesario respeto a la independencia e imparcialidad del Poder Judicial», con respecto a «las comisiones parlamentarias recientemente creadas en las que pretenden analizar, evaluar y, según algunas fuentes sancionar, las actuaciones judiciales».

Conclusión a la que llega Dolça Catalunya, catalanes y españoles: «Lejos, pues, de avalar, como han afirmado fuentes gubernamentales, el contenido de la proposición de ley de amnistía, la Comisión de Venecia plantea objeciones, tanto de forma como de fondo a la misma».

Tiene que haber uno o varios artículos en nuestro Código Penal en el que estén especificados estos presuntos delitos, que son algo más graves que llamar «hombre» a quien ha nacido con esos cromosomas, tiene una complexión de boxeador profesional de los pesos pesados y un par de huevos mayores que los del caballo de Espartero, pero dice ser y sentirse «mujer» y, además, lesbiana.

Todo ello, en contra de la directiva recientemente aprobada por la Eurocámara que prohíbe amnistiar los delitos de malversación. El PSOE llegó al poder dando lecciones de anticorrupción y se irá del poder habiéndola rebajado, indultado, amnistiado y veremos si no procesados parte de sus altos cargos, cosa no muy rara por otra parte porque desde la instauración de la democracia es el partido político con más causas judiciales abiertas por casos de enriquecimiento ilícito en toda la geografía española, en número superior a cien.

Al final y bajo la batuta de mando negociador de Rodríguez Zapatero, el acuerdo cerrado con Junts incluye «la amnistía de todas las personas involucradas en el proceso independentista», redacción sibilina que igual podría alcanzar a los independentistas catalanes que participaron, activa o pasivamente en el proceso, como a los políticos en Madrid que lo consintieron o no pusieron los medios necesarios para su solución con arreglo a la ley del momento.

Igual de ambiguo es el párrafo de «No serán amnistiables los delitos más graves de terrorismo, torturas, traición o contra de independencia de España» del que gramaticalmente se podría deducir dónde empieza y dónde termina el enunciado genérico de «más graves» y de si esa España a la que hace alusión es una única nación en su totalidad, incluida Cataluña, y por lo tanto no sería amnistiable «independizarse de España —¿intento o hechos consumados?— », o se refiere a injerencias bélicas de una nación extranjera para España en su conjunto.

Como consecuencia de todo ello, JUNTS ya anunciado que el prófugo Puigdemont podrá volver a finales de mayo, en olor de multitud como volvía Julio César a Roma victorioso de las batallas, y que gracias a la amnistía los jueces españoles podrán ser acusados de prevaricación. Esta última idea, a la que parece asentir el PSOE, sería la puntilla en las puñetas y una espita abierta para que ciertas, determinadas personas e ideas, campasen a sus anchas por la geografía nacional.

Si a eso añadimos el tema de las «mascarillas» en la pandemia por coronavirus, en el que jueces españoles y fiscales europeos investigan contratos por importe cercano a los 400 millones de euros que se firmaron desde el Gobierno y comunidades lideradas por el PSOE en 2020, los intermediarios en la asignación de los fondos europeos para salvar empresas viables en dificultades económicas (y falta por salir la compra de los millones de vacunas que no se han utilizado), en el que hasta ahora el único presunto culpable es un portero de nigth club medio analfabeto funcional —como Suárez Trashorras lo fue en el caso de los atentados de Atocha y sobre el que recomiendo el libro «La cuarta trama. Verdades y mentiras en el caso del 11-M», edición del 8 febrero 2024, de José María de Pablo Hermida— cuando la mayor parte de los medios de comunicación ya apuntan a protagonistas que alcanzan a todas las letras del alfabeto, algunos parece que confirmados, pero no nos consta que investigados judicialmente, como son la A, la B, y así sucesivamente hasta que se llegue a la X, que es la incógnita a despejar en cualquier ecuación, siempre que en un país de «charanga y pandereta» no desaparezcan pruebas, se pierdan, quemen o roben ficheros informáticos, se desdigan testigos, se opongan fiscales, se aparten o jubilen ciertos jueces o prescriban los plazos legales para la instrucción de la causa o dictar sentencia, como ha sucedido en varias ocasiones durante los últimos años en otros temas de calado político.

Si seguimos subiendo en el tipo de ecuaciones, habría que despejar la Y de las cuadráticas, que es saber qué había en el teléfono móvil de nuestro presidente, por qué las concesiones habidas a Marruecos, desde coches policiales más modernos y potentes que los que tienen nuestros agentes, carros de combate turcos, dinero para una red de regadíos, para infraestructura ferroviaria, además de desmantelar el control policial contra el narcotráfico, lo del Sahara y los migrantes ilegales que llegan a nuestras costas.

A ello se ha sumado ahora la incorporación al servicio militar obligatorio marroquí —de reciente aprobación— de ciento cincuenta mil jóvenes cada año y la reclamación ante la ONU «del fin de la colonización española de Ceuta, Melilla y las Islas Canarias». En un artículo de hace pocas fechas decía yo que España está haciendo un despliegue militar naval y del ejército de tierra, catalogado como táctico, de entrenamiento o disuasorio, próximo a tierras africanas, como si hubieran sido alertados de acontecimientos futuros y no precisamente para ir a comer una paella o «pescaito» frito gaditano. El asunto está tomando cada vez peor cariz, no solo este sino todos a los que nos ha abocado la política interior y exterior de nuestros dirigentes, y me temo que nos van a faltar tropas militares para tantos frentes como se están abriendo.

El Juan Español que se levanta muy temprano para ir a trabajar y pasa dificultades económicas para terminar el mes teniendo cubiertas sus necesidades, empieza a hablar, en voz baja, en los «corrillos de bar», con miedo de que le oiga el que está en la mesa de al lado, igual que ocurría cuando gobernaba Franco, temiéndose que si con estos escándalos no cae el gobierno, vamos a tener a Pedro Sánchez por más años y misma forma de mandar que estuvo el muerto, desenterrado, vuelto a enterrar y siempre presente en las oraciones de salvación de las huestes, en primer tiempo de saludo, que sostienen y cumplen a rajatabla las instrucciones de Pedro Sánchez, el Mentiroso —recalcitrante— como lo designa un periodista de docta palabra y educada dicción, porque sería la constatación de la parálisis mental en la que está inmersa la ciudadanía, y porque ya no engaña a nadie en el mundo, como ha quedado demostrado presentándose candidato, anunciado a bombo y platillo, a presidente del Partido Socialista Europeo, y ha sido derrotado —su sino parece ser quedar siempre segundo— por el sueco Stefan Löfven, lo que ha sido ocultado por sus «ecos multimedia adictos».

Antonio CAMPOS

Aquí, ¿quién curra?

Funcionario es toda aquella persona que desarrolla su trabajo para alguna de las Administraciones Públicas. Se clasifican en personal funcionario de carrera, funcionario interino, personal laboral o personal eventual.

El acceso a la condición de funcionario de carrera se produce por nombramiento en función de criterios objetivos mediante un sistema de oposiciones, muy duras, que garantizan unos elevados conocimientos técnicos de quienes las superan. Para no quedar sometidos al ideario de los políticos de turno, tienen derecho a la inamovilidad de la condición de funcionario de carrera, que exige una justificación objetiva y documentada para una eventual destitución.

En cuanto a los funcionarios interinos y eventuales, son nombrados con otros criterios, que muchas veces han sido, y son, la pertenencia o afección a algún partido político o sindicato.

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, ha informado de un anteproyecto de ley para modificar la Ley de Procedimiento Administrativo Común que se aplicará «lo antes posible», con el objetivo de mejorar la relación entre los ciudadanos y los servicios públicos en el que, entre otros temas, va a poner fin a la cita previa obligatoria que se implantó en su día por el coronavirus para evitar aglomeraciones.

Esta medida tomada por el ministro Escrivá, que a mí me parece acertada, ha sido ya rechazada por los sindicatos, que anuncian atascos de trabajo importantes en el SEPE, La Seguridad Social y Hacienda, reclamando más funcionarios en sus plantillas de trabajadores.

La misma decisión de quitar la «cita previa» deberían tomar los bancos y otras empresas que utilizan este sistema, pues hay un elevado número de empleados ociosos o trabajando a un ritmo que no pueden ser rentables para la empresa por mucho que lo intenten disimular.

Solo voy a poner un ejemplo, vivido en primera persona. Lunes, tras un «puente» de viernes, sábado y domingo. Oficina de una Administración Pública en un barrio. Llego a las nueve menos cuarto de la mañana. Ya hay dos personas esperando en la puerta. A las nueve y veinticinco minutos se persona una señora, nos da los buenos días, abre la puerta, entra, y seguimos sin poder pasar, hasta que quince minutos después sale y dice: «que pase el primero». Cuando entro yo, eran pasadas las diez de la mañana, está ella sola, llega en ese momento un empleado, da los buenos días y entra en una sala aneja, cerrando la puerta tras de sí, supongo que serían los servicios. Cuento, mental y físicamente —para que la señora se dé cuenta de lo que estoy haciendo— las mesas, sillones, sillas y ordenadores que hay en la oficina, total ocho puestos de trabajo, más un despacho y un «chiscón» a la entrada que parece indicado para alguien de información. La miro, y sin decir yo nada, me explica: «Ya sabe lo que pasa en estos casos, un puente largo, enfermedades, y falta de personal». Cuando acaba de atenderme, no antes por si se cabreaba y no me hiciera la gestión que yo pretendía, le digo: «Si esto fuera una empresa privada, o le subirían a usted el sueldo por hacer todo el trabajo o la despedirían por encubrir a sus compañeros». Su mirada de odio y desprecio persiguió mi sombra durante varios días.

Las últimas estadísticas de EPA – Encuesta de Población Activa muestran que de las 48.085.461 personas que habitan España no trabajan por una u otra causa 26.838.561 que supone el 55,81% de la población; 17.653.600 trabajan en el sector privado, que es el 36,92% de la población; y 3.593300 son trabajadores públicos pagados por las diferentes administraciones del Estado, el 7,47% del total de ciudadanos, con una ratio de 13,38 funcionarios, en todas las categorías, por cada cien ciudadanos, según los datos oficiales.

Si introdujéramos la variable de los «fijos discontinuos», de los que no hay datos fehacientes al respecto, pero que según los más prestigiosos equipos estadísticos privados de España calculan podrían oscilar entre medio millón y setecientas mil personas, y que yo he utilizado dejándolo en 550.000 como forma de estimación prudente, que en realidad se pasan más tiempo en el paro que trabajando, cobrando la subvención bajo ese concepto, el total de no trabajadores ascendería al 56,95% y la tasa de paro se iría al 14,04%.

Los datos son los que siguen a continuación:

¿Podrá mantenerse a futuro un país en el que el 36,72% de la población, de una u otra forma, paga al resto de los habitantes? El total de pensionista es de 9.605.300 personas, lo que significa que hay un pensionista por cada 1,83 personas trabajando en el sector privado, que aumenta a 2,21 si incluimos el sector público, con una pirámide poblacional cada vez más envejecida y menos natalidad, ¿conseguiremos mantener este sistema sin implantar grandes modificaciones para que en el futuro nuestros jubilados tengan una pensión digna y segura?

Además, las «bajas por enfermedad» alcanzan los 1,6 millones de personas diariamente. Y como ya no es obligatorio para las personas trabajadoras entregar a las empresas los partes de baja transitoria, el TSJ ha fallado declarando la nulidad del despido e impone una indemnización adicional por daños morales, sentando así un precedente jurídico que va a llevar a las empresas a incorporar nuevos parámetros en la selección de personal mucho más duros y exigentes, que contraerán la demanda.

Los datos expuestos son los oficiales facilitados por los correspondientes organismos dependientes, y controlados, por el Gobierno. Algunas veces me pregunto qué pasaría si únicamente hubiera funcionarios públicos de carrera, independientes del poder político, y el resto de los trabajos fueran subcontratas con empresas privadas de primera línea mundial, si aumentaría o no la productividad, si se dejarían de ver tantas bolsas de grandes almacenes entrando en organismos oficiales en horas de trabajo, si los bares cercanos tendrían una rotación mayor o menor de media hora para un desayuno.

Y, como en todas las cosas de esta vida, no hay que incluir en este saco a aquellos trabajadores públicos, que los hay, muchos y muy buenos, que solucionan en verdad sus problemas a los ciudadanos y que, en muchísimos casos, están con una sonrisa permanente de atención y agrado. Hay que ser conscientes que tanto el funcionario público como el ciudadano que acude a cualquier institución, pública o privada, tiene sus derechos, pero también obligaciones, porque cada derecho lleva implícita una obligación, en un país en el que mucha gente cree que goza de derechos por el solo hecho de haber nacido, sin que sienta que tiene obligaciones, consigo mismo y con la sociedad, para poder exigir esas obligaciones.

El funcionario público tiene obligación de dar un buen servicio, pero también derecho a una remuneración acorde, desde el catedrático de universidad al médico de guardia de cualquier hospital, desde el empleado de ventanilla de un ayuntamiento al jardinero municipal. Yo abogo por exigir que cumplan bien e íntegro su trabajo, pero también porque sus emolumentos sean en consonancia al desempeño de sus funciones.

Antonio CAMPOS