Armonización fiscal

¿Puede ser socialista-marxista una persona que, antes de ser ministro, es probable que ganase 250.000 euros anuales y pensar lo mismo que alguien que era cajera de un supermercado y es factible ganara unos 15.000 euros anuales? Las cifras me las invento, por no estar callado, pero parece que sí, que aunque hubiera mucha diferencia entre el poder adquisitivo de una subalterna con el director de una reputada Unidad de Estudio de una multinacional, los nuevos trabajos políticos deben dar mucho de sí, como el chicle, porque parece que se juntan los extremos, al menos en cuanto al tema económico y el nivel de vida, porque el poder obnubila la razón y pretende hacer iguales a desiguales, que es la mayor injusticia que existe bajo la capa del cielo, esté o no ocupado por alguien.

Algunas autonomías del Partido Popular han descubierto el hilo negro en economía: Que cuando los impuestos son altos, bajarlos a empleadores y empleados, y darles facilidades fiscales, atrae la inversión, de cualquier sitio, nacional e internacional. El fondo del boom económico español de los años sesenta, fue ese; el de las regiones vascas y catalanas durante el régimen franquista, igual; eso hizo que las grandes empresas e industrias punteras de entonces se establecieran en España y, en concreto, en esos dos territorios a los que sí, en efecto, Franco compró la paz social con ello.

El ministro Escrivá, una de las grandes decepciones de nuestro Gobierno, que va a terminar por quebrar la Seguridad Social de forma definitiva, a la que ya cogió con el agua por arriba del cuello, ha lanzado un mensaje de armonización fiscal en todas las autonomías, porque ha visto como algunas de las gobernadas por el partido de la oposición nacional, están creciendo muy por encima de aquellas en las que gobierna el PSOE o alguno de sus conmilitones, esos que quieren deshacer España y mantienen a Pedro Sánchez en el poder.

¿Se refiere Escrivá a que vamos a armonizar con la Unión Europea, que no será absolutamente nada, lo que es ahora, mientras no haya un gobierno, un parlamento, unas leyes, unos tribunales, una justicia, un ejército, un etc., etc., únicos e iguales para todos? ¿O lo que quiere es que aquellas autonomías que se gastan el dinero en ampliar el odio a España, en embajadas propias, en policías y paramilitares propios, y en otras muchas cosas que van en contra del resto del país, no bajen sus impuestos, sino que sean las autonomías que mejor lo están haciendo fiscalmente quienes los suban? ¿Van a ser todos los impuestos iguales y para todas las autonomías o solo los que beneficien a los que sostienen en el poder a su líder Pedro Sánchez? ¿Por qué no se armoniza a la baja, reduciendo los impuestos en aquellas autonomías que se quejan de “malas prácticas” si no es porque estas tienen que mantener sus estructuras para independizarse de España?

Se vuelve a utilizar el trampantojo y, dicen, podrían llamarlo prestaciones patrimoniales no tributarias al Estado. Una vez más se cumple la Ley de Murphy. Bruselas es peor y más poderoso porque tiene la potestad de fabricar Deuda Pública mediante una fotocopiadora y habla de “la necesidad de aplicar de forma más coordinada la fiscalidad sobre la riqueza entre los distintos territorios para garantizar un nivel de imposición mínimo y coordinado, evitando la competencia fiscal perjudicial entre las comunidades».

Pero hombre, que mire su propio ombligo: Hay que recordar que Escrivá ocupó la misma función en la empresa privada que Miguel Sebastián, no recuerdo bien si fue su sucesor en el puesto, y que este, también socialista y ministro en su día, es totalmente partidario de suprimir el Impuesto de Patrimonio, por razones técnicas que no vienen al caso en estos momentos, pero entre otros motivos prácticos, porque no se paga en ningún país de la Unión Europea, siendo Noruega y Suiza los dos únicos países que lo contemplan en toda Europa. Dice Miguel Sebastián que  ”El Impuesto sobre el Patrimonio habría que quitarlo definitivamente, de una vez por todas. Es penoso que volvamos en España al debate entre ricos y pobres y mezclar la eventual supresión de este impuesto con la viabilidad del Estado de Bienestar”. ¿Por qué Bruselas va a ver con buenos ojos esa discriminación con España? ¿Qué vende Pedro Sánchez por ahí, sin que lo sepamos los españoles?

A la vez que nos quieren poner este supositorio, la ministra cirujana -Dios nos libre caer en sus manos- dice que “No sería ético, no podemos recortar ni nuestros sueldos ni el de nuestros ministros ya que eso sería populismo …. Aunque España tendrá que hacer un gran esfuerzo y prepararse para los recortes que se esperan”. Y, de un golpe, Pedro Sánchez se gasta 573 millones de euros públicos en su viaje a Estados Unidos para conseguir una foto con Bill Gates y autoproclamarse aspirante a presidir la Internacional Socialista. No les voy a llamar sinvergüenzas, pero sí caraduras, fuertes con el cobarde y cobardes con el fuerte.

La armonización, que no deja de ser una recentralización de la toma de decisiones, debería aplicarse a otra serie de competencias, tipo Estados Unidos, ese gran país que nos ha metido en la refriega con Rusia que ya veremos cómo acaba todo: Desde el nombramiento de jueces y fiscales a través del voto, pasando por elecciones diferentes para el poder legislativo y el poder ejecutivo, hasta la policía, justicia y cárceles federales (nacional en nuestro caso), para una serie de delitos previamente establecidos por su gravedad, educación en el idioma nacional y un aprendizaje como segundo idioma del propio autonómico, en el que cualquier ciudadano no fuera discriminado en ninguna parte de la nación, además de por razón de sexo, color o religión, por el idioma. Y no, no soy un iluso. Sé que no lo hará, ni el PSOE ni el nuevo líder de la oposición, que me parece luce la misma enseña en su solapa y está empezando a tomar posturas formadas por sufijación rajoyana de Don Tancredo.

En cuanto a las pensiones, antes o después, el gobierno de turno -lo que pasa es que ningún turno quiere asumirlo- pasará como sucedió en Grecia, serán los más débiles políticamente hablando, o sea, los funcionarios y los pensionistas, quienes verán reducidos sus ingresos de una forma sustancial, contrabalanceo para seguir pagando a estómagos agradecidos que no han ingresado nada en la caja común de todos los españoles y que no piensan hacerlo en toda su vida, pero que votan al partido gobernante.

Escrivá, empleado que fue de banca, debería consultar con sus amigos de la UGT, los de antes de inventarse las cigalas, los de 1981, que fueron los que modificaron la forma de jubilarse los empleados de ese sector, calculando los derechos adquiridos hasta ese momento de forma individualizada, y aportando esa cuantía (en varios años) a una “mochila” que se siguió nutriendo de lo contribuido cada año sucesivo por empleador y empleado y que va con el trabajador dónde quiera que preste sus servicios.

Pero para eso, el Estado (todos los españoles) debería aportar menos, pero en cambio sí aportar más los patronos y los obreros. Y “con la iglesia hemos topado”, ahora que Pedro Sánchez quiere que nos entierren en una caja de cartón, como venían los zapatos de El Gorila en tiempos de Franco. ¡Cualquiera se atreve a eso! Porque como España es el país de los derechos y no de las obligaciones, adiós al voto, al colchón de la Moncloa, a los diez coches blindados de escolta, a los Pumas y a los Boeing, que creo todos ellos van a moverse con electricidad, dando ejemplo a la ciudadanía.

Lo de la solidaridad está muy bien, siempre que no sea SOL y DAR Y DAR. Porque siempre toman el sol los mismos y dan los mismos, pero ambos no son los mismos. No sé si me explico.

Antonio CAMPOS

Los 3 problemas que resquebrajan la economía española

según Niño Becerra

Publica el libro ‘Futuro, ¿qué futuro?’, donde analiza hacia dónde va la economía postcovid

Por Lluís Bou en Elnacional.cat

El economista Santiago Niño-Becerra acaba de publicar el libro Futuro, ¿qué futuro? (Editorial Ariel), donde analiza la economía después de la pandemia de la covid, con especial atención a España. Niño-Becerra advierte que el Estado español tiene tres problemas económicos que lo coartan: la deuda desmesurada, la baja productividad y la escasez de dinero para las pensiones. Estas son las valoraciones que hace el economista sobre estos tres puntos, que resumimos a continuación. «Los tres años que se calcula que la pandemia tardará en ser controlada serán una piedra en un camino-económico, el de nuestro país, que ya era escabroso, sobre todo pensando en el medio y largo plazo», advierte.

1) Deuda desmesurada: Según el economista, «la deuda es un dogal muy pesado que asfixia a España y que hace que el país dependa de los inversores que tienen esta deuda». Y en este sentido, pronostica que a consecuencia de ello el Gobierno español tendrá que adoptar medidas duras como subir impuestos, recortar el gasto público, o combinar las dos vías para que la evolución de la deuda sea sostenible. «España pasó de una deuda del 95,5% del PIB, a 31 de diciembre del 2019, al 120% del PIB un año después», recuerda, en un proceso acelerado por la covid. Pero Niño Becerra avisa de que la covid sólo ha empeorado unas tendencias que ya eran malas antes de la pandemia. «La pandemia ha afectado a España más que a otras economías por problemas que venían de muy atrás, que ya estaban antes de que el virus de la covid llegara; el virus sencillamente los ha dramatizado y puesto en evidencia. La española no es una economía homogénea: por eso pienso que la única posibilidad de recuperación para España y el resto de países pasa por finalizar la fórmula del café-por-todos y optar por un perfil de geometría variable que, hasta ahora, se ha querido evitar por razones políticas», añade.

2) Baja productividad: El economista asegura que los índices de productividad españoles han empeorado en los últimos años, y ya no eran buenos antes. Eso a su entender acondiciona toda la estructura económica. «Una baja productividad supone una generación de valor añadido reducida, lo que no incentiva la inversión a fin de que la productividad mejore, y eso lleva de forma inevitable al país o zona a perder competitividad internacional. España ha estado compensando esta deficiencia pagando salarios bajos y con condiciones laborales precarias: tiene además una tasa de economía sumergida que, según las estimaciones, oscila entre el 17% y el 25% del PIB, lo cual ha soportado con bastante elasticidad el sector turístico», apunta. Niño Becerra advierte que esta fórmula no será sostenible en el tiempo, porque la UE exigirá y auditará fórmulas fiscales mucho más estrictas.

3) Escasez de dinero para las pensiones: El economista asegura que España sufre una «crónica insuficiencia» de dinero para las pensiones, e insiste en que este es el problema real. «El problema del sistema de pensiones de España (y de todos los países con un sistema de reparto como el español) es de insuficiencia de ingresos», dice. Según Niño Becerra, la ley de reforma de la Seguridad Social aprobada en anteproyecto en el 2021 sólo garantiza «un equilibrio momentáneo de las cuentas» traspasando algunos gastos a los presupuestos del Estado, para aportar así 22.000 millones de euros más, que se quitan de otras partidas. A su entender, el anteproyecto «aparca para más adelante los temas más polémicos, como el encaje del aumento de la esperanza de vida en el importe de las pensiones». La cuestión también se ha agravado a raíz de la pandemia.

La economía está «fotuda»

La Deuda de España con el BCE asciende a 571.223 millones de euros, lo que representa el 40,1% de la Deuda Pública Española; la de la banca española con el citado BCE se sitúa en 289.482 millones de euros; en total, 860.705 millones de euros. La dependencia de la economía española está en manos de la fotocopiadora de turno, emisión de deuda impagable que debería haberse empleado mediante inversión en la modernización, recuperación y creación de empresas de alto valor añadido, en vez de disparar el gasto para contentar a unos y a otros. Superada teóricamente la pandemia, según dice el gobierno, la recuperación económica pivota sobre la vuelta del BCE a la normalidad monetaria, dejando de comprar masivamente deuda soberana; la distribución de fondos europeos, controlando las inversiones; y la vuelta a la disciplina fiscal, es decir a los principios del equilibrio económico, con una deuda máxima del 60% del PIB y unos presupuestos equilibrados. Veremos, dijo un ciego.

Porque comparece la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en el Parlamento Europeo y comunica que ha optado por mantener los tipos de interés en mínimos históricos. Seguimos con la fotocopiadora a tope.

Cuando finalicen las moratorias de pago y las ayudas extraordinarias a empresas y autónomos, venzan los ICOS parcialmente avalados por el Estado, las hipotecas que se ha llevado el volcán de La Palma, ya sé que jurídicamente los prestatarios deberían seguir pagando sus deudas, pero si no lo hacen, que será lo normal que pase, las entidades financieras deberían ir digitalizando las escrituras hipotecarias sobre una barra de hielo puesta al sol canario, veremos cómo queda la morosidad bancaria en España, y por tanto sus resultados contables y viabilidad futura, con más de 150.000 millones de euros en “créditos en vigilancia especial”, lo que es lo mismo, que ya han dado síntomas de impago.

Pedro Sánchez promete un nuevo modelo de financiación autonómica a instancias del separatista Ximo Puig en Valencia, que ha pedido gravar a Madrid con un impuesto extraordinario por estar haciéndolo bien, con los impuestos más bajos y obteniendo más recaudación fiscal. Supongo que en ese nuevo modelo de financiación incluirán el Foral Vasco, que negoció Pedro Luis Uriarte, el más listo de la clase. ¿A que no hay clituevos?

Los pensionistas se quejan del 1,98% que van a subir sus pensiones, cuando la inflación ha alcanzado ya el 5,40% a finales de octubre. Son los mismos que no hicieron una lectura comprensiva de la última reforma de las pensiones realizada por el ministro Escrivá, que decía claramente que se les aplicaría los IPC medios interanual del mes de noviembre, con lo que la pérdida de poder adquisitivo será constante porque, aunque pudiera controlarse la inflación, nunca se volverá a los precios en los que se inició su escalada, por lo que siempre habrá un decalaje entre los precios reales de adquisición y los incrementos. Y es probable que se aplique esa misma política en los convenios laborales, al menos mientras se siga subvencionando a los Sindicatos para que estén callados y en casa. Recuerdo cuando, con Rajoy, los Sindicatos propiciaron una huelga general porque “subía muy poco las pensiones”.

PSOE y Podemos vetan la bajada del IVA del 10% al 4% a los ancianos en residencias privadas. Todo lo que sea privado y no controlado por el Gobierno, el objetivo es eutanasia por inanición.

Esto, sobre la inflación estadística. Luego está la inflación por deflación de servicios, manteniendo precios al consumidor. En un reciente viaje, al llegar a la habitación del hotel, cuatro estrellas, me he encontrado con que los enchufes estaban desconectados, para que los ejecutivos no puedan conectar su portátil y los turistas cargar los teléfonos y las baterías de las cámaras fotográficas; no había mantas en la cama, pleno mes de noviembre, para que así los/las asistentes de limpieza tarden menos en arreglar la habitación; y la cisterna de los servicios tenía dentro dos grandes botellas de agua para que cargara menos contenido, pero no el suficiente para limpiar correctamente lo allí depositado; cuando bajé a la recepción a solicitar que resolvieran el asunto, solo tuve que insinuarlo, lo que quiere decir que eran conscientes de ello, y se solucionó sobre la marcha. Esta es una de las Españas tres -C- cerveza ligada al turismo.

Tras la fusión con CaixaBank, esta se ha visto obligada a crear una filial para tratar de dar salida a 21.000 inmuebles de todo tipo, embargados y adjudicados por impago, procedentes de Bankia, antigua Caja de Madrid, esa caja de ahorros rescatada con dinero público y gestionada por políticos y sindicalistas de todo tipo y colores. Por favor, no confundamos más a la gente diciendo que se rescataron a los bancos, que fueron cajas de ahorro centenarias tomadas al asalto por políticos y caciques locales amigos.

El alza de los materiales de construcción se sitúa en una media del 8%, lo que repercutirá en el precio final de venta. Si hay problemas en la concesión de hipotecas por los condicionantes económicos de los prestatarios y jurídicos para los supuestos de recuperación de la posesión de los inmuebles financiados, tanto en propiedad como en alquiler, ahora aumentará. Esta es otra de las Españas tres -C- cemento ligado a la construcción.

Ser funcionario público lleva aparejado una serie de prebendas importantes, entre ellas, la seguridad en el empleo durante toda la vida. Para ello, hay que superar un duro examen que les faculta para desempeñar profesionalmente su labor. El Gobierno actual confirma que los interinos que acumulen más de cinco años de manera ininterrumpida en su puesto en la Administración Pública pasarán automáticamente a ser funcionarios, conservando su antigüedad y los trienios acumulados. No voy a entrar en si los interinos son o no, que sí lo son, personas adictas políticamente a uno u otro partido, pero sí que es un agravio comparativo de gran tamaño igualar a quien ha superado una prueba con preparación y mucho esfuerzo para ello, con quien ha sido designado digitalmente por la mano del amiguete de turno.

En ese afán de socializar todo (comunismo trampantojo), lo último conocido cuando escribo estas líneas, es que el ministro Escrivá, presionado por los comunistas de Podemos y los Sindicatos Obreros Horizontales, va a cargar la mayor parte del peso de la subida de cotizaciones sociales a las empresas para que, en su jubilación, lo cobren los empleados. Aunque la teoría es esa, la realidad es que lo que le interesa al empresario es el coste total por trabajador: Un empleado que cobre 1.700 euros mensuales líquidos, le cuesta a la empresa (prorrateadas pagas extraordinarias, vacaciones, etc…) 2.500 euros mensuales. Una alternativa sería que la empresa le pagara los 2.500 euros y que él ingresara en Hacienda y en la Seguridad Social los 800 euros que le corresponden para que fuera consciente que es con eso con lo que paga su estado de bienestar. Pero el español es pícaro y el Estado no se fía de él porque ¿cuántos se lo gastarían y no lo ingresarían? Una vez más, se pone un remiendo absolutamente insuficiente y se pierde la ocasión de un pacto nacional con todas las fuerzas políticas, sindicales y económicas para salir de la situación de quiebra técnica en la que se encuentra España.

La VP Yolanda Díaz, comunismo en estado puro, propone el 8% de las plantillas como máximo de contratos temporales, debiendo pasar a fijos a los cinco meses de permanencia en la empresa; en el caso de empresas de 500 trabajadores o más el tope será de 30 trabajadores o el 4% de la plantilla.

La subida de la energía, de las materias primas, del SMI, de los impuestos, los convenios de sector y la rigidez de las normas, no pueden sino desembocar en cierres patronales y en más paro.

Como funcionarios, como empleados, como pensionistas o subvencionados mediante el cobro del paro, ERTES y ONG, el Estado quiere tener controlada la economía de los ciudadanos, que dependan de él, porque quien controla la deuda, controla la vida del deudor.

Antonio CAMPOS

Publicado en PUERTA DE MADRIID de Alcalá de Henares el 26-11-2021

El Partido Popular nunca llegará así al poder

El tema de las pensiones es uno de los grandes problemas que tenemos en España y del que vengo escribiendo desde el año 2012. Cada vez hay menos trabajadores activos y cotizan por menor importe; otros trabajan en la economía sumergida y no cotizan nada; otros cobran paro y subvenciones, y trabajan en dinero negro, sin cotizar nada; otros, directamente, cobran subvenciones y tienen el “todo gratis” por pasearse por calles y plazas, sin cotizar, ni pretender hacerlo en toda su vida, a la Seguridad Social ni a la Hacienda Pública Española.

Quienes siguen mis escritos saben que mi opinión es que Pedro Sánchez lo está haciendo mal, muy mal, como presidente de todos los españoles. Pero es que Pablo Casado lo está haciendo aún peor como jefe de la oposición política. Y si sigue desaprovechando las oportunidades que le brinda el devenir diario, nunca volverá el Partido Popular a la Moncloa.

Se está dedicando a controlar la organización de su Partido, pero sin diseño de estrategia futura, establecer objetivos concretos, vender el producto adecuadamente y cobrar la mercancía final, traducido todo ello en votos.

Pablo Casado ha insistido en que si él gana las próximas elecciones generales «derogará» la reforma de las pensiones que está haciendo el actual Gobierno de Pedro Sánchez. Con esas instrucciones se ha presentado su partido en el pleno del Congreso de los Diputados, que ha rechazado la enmienda a la totalidad presentada por el grupo parlamentario popular al proyecto de ley en el que se vincula el aumento de las pensiones a la inflación, por el que desde el próximo año 2022 la revalorización de las pensiones se hará el 1 de enero de cada año y subirán la media de las tasas de variación interanual del índice de precios de consumo (IPC) de los 12 meses previos a diciembre del año anterior.

Aunque seamos muchos los que, en plan económico, estemos de acuerdo con ello, también somos muchos los que no compramos, políticamente, su posición de dejar descolgados, económicamente, a los pensionistas, personas nacidas a partir de la Guerra Civil, que empezaron a trabajar con pantalón corto, que han cuidado de sus padres, de sus hijos y de sus nietos, empezando a cotizar en tiempos del “innombrable” mediante un pacto bilateral explícito para obtener una pensión de la media de los últimos 28 meses trabajados y un mínimo de 8 años de cotización, hasta la actual en el que el importe llegará a ser la media de los últimos 25 años de cotización y 37 trabajados.

Pablo Casado se equivoca de objetivo. Sin las franjas de votos jóvenes y de los pensionistas, jamás volverá a gobernar el Partido Popular, improbablemente en mayoría, y nunca en mayoría absoluta, por lo que la equivocación es doble al atacar las ideas de VOX, esa calificada ultraderecha que no ha protagonizado hasta la fecha ni una sola palabra ni un solo acto de esa ideología fascista, dictatorial, anticonstitucional, radical o de agresividad física que se le quiere imputar.

Los pensionistas son más de diez millones de ciudadanos, a los que hay que añadir sus cónyuges, parejas y otros familiares que dependen de la pensión mensual. Y les pasa como a los catalanes, que pueden prescindir de todo, menos “la pela”, eso es sagrado. Hasta ahí podíamos llegar. Los independentistas mantienen en el poder a Pedro Sánchez con el dinero que les transfiere; los pensionistas, lo mismo. Y si Pablo Casado está contra ese colectivo, mejor será que lo deje ya antes de sufrir un descalabro electoral y tenga que salir por la puerta falsa. Y que vaya “calentando” Isabel Díaz Ayuso porque el otro teórico contrincante, Núñez Feijóo, es un independentista de derechas que ya no engaña a nadie fuera de su almunia gallega.

Con esto no quiero decir que la nueva ley haya arreglado el tema de las pensiones, al revés, se ha vuelto a desaprovechar otra ocasión para hacer un pacto nacional entre todas las fuerzas políticas y tomar las medidas adecuadas para solventar la quiebra técnica en la que se encuentra la Seguridad Social.

La ciudadanía española debería ir eligiendo: tener una sanidad pública y una pensión como la que tiene ahora, o que las restricciones recaigan sobre dos grandes gastos desbocados:

1.       Fusionar algunas Comunidades Autónomas, con lo que desaparecerían multitud de cargos, carguillos, amiguetes y caciques locales, a la vez que se reconoce de forma expresa las particularidades propias de Cataluña y el País Vasco a las que, dentro de la solidaridad interterritorial e isonomía entre todos los españoles, mantendrán autonomía financiera y otras transferencias de servicio al ciudadano, salvo temas de educación, defensa, justicia y sanidad, que será igual en todo el territorio español.

El sistema autonómico español representa el modelo de Estado más costoso y despilfarrador de toda Europa y, probablemente, del mundo que, además, alimenta la corrupción, la desigualdad y el separatismo, pero en el que los políticos han encontrado un sistema para multiplicar su poder, su dinero, sus privilegios y sus lujos.

Un reciente estudio de Impulso Ciudadano, supervisado por el profesor y periodista Fernando García-Romanillos Valverde, concluye que solo la Generalitat gasta mil millones de euros al año en crear la nación catalana. Fuente: Vozpópuli del 01-10-2021.

El ahora recuperado para las filas del Partido Popular, Alejo Vidal Cuadras, ha dicho: «El Estado de las Autonomías ha disparado el gasto público, produce desigualdades entre los españoles, es disfuncional y alimenta los separatismos. El empecinamiento en decir que ha sido un éxito es vivir en una realidad imaginaria o defender intereses creados».

2.       Convertir en productivo el gasto improductivo que es la prestación por desempleo y subvenciones a quienes no trabajan, nativos e inmigrantes, introduciendo criterios de eficacia, cambiando el concepto por el de Salario de Subsistencia, periodo transitorio, con contraprestación de colaboración social de obligado cumplimiento por parte de los perceptores, a disposición del alcalde de cada ciudad y pueblo de España, en horario de jornada completa. Desaparecería así gran parte de la economía sumergida, disminuirían los pagos a parados y aumentarían los ingresos de Hacienda y de la Seguridad Social, por los trabajos que aparecerían de forma exponencial en corto plazo, tanto por parte del trabajador como del empresario, algunos de los cuales se ha acostumbrado a pagar en dinero negro.

El dinero es un bien escaso, la Deuda Pública Española impagable y aumentando, y en el momento que suban los tipos de interés, España tendrá graves problemas financieros, y si no se afrontan profundas medidas en el tema de las pensiones, mediante las que empresarios y trabajadores aporten más cotizaciones sociales pensionables, que nadie piense que, a medio plazo, las próximas generaciones van a poder seguir disfrutando como pensionistas el mismo estado de bienestar que ahora tienen.

Antonio CAMPOS

Publicado en PUERTA DE MADRID de Alcalá de Henares el 08-10-2021

Plan 2050 – La caverna de Platón

Mira que todos los días me levanto pensando en no escribir nada sobre la actualidad española, en centrar mis esfuerzos en tratar de dar forma a una novela con un argumento alejado de la política y la economía. Pero no hay manera. Siempre hay algún milagro en España, de esos que hacen hablar a los mudos.

Pedro Sánchez ha presentado en el Museo Reina Sofía de Madrid el llamado Plan 2050 al que, pese a las insistentes llamadas por parte de la Moncloa, han faltado los pesos pesados de la economía española, como Ana P. Botín, Amancio Ortega, Pablo Isla, Goirigolzarri, Juan Roig, Isidro Fainé, Gonzalo Gortázar, Brufau, Florentino Pérez, Marta Álvarez, Reynés, Garamendi, Escarrer, los Entrecanales, Del Pino, Alcocer, y otros grandes del IBEX que, pese al ideario social-comunista del Gobierno, son los que mantienen viva la economía y sin cuyos recursos financieros este país se iría al garete.

El plan contiene 50 puntos agrupados en 9 documentos de trabajo:

– Ser más productivos para crecer mejor

– Conquistar la vanguardia educativa

– Mejorar la formación y la recualificación de nuestra población

– Convertirnos en una sociedad neutra en carbono, sostenible y resiliente al cambio climático

– Preparar nuestro estado del bienestar para una sociedad más longeva

– Desarrollar un modelo territorial equilibrado, justo y sostenible

– Resolver las deficiencias de nuestro mercado de trabajo

– Reducir la pobreza y la desigualdad

– Ampliar las bases de nuestro bienestar futuro

Me ha recordado a un profesor que tuve en el IESE que nos decía: Triunfar en una empresa es muy fácil, solo hay que aumentar las ventas y reducir los gastos. Pues lo mismo; esta intervención de nuestro presidente han sido “pájaros y flores”. Quien ha tenido que presentar cualquier Plan Estratégico, del tipo que sea, sabe que el verdadero problema es el hoy, que la situación de este y del próximo año son las difíciles de precisar, de equilibrar las cuentas y de las que los accionistas, en este caso los ciudadanos, nos van a pedir resultados, porque de aquí a treinta años, ¿quién nos va a controlar sobre lo que hagamos hoy, quién vivirá para hacerlo o incluso para verlo, quién te asegura que serás tú el que siga pilotando la nave del power point que hoy ha llenado de gráficos muy coloristas y bonitos tu presentación?

Hoy los problemas son la invasión marroquí de Ceuta y el crecimiento exponencial de los contagios por coronavirus que traían parte de los ilegales llegados allí, la crisis económica, el paro, el coronavirus, el anquilosamiento en sectores de poco valor añadido, el fraccionamiento que se pretende hacer con España, el reto que Pere Aragonés ha lanzado de “culminar la independencia de Cataluña”, Otegui dice que los etarras “merecen el reconocimiento y un abrazo” por lo realizado, el mundo al revés, estatuas a los asesinos y eutanasia para quienes durante toda su vida han luchado contra ellos.

• De todo lo que ha dicho Pedro Sánchez, dos cosas me han llamado la atención, porque las presenta como si hubiera descubierto la rueda o la pólvora: El agua es, hoy ya, un bien escaso. En mi libro Un cuento gubernamental, de junio del año pasado, decía que uno de los sectores básicos del futuro sería el agua, el oro líquido del presente siglo. ¿Alguien se imagina un virus como el actual que pudiera propagarse a través del agua? El agua comenzó a cotizar en diciembre 2020 en el mercado de futuros de materias primas de Wall Street debido a su escasez, según el índice Nasdaq Veles California Water (NQH2O), que se basa en los precios de los futuros del agua en el Estado de California (oeste de EE UU), que el día 07-12-2020 cotizaba a unos 486,53 dólares (cerca de 397 euros) por acre pie, una medida equivalente a 1.233 metros cúbicos. Es decir, 40 centavos, casi medio dólar, por metro cúbico.

• España deberá acoger sobre 200.000 inmigrantes anuales, unos 6 millones, durante los próximos 30 años para poder pagar las pensiones. Teniendo en cuenta que el censo población español al 31-12-2020 tiene 5 millones de extranjeros, el 10,68% de la población y que únicamente trabajan 2 millones de ellos, lo que es lo mismo el 40,00%, siendo el resto subvencionados de diferentes formas y a través de las distintas administraciones locales, autonómicas y estatales,  de esos nuevos 6 millones de inmigrantes trabajarían únicamente 2,4 millones, o bien la inmigración total habría de ser de 15 millones de nuevos ciudadanos para que trabajasen esos ya citados 6 millones de nuevos contribuyentes. Y volveríamos a la pescadilla que se muerde la cola al tener que subvencionar al resto, en una sociedad con culturas importadas, alguna de ellas estancadas hace un milenio. Porque supongo que no estarán pensando en que esos inmigrantes sean biólogos, físicos, matemáticos, ingenieros, catedráticos y personas cualificadas de ese nivel y procedencia inglesa, canadiense, japonesa, sueca, norteamericana o alemana.

Critica que los españoles se jubilen porque “reduce el bienestar de toda la población” si se hace antes de los 74 años. Sí, han leído bien. Que nos diga dónde hay trabajadores de más de 60 años que no sea en puestos administrativos o sedentarios de la Administración Pública, porque, y la legislación lo permite, no existen en la empresa privada que, en estos momentos, está negociando despidos masivos en el sector bancario a partir de 55 años. ¿Dónde van a volverse a colocar esas personas? Ese sí que es un problema de hoy, no del año 2050.

Y nos va preparando para “vivir en comuna”, prohibir vuelos peninsulares de corto recorrido, impuesto al uso del automóvil, impuesto por generar residuos, impuestos verdes por renta climática, viviendas compartidas intergeneracional, todos encaminados a vivir de una forma preprogramada por el Estado, el final de esta civilización tal como la conocemos, al igual que pasaron los sumerios, los egipcios, los griegos o los visigodos.

Yo he sido muy escéptico sobre contubernios judeo-masónicos, órdenes mundiales, superpoblación del planeta y ángeles caídos del cielo. Pero estoy empezando a observar que cada vez estamos siendo más adiestrados a aceptar “la caverna de Platón” y que ahora sean los terrícolas ricos los nuevos “ángeles” en busca de otros planetas.

Antonio CAMPOS

La trastienda de la reconversión bancaria

https://www.vozpopuli.com/opinion/fusiones-banca-ere-jubilacion.html

Seguridad Social y Pensiones

En 1900 se crea el primer seguro social en España, añadiéndose mejoras sociales a partir de esa fecha hasta llegar a 1963 en el que aparece la Ley de Bases de la Seguridad Social cuyo objetivo principal era la implantación de un modelo unitario e integrado de protección social, con una base financiera de reparto, gestión pública y participación del Estado en la financiación, que se plasmaron en la Ley General de la Seguridad Social de 1966, con vigencia de 1 de enero de 1967, que significó un salto cualitativo en la consolidación de un Sistema Público de Pensiones en el Estado Español.

En lo que atañe a las pensiones, la Ley General de la Seguridad Social establecía la edad de jubilación a los 65 años. Se necesitaban 8 años de cotización para tener derecho a la misma y en la base reguladora para calcular la pensión se tenían en cuenta los 2 años anteriores a la fecha de la jubilación.

Reforma de pensiones de 1985. El Gobierno del PSOE, Felipe González, presento un proyecto de Ley que consistía en pasar de 2 a 8 años el período de la base reguladora para calcular la pensión, y pasar de 8 a 10 los años necesarios para tener derecho a la misma.

Con el Pacto de Toledo en 1995, se acordó asentar un nuevo recorte a la cuantía de las pensiones, a través de pasar de 10 a 15 años para tener derecho a la pensión (con dos años cotizados dentro de los últimos 15) que incrementaban la base reguladora de la pensión en 7 años más.

En el año 2010 el gobierno de Zapatero impuso que cada año se aumentara la edad para poder jubilarse, hasta llegar en 2027 a los 67 años. Se pasa de 15 a 25 años el período para calcular la base reguladora de la pensión. También se pactó aplicar en el 2027 el factor de sostenibilidad. Y se aumenta de 35 a 37 los años necesarios para cobrar el 100% de la pensión. Por último, en 2011, Zapatero congeló por primera vez las pensiones.

En resumen, con Franco el importe de la pensión era la media de los últimos 28 meses trabajados y un mínimo de 8 años de cotización. Con la democracia, el importe es la media de los últimos 15 años trabajados, y un mínimo de 35 años de cotización, hasta llegar a 25 años de cotización y 37 trabajados, y devengados, en el año 2027. No todo era tan malo con Franco.

Este tema de las pensiones es uno de los grandes problemas que ahora mismo tiene España. Cada vez hay menos trabajadores activos y que cotizan por menor importe; otros trabajan en la economía sumergida y no cotizan nada; otros cobran paro y subvenciones, y trabajan en dinero negro, sin cotizar nada; otros, directamente, cobran subvenciones y tienen el “todo gratis” por pasearse por calles y plazas, sin cotizar, ni pretender hacerlo en toda su vida, a la Seguridad Social ni a la Hacienda Pública Española.

Recientemente, el Banco de España ha realizado un estudio con unos cálculos en el que el sistema de pensiones provee a cada jubilado de una media de 1,74 euros por cada euro que este aportó durante su vida laboral a la Seguridad Social. No dice nada de las pensiones de los políticos y los pocos años que han de cotizar para que les quede lo mismo que a cualquier ciudadano español que lo hace durante cuarenta años. A lo peor es que se paga poco a la Seguridad Social y mucho de Impuestos, para que el Gobierno de turno de rienda suelta a sus adláteres y agradecidos. A ver si lo que hay que revisar es pagar más a la Seguridad Social, caja única estatal, solo para quienes han aportado durante su vida laboral, y el resto de caridad y atenciones sociales tienen que salir directamente de los PGE.

Un ejemplo. El otro día fui al Banco Santander. Me atendió una muy amable señorita. ¿Qué desea? Quiero sacar dinero. ¿Cómo se llama? Le di mi nombre, buscó en el ordenador y me dijo: Señor, usted no tiene cuenta aquí, no ha ingresado nunca, ¿cómo pretende sacar hoy dinero?

 

 

Porque todo esto, informe de Banco de España, rescate por parte de la Unión Europea, hablar de recortes y esfuerzos adicionales, tienen, en mi opinión, un único objetivo: Ir preparando mentalmente al ciudadano que las pensiones van a rebajarse, probablemente las actuales y, seguro, las futuras.

El Tribunal de Cuentas ha advertido que, «de no llevarse a efecto una reforma urgente, la viabilidad de las pensiones estaría en serio peligro».

El Ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, es partidario de aumentar la edad de jubilación a los 67 años, que la opción de las jubilaciones anticipadas debe restringirse al máximo, la extensión del periodo del cálculo de las pensiones para hallar la base reguladora, el aumento de la penalización de la jubilación anticipada a los que han cotizado por mayor importe al aplicar el porcentaje de reducción sobre la pensión y no sobre la base reguladora, o la eliminación de las deducciones a los planes de pensiones. Otros puntos de discusión es decidir si las pensiones no contributivas deben seguir integradas en la financiación de la Seguridad Social o no, y el tema del factor de sostenibilidad.

¿Y por qué tienen que ser los pensionistas los que paguen esta crisis? ¿Por qué no considerar otra alternativa de austeridad, acabando con canonjías políticas, sindicales, defraudadores a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social, y otros muchos vividores del Estado sin hacer nada en toda su vida?

Según el jurisconsulto romano Domicio Ulpiano, “la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde”. Y a muchos, que no son los pensionistas, les corresponde mucho menos de lo que reciben.

-Reducción de Diputados, Senadores, Concejos Municipales, Asesores de todo tipo y condiciones, atajar el fraude a Hacienda y a la Seguridad Social, suprimir subvenciones a Partidos Políticos, Sindicatos patronales y obreros (solo tendrán ingresos por las cuotas de sus afiliados y por donaciones nominativas y suficientemente identificadas), los inmigrantes ilegales no pueden cobrar más y pagar menos que los españoles que han cotizado por trabajar (un año de trabajo, cuatro meses de paro, pagando un porcentaje de las medicinas), convertir en productivo el gasto improductivo que es la prestación por desempleo, renta mínima  y subvenciones a quienes no trabajan, introduciendo criterios de eficacia, cambiando el concepto por el de Salario Estatal, periodo transitorio, cobrando las dos terceras partes del SMI, con contraprestación de colaboración social de obligado cumplimiento por parte de los perceptores a jornada completa, a fin de que busquen trabajo de forma activa, fusionar algunas Comunidades Autónomas, con lo que desaparecerían multitud de cargos, carguillos, amiguetes y caciques locales, a la vez que se reconoce de forma expresa las particularidades propias de Cataluña y el País Vasco a las que, dentro de la solidaridad interterritorial e isonomía entre todos los españoles, mantendrán autonomía financiera y otras transferencias de servicio al ciudadano, salvo temas de educación, defensa, justicia y sanidad, que será igual en todo el territorio español.

Los jubilados son los más débiles de la sociedad, y se lo han recordado, con premeditación, con los muertos por coronavirus en esta pandemia, a la que se pusieron tarde y mal los medios para minimizar su impacto. Y cuando creíamos que no se podía hacer peor, las Autonomías nos están demostrando que sí, que lo están haciendo mucho peor que el Gobierno Central, lo que podría llevarnos al caos político, sanitario y económico a partir de este último cuatrimestre del año, con lo que debería abrirse un foro de discusión sobre la efectividad de las Autonomías y si tienen o no razón de ser tal como están hoy configuradas, porque no todos los españoles somos ya iguales en cualquier parte de España.

 

Publicado en PUERTA DE MADRID de Alcalá de Henares nº 2.623 del 25-09-2020

La que se avecina

En el año 2009 empiezan los problemas financieros en Grecia con el desplome de su Bolsa, y afloran el uso indebido de instrumentos financieros desde el año 2001 para ocultar la realidad de su Deuda.

En el año 2010, la Unión Europea les concede un préstamo de 110 mil millones de euros. En el 2012, un segundo préstamo de 130 mil millones de euros, a cambio de aceptar la supervisión permanente de la CE, el BCE y el FMI, se realiza un plan de austeridad y al año siguiente el paro alcanza el 27,6% de la población activa.

En enero de 2015, el partido de izquierda radical Syriza, encabezado por Alexis Tsipras, gana las elecciones generales apoyado sobre todo en mensajes antiausteridad, similar a lo que en la actualidad pregona Podemos en España. Ese mismo año, el Gobierno decreta que las entidades públicas transfieran sus reservas en efectivo al Banco de Grecia para aliviar la liquidez nacional, y el 29 de junio entra en vigor el primer día del «corralito», medida que establece el cierre de los bancos y la Bolsa hasta el día 7 de julio y limita la retirada de efectivo hasta 60 euros diarios.

Se aprueba una tercera ayuda, rescate europeo, por 86 mil millones de euros, se reforma la ley hipotecaria para que no se pueda desalojar a los morosos, y al final de año, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) aprueba el desembolso de 2.710 millones de euros para recapitalizar el Banco Nacional de Grecia.

 

 

En el año 2016 el Parlamento griego aprueba la reforma fiscal y de las pensiones. Las modificaciones en las pensiones fueron:

Subida de la edad de la jubilación de los 65 a los 67 años, una nueva base de cálculo, el establecimiento de una pensión garantizada de 384 euros y la reducción de la pensión máxima.

– La pensión garantizada de 384 euros se cobrará tras un mínimo de 20 años trabajados. Las personas cuya vida laboral no exceda los 15 años, el mínimo vigente hasta ahora, cobrarán 346 euros.

– Los jubilados verán recortados los ingresos de las pensiones suplementarias, entre un 2 y un 50%, si la suma excede los 1.300 mensuales brutos.

– La pensión máxima se reducirá de 2.773 a 2.304 euros brutos.

– Las pensiones futuras sufrirán un nuevo recorte, que oscilará entre el 5 y el 12% sobre estas nuevas reducciones.

– La pensión pasará a calcularse en base a la cotización de toda la vida laboral, en lugar de los cinco mejores años de la última década trabajada que rige en la actualidad.

En cuanto a la Reforma Fiscal, se rebajó el mínimo exento de tributar desde los 9.550 euros hasta los 8.800 euros brutos anuales.

– Cambiaron los tipos impositivos del impuesto sobre la renta. El mínimo es ahora del 22% (para los ingresos inferiores a los 20.000 euros brutos anuales); del 29% para la franja que comprende los 20.000 y 30.000 euros; del 37% entre los 30.000 y los 40.000 euros; y del 45% para los que superen esa cantidad.

– Aumenta del 10% al 15% el impuesto sobre el dividendo de las empresas. También se produjeron modificaciones en los impuestos indirectos, como la subida del IVA hasta el 24% en los combustibles, y nuevas tasas en el café y los cigarrillos electrónicos.

Todo esto bajo las arengas de Tsipras de que estas reformas eran “para proteger a los más débiles, sus salarios, las pensiones y el derecho a la vivienda” ¿De qué les suena a ustedes esta cantinela? Todos estos recortes, en medio de violentas protestas en la calle, disturbios en las ciudades y grandes manifestaciones en contra.

Tsipras perdió las elecciones en 2019 ante el conservador Kyriakos Mitsotakis, ganador por mayoría absoluta y nuevo Primer Ministro griego. Grecia volvió a dar la espalda a la izquierda que los llevó a la pobreza generalizada. Y ha tardado poco en ir recobrando la eficacia y la responsabilidad del buen gobernante: En esta crisis provocada por el coronavirus, lo ha hecho mucho mejor que España, sin la más mínima discusión.

Como he mostrado en anteriores artículos, 14,1 millones de ciudadanos españoles tienen que mantener a 17,8 millones que no son activos en el trabajo; a esas cifras hay que sumar los nuevos parados por ERTE, Concursos y despidos que se producirán cuando se pueda volver libremente al trabajo, aunque también descenderán las de los ERTE’s actuales. Y la RENTA MÍNIMA, que ya ha dicho Pablo Iglesias que va a empezarse a pagar durante este mes de mayo a todo aquel vago, español o extranjero, legal o ilegal, que quiera vivir del cuento en España, además de las prostitutas, a las que la izquierda niega su legalización y regularización, con cotización de impuestos y de seguridad social, pero las incluye como “voto cautivo” en esta nueva dádiva para dependientes perpetuos del Estado. ¿Quién va a pagar esta fiesta?

En mi opinión, y siempre que a nuestro Gobierno sanchista-comunista no se le ocurra salir del euro, expropiar los ahorros particulares o nacionalizar los sectores básicos de producción en España, habrá que afrontar una serie de reformas estructurales, en el fondo y en la forma, para que la empresa privada cree empleo, mucho y rápido, de tal manera que se evite el pillaje y los delitos por obtener el sustento básico, para lo que hay que incentivar fiscalmente la contratación y delimitar un “periodo máximo” de circunstancias extraordinarias: Ya que no se puede devaluar la moneda, ni tampoco se debe devaluar el salario, hacerlo mediante el aumento de una hora diaria más de trabajo, método empleado en Alemania y en Japón para su reconstrucción después de la IIWW.

Además, habrá que impulsar la creación de industrias y empresas de nueva tecnología, técnicas avanzadas, biomédicas, farmacéuticas, robotización, armamentística, investigación y desarrollos propios, que cumplan un doble objetivo: Evitar la dependencia de terceros, y sustituir al turismo y a la construcción como pilares básicos de nuestra economía. Esto habría que haberlo hecho, con o sin coronavirus, desde hace años.

Para ello, para que podamos volver a situarnos con el poder adquisitivo y el nivel de vida del que veníamos disfrutando, hay que aplicar una fórmula muy sencilla que decía un viejo profesor mío: Para que una empresa vaya bien, solo hay que hacer dos cosas: Aumentar los ingresos y disminuir los gastos.

Aumentar los ingresos en la Hacienda Pública es SUBIR LOS IMPUESTOS. Quienes en su día hayan votado conociendo y siendo conscientes de los programas electorales de los distintos partidos políticos, sabrán de las verdaderas intenciones comunistas de Podemos, que aprovechará la desgracia ajena del coronavirus para imponer su ideario: Que los que ellos llaman ricos, mantengan durante toda la vida a los vagos, a los que no quieren trabajar, a los inmigrantes ilegales y a todos aquellos que consideran son su “nicho” de votos para mantenerse en el poder más años que estuvo Franco. Y no engaña a nadie, solo a los que quieren dejarse engañar; Pablo Iglesias dijo en sede parlamentaria el martes pasado que “Para mí es un honor representar a un grupo político dentro del cual hay un partido con casi cien años de historia, el Partido Comunista de España”. Solo le faltó decir que el comunismo ha matado más de cien millones de personas durante el siglo XX, y que se siente orgulloso de la sangre que corre por sus venas.

 

 

Por considerar que es la auténtica realidad lo que dicen, copio de Libre Mercado:

Subir el IRPF a las rentas de más de 100.000 euros anuales, con un tipo marginal del 47%, que llegaría hasta el 55% para las de más de 300.000 euros.

Que las rentas del capital tributen en la misma base que las del trabajo, incluyendo las plusvalías generadas en menos de dos años (ampliable a seis en el caso de inmuebles).

Eliminar las desgravaciones fiscales de los planes de pensiones, cuyo límite actual se sitúa en 8.000 euros al año por contribuyente.

Crear un Impuesto sobre la Riqueza (ahora «tasa covid») sobre patrimonios de más de 1 millón de euros, con el fin de recaudar el 1% del PIB (más de 10.000 millones de euros). Tendría un mínimo exento por primera vivienda de 400.000 euros y gravaría con un 2% los patrimonios de más de 1 millón, con un 2,5% los de más de 10, con un 3% los superiores a 50 y con un 3,5% los de más de 100 millones. Sustituiría al Impuesto de Patrimonio.

Elevar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, armonizándolo a escala estatal a partir de un mínimo de tributación para evitar la competencia fiscal entre comunidades autónomas.

Establecer un tipo del 35% en el Impuesto de Sociedades para las bases imponibles superiores al millón de euros, introduciendo, además, un tipo mínimo del 15% sobre el resultado contable.

Aplicar un Impuesto sobre los Depósitos con un gravamen mínimo del 0,2%, con la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan establecer recargos adicionales.

Crear un recargo específico en el IBI para viviendas desocupadas.

Y aprobar un Impuesto sobre las Transacciones Financieras para gravar con un 0,3% la compra de acciones y derivados, quedando exenta la adquisición de deuda pública.

Añado yo: Y recortar las pensiones, algo parecido a lo anteriormente expuesto que se hizo en Grecia. Nuestros pensionistas, que fueron los que nos trajeron la democracia, trabajaron de sol a sol, cuidaron de sus padres, de sus hijos y de sus nietos, han sido maltratados institucionalmente durante esta pandemia, sedándolos en espera de la muerte a los que tenían más de ochenta años, afirmación innegable porque existen documentos fehacientes en este sentido en varias comunidades autónomas sobre ello; a los que han logrado sobrevivir, el actual Gobierno del Dúo Diabólico les recortará su pensión y les empujará, a los que todavía puedan, a realizar trabajos en la economía sumergida y a pasar penalidades no previstas durante los muchos años que han cotizado a la Seguridad Social. Otros perjudicados serán los funcionarios públicos, congelando durante unos años las subidas de sueldo y suprimiendo la Mutua de Funcionarios de la Administración Central del Estado (MUFACE), el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y la Mutualidad General Judicial (MUGEJU).

La otra alternativa es la austeridad, lo que es lo mismo RECORTAR EL GASTO. Pero, me temo, que no va por ahí la estabilización de nuestra Deuda Pública, porque lo que propongo a continuación sería acabar con muchas canonjías propias, y muchos de nuestros políticos no podrían colocarse ni de cajero de un supermercado.

• Congreso de Diputados: Dos por cada provincia con menos de medio millón de habitantes; cuatro Diputados para las provincias que tengan más de medio millón de habitantes.
• El Senado estará formado por dos Senadores por cada provincia española, uno por cada una de las poblaciones de Ceuta y Melilla, y dos por cada Comunidad Autónoma, elegidos de entre sus parlamentarios.
• El Concejo Municipal de los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes estarán compuestos por cinco personas, Alcalde, Vicealcalde y tres Concejales.
• El Concejo Municipal de los ayuntamientos comprendidos entre 50.000 y 500.000 habitantes, estarán compuestos por diez personas, Alcalde, Vicealcalde y ocho Concejales.
• El Concejo Municipal de los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes estarán compuestos por quince personas, Alcalde, Vicealcalde y trece Concejales.
• Supresión de los casi doscientos mil asesores y cargos de confianza políticos, siendo sustituidos por funcionario públicos de carrera, que desempeñen la dirección técnica de las instrucciones políticas.
• Fusionar algunas Comunidades Autónomas, con lo que desaparecerían multitud de cargos, carguillos, amiguetes y caciques locales, a la vez que se reconoce de forma expresa las particularidades propias de Cataluña y el País Vasco a las que, dentro de la solidaridad interterritorial e isonomía entre todos los españoles, mantendrán autonomía financiera y otras transferencias de servicio al ciudadano, salvo temas de educación, defensa, justicia y sanidad, que será igual en todo el territorio español.
• Igualar las condiciones de las pensiones de todos los cargos públicos a la del resto de trabajadores, años de cotización y plazos, así como cotización por la totalidad de emolumentos.
• Atajar el fraude a Hacienda y a la Seguridad Social en un doble sentido:

-Inspecciones, con capacidad sancionadora y fecha máxima de seis meses para resolver recursos, a empresarios y empresas, cobrando las deudas en efectivo o garantizándolas de forma suficiente, preferentes en el supuesto de Concurso.

-Convertir en productivo el gasto improductivo que es la prestación por desempleo, renta mínima  y subvenciones a quienes no trabajan, introduciendo criterios de eficacia, cambiando el concepto por el de Salario Estatal, periodo transitorio, cobrando las dos terceras partes del SMI, a fin de que busquen trabajo de forma activa, con contraprestación de colaboración social de obligado cumplimiento por parte de los perceptores, a disposición y mando del alcalde de cada municipio, en horario de jornada completa: Mañanas, de nueve a catorce horas, arreglo de carreteras y caminos, ambulatorios, hospitales, escuelas, cárceles, limpieza de bosques, riberas y acequias, medio ambiente, acompañamiento de disminuidos, discapacitados, ancianos, y mil y una necesidades más que es necesario cubrir. Horario de tarde, de cinco a siete: Cursos de capacitación impartidos en escuelas, institutos y universidades, por profesores de esos centros, controlados por el Estado. Todo ello con el mismo rigor con el que se lleva a cabo el horario en cualquier empresa privada.

• Corrupción. Ley de punto final, y fijar un plazo máximo para sentenciar los procesos hoy abiertos. Acuerdo parlamentario (o sea, de siete personas: los cinco líderes nacionales, el vasco y el catalán) para que el próximo que caiga en ello, persona, grupo o partido, sea fulminado política, económica y carcelariamente, de forma rápida y ejemplar. El último tema, de ayer, un supuesto fraude de 40 millones de euros por parte de la anterior cúpula del sindicato UGT en Andalucía

 

• Suprimir todo tipo de subvenciones:

-Cultura, teatro, cine y artistas en general, darles un porcentaje de bonificación fiscal sobre el importe declarado de los resultados obtenidos por el trabajo realizado.

-Nuevas empresas y autónomos, exención fiscal total los dos primeros años, condicionado a su permanencia futura como actividad o empresa.

-Clubs, ONG’s, organizaciones varias, feministas, y de otra índole cualquiera, sin subvenciones de ningún tipo. Se harán cargo de ellas las Comunidades Autónomas, con funcionarios públicos de carrera, y serán auditadas por el mismo organismo que lo haga de las Cuentas Públicas.

-Inmigrantes, se aplicará la vigente Ley de Extranjería, debiendo acogerse a los identificados y legalmente expatriados, con contrato de trabajo, que tendrán las mismas ayudas que los nacionales.

-Sindicatos obreros y patronales, partidos políticos: Sin subvenciones. Solo tendrán ingresos por las cuotas de sus afiliados y por donaciones nominativas y suficientemente identificadas, sujetas a impuestos, de particulares y empresas, sujetas a bonificaciones fiscales.

 

 

-En cuanto a las ayudas al alquiler, becas de libros, sanidad y pensiones sin haber cotizado en toda su vida, se suprimirán para todo extranjero que se encuentre de forma ilegal en territorio español.

• Modificar el sistema actual de pensiones para futuros pensionistas; el actual Ministro de Seguridad Social era un prestigioso profesional en esta materia, pero desde que le nombraron Ministro, parece que se le ha olvidado todo lo que sabía y se ha comprado una almohadilla para arrodillarse.

Con lo aquí expuesto, hay materia suficiente para formar un Grupo de Trabajo con verdaderos expertos, para analizar en profundidad estas propuestas y cuánto supone en la economía española para tratar de solucionar la situación económica actual, y si se atreve el Gobierno, promueva un referéndum nacional a ver qué dicen los ciudadanos sobre ello.

Todo lo hasta aquí reflejado, siempre que no haya que pedir un RESCATE a la Unión Europea, que sería lo lógico, pues ahora mismo el Estado no tiene liquidez para asumir los compromisos contraídos, como es el pago de los ERTES, que se están prolongando en el tiempo.

Hay quién apuesta por una intervención por parte de Europa para septiembre, a cambio de un rescate de entre cien y ciento cuarenta mil millones de euros, condicionado a un recorte drástico de gastos, con una bajada en los precios de las viviendas entre el 30 y el 40%. Cambiarán los hábitos de consumo, compraremos poco y lo necesario, imponiéndose las compras por internet. Se acabarán los gastos superfluos. Cambio cultural y estructural de todo el sistema político, económico y empresarial que hemos conocido hasta ahora.

Podemos se opondrá de forma contundente a ser dirigidos y controlados por Europa, por lo que Pedro Sánchez se verá forzado a convocar nuevas elecciones generales para enero 2021. Por tercera vez en la historia democrática de España el socialismo dejará el país como un secarral, en quiebra la economía nacional, o se verá confirmado como un Estado comunista, fraccionado, desunido, pero, en este caso, en quiebra perpetua.

¿Por cuál de las opciones propuestas votaría usted? ¿Cuál de dichas opciones cree realmente que es la que va a adoptarse? ¿Cómo va a reaccionar la ciudadanía española? Piénselo bien, pues estamos en el momento más delicado, sanitaria y económicamente, desde la guerra civil española del siglo XX.

 

 

Ministerio de Seguridad Social

Quien siga mis escritos sabe que fui una de las primeras personas en este país en hablar y escribir sobre el problema de las pensiones, que todos los políticos han soslayado con buenas palabras, pero sin ningún hecho para tratar de solucionarlo.

El planteamiento inicial del problema es muy sencillo. Hay un pozo del que se va sacando más agua de la que mana y se nutre; tardará más o menos, pero el pozo acabará secándose. Cada vez hay más pensionistas nacidos a partir de los años cincuenta, que han cotizado muchos años y, en más de un caso, muy cualificados y con sueldos elevados, con cuyos impuestos se podían pagar mensualmente varias pensiones; ahora, son los impuestos mensuales de diez trabajadores activos los que tienen que pagar su pensión.

El nuevo Gobierno, de izquierdas revueltas, ha creado un nuevo Ministerio de Seguridad Social, al frente del que ha puesto a José Luis Escrivá Belmonte, manchego de Albacete, nacido en 1960, economista por la UCM, que trabajó en el Banco de España, donde desempeñó diferentes puestos en el Servicio de Estudios, y continuó posteriormente en Europa, donde participó activamente en el proceso de integración monetaria desde 1993 como asesor del Instituto Monetario Europeo. Con la creación de la Unión Monetaria fue nombrado jefe de la División de Política Monetaria del Banco Central Europeo en Frankfurt. Entre 2004 y 2012 trabajó como economista-jefe y director del Servicio de Estudios de BBVA y, a partir de 2010, como director gerente del Área de Finanzas Públicas. Desde 2014, nombrado por Rajoy, es presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). También ha desempeñado la presidencia de la de la Red de Instituciones Fiscales Independientes de la Unión Europea desde 2015. Políticamente “independiente” (queda para la historia sus desencuentros con FG en BBVA, y los informes de la AIReF enmendando las propuestas de sindicatos y partidos de izquierdas), no es ningún “piernas” que necesite un cargo político para vivir, pues es de esos que tienen trabajo en cualquier sitio y en cualquier momento.

 

 

Hace un año hizo un informe sobre la sostenibilidad de las pensiones, una reforma que asegure el futuro de las mismas que, sin restar importancia a la precaria situación financiera de la Seguridad Social, no produzca señales de alarma entre la ciudadanía.

En líneas generales, Escrivá es un convencido de la “japonización” (largo periodo de vida tras la jubilación) de la población española; es partidario de retrasar la edad real de jubilación de forma única a los 67 años a partir de 2027; incrementar el periodo de referencia para el cálculo de la pensión que, en diversas etapas, pasaría a ser de toda la vida laboral; destinar una participación mayor de las cotizaciones sociales del trabajo al pago de pensiones, restando la cuantía destinada al pago del desempleo, modificando el reparto del sistema actual en el que los trabajadores asalariados pagan un 35% de su salario bruto en cotizaciones (suma de la cuota obrera y la empresarial); aplicar medidas en España que sirvan para fomentar la natalidad, así como políticas para atraer a «millones y millones de inmigrantes» en los próximos años si queremos conservar el bienestar del país; exonerar a la Seguridad Social de algunos gastos que no le corresponden, lo que aliviaría sus cuentas, y trasladar ese déficit al Estado. Todo ello, dentro de un gran pacto de estado sobre el futuro de la Seguridad Social basado en criterios técnicos.

Estos planteamientos van a chocar, inmediatamente, con Podemos, porque bajo esos enunciados se disimula una bajada real del importe de las pensiones, uno de los caladeros de voto de sanchistas y comunistas.

Esas eran sus propuestas cuando ocupaba la dirección de la AIReF; la política tiene un “no sé qué” que hace tontos a listos, idiotas a inteligentes, y de ello hay múltiples antecedentes en todos los partidos que han llegado al poder. Veremos si Escrivá sigue manteniendo estos criterios en su nuevo cargo que, como he dicho antes, no lo necesita para vivir cómodamente y ganar más en la empresa privada que como ministro.

Vamos a tratar de “traducir”, en comentarios de la calle o de taberna de barrio, lo hasta aquí expuesto.

Al retrasar la edad de jubilación real a los 67 años e incrementar el periodo de referencia a toda la vida laboral, siendo legal las prejubilaciones (que no dejan de ser un despido encubierto) y el despido libre con indemnización reducida, convierte en imposible una pensión del 100% de la base correspondiente a los futuros jubilados. No tengo, ni he realizado, números concretos, pero, por lógica, son muchos los millones de euros que se van a retirar de la economía de nuestros mayores.

Destinar una parte de las cotizaciones sociales del trabajo al pago de pensiones, restando la cuantía destinada al pago del desempleo, solo es factible si se reduce drásticamente el desempleo con un aumento, actualmente inviable, de más de un millón de nuevos empleados; si se inspecciona, persigue y sanciona a quien está cobrando el paro y luego trabaja en dinero negro; o si se reduce el importe de las subvenciones por paro, tanto en su importe como en el tiempo que se cobra. Todo esto choca frontalmente con el “salario social” que pretenden los podemitas, para quienes intentan no trabajar en toda su vida.

Favorecer la inmigración para atraer a «millones y millones de inmigrantes». En 2019, fuente INE, hay 5.023.279 extranjeros, el 10,68% de la población en España. Si se trata de ingenieros, catedráticos, arquitectos, economistas, y personas que aporten valor añadido al país, perfecto. Pero si se trata de mano de obra no cualificada, en un mundo en el que van a cambiar todo tipo de profesiones, supondrá más carga dineraria y social para el erario público. Para ello habría que establecer unos controles sobre inmigración y aplicar la Ley de Extranjería, cosas que supongo no están de acuerdo ni sanchistas ni podemitas, porque la realidad es que la mayoría de los inmigrantes que nos llegan, sobre todo de algunas zonas concretas, vienen a vivir del sudor de los españoles, no a aportar ningún valor añadido al país.

Trasladar el déficit de la Seguridad Social al Estado. Eso es cambiar el nombre de la caja, pero sin solucionar el endeudamiento público, para lo que habría que modificar los presupuestos, que tampoco estoy seguro si lo apoyarían determinados partidos políticos.

En cuanto a los problemas a largo plazo de la Seguridad Social, hay que añadir a los anteriormente indicados, la “japonización”, el envejecimiento de la población y el aumento paulatino de la pensión media.

Vuelvo a exponer una de mis teorías, ajena a militancia política: Todo esto está bien, muy bien. Pero hay que tomar medidas drásticas, y no precisamente rebajando las pensiones, sino, a partir de una fecha concreta, pidiendo un esfuerzo adicional a empresas y trabajadores, creando una “mochila” con el porcentaje mensual que se consensúe, que irá siempre con el trabajador a cualquier trabajo que desarrolle en su vida profesional, todo ello complementario a la pensión estatal, permitiendo además una jubilación activa remunerada. Para ello, habría que crear incentivos fiscales, al trabajador y a las empresas, entre ellos establecer que el rescate de los Planes de Pensiones por jubilación, pague impuestos por rentas de capital en vez de rentas de trabajo, claves para fomentar el ahorro privado de cara a la jubilación.

Y esto solo puede hacerlo el socialismo, pues si lo hiciera la derecha se echarían a la calle los millones de personas subvencionadas por la izquierda, incluidos sindicatos y otras organizaciones que viven del cuento de sueños imposibles.

 

Publicado el 31-01-2020 en PUERTA DE MADRID de Alcalá de Henares con el título de “EL FUTURO DE LAS PENSIONES”.

Matemos a los viejos

Es obvio que, sin ser Doctor por Harvard, era fácil pronosticar que el incremento del SMI iba a destruir empleo, si no crece la tecnología y la productividad por empleado. Las cifras de los últimos meses empiezan a poner en evidencia la realidad.

España crece menos por la falta de confianza en las políticas fiscales del Ejecutivo de Pedro Sánchez, aumentado por los cambios de las leyes con nocturnidad y deslealtad a los inversores vía Decretos Leyes, la caída del consumo de las familias en bienes duraderos (la compra de vivienda, coches, muebles y electrodomésticos) y, por consiguiente, la caída de la inversión empresarial en maquinaria enciende la alarma en las empresas, el aumento del Déficit Público, así como la persistencia del problema secesionista catalán y su teórica quiebra financiera, que Pedro Sánchez tampoco ha sabido resolver y solo ha supuesto más concesiones a los separatistas.

Aparece un nuevo peligro en España, y es la sentencia que puede venir de Europa en cuanto a la aplicación del IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios) aplicados por las entidades bancarias, en vez del Euribor, cuyo coste, si llega a producirse, podría alcanzar la cifra de sesenta mil millones de euros.

Menos mal que el BCE no ha subido los tipos de interés, sosteniendo algún tiempo más este castillo de naipes, sobre la que reputadas plumas económicas pronostican una nueva recesión mundial para antes que llegue el año 2020, dados los bajos tipos de interés, la inflación, el control de créditos, los desequilibrios macroeconómicos, y el elevado endeudamiento de la economía mundial, por lo que es vulnerable a episodios de pánico financiero. Lo decía alguien en una película de cuyo nombre no me acuerdo, que tiene más de veinte años: El propietario de la deuda es el que manda.

Nuestra Ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, hippie y comunista radical en su juventud, y Nadia Calviño, Ministra de Economía y Empresa, han cerrado filas con el iluminado Sánchez, igual que hizo Pedro Solbes con el ínclito Zapatero, no pasa nada, no hay ni va a haber crisis, España va sobre ruedas, todo va bien …

Va bien para los que figuran en la primera fila de las manifestaciones feministas, que ganan 120.000 euros al año; pero el resto de los manifestantes, cobran 900 euros al mes.

 

 

Van bien para aquellos que llegaron a la política siendo un abogado de secano o un profesor interino, y hoy viven en grandes viviendas unifamiliares y de una forma capitalista que denostaban, combatían y llenaban plazas de toros y campos de futbol predicando contra lo que ahora disfrutan ellos: Podría hacerse una lista muy larga, pero solo indicar a Felipe González, José Bono, Pepe Blanco, Zapatero, Pablo Iglesias, a título de ejemplo de los líderes de la izquierda.

Circula por internet: “Si usted es pobre y piensa que votando por la izquierda va a salir de la pobreza; usted no es solo pobre, usted es un pobre ignorante”.

Contesta un sanchista: Si vota a la derecha, será un esclavo toda la vida. Rebate otro: Esclavo, ¿de quién? ¿del comunismo bolchevique? ¿de la sociedad de Maduro y sus instructores podemitas? ¿de Soros? ¿de un iluminado que va a destruir España? ¿de los que quieren quitar la pensión a los que más han pagado para dársela a los insolidarios que no han pagado nada, o tendente a nada, en toda su vida? Opina otro: Sánchez pregunta a los españoles: ¿La derecha o yo? “Yo” es el falsario que copió su tesis, que falsificó desde el Gobierno un informe exculpatorio, que gobernó con golpistas, proetarras y bolivarianos, y que quiere resucitar las dos Españas. Y vuelve a rebatir el sanchista de inicio: Esclavos de los tripartitos de derechas que gobiernan en Andalucía … Ya lo saben ustedes, si gobierna la derecha, los ciudadanos son esclavos.

En España hay mucha gente que vive de no hacer nada: Las subvenciones son miles de millones y a miles de asociaciones, todas ellas adictas al gobierno de turno y, lo más grave, cuando cambia el color de ese gobierno, no se atreven a suprimirlas, recortarlas ni, al menos, ordenarlas. Hay extranjeros que no han trabajado nunca, ni piensan hacerlo en toda su vida, que viven de subvenciones, municipales, autonómicas y estatales, libros y colegios gratis, ayuda para vivienda, sanidad y medicina gratuita, algunos de ellos alcanzan los 1.800 euros mensuales, además del importe que pueda representar la sanidad y las medicinas. Hay muchas personas inscritas “en el paro”, que trabajan en dinero negro, insolidarios con el resto de ciudadanos y que, además, tienen preferencia para colegios y ayudas de otro tipo. Hay dinero que se da a ciertas CCAA’s que lo emplean para organizarse contra España en vez de pagar a sus médicos, a sus farmacias y, encima, cierran plantas de hospitales. Hay sociedades estatales, de las que nadie controla sus resultados, que solo sirven para colocar a los amigos y adictos al régimen operante. Hay asesores de todo tipo y colores, para políticos que no saben nada de lo que atañe a su responsabilidad, igual que si en una empresa privada se contrata a un CEO nuevo y se le rodera de diez asesores para tapar sus ineficiencias.

Clamo en el desierto, pero en una verdadera democracia, deberían conocerse todos estos datos, para que los ciudadanos (españoles y extranjeros) que pagan sus impuestos, sepan a dónde van sus dineros, y no me digan que están detallados en los PGE porque con este asunto hay un batiburrillo que ni personas expertas en el tema pueden llegar a saber la verdad absoluta del mismo.

Como el dinero para pagar a todos estos teóricos votantes de izquierdas no cae del cielo, la solución de la izquierda es subir los impuestos y, ¡Bombazo!, envían al chico de los recados (sí, porque su ministra lo ha desmentido a las veinticuatro horas), el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granados (que no es ningún inexperto en el tema), a decir que es probable que después de las próximas elecciones generales del 28-A, se hagan cambios normativos para vincular las nuevas pensiones por viudedad e incapacidad al nivel de renta del beneficiario. ¡Toma ya! Esta sí que es una lucha de clases en toda regla: A las viudas o viudos de quienes más han pagado para sostener el sistema, pagar a parados y subvenciones, se les recorta sus ingresos cuando más lo necesitan, para pagar a todos esos que antes he aludido.

El pasado mes de enero escribía yo en https://ancamfer.wordpress.com/2019/01/15/la-deuda-de-la-seguridad-social/ lo siguiente:

El vaso tiene que rebosar algún día, o la cuerda romperse por el sitio más débil, que son los pensionistas. Ya no hablo de las futuras generaciones, a los que, entre unas cosas y otras, su pensión pública no va a alcanzar para  pagar sus necesidades básicas mínimas, sino que, al igual que Grecia, si no ponemos solución económica real al problema, y no “parches para ir tirando”, los jubilados actuales serán gravemente perjudicados en la próxima crisis que ya está empezando a aparecer en Europa, empezando por Italia, siguiendo por la Francia masona actual y continuando por España, en donde bien pudieran unirse crisis económica y revuelta política.

Les deseo buena memoria cuando la metan (la papeleta) en la urna, en las próximas elecciones. Que usted lo voten, y le boten, bien.

 

Publicado en el Blog de Campos el 23-03-2019