Esto también es verdad

Ley de Memoria Democrática

La historia de España se va a empezar a enseñar a nuestras más jóvenes generaciones a partir de la “Constitución de la Pepa”, y la contemporánea estará marcada por dos hechos históricos: la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura franquista (1939-1975). Para ello, se van a reescribir los libros, dictados por los perdedores de la Guerra Civil, defensores de una II República a la que no le faltaba ningún defecto por tener, desde su nacimiento en la toma del poder a través de unas elecciones municipales que se han demostrado claramente manipuladas y falsificadas las actas de los votos hasta los excesos del mando, juicios con condenas razonadas en cinco minutos, sin más culpabilidad que la denuncia de algún enemigo moral, económico o político, uso de checas como cárceles populares y fusilamientos al albur de pandilleros exaltados al grito de ¡Viva la República!

A la II República le sucedió por un Golpe de Estado, el General Franco, ejemplar militar republicano, que sirvió en África, fue el general más joven en la historia de España y al que, en función de sus méritos militares, se le concedió el mando  de la guarnición militar que sofocó la insurrección/golpe de estado dado por La Unión General de Trabajadores, los comunistas y los nacionalistas catalanes, que se materializó en diversas zonas del país como Cataluña, el País Vasco y, principalmente Asturias.

Sobre este tema, la Ley de Memoria Democrática debería investigar el asesinato del entonces Fiscal General de la República, D. Marcelino Valentín Gamazo, que cumplió escrupulosamente con los deberes de su cargo en defensa de la legalidad constitucional republicana que tanto reivindica la nueva ley redactada sobre la materia, sosteniendo la acusación por rebelión militar contra el líder de UGT y el PSOE, Francisco Largo Caballero, a quien se señalaba como instigador y organizador del golpe armado que ambas formaciones socialistas ejecutaron en octubre de 1934 contra el gobierno constituido, con el resultado de más de 1.500 muertos y cerca de 3.000 heridos, detenido por milicianos con instrucciones para ejecutar la cruel venganza y asesinado, junto a sus tres hijos, meses más tarde. Ver artículo de Pedro Corral en Okdiario.

Sin que sirva de justificación de ningún tipo, el devenir diario en España en aquellos años era algo parecido a lo que sigue a continuación:

Durante la Guerra Civil española (1936-1939) fueron asesinados 13 obispos, 4.184 sacerdotes seculares, 2.365 frailes y 283 monjas, lo que equivalía a uno de cada siete sacerdotes y a uno de cada cinco frailes. A estos datos habría que añadir el elevado número —imposible de establecer con exactitud— de tantos católicos españoles que murieron víctimas del odio contra la religión, en una persecución que hasta para asemejarse a la de los primeros cristianos dio cabida a acontecimientos como los de la «Casa de Fieras», el zoo situado entonces en el parque madrileño del Retiro, donde se arrojaban a las personas para que fuesen devoradas por los osos y los leones. Javier Paredes. Catedrático Emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá de Henares.

Las cifras coinciden con las facilitadas por el historiador, periodista y ex-arzobispo de Mérida-Badajoz, Antonio Montero Moreno, que dice: Al término de la Guerra Civil, el número de religiosos asesinados en la retaguardia republicana ascendió a 6.832. De ellos, 4.184 eran sacerdotes, 2.365 frailes y 283 monjas. En el «Catálogo de los mártires cristianos del siglo XX» de Vicente Cárcel Ortí se amplía esta cifra hasta los 3.000 seglares y 10.000 miembros de organizaciones eclesiásticas. Entre ellos estarían 13 obispos: los de Jaén, Almería, Barcelona, Tarragona, Ciudad Real, Lérida, Teruel, Guadix, Cuenca, Sigüenza, Orihuela, Segorbe y Barbastro.

Se lee en ABC-Historia: “Gaspar Viana lo recordaba en este diario hace unos años. Cuando estalló la guerra en 1936 vivía en un pequeño pueblo de agricultores de Guadalajara, Peralveche, «donde no había ni fascistas ni rojos»: «Allí no sabíamos nada de lo que estaba pasando en Madrid, donde ya habían matado al ministro de Hacienda y quemado conventos. En Peralveche solo nos enterábamos de lo que pasaba en Peralveche, porque no había ni prensa ni nada». Sin embargo, poco antes de ser llamado a filas vio al cura de su pueblo huir disfrazado de segador y al párroco de Salmerón, un municipio cercano, esconderse en un molino. «Allí lo encontraron y se lo llevaron de nuevo a Salmerón, donde lo pasearon desnudo, con una cuerda atada a sus partes, mientras la banda municipal tocaba. Después lo subieron a mi pueblo y, en la entrada, le pegaron cuatro tiros y le cortaron las orejas. A continuación, los autores recorrieron el pueblo mostrando sus orejas y gritando: «¿Tenéis a algún fascista que os moleste? Porque mirad lo que le hemos hecho a este cuervo”».

“Como defiende el historiador José Luis Ledesma en su artículo «De la violencia anticlerical y la Guerra Civil de 1936» (Universidad de Zaragoza): «España se convirtió en lo más cercano a un infierno sobre la tierra para los miembros de la Iglesia que estaban en esa mitad del país donde no se había producido o no había triunfado la sublevación». Mientras Franco llevaba a cabo su golpe de Estado y su propia represión, no hubo tampoco provincia de la zona republicana en la que no se produjeran ejecuciones y torturas a miembros de la Iglesia o a simples creyentes, como es el caso de Ceferino Giménez Malla, alias «El Pelé».

Este comerciante gitano marcado profundamente por la religión católica fue detenido, en agosto de 1936, por un grupo de milicianos en Barbastro. La razón: salir en defensa de un joven sacerdote que estaba siendo golpeado y arrastrado por las calles de dicha localidad oscense. Al ser arrestado, El Pele llevaba consigo un rosario y fue condenado a muerte. Le ofrecieron el indulto si lo entregaba y renegaba de sus creencias, pero prefirió permanecer en la prisión y afrontar el martirio. En la madrugada del 8 de agosto de 1936 fue fusilado con el rosario en la mano mientras gritaba: «¡Viva Cristo Rey!». «Su vida muestra cómo Cristo está presente en los diversos pueblos y razas», dijo el Papa Juan Pablo II , en 1997, cuando le convirtió en el primer gitano beatificado de la historia.

Ledesma recogía otros muchos casos similares. El 5 de agosto llegó a Cercedilla un grupo de milicianos preguntando si se había «depurado» ya a los elementos «fascistas» y empezaron a buscar a los miembros de la Iglesia. Esa misma tarde fueron ejecutados dos sacerdotes, a los que siguieron otros 23 en la misma localidad madrileña. A diferencia del resto de asesinados, los sacerdotes no eran fusilados de noche y en algún paraje oscuro, sino a plena luz del día, en la Plaza Mayor, para que lo viera todo el mundo”.

El profesor Paredes documenta perfectamente las agresiones, violaciones y muerte de las monjas, vilipendiadas por la ahora héroe del rojerío Almudena Grandes, que con motivo de la celebración del Día Internacional de la violencia contra la mujer, dijo sobre las monjas martirizadas durante la Guerra Civil, publicado en El País el 24-XI-2008: «¿Imaginan el goce que sentiría al caer [la monja] en manos de una patrulla de milicianos jóvenes, armados y -¡mmm!- sudorosos?».

«Los milicianos socialistas y comunistas se dedicaron a violar a católicas durante la II República y la Guerra Civil. No eran incontrolados: era un régimen que favorecía el desprecio a la mujer y a la feminidad». 

Prosigue: «La persecución religiosa de la Guerra Civil española se ha presentado a veces como la acción criminal de unos incontrolados. Pero los hechos no sucedieron así. Los asesinatos fueron promovidos y planificados por los partidos y los sindicatos de izquierdas, con un innegable protagonismo del PSOE. Así por ejemplo en Santander, las juventudes socialistas publicaban un semanario titulado Nueva Ruta, y en esta publicación aparecían las listas de los que los socialistas consideraban como facciosos, que a continuación eran buscados para asesinarlos».

Y detalla un caso, repugnante: «Lloret de Mar. Tres hermanas de sangre y de orden religiosa. Los milicianos les violaron y luego les dispararon en la vagina para burlarse de su virginidad».

Cuando el profesor Paredes escribe sobre los sacerdotes, habla del asesinato del obispo de Barbastro, Florentino Asensio, de una crueldad diabólica. La noche del 8 de agosto de 1936 fue a buscarle a la cárcel, donde lo tenían preso, un grupo compuesto por Santiago Ferrando, Héctor Martínez, Alfonso Gaya, Torrente el de la tienda de licores y otros dos más. Alfonso Gaya sacó una navaja de su bolsillo y le cortó en vivo los testículos, los envolvió en papel de periódico y se los guardó en un bolsillo. Lo llevaron al cementerio junto a otros presos, a los que dispararon hasta darles muerte, pero teniendo cuidado de no herir de muerte al obispo, con el fin de que falleciese durante la noche desangrado.

Entre otras “hazañas”, a seglares, cuenta el caso de Carmen Godoy Calvache, que fue beatificada el 25 de marzo de 2017. Nacida en Adra y tras diversas dificultades en la vida, viuda, abanderó un movimiento en su pueblo para reconstruir la iglesia, que había sido quemada en 1933. Y eso no se lo perdonaron los incendiarios, por lo que en 1936 huyó a Madrid, para esconderse de sus perseguidores. Pero fue inútil, le dieron caza en la capital de España en agosto de 1936, la internaron en el Hospital de la Princesa, y desde aquí fue trasladada a su pueblo.

Encarcelada en su propia casa, que la CNT había convertido en sede de su comité, la torturaron durante cuatro meses por negarse a dar la lista de los que habían contribuido económicamente para la reconstrucción de la iglesia. La despojaron de todos sus vestidos y tuvo que permanecer desnuda en una habitación entre sus propios excrementos. Así soportó las humillaciones de los hombres que llevaban sus carceleros, para que se burlasen de ella. Y para humillarla aún más, la exhibieron desnuda en una jaula en la que metieron con ella a un hombre también desnudo, que tenía perdido el juicio, para que la violara en la jaula a la vista de todos.

Le restringieron la comida y el agua. Y tras tiempo sin beber, todo lo que le ofrecían era un vaso con la orina de sus carceleros. Le rajaron uno de sus pechos con un puñal, herida de la que nunca se recuperó. Y una noche de crudo invierno la metieron en las aguas heladas del puerto, para hacerla sufrir el ahogamiento. La Nochevieja de 1936, ante la imposibilidad de sacarle los nombres de los benefactores de la parroquia, la subieron a un coche y la llevaron a la carretera de La Curva, donde uno de sus verdugos la violó. Satisfechos los milicianos, la llevaron a la Albufera de Adra, donde cavaron una fosa ante ella, le machacaron la cabeza con una azada y no quisieron esperar a que se muriese. La enterraron viva.

Continuamos con lo escrito por el profesor de la Universidad de Alcalá de Henares: Los socialistas están promocionando la fantasía de que ellos crearon una Segunda República democrática y hasta lúdica, que funcionó sin problema alguno hasta que Franco vino a estropearles la fiesta. Pero como esta versión ni enfervoriza ni convence a quien tenga dos dedos de frente, Pedro Sánchez ha echado mano del tercer método de Juan Negrín, que, como él, también fue socialista y presidente del Gobierno: “Tres sistemas poseemos para hacer que los demás quieran lo que el Gobierno quiere: enfervorizarles, convencerles y, si estos dos recursos resultan insuficientes, aterrorizarles. El terror es también un medio legítimo de gobierno, cuando se trata de la salvación del país”.

Este tercer sistema se concretó en esta palabra: checa, que fueron cárceles privadas controladas por los partidos políticos y las organizaciones de izquierda, donde se torturaba y se asesinaba, bien dentro de la propia checa bien fuera de ella. La Causa General que se instruyó al final de la contienda, para investigar los crímenes durante la guerra, establece que solo en la ciudad de Madrid hubo 225 checas. Y podría pensarse que la cifra está hinchada, por la procedencia del dato y las circunstancias del momento. Pero los recientes estudios elaborados por un grupo de historiadores de la Universidad del CEU, presentados en  2.000 páginas de una investigación financiada por el Ministerio de la Presidencia en la época de Rodríguez Zapatero, establecen el número de checas de Madrid en 345, de las que los socialistas regentaban en exclusiva 49. Y en esto les ganaban los anarquistas, casi empatados con los comunistas, pues tenían el control de 90 y 89 checas respectivamente. Además, había otras 73 checas vinculadas a unidades concretas de las milicias y del ejército popular, en las que también tenían su cuota de dominio los socialistas junto con anarquistas y comunistas. Y lo mismo ocurría en los otros 44 restantes, donde se juntaban los integrantes de los distintos grupos de izquierdas, bajo el paraguas de denominaciones menos conocidas que los partidos políticos.

En todas las checas se torturó a los detenidos de mil maneras y con los tormentos más atroces, aunque ya solo el hecho de ingresar en una checa era la peor de las torturas, porque se sabía que la checa era la antesala de la muerte. El grupo de historiadores al que antes me he referido ha elaborado una lista de 1.800 personas asesinadas en la ciudad Madrid, solo en las checas. Esas 1.800 personas son de las que constan datos fehacientes. Pero como los asesinos no acostumbran a dejar rastros de sus crímenes hay otras muchas personas asesinadas por el terror del Frente Popular, que no se han podido localizar. Personas que se sabe que los llevaron a las checas, pero una vez dentro se perdió su rastro. En conclusión, los cálculos aproximados de los asesinatos cometidos solo en las checas de la ciudad de Madrid varían según autores de los 2.600 a las 3.600 personas.

El 11 de mayo de 1931 se desató en Madrid un torrente de violencia anticlerical que derivó en 150 iglesias quemadas, un total de 1.850 edificios demolidos y 4.850 dañados, en toda España, ante la indiferencia del alcalaíno Manuel Azaña, que se negó a parar tales hechos en el primer momento. ABC – Historia.

Checas de Madrid de César Vidal, año 2022, es el último escrito publicado hasta ahora sobre este tema de las checas, su origen, funcionamiento y amplia documentación que incorpora los archivos soviéticos últimamente desclasificados, que fija como del PSOE la primera abierta en Madrid y que asigna a los políticos oficiales del Frente Popular su dirección y control como “cárceles republicanas”, en donde se torturaba con crueldad y mataba a los detenidos por el solo hecho de ser de derecha o católicos.

Juan E. Pflüger escribe en La Gaceta de la Iberoesfera: “Madrid fue la primera ciudad en verse asolada por una turba que pertenecía a los partidos que formaban parte del Gobierno provisional. Allí estaba la izquierda radical –socialistas, anarquistas y comunistas-, pero también miembros de partidos de la izquierda burguesa como la Acción Republicana de Manuel Azaña, que ocupaba la cartera de Guerra. En Gobernación estaba el único miembro de un partido de derecha moderada de aquel Ejecutivo: Miguel Maura, de Derecha Liberal Republicana, que abogó por sacar la Guardia Civil para frenar los ataques. El propio Azaña se negó, primero el día 10 y luego el 11 de mayo. Fue entonces cuando pronunció aquella frase que se ha hecho célebre: “Todos los conventos de España no valen la vida de un republicano. Si sale la Guardia Civil, yo dimito”.

Los radicales empezaron, ante la inacción del Gobierno, una orgía de incendios en Madrid. Entre la noche del 10 de mayo, todo el día 11 y las primeras horas del 12, momento en el que se declaró el Estado de Guerra en Madrid y se sacó a la Guardia Civil, fueron decenas de centros religiosos los atacados.

Los desmanes empezaron en la residencia de profesos de los Jesuitas de la calle Isabel la Católica, allí se incendió también la capilla adyacente al edificio. La izquierda, que lleva décadas considerándose la garante de la cultura frente a lo que consideran el obscurantismo de la Iglesia, no tuvo ningún problema a la hora de incendiar los casi 90.000 libros de la biblioteca de ese centro de estudios, entre ellos había numerosos incunables y primeras ediciones de miles de títulos clásicos. Después se pasó a incendiar el Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI), con su biblioteca de 20.000 volúmenes y el Colegio de la Inmaculada. De allí pasaron al Centro de Enseñanza de Artes y Oficios que se encontraba en la calle Areneros y en el que los jesuitas daban formación técnica a hijos de obreros que no podían pagar sus estudios.

También fueron pasto de las llamas en Madrid la Iglesia de los Carmelitas Descalzos en la Plaza de España, el colegio del Sagrado Corazón, el de Nuestra Señora de las Maravillas y su museo de ciencias, el colegio de María Auxiliadora y los conventos de las Mercedarias Descalzas y de las Bernardas de Vallecas. Además, otra docena de edificios se salvaron de las llamas o solamente fueron parcialmente destruidos gracias a la acción de los bomberos o de ciudadanos que lograron parar la acción de los izquierdistas.

Málaga, Valencia, Granada, Cádiz, Córdoba, Murcia, Oviedo, Alicante, Alcalá de Henares y otras muchas ciudades españolas vivieron el incendio de muchas de sus iglesias. Y el diario El Socialista decía: “La reacción ha visto ya que el pueblo está dispuesto a no tolerar. Han ardido los conventos: esa es la respuesta de la demagogia popular a la demagogia derechista”. Tras estos incidentes se produjo el ataque legal a los católicos. Se prohibió su actividad docente, lo que llevó a cerrarse miles de colegios en toda España, se expulsó a los Jesuitas y se incautaron sus bienes y se limitó la capacidad de practicar ritos de culto en público.

En el periodo de Gobierno del Frente Popular, ya en 1936 y antes del alzamiento militar del 18 de julio el diputado José Calvo Sotelo empleó sus intervenciones parlamentarias para burlar la censura y hacer públicas las destrucciones de edificios religiosos, los ataques a personas y organismos, los asesinatos, secuestros, bombas y petardos que sumaron, según sus cuentas, 1.874 actos violentos en ese periodo.

Tras el asesinato de Calvo Sotelo, José María Gil Robles, líder de la CEDA, completó su trabajo y en la sesión especial en el Congreso de los Diputados del 14 de julio que trataba sobre la muerte del dirigente derechista hizo el último recuento antes de la Guerra Civil: “Desde el 16 de junio al 13 de julio, inclusive, se han cometido en España los siguientes actos de violencia, habiendo de tener en cuenta los señores que me escuchan que esta estadística no se refiere más que ha hechos plenamente comprobados y no a rumores que, por desgracia, van teniendo en días sucesivos una completa confirmación: Incendios de iglesias, 10; atropellos y expulsiones de párrocos, 9; robos y confiscaciones, 11; derribos de cruces, 5; muertos, 61; heridos de diferente gravedad, 224; atracos consumados, 17; asaltos e invasiones de fincas, 32; incautaciones y robos, 16; Centros asaltados o incendiados, 10; huelgas generales, 129; bombas, 74; petardos, 58; botellas de líquidos inflamables lanzadas contra personas o casas, 7; incendios, no comprendidos los de las iglesias”.

Mención aparte merece una fecha marcada en la historia negra de España: El 7 de noviembre de 1936, bajo el régimen comunista y en el marco de la guerra civil que vivía el país, comenzó la matanza de Paracuellos, que cobró la vida de más de cinco mil personas, entre ellos al menos 50 niños y muchos sacerdotes y religiosos asesinados por odio a la fe.

Según Wikipedia, los asesinatos realizados por los republicanos “Incluyen alrededor de 6832 miembros del clero católico​ e institutos religiosos (13 obispos, 4184 sacerdotes seculares, 2365 monjes y frailes y 283 monjas), miembros de la nobleza española, propietarios industriales, laicos y políticos conservadores. Algunas estimaciones del Terror Rojo oscilan entre 38 000​ y 72 344​ víctimas mortales.​ Paul Preston y Hugh Thomas calcularon la cifra entre 50 000 y 55 000.​ El historiador español Julián Casanova dijo que el número de muertos fue inferior a 60.000. Stanley G. Payne sugirió: «Es posible que nunca se sepa con exactitud el precio que cobraron los respectivos terrores. La izquierda masacró más en los primeros meses, pero la represión nacionalista probablemente alcanzó su punto álgido solo después de que terminara la guerra, cuando se impuso el castigo y la venganza en la izquierda vencida.

“Cerca de 50.000 personas fueron asesinadas extrajudicialmente durante la guerra en la España republicana. Es una cifra escandalosa e injustificable…” dice Carlos Hernández en Okdiario.es.

“El Terror Blanco pudo haber matado a 50.000, quizá menos, durante la guerra. El gobierno de Franco ahora da los nombres de 61.000 víctimas del Terror Rojo, pero esto no ha sido sujeto a una verificación objetiva. El número de víctimas de la represión nacionalista, durante y después de la guerra, fue sin duda mayor que eso”. El periodista e historiador César Vidal llega a un total nacional de 110.965; 11.705 personas asesinadas solo en Madrid”. Procedentes de la Guerra Civil y de fechas posteriores, según datos extraídos del mapa de fosas creado por el Ministerio de Justicia en el 2011, actualmente dependiente del Ministerio de la Presidencia, están registradas 4 265 fosas y se han contabilizado un total de 57 911 víctimas.

La justicia, según el jurisconsulto romano Domicio Ulpiano, es “la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde”. ¿Ser va a dar a TODOS la misma justicia?

Antonio CAMPOS

Los ERE de Andalucía

Voy a ver si soy capaz de escribir lo que pienso sin decir ninguna tontería. Resulta que en el año 2009 se produjeron una serie de hechos en Andalucía protagonizados por diferentes componentes de la Junta de esa Comunidad Autónoma, en los que desaparecieron 680 millones de euros, más de ciento diez mil millones de pesetas, que se repartieron entre amigos, conocidos, empresas en crisis afines al PSOE, ERE no ajustados a los procedimientos legales y, sobre todo, a comprar voluntades de ciudadanos agradecidos por ese maná que les cayó del cielo.

Tras trece años, repito, trece años, de proceso judicial y un millón de páginas, repito, un millón de páginas, escritas, el Tribunal Supremo ha fallado, por mayoría y luego hablaremos de eso, en contra de 19 de los acusados, entre los que se encuentran los expresidentes de dicha Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. La sentencia, con el apoyo de la Fiscalía, considera acreditado que durante dos décadas los gobiernos autonómicos socialistas fueron responsables de un despilfarro de más de 680 millones de euros por el descontrol “absoluto” de los fondos destinados a los Expedientes de Regulación de Empleo.

Para llegar a este fallo, se han apartado jueces y fiscales que anteponían sus puñetas a sus ideas políticas, se han enmarañado las pruebas, ha habido que repetir las pericias, recursos judiciales de todo tipo y estamentos, un millón de folios no los escribe un becario en un rato suelto, calculo que puestos uno detrás de otro pudieran alcanzar unos 350 kilómetros en línea recta, no sé cuánto habrá costado al erario todo el proceso y la gente involucrada, policías, jueces, fiscales, administrativos, parte alícuota de los edificios y su mantenimiento durante todo este tiempo, gastos de papel, tinta, impresoras, encuadernadoras, etc, etc.

Es evidente que no he leído la sentencia, entre otras cosas porque se ha anunciado su publicación en el próximo mes de septiembre, pero, aunque se hubiera publicado, no pienso leerla, porque si tuviera que repasar todo el sumario, un buen lector, a una media de 300/350 folios diarios, en 280 días hábiles al año, tardaría unos 10/12 años en leerlo, a plena dedicación en jornada completa.

El fallo judicial ha tenido en contra el voto de dos magistrados de los denominados progresistas y este es un clarísimo ejemplo de partidismo pues juristas de reconocido prestigio no pueden sentenciar de forma tan divergente unos hechos que todos los medios de comunicación y tribunales menores han considerados ciertos y probados, causa por sí sola suficiente para que la judicatura, en todos sus escalones, deban de ser elegidos por ellos mismos, ya que no directamente por el pueblo, sin pertenencia a ninguna asociación profesional partidista, sindicato ni partido político de ningún tipo, igual que la ley ordena con los componentes de la fuerzas armadas.

Una vez conocida el adelanto de la sentencia, al sanchismo garbancero de Madrid le ha faltado tiempo para denostar la justicia, se entiende que la que no sentencia a su favor. La nueva portavoz del PSOE, Pilar Alegría, esa que está en contra de la escuela privada, pero lleva sus hijos al Liceo Francés, ha dicho que los condenados Chaves y Griñán son de una «honestidad demostrada»-y que ninguno de los dos se benefició «ni un sólo céntimo de euro», recalcando que «no solo el secretario general sino todo el partido defiende una honestidad que ha quedado demostrada». Estoy seguro, Putin no ha matado ni un solo ucraniano, pero es el responsable de la guerra ruso-ucraniana. Igualmente, Carlos Torres no ha despedido a nadie de BBVA, pero suya es la culpabilidad de que la cotización esté a cuatro euros la acción.

Un perdedor, el último candidato a presidente de la Junta de Andalucía Sr. Espadas, que al parecer sí se ha leído el millón de páginas del sumario, ha dicho que «Ha quedado demostrado que en ningún caso el PSOE se ha financiado de forma ilegal». En su opinión, la sentencia acredita que Chaves y Griñán «no se llevaron ni un solo euro de dinero público». Sin incluir los “alcances” producidos en la etapa de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, me permito recordarle al Sr. Espadas un pequeño inventario de temas poco claros habidos en su partido en la etapa democrática. Sí, ya sé que otros partidos también tienen que callar, pero ahora no hablamos de quién es peor, de quién es más feo, únicamente de lo feo que es uno.

Espadas justifica la actuación habida como lo haría un cacique en su cortijo: «Se ha juzgado un procedimiento administrativo para atender a empresas en crisis y a trabajadores que perdían su puesto de trabajo», obviando el pago a empleados ficticios que ni siquiera acudían a su puesto de trabajo, además de la concesión de pensiones de jubilación a personas que no habían trabajado nunca.

El abogado defensor ya ha proclamado que recurrirá al Tribunal Constitucional. O mejor, a solicitar el indulto para sus representados. Hemos llegado dónde íbamos. En España sobra todo el engranaje policial, judicial y pérdida de trece años de actuaciones de todo tipo y costo.

Mi familia está por encima de todo y los secretos son secretos hasta que dejan de serlo. ¿Me guardarás un secreto, amigo? Mejor me lo guardas si no te lo digo. En política siempre hay alguien que te ha visto tomar una copa de más, o bailar con quien no debías, o jugar a las siete y media a las cartas, o navegar en un barco pirata, o comprar un terreno que luego alguien califica como urbano y su valor se multiplica exponencialmente. O necesitas a nuevos guerra civilistas, recuerden que Franco sirvió lealmente a la república durante mucho tiempo, incluso fue distinguido con el mando contra la insurrección/golpe de estado socialista de Asturias, independentistas que si por ellos fueran tomarían las armas contra la Constitución y el poder establecido, y comunistas, que nunca abandonan el poder de buenas maneras.

En una democracia se puede disentir de una sentencia judicial, pero hay que acatarla. Y si el poder gobernante corrige una y otra vez, a su libre albedrío, al poder judicial concediendo indultos a sus adictos o a quienes necesita para mantenerse en el poder, que de alguna forma es comprar los votos parlamentarios de quienes en teoría deberían ser sus adversarios políticos, dejamos de ser una democracia imperfecta para situarnos al borde de una autocracia.

Antonio CAMPOS

Loor al magistrado

Hace unos días escribíamos: Juana Rivas es una señora condenada en instancia final por denuncia de género falsa y sustracción de menores (sus hijos) para no devolvérselos a su padre, de nacionalidad y residencia italiana, cuyos juzgados habían fallado a favor de este. Politizado el tema por feministas y políticos/as nacionales adictos a líos, el antiguo presidente de la Comunidad de Madrid por el PSOE, Joaquín Leguina, calificó este asunto como ejemplo del “pisoteo de la presunción de inocencia”, la “escasa persecución de las denuncias falsas” y la “incitación a la desobediencia de una orden judicial”. El Gobierno, a instancia de la actual ministra de Justicia, ha indultado parcialmente la condena impuesta a la citada, reduciéndola para que no ingrese en prisión, que alcanza en lo que afecta a terceros, conmutando su pena de inhabilitación para ejercer la patria potestad de los menores. ¿De qué sirve la justicia en España si el Poder Ejecutivo se convierte en comisario político que revoca y corrige a los jueces a favor de una adicta flagrante a su ideario? Y eso que la ministra de Justicia es jueza y magistrada. Franco era más discreto en estas cosas.

Hoy, el titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, ha acordado que no procede la suspensión de la pena de prisión impuesta a Juana Rivas, pese a que el Consejo de Ministros le concedió un indulto parcial, ya que su hijo sufrió abuso sexual estando bajo su cuidado, tal y como han confirmado «la pediatra, un forense y como aseguró el propio menor»… Según han informado otros medios, este abuso se ejerció «en la máxima extensión del término» y «las imágenes que han llegado a la causa, son espeluznantes».

Con menos motivos para ello dimiten los políticos de las democracias avanzadas, o son cesados. Es más, el Magistrado actuante deja ver que “con la concesión parcial del indulto, el Poder Ejecutivo ha sustituido al Judicial”, existiendo “partes médicos” y pruebas suficientes que deberían ser conocidas por todos los que han intervenido en esta causa, incluido por quienes concedieron el indulto parcial.

Menos mal que quedan jueces apartados de influencias e idearios políticos a los que todavía no ha logrado doblegar el Poder Ejecutivo. Loor a ellos. Y estaremos muy atentos a ver cuál es el futuro de este Magistrado porque él representa no solo la justicia de esta causa sino la libertad de todos los españoles.

Antonio CAMPOS

División de poderes

Uno de los fundamentos de la democracia es la división de dominio de cualquier autoridad, que limita el de cada uno de los poderes ejecutivos, legislativo y judicial.

En España nos encontramos en el filo de la navaja en este aspecto. El poder ejecutivo y el legislativo se encuentran en las mismas manos, puesto que al presidente del Gobierno lo elige el Parlamento, en teoría, por delegación del pueblo. Pero siendo ello verdad, una cosa es consecuencia indisoluble de la otra, por lo que se unen y confunden uno y otro poder. Cosa diferente sería si hubiera elecciones generales para elegir al presidente, y otras diferenciadas y en periodos distintos, para elegir a los parlamentarios, a cuyo control real debería someterse el presidente y su gobierno.

Peor aún es el nombramiento político de los componentes del Consejo General del Poder Judicial, con lo que los partidos políticos mantienen el control de la judicatura.

Todo ello se ha mantenido con cualquiera de los colores que han disfrutado del poder, morado, amarillo, naranja, rojo y azul, que todos ellos la han liado “parda” arrimando la ascua a su sardina, por lo que ninguno de ellos se puede quejar, no así los ciudadanos que vemos como cada día la democracia va quedando constreñida en unas pocas manos.

No alcanzo a comprender por qué los componentes de las Fuerzas Armadas no pueden sindicarse ni hacer comentario alguno sobre política, y en cambio la judicatura sí puede hacer y decir lo que considere oportuno. Ambos colectivos deben ser apolíticos, con independencia de lo que cada uno de ellos piense a título personal, pero no es de recibo imponer silencio a quienes tienen las armas bélicas en sus manos y no hacerlo a quienes tienen las armas de la justicia y la libertad de las personas. Y me siento desprotegido cuando leo autos provisionales y sentencias de nuestros tribunales de justicia en las que, para delitos de igual o similar gravedad, unos quedan libres y otros condenados.

Llevamos años en los que está paralizada la renovación de los componentes del CGPJ. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que va a dejar a la altura de una zapatilla en argucias políticas a Iván Redondo, ha afirmado que “los jueces no pueden elegir a los jueces” porque “eso no es propio de una democracia plena”. NO ES NO, Sr. Bolaños. Lo que es indicio de ausencia de democracia es que los políticos elijan a los jueces. Y de eso es igual de culpable el Partido Popular, que no ha hecho nada al respecto cuando ha estado en el poder.

La justicia es ciega, los jueces han de ser libres y elegir entre ellos a quienes tienen que dirigir su pirámide de poder, tienen que designar a los mejores entre ellos, a los más honrados, a los más preparados, a los más justos, no a los más adictos a una u otra concepción política. Soy de los que pregona esto desde hace muchos años, y lo he dejado escrito en múltiples ocasiones. Jueces y fiscales han de designar a los que tienen que ocupar sus órganos de gobierno.

El Partido Popular ha de decir, claramente, qué haría, qué modificaría si llega al poder, pues no se puede uno quejar solo cuando está en la oposición y el viento no le sopla favorable. Y el Partido Socialista Obrero Español, sector sanchista, ser consciente que controlar los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, tiene un nombre: dictadura.

Antonio CAMPOS

El fiel de la balanza

Las calumnias e injurias contra la Corona constituyen un delito tipificado en el artículo 491 del Código penal español, que prevé penas de multa de cuatro a veinticuatro meses.

Ayer día 23 de noviembre, el Palacio de la Zarzuela hizo oficial que el Rey Felipe VI estará los próximos diez días en cuarentena tras haber estado en contacto con un caso positivo de Covid-19. «A partir de este momento, guardará el preceptivo periodo de cuarentena de diez días, quedando suspendidas todas sus actividades oficiales previstas durante dicho periodo».

En España confundimos muchos conceptos, como público por gubernamental o libertad por libertinaje. Ha faltado tiempo para que la usuaria @SofiLoGon, en su perfil de Twitter, haya escrito: «Ojalá muriese, y la Leonor como es menor de edad no puede reinar, Letizia tiene que hacer de María Cristina, aparece un sector feudalista que dice que no puede ser porque tiene que ser un hombre el rey y se hagan froilanistas, y hay una guerra leonorinos vs froilanistas».

La susodicha tuitera aparece en una foto bebiendo una cerveza frígida, profesional del medio con cerca de ochenta mil mensajes publicados, casi mil seguidores, debe ser de ascendencia gallega pues muchos mensajes están en ese idioma, que hablan millones de personas en el mundo y sin el cual no puedes moverte en los negocios internacionales, que la coordinadora de la Red de Dinamización Lingüística de Galicia, dependiente de la Consejería de Educación del gobierno que preside el independentista de derecha Nuñez Feijóo, ha dicho que “ninguna persona culta debería atreverse a hablar español en público”.

Tomamos al azar otros de sus mensajes, si bien he de decir que he visto miles de personas más radicales que ella en los diversos medios de internet:

• Fui al obispado para firmar la confirmación de apóstata, me dijeron «¿ESTÁS SEGURA?», yo en plan: que sí acepto términos y condiciones, y al cabo de unas semanas me llegó una carta confirmando que ya no figuraba como integrante de la Iglesia católica.
• Que todo tenga que ir siempre justificado en aras de la productividad es comprar los marcos del sistema que nos explota y que únicamente nos ve como seres válidos si somos productivos, es decir, si le somos útiles. es perpetuar la idea de que solo valemos en tanto que producimos.

Una cosa es expresar libremente las ideas y otra muy distinta desear la muerte a cualquier persona, con el agravante que en este caso es el Jefe del Estado. Y, por lo que se ve, no pasa nada.

En cambio, el VP Pablo Iglesias y su pareja sentimental, la ministra Montero, acuden al juez querellándose contra un ciudadano que hizo sonar el himno español frente a su vivienda, por “un delito de descubrimiento y revelación de secretos” ocurrido en su domicilio, a la vez que supuestas hordas podemitas han atacado el bar del querellado, pintándole banderas republicanas y atribuyéndole acosar a niños.

A título informativo, señalar que según la primera declaración de bienes que Pablo Iglesias presentó ante el Parlamento Europeo en 2013, su patrimonio alcanzaba a una vivienda rústica por valor de 13,5 mil euros y una moto con valor de 2,7 mil euros. Yo debo ser más tonto que el tonto de mi pueblo, pues tras cuarenta y cinco años y tres meses de cotización ininterrumpida a la Seguridad Social, mi poder adquisitivo no ha alcanzado para vivir en una vivienda unifamiliar independiente en una de las zonas más caras de Madrid.

Y los narcotraficantes que atropellaron e hirieron a dos guardias civiles en Algeciras, en libertad; los alborotadores y protagonistas de la quema de mobiliario urbano en Barcelona, en libertad; los MENA que atracan y roban, en libertad; los aluniceros con más de cincuenta detenciones, en libertad; los sentenciados por los ERE’s de Andalucía, en libertad; los políticos catalanes condenados por sedición, a punto de obtener la libertad; explotación sexual de menores tutelados en Mallorca por instituciones públicas regidas por la izquierda y explotados sexualmente: La presidenta del Consell, la socialista Catalina Cladera, opina que «lo único que pretende la oposición es hacer ruido, crispar, polarizar», pero también en libertad y, peor aún, sin ser investigados.

Parece que, en España, si perteneces a cualquier círculo de presión, lo mismo da que sea legal que ilegal, tienes bula para que más de uno mire para otro lado, cuando la balanza de la justicia no está en el fiel. ¡Qué país vamos a dejar a las siguientes generaciones, quebrado, amoral, indecente y corrupto!

Poder judicial

Al menos desde el Romanticismo, los jueces eran unas personas (hombres y mujeres) absolutamente respetados y respetables, íntegros, honrados, honestos, de vida discreta, con pocas relaciones sociales para no contraer compromisos que pudieran contaminar sus sentencias, que aplicaban las leyes vigentes en cada momento, y ha habido muchos momentos políticos en España desde entonces, y que pasaban desapercibidos fuera del ámbito de la judicatura. Lo mismo podríamos decir de los Fiscales, insobornables, moral o dinerariamente, en sus actuaciones.

Pero desde hace unos años, cuando surgieron los jueces y fiscales “estrellas”, algunos con veleidades políticas, otros superados por la fama, y todos afiliados a asociaciones con trasfondo de ideario político de todo tipo, tras la apariencia de defensa profesional de las puñetas, de cuando en cuando ocurren cosas raras tanto en la judicatura como en la fiscalía.

Vaya por delante que, en mi opinión, ni unos ni otros deberían estar afiliados a ninguna asociación con sentido político, igual que los militares. Estos, porque son los que tienen las armas, que pueden usarse para custodiarlas en el armero, para defenderse o para atacar, pero, en cualquier caso, para mantener el orden constitucional de todos los españoles; y aquellos, porque tienen el poder de interpretar las leyes según su ideario y relaciones políticas, en vez de aplicar por igual la independencia judicial que marca la Constitución vigente a todos los españoles. Que pueden equivocarse de forma puntual, y aquí cabe la labor del juez-árbitro de futbol, correcto. Pero desde el año 1985 surge una inercia al control judicial por parte de los políticos, con casos en el que un imputado quede libre porque un juez agote la prescripción de los plazos legales, que un juez diga que “España no está preparada para saber la verdad sobre el 11-M”, la libertad de los capos gallegos del narcotráfico por deficiente instrucción judicial, la corrupción política, de todos los colores, nunca llega a sentencias de consideración, el conocimiento de las sentencias del procés antes de que se publicara por parte del juez actuante, la destitución de la juez Mercedes Alaya que investigaba los ERES socialistas-ugetistas de Andalucía, sustituida por la adicta al régimen imperante, la juez Núñez Bolaños, que la semana pasada, estando de baja laboral, se dio de alta, hace la guardia del domingo, desimputa a dos altos cargos socialistas en el citado caso ERES y corrige a su sustituto para que la Guardia Civil no investigue a un concejal, y se vuelve a dar de baja tres días después del alta, es difícil creer en la independencia de la Justicia que, como dice el Magistrado Jesús Villegas, es “agua potable contaminada con materia fecal”, “la actitud de los propios Jueces y Magistrados, que en algunas ocasiones, haciendo por vía recusaciones a compañeros por causas que no se aplican a ellos mismos y por tanto configurando un Tribunal apropiado,  o no haciendo como sucede en el caso de los ERES de Sevilla, en el que día a día, prescriben los delitos, por la inacción de la Juez, del Ministerio Fiscal y de todo aquel que tiene razón en el proceso, quedando sin castigo conductas gravísimas; son intromisiones ilegitimas que menoscaban la calidad de la Justicia, la confianza del ciudadano y sobre todo la función que le corresponde en el sistema político que tenemos”, escribe Nicolas Poveda Peñas, que fue Magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El problema es que, a los jueces, a las más altas magistraturas del Estado, los eligen los partidos políticos, con lo cual queda contaminada cualquier decisión que tomen en contra de quién les ha nombrado con el dedo índice de la mano, derecha o izquierda, me es igual. Yo creo que, a los jueces, a partir del Juez Decano de cada Partido Judicial, deberían elegirlos únicamente los jueces, con lo que no estarían “agradecidos” a los políticos de turno.

Claro ejemplo, los diversos problemas judiciales en los que está incurso en estos momentos Podemos; Eduardo Inda escribe: «Lo que quiere Podemos es colar tres magistrados en el CGPJ para que ayuden con sus corruptelas, que tienen y las que están por llegar».

 

 

Todo lo escrito hasta aquí, es aplicable también a los fiscales y en concreto al Fiscal General del Estado, que lo elige directamente el Gobierno de turno, con organización jerárquica, y a los que el actual Ministro de Justicia quiere asignarles la investigación de los hechos previos a los juicios, que hasta ahora llevan los Jueces de Primera Instancia. El ministerio fiscal podría condicionar la vida de los ciudadanos por la política.

La penúltima, de la semana pasada. La Fiscalía del Tribunal Supremo no ve delito en la gestión del Gobierno de la pandemia de coronavirus por los errores que causaron miles de muertes ni por la compra de materiales defectuosos, por los que se pagaron precios muy por encima de los de mercado a empresas de dudosa experiencia comercial y conocimiento del tráfico mercantil chino, y pide a la Sala Segunda de lo Penal que inadmita una veintena de querellas presentadas contra miembros del Ejecutivo por delitos como prevaricación, homicidio imprudente, lesiones o contra los derechos de los trabajadores.

El periodista Joaquín Abad acaba de publicar un libro titulado La red secreta de Soros en España, en el que explica cómo captaron a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, a miembros de otros partidos, también de derechas; a jueces y fiscales (Baltasar Garzón y Dolores Delgado, por ejemplo); al empresario catalán independentista Grifols; a Esteban Beltrán, el de Amnistía Internacional; a banqueros de inversión como Borja Prado, o a José Luis Rodríguez Zapatero. Es un libro de consulta, muy interesante.

Dejo para otra ocasión la reforma profunda del Código Penal que demanda la mayoría del pueblo español, ajustada a la realidad del presente siglo XXI, que desde la que realizó el ministro Fernando Ledesma, masón, en el primer Gobierno de Felipe González, para actualizarla a aquel tiempo y derogar parte de los delitos penados por el franquismo, ha tenido pequeños retoques en diferentes legislaturas, pero siempre a favor del delincuente, rebajando penas y tratándolo como si fuera el perjudicado de sus delitos, y no lo que verdaderamente es, deudor de la sociedad.

 

 

El honor de la Guardia Civil

“Al rey, la hacienda y la vida se ha de dar; pero el honor es patrimonio del alma y el alma sólo es de Dios”. Pedro Calderón de la Barca

El domingo pasado fue destituido el jefe de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Pérez de los Cobos; por ese motivo, el lunes dimitió su superior, el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Laurentino Ceña. Todo ello porque el citado coronel se negó a facilitar al Gobierno un informe que sobre el 8-M les había solicitado una juez, bajo secreto de actuación, entre otras cosas porque lo que se estaba investigando afectaba a miembros del Gobierno. El miércoles han nombrado para sustituirlo, a Pablo Salas Moreno, hasta ahora jefe del servicio de información de la Guardia Civil. Nacido en Corera, pueblo de 250 habitantes en La Rioja, que ha venido realizado labores de información desde 1997, actualmente al mando del Servicio de Información (SIGG) el área técnica, que se ocupa de perseguir los ciberdelitos, entre ellos los de carácter terrorista.

 

 

Sobre esto, escribe el general de División ®, Rafael Dávila el 26-05-2020:

“Un juez se vale de la policía judicial para sus investigaciones: Guardia Civil o Policía Nacional. Dependencia única y exclusiva del juez. Es decir, en el caso que nos ocupa la guardia civil en su actividad de policía judicial no depende del coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, Pérez de los Cobos. Para nada y de nada deben informarle. Su dependencia es administrativa y para asuntos meramente burocráticos, pero para nada en su labor judicial. Es más, darle cuenta de ellos, o él pedirlo, sería sancionable e incluso delictivo. Es decir que cuando al coronel Pérez de los Cobos le han pedido el informe que la policía judicial ha realizado se ha limitado a cumplir con su deber: No.

El código de honor es para un guardia civil como el aire que respira y ninguno deja de respirar ni un segundo sin caer en el deshonor que se nota tanto que te delata.

Los hechos son: un alto cargo del Ministerio del Interior llama al coronel pidiéndole una copia del informe que la policía judicial iba a entregar a la Juez que investiga las presuntas irregularidades y responsabilidades por la manifestación del 8M en la que se ven claros -presuntos- indicios de responsabilidad de Simón y del Delegado del Gobierno de Madrid. El coronel cumple con su deber, se niega y es cesado. Eso es todo.

El problema es mucho más grave. Estriba en quién ha ordenado su destitución: el ministro del Interior. ¿Dónde está la gravedad? En que hasta hace muy poco este personaje era juez de la Audiencia Nacional. ¿Eso qué significa? Que nadie como él conoce la ley, o debería. Que nadie como él sabe cómo trabaja la policía judicial y cuáles son sus dependencias y jerarquías. Que nadie como él debe tener el compromiso moral y material de cumplir la ley y hacerla cumplir.

El escándalo alcanza niveles muy elevados y peligrosos porque es inevitable mirar hacia atrás y preguntarse el concepto de justicia que tiene un señor que siendo ahora ministro del Interior ha estado impartiendo justicia ni más ni menos que desde la Audiencia Nacional”.

David Lozano en periodistadigital del 26-05-2020: Importantes mandos de la Benemérita han reaccionado al cese del Coronel Diego Pérez de los Cobos como Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid y lo han hecho de manera muy crítica contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Una demoledora carta de la Unión de Oficiales Guardia Civil Oficial, a la que ha tenido acceso Periodista Digital, ha caído como una bomba tanto en Interior como en Moncloa y comienza de manera rotunda:

“Entre las consecuencias de este cese sabemos que lo que más le duele a nuestro Coronel no es que le hayan cesado, sino el duro golpe que se le ha asestado hoy a la Guardia Civil, a su imagen, a su neutralidad”.

Después de alabar la trayectoria profesional del Coronel, los mandos de la Benemérita destacan que “lo que ahora importa es que el político de turno confíe en ti, que te amoldes a su estrategia política, que no supongas un obstáculo a sus objetivos, aunque eso implique nefastas consecuencias para los ciudadanos. Lo único que importan son los criterios políticos, no los técnico-profesionales, aunque para ello haya que sacrificar la neutralidad”.

Los oficiales de la Guardia Civil miran hacia el futuro y se plantean dudas sobre quién reemplazará a Diego Pérez de los Cobos “¿quién lo sustituirá?, ¿qué requisitos de confianza debe reunir? A partir de ahora no podemos despreciar que aquél que lo sustituya estará bajo sospecha de ser el “hombre de confianza” del político, en una Institución en la que la neutralidad política forma parte de su ADN”.

Además, exigen al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que explique los motivos de su cese “si no se hace se estará permitiendo que se especule con el uso de la Guardia Civil como moneda de pago político, o se permitirá que se instaure la creencia de que se ha perdido la neutralidad de la Guardia Civil”.

Y termina de la manera más dura posible advirtiendo del negro futuro que le aguarda al Cuerpo con un Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez:

“Este cese, se suma al no tan lejano del Coronel Jefe de la UCO, Manuel Sánchez Corbí. Si se repiten hechos similares a éstos, si explicar sus motivos, podremos anunciar a todos los españoles que la Guardia Civil que conocían hasta ahora ha entrado en proceso de extinción”.

Yo creo más en la causalidad que en la casualidad. Vemos las últimas destituciones realizadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, todos ellos con alguna relación al proceso independentista de Cataluña:

Doña Maria José Segarra Fiscal General del Estado durante el Juicio del 1-O.

Doña Carmen Tejera, Abogada del Estado que apuntaló la malversación en el Juicio del 1-O.

Don Edmundo Val, Abogado del Estado que se negó a cambiar el delito de rebelión por sedición antes se comenzar el juicio del 1-O.

Coronel Sánchez Corbí, jefe de la UCO, destituido por ordenar suspender las actividades de su unidad por la falta de fondos reservados que el Gobierno negó a la UCO, en relación a investigaciones sobre Cataluña.

Coronel Diego Pérez de los Cobos, destituido por no facilitar un informe reservado judicialmente al ministro de Interior. También tuvo destino y relación con Cataluña, siendo testigo clave en el juicio del “procés”.

Destituido el coronel Pérez de los Cobos, ha faltado tiempo para que “alguien” haya filtrado el informe con “órdenes dadas al equipo de la Policía Judicial de reserva y secreto de las actuaciones en la investigación” que matiza la juez actuante, para que haya llegado al Gobierno y filtrado al director del periódico digital eldiario.es, Ignacio Escolar, acérrimo defensor del sanchismo-comunismo, y a la Cadena Ser. En un país verdaderamente democrático, no teórico como últimamente es España, se debería investigar este hecho y conseguir que fuera pensado el responsable de esa filtración judicial.

El informe emitido por la Guardia Civil, es un dosier con nº de diligencia 2020-101887-00000067, remitido con fecha 21-05-2020, mediante la entrega de “los tomos I, II y III, que constan de 81 páginas, útiles a una sola cara, portada, índice y 45 anexos”, dirigido a la Ilma Sra Jueza del Juzgado de Instrucción nº 51 de los de la Plaza de Castilla en Madrid, y con copia al Ilmo Sr. Fiscal competente, todo ello bajo el título OPERACIÓN:SANITARIO, supuestos delitos de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia.

• Confirma que el primer caso por coronavirus en la CCAA de Madrid fue el 25-02-2020
• Medidas y recomendaciones propuestas en materia de salud con anterioridad al 14 de marzo de 2020:

 

• El 29 de enero de 2020, la OMS aconseja el uso de mascarillas en el entorno comunitario, en la atención domiciliarias y en centros de salud, y propone medidas para evitar la propagación del virus, tales como evitar las aglomeraciones y no permanecer con frecuencia en espacios cerrados y abarrotados, mantener al menos un metro de distancia de cualquier persona con síntomas respiratorios de infección, lavarse las manos frecuentemente con una solución hidro-alcohólica si no están suficientemente sucias, y con agua y jabón si están sucias, al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo de papel, desechar este inmediatamente y lavarse las manos, y abstenerse de tocarse la boca y la nariz.
• El 30 de enero de 2020, la OMS califica el actual brote de COVID19 como pandemia. Ese mismo día, declara que el citado virus constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional, y sostiene el muy alto riesgo de propagación e impacto del mismo, basándose en la experiencia acumulada en la evolución de virus semejantes. Por otra parte, señala que Europa era el epicentro de la pandemia, con más casos y víctimas mortales que en el resto del mundo, exceptuando China.
• El 16 de febrero de 2020, la OMS publicó un informe recomendando a las autoridades de salud pública de los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos terrestres internacionales, establecer planes y medidas de contingencia eficaces ante emergencias de salud pública de importancia internacional …/…
• El 24-02-2020, la OMS publicó un informe en el que fija los objetivos estratégicos con respecto al COVID-19. El primero de ellos hace referencia a la prevención de eventos de amplificación de transmisión del virus. Este objetivo es repetido sucesivamente otros días.
• El 02-03-2020, el ECDC refiere que España, al igual que el resto de Europa, se encuentra en el escenario 1, avanzando rápidamente hacia el escenario 2. Únicamente Italia es el único país europeo que en esa fecha se encuentra en escenario 2. …/…

Las recomendaciones realizadas por el ECDC fueron las siguientes:

• La activación inmediata de los mecanismos nacionales de respuesta a emergencias y planes de preparación para una pandemia que permita Asegurar la contención y mitigación del COVID-19 con medidas de salud pública no farmacéutica.
• Asegurar la comunicación e información a todos los ciudadanos, de forma que el público en general sea plenamente consciente de la gravedad del COVID-19. Un alto grado de conocimiento de la población, la participación comunitaria y la aceptación de las medidas puestas en marcha (incluyendo el distanciamiento social que es la más restrictiva), son claves en la prevención de la propagación.
• Mejora de la vigilancia, la investigación epidemiológica, rastreo y gestión de contactos, la detección inmediata de casos y el aislamiento de positivos.
• Implementación del distanciamiento social (por ejmplo, la suspensión de reuniones a gran escala y el cierre de las escuelas y lugares de trabajo) para interrumpir las cadenas de transmisión.
• La comunicación de riesgos y suministro de equipos de protección individual (EPI’s) adecuados a los trabajadores de la salud y la aplicación rigurosa de las medidas de prevención y control de infecciones en los centros sanitarios.
• Implementación de medidas de distanciamiento individual (auto-aislamiento, evitar dar la mano y besar, evitar los transportes en los que se prevea un gran movimiento de personas y las concentraciones masivas), deben seguirse en cualquier escenario como medidas preventivas.
• Debe realizarse una rápida y completa comunicación de los riesgos a la población …/…
• Medidas para reducir el riesgo que presentan concentraciones de masas, incluyendo medidas de distanciamiento interpersonal para evitar el hacinamiento o medidas organizativas tales como la cancelación o aplazamiento de eventos.
• Del 5 y al 10 de marzo, habla de las medidas tomadas en la CCAA de Madrid, suspensión de la actividad docente, evitar viajes, se recomienda el teletrabajo, cierre de bibliotecas públicas y universidades.
• Pasado el 8-M y la manifestación feminista encabezada por Irene Montero, pareja sentimental del vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias, el informa reseña el
• 30-03-2020: Se tiene conocimiento a través de una noticia del diario digital “ok diario” en la que se participa que “el Gobierno pidió suspender un congreso evangélico en Madrid por el coronavirus 2 días antes del 8-M”. En la citada noticia aparece adjunto un comunicado, firmado el día 2 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad / Secretaría General de SDanidad / Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, titulado “Comunicado sobre la celebración de reuniones multitudinarias durante el periodo de epidemia del COVD-19”, en el que se comunica que en consonancia con el oficio firmado por el Ministro de Sanidad el 3 de marzo de 2020 sobre “Recomendaciones de medidas extraordinarias en relación con la situación provocada por el nuevo coronavirus COVID-19, los eventos multitudinarios de cualquier tipo se considerarán de riesgo para la transmisión de este patógeno y suponen un riesgo para la salud de la población, recomendándose ekl aplazamiento o suspensión de los mismos hasta que se haya verificado por la autoridad sanitaria el control de la transmisión de la enfermedad y del riesgo asociado. Por último, se cita que la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad agradece a los organizadores de eventos que se incluyan entre los descritos en este documento la mayor consideración a esta recomendación”.
• El 31-03-2020, se tiene conocimiento a través de una noticia del diario digital “el mundo” titulada “La destitución del policía que alertó de la crisis del coronavirus”, en la que comenta que el responsable policial de prevención de riesgos laborales, José Antonio NIETO, recomendó el 24 de enero de 2020 “evitar aglomeraciones”, adjuntando en la noticia un documento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de la Policía y firmado por el citado agente. En el documento se refleja que se debe “evitar el contacto cercano con cualquier persona que presente síntomas de enfermedades respiratoria, como tos y estornudos. Evitar aglomeraciones” y en su apartado cuatro de conclusiones, se cita textualmente “Ante la información difundida por la OMS sobre posibilidad de expansión del virus, se propone la adopción de las siguientes medidas preventivas a los funcionarios policiales, especialmente de los puestos fronterizos ante la llegada de vuelos procedentes de las zonas afectadas.
• El 1 de abril de 2020, se tiene conocimiento a través de una noticia del diario digital “diario.es” titulada “El video del 8-M, con el que acusan al Gobierno de ocultar la verdad sobre el coronavirus: No se besa”, en la que apunta que el Gobierno sabía el peligro real del coronavirus. En la noticia se adjunta un video de la cabecera de la manifestación celebrada en Madrid el día 8 de marzo de 2020 en el que se observa a la ministra Celaá y a la exministra Valerio portando guantes de látex y en la que se aprecia una voz advertir “No se besa, no se besa” a las personas que encabezan la manifestación. Se adjunta grabación.

Después de este relato, se detalla toda una serie de documentos, leyes, normas y anexos que se adjuntan, hasta llegar al folio 26 y siguientes, que reflejan lo concerniente a EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS MANIFESTACIO/ES CELEBRADAS ENTRE EL 5 Y EL 14 DE MARZO DE 2020, en cuyo apartado se recogen una serie de expedientes, documentados, sobre manifestaciones de diversos tipos convocadas para esas fechas, la mayor parte de ellas canceladas por problemas sanitarios por los convocantes.

Sobre el expediente 341 en concreto, dice: “Parece Adecuado significar que el manifestante participa que sobre el día 06 de marzo ya eran conscientes de la grave situación sanitaria a la que se enfrentaba España, pero tenían relativa tranquilidad al ver que las autoridades seguían autorizando actos públicos como el 8-M”. A destacar que, en todos los expedientes reseñados, son los convocantes de las manifestaciones previstas los que las cancelan, dando constancia de llamadas, consultas y otras gestiones con la Administración, pero en ningún caso es esa Administración quien las prohíbe. En el expediente 545 se dice textualmente: Las motivaciones para llevar a cabo la mencionada cancelación se relacionan con la llamada telefónica dimanante del DG que recibe el comunicante el día 12 de marzo de 2020, en las cual una mujer que se identifica como funcionaria de la DG “le sugiere que no se celebre la concentración por motivos sanitarios ya que manejaban información que desaconsejaba la convocatoria”.

Resumen su análisis de expedientes: De los 157 expedientes analizados, se detecta un total de 177 reuniones/manifestaciones celebradas en las Comunidad de Madrid, de los cuales 130 han sido celebradas, 35 desconvocadas, 8 no celebradas y 4 de las que no consta información al respecto. De las 356 desconvocadas, 26 han sido motivada su desconvocatoria por la crisis sanitaria del COVID-19, de los cuales 14 han sido instadas por los propios promotores “motu proprio” y 12 han sido instadas por DG mediante llamada telefónica; de las 8 reuniones/manifestaciones no celebradas, 1 ha sido prohibida por DG por vulneración de derechos fundamentales y 1 consta como celebrada en los datos de la DG, y sin embargo nadie acudió a la concentración por la crisis del COVID-19.

En el folio nº 62, se ha constar expresamente: Queda pendiente recibir la documentación que se solicitó mediante oficio (se adjunta en Anexo XLI) al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, el 08 de abril de 2020, y que, a día de la fecha de confección de esta diligencia, aún no ha sido recibida. Cabe destacar que citada petición se ha reiterado por parte de esta Unidad en numerosas ocasiones.

En el folio nº 64, apartado tercero, se dice: En este punto se van a reseñar cronológicamente los documentos (“lato sensu”) por los que la DG tenía conocimiento, con anterioridad al 14 de marzo de 2020, de la larga crisis sanitaria COVUID-19 al haberlos recibido directamente de otras administraciones públicas y organismos, o bien haberlos “tratado” internamente. Y fecha el 28-02-2020 un documento titulado “Información general sobre medidas preventivas básicas a adoptar en el entorno laboral frente al nuevo coronavirus” emitido por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del DG en el que “se tiene constancia de la gravedad de la enfermedad del COVID-19, ya que ekl propio documento refleja los síntomas que produce, así como otros datos de interés” …/… que “ha sido enviado desde el referido Servicio de Prevención y difundido a través de todas las cuentas de correo electrónico de DG, a las 09:12 horas del día 02 de marzo del actual (se adjunta Anexo XVIII)”.

En el folio nº 68, apartado cuarto: “Con el análisis documental llevado a cabo, se ha constatado que la DG tenía conciencia del peligro que suponía la celebración de reuniones y manifestaciones en fechas previas a la declaración del Estado de Alarma …/… La inexistencia de ningún tipo de registro de dichas llamadas telefónicas en los expedientes remitidos por DG, así como el especial interés por parte de la DG en que fueran los propios asistentes los que llevaran a efecto la cancelación de las manifestaciones, hace considerar, por un lado, la posible intencionalidad de la DG en que las mismas no figuren en ningún registro oficial; y por otro, el amplio conocimiento de la DG de los riesgos que comportaba la celebración de las concentraciones ante posibles contagios generales por el COVID-19 y su interés real de que no se celebraran.

…/… Se ha comunicado la intención de celebrar reuniones/manifestaciones a partir del 06/03/2020 (una de ellas el día 10/03/2020) habiendo tenido conocimiento la DG, y sin objeción a las mismas, permitir su celebración …/… se han celebrado numerosas de ellas con fechas posteriores al conocimiento total y generalizado de la sociedad española de la grave situación sanitaria y del riesgo de contagio, algunas de ellas en fechas muy avanzadas (10, 11 y 12 de marzo de 2020), e incluso una de ellas celebrada el 14 de marzo de 2020, fecha en la que ya se encontraba en vigor el Real Decreto 463/2020 por el que se declara el Estado de Alarma.

A partir de la página nº 72, el informe se centra en la actuación del CCAES y en la persona de su director, D. Fernando Simón Soria, remontándose el 27 de febrero de 2020, fecha en la que manifestó: “el virus puede haber circulado por Andalucía y eso si seria un riesgo, poniendo de manifiesto lo incointrolable del virus y por ende el peligro de contagio en las reuniones o aglomeraciones de personas en esas condiciones.

Folio nº 74: El ministro de Ciencia e Innovación, D. Pedro Duque, reconoció en la tercera semana del mes de marzo de 2020, la gravedad del coronavirus desde el mes de enero de 2020. En rueda de prensa junto al ministro de Sanidad, explicó que “los investigadores españoles empezaron a trabajar de forma intensa desde que se conoció esta enfermedad, en el mes de enero. Ya el 2 de febrero tuvimos una reunión con los profesores Juanes y García Sastre, este último en Nueva York, para asegurar que tengan más facilidades y todos los medios necesarios para investigar la enfermedad. Ese mismo 2 de febrero liberamos medios e hicimos cambios legales para reducir plazos que culminaron en el Real Decreto de Estado de Alarma donde hemos puesto todas las medidas en funcionamiento”. Por tanto, concluye, “el Gobierno ya conocía desde el mes de enero la gravedad real de la epidemia del coronavirus”.

Folio nº 76: Se deja constancia de una reunión del 05 de marzo de 2020 a la que asisten el ministro de Sanidad, Salvador Illa; Fernando Simón, director del CCAES; secretario general de Sanidad, Sr. Blanco; Consejero de Sanidad de la CCAA de Madrid, Sr. Ruiz Escudero; y dos representantes de Iglesias Evangélicas, Jorge Humberto Fernández Basso y Manuel Cerezo Garrido, sobre la celebración del Congreso UNLIMITED 2020 en la Caja Mágica de Madrid, para el que preveían la asistencia de unas 8.000 personas. El ministro Salvador Illa les dijo “No, eso no se puede hacer”, emplazándolos a una nueva reunión el día siguiente.

Volvieron a reunirse al día siguiente, día 06 de marzo de 2020, y Fernando Simón “les explicó la grave situación sanitaria ofreciendo datos concretos de contagios, haciendo constar que se trataba de una pandemia a escala internacional, mostrando datos de los seguimientos estrictos que se efectuaban sobre los contagiados, pidiéndoles a continuación la suspensión de las reuniones de pastores evangélicos, motivando la medida en la movilidad del colectivo y reunir los requisitos de riesgo incidiendo en que “NO SE PODÍAN CELEBRAR DE NINGUNA MANERA” …/… Y concluye el informe en relación a este apartado: “Las manifestaciones aportadas en unión de la documentación anteriormente referida da razón de un profundo conocimiento de los riesgos de la enfermedad por parte de los responsables sanitarios, así como un control exhaustivo de la evolución de la misma, cuando menos con fecha 05 de marzo de 2020 y de cómo los mismo evidenciaron que el evento NO SE PODÍA CELEBRAR, precisamente por los riesgos que comportaba la concentración de personas”.

“Todas estas circunstancias -concluye la Guardia Civil- hacen ver a esta instrucción que, a partir del 5 de marzo de 2020, no se debería haber realizado ninguna manifestación/concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria del Covid-19 y no celebrar unas y cancelar otras, como al final terminó ocurriendo”.

Hasta aquí, un amplio resumen de lo que dice el informe de la Guardia Civil. Hoy, miércoles día 27-05-2020 ya han aparecido artículos periodísticos, en todos los medios de comunicación, a favor y en contra del mismo. Los que lo rebaten, lo hacen todos en relación a la fecha en la que la OMS declaró oficialmente el coronavirus como pandemia, pero nadie habla sobre una verdad que parece insoslayable: Que el Gobierno conocía la gravedad del momento mucho antes de 8-M, permaneciendo inactivo de cara a los ciudadanos hasta que no se llevó a cabo la manifestación feminista liderada por Irene Montero, pareja sentimental del vicepresidente Pablo Iglesias.

Yo me he limitado a contar los hechos, a ser “notario” de lo acontecido; es la JUSTICIA, con mayúscula, independiente y libre, quien tiene que dictar lo que corresponda, en unos momentos en los que el mundo ya no hace las guerras con las armas en la mano: Cualquier virus puede cambiar el mundo, y cualquier político que se apodere del poder legislativo y del judicial, dar un Golpe de Estado, haciendo pasar por democracia lo que, sin lugar a dudas, sería una dictadura.

 

 

 

Políticos mitómanos

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha humillado hoy a cuarenta y cinco millones de ciudadanos españoles, desplazándose a Barcelona a una reunión bilateral con el presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, para satisfacción y victoria moral de dos millones de secesionistas catalanes y, además, destaca en rueda de prensa que vivía un “sentimiento de honor” por reunirse con el jefe del ejecutivo autonómico. Como si se hubiera reunido con el presidente de EEUU, China, Japón, Rusia, India u otros responsables mundiales de primer nivel.

“Lo que propone el Gobierno de España es recomenzar, retomar el diálogo donde los caminos se separaron y los agravios empezaron a acumularse». “Diálogo dentro de la Ley”. “Tendremos presente la realidad plural de Cataluña, social, cultural y política. Solo cabe el reencuentro si se acoge a la totalidad de la sociedad catalana”. Pero ha reiterado que “para resolver el conflicto de Cataluña, la ley por sí sola no vale”. Preocupante, absolutamente preocupante, porque esa frase puede interpretarse como una intromisión en la legalidad de las instituciones del Estado de Derecho en España, para que no actúen o interfieran en quienes la transgreden desde Cataluña; o como una clara intención de retorcer las leyes, por oriente o por poniente, de la Constitución y/o del Ordenamiento Jurídico Español; o que el bloque secesionista-anticonstitucionalista-extrema izquierda, o que el otro que exhorta a aplicar el artículo octavo de la Constitución, inicien un conflicto armado.

Por su parte, Torra ha anunciado que es “irrenunciable” la libertad de los políticos presos vía amnistía general para todos los condenados por el golpe de Estado del 1-O, y el derecho a decidir en un plazo máximo de 18 meses (el referéndum únicamente en Cataluña y la posterior independencia).

Han acordado que la mesa bilateral de diálogo empiece este mismo mes de febrero y que, al menos en la primera reunión, esa mesa estará presidida por los dos presidentes. También se han comprometido reunir en febrero la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, otro órgano a nivel de los respectivos gobiernos autonómico y nacional.

Pedro Sánchez es un mitómano, con múltiples ejemplos públicos de ello. Pero lo peor, es que se están volviendo iguales los que están a su alrededor, incluido el Gaucho Mecanizado que ha dicho que “la culpa del paro la tiene EL Partido Popular”, por la Reforma Laboral, hablando por no estar callado y sin consultar ningún dato sobre este asunto, pues la tasa de paro en España, fuente INE, muestra claramente cuál ha sido su evolución desde la aprobación de esa ley.

 

 

Volvemos a Pedro Sánchez y Cataluña: Estamos jugando con fuego. Después de Cataluña vendrán los Países Catalanes, Euskadi, Galicia, Andalucía islámica, y España desaparecerá como lo hizo Yugoslavia; ayer mismo un serbio me dijo que aquella guerra fue religiosa y que, hoy por hoy, no se da esa circunstancia en España. Pero que tenemos que tener mucho cuidado, él se incluye porque tiene nacionalidad española, habla perfectamente el español y trabaja y paga impuestos en España, porque el comunismo está tomando demasiado poder, el feminismo es la nueva lucha obrera subvencionada, y la laicidad mal entendida como es la española, lo que en realidad enmascara es acabar con la iglesia católica y con los cristianos. Seamos juiciosos y unamos esfuerzos para caminar en paz y concordia entre todos los españoles.

 

 

 

 

 

Todo el mundo miente

Repasemos la prensa libre, que todavía queda alguna en España, aunque cada vez menos.

En Podemos ya hay quiénes lo reconocen abiertamente: la reforma del Código Penal que prepara el Gobierno socialcomunista tiene como objetivo que los separatistas condenados por sedición sean puestos en libertad de manera inmediata. Es el caso del portavoz de los podemitas catalanes en el Congreso, Jaume Asens, que cree que así se podrá volver a la «normalidad democrática». Okdiario.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sí ha respondido a las exigencias de ERC con la rebaja de la pena de sedición en el Código Penal. La petición fue trasladada en abstracto en los contactos previos a la firma del documento de apoyo a la investidura por parte de los de Oriol Junqueras. Pero esa petición fue instada, ya de forma concreta, hace dos semanas tras haber exigido el PSOE apoyo a los Presupuestos a cambio de infinidad de cesiones. El sector más duro de ERC había reclamado internamente medidas concretas en materia de indulto a los golpistas para apoyar las cuentas del Ejecutivo socialcomunista de Pedro Sánchez y el punto de encuentro fue un indulto camuflado por medio de la rebaja de las penas tipificadas: justo lo que ahora anuncia el PSOE. Okdiario – Carlos Cuesta

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido este miércoles que existe una «necesidad de reformar el Código Penal» para algunos tipos penales que «son anteriores a nuestra democracia». Unas afirmaciones que llegan después de que el Ejecutivo de Sánchez haya abierto la puerta a una reforma penal que acabaría beneficiando a los políticos presos por el procés independentista. En declaraciones a la Cadena Ser, Calvo ha asegurado que estos cambios en el Código Penal los ven como una «necesidad» y no «tanto como una urgencia». «Hemos visto como algunos tipos penales no están a la altura del derecho comparado en Europa», ha añadido. El independiente.

La sedición se castiga en Europa de manera similar a España. En algunos países de la Unión Europea (UE) las penas son incluso mayores. La inmensa mayoría de códigos penales de las principales naciones europeas castigan, aunque el término con el que se identifique al delito pueda variar, conductas como las que llevaron a los líderes del procés a ser condenados a entre nueve y trece años de prisión por los magistrados del Tribunal Supremo.

Al comparar el fondo de estos delitos, en algunos países de la Unión Europea (UE) las penas por comportamientos similares al delito de sedición español -entre ocho y quince años- son incluso mayores. En Alemania, por ejemplo. se contempla la cadena perpetua para intentos violentos de alterar el orden constitucional. En Italia, por su parte, los atentados contra la unidad del Estado están penados con condenas de prisión superiores a doce años. Y en Francia, los condenados por sedición también reciben severas penas de privación de libertad que pueden llegar hasta los quince años. ABC.

Pedro Sánchez ignora al Supremo y se reunirá con Torra porque «es el presidente, diga lo que diga el TS». Oídos sordos. Es la actitud del Gobierno sobre la decisión del Tribunal Supremo que mantiene la inhabilitación del presidente catalán, Quim Torra, en contra del criterio de la Fiscalía y rechazando las medidas cautelares que pedían postergar la inhabilitación hasta que el Alto Tribunal se pronunciara sobre el fondo de la cuestión.

Un paso más en el desprecio que ya hizo el presidente del Gobierno en su comparecencia ante la prensa hace una semana llamando al desacato a las resoluciones de la Junta Electoral Central que motiva este pronunciamiento del Supremo. Según Moncloa, la reunión «no se suspenderá, diga lo que diga el Supremo» porque, en opinión del Gobierno, «la JEC ya aclaró que era sólo suspensión de diputado, no de presidente». Libertad Digital.

 

 

Todo el mundo miente, dice el Dr.House. Y el sanchismo, permanentemente. Va a utilizar la democracia para llevarnos a las “dos Españas” de Antonio Machado, utilizando el lenguaje de forma torticera, retorciendo las leyes y despreciando a todos los que no piensan como ellos.

«La pasión por la Justicia ha vertebrado mi vida. Debemos luchar por tener una justicia pronta, eficaz e imparcial», ha dicho el nuevo ministro de Justicia, Notario Mayor del Reino. Pobrecillo, ¡que te calles! le dicen desde el otro lado de la cama.

 

La vara de medir

Quería estar callado hasta ver cuál es la actuación real del previsto Gobierno marxista-sanchista, leninista y secesionista que, salvo milagro, se nos viene encima a los españoles, y digo “se nos viene encima” porque nos va a caer una losa de ideas trasnochadas que ya veremos si los polvorones se atragantan y los mantecados digieren el menú. En cualquier caso, una época de empobrecimiento social, económico y político, permitida por los propios socialistas, que ninguno tiene bemoles para parar el ego de Pedro Sánchez para llevarnos al abismo que se vislumbra a corto plazo. Una vez más, queda en evidencia la dictadura interna de los partidos políticos.

 

 

Pero no puedo estar callado ante el comportamiento que la Policía Nacional ha dado a ese español que, pacíficamente y sin meterse con nadie, se manifestaba, él solo, con una bandera constitucional española por la unidad de España, frente a la sede del PSOE en Madrid. Si la vara de medir fuera la misma para todos los españoles, esa misma policía tendría que haber disparado con fuego real ante las tropelías a las que han sido sometidos en las protestas nada pacíficas en Cataluña.

Por cierto, José Luis Ábalos, en referencia al referéndum pactado con ERC para Cataluña, ha dicho que “se hará desde el respeto al ordenamiento jurídico, el vigente en el momento en que se produzca ese hecho” …… “El marco jurídico no es un corsé. En la política no nos pueden poner un corsé, la derecha es muy de eso, pero nosotros creemos que la política es algo dinámico. Las realidades políticas se van construyendo a partir del parlamentarismo donde hacen falta mayorías. Cuando uno habla del marco jurídico es obviamente en el momento en que se produce ese hecho”. Más claro, agua; se van a cambiar las leyes para que Cataluña sea una nación independiente asociada, si alguien no lo impide.

Cada día es más evidente esos tics dictatoriales de los que vengo hablando hace tiempo: El que no está conmigo, está contra mí. Nos está pasando lo mismo que a esa rana que ponen en un puchero con agua; al principio, está bien, luego no se da cuenta que encienden el fuego y se va calentando, y cuando es consciente de la situación, ya es tarde porque el calor es insoportable y muere. En España hay muchas ranas y sapos masoquistas, ilusos del placer con dolor físico, que están todavía con el agua en ebullición, pero aún no se queman. Veremos cuánto dura la situación.