En política no se pide perdón, en política se dimite

Corría el año 2014, gobernaba Mariano Rajoy, y Pablo Iglesias, con la hoz y el martillo en la mano, era el mesías de viejos soñadores y jóvenes con repulsión al pico y la pala. Fue entonces cuando dijo la frase que da título a este artículo.

Tanto Podemos como Pablo Sánchez están atravesando malos momentos, desde presuntos ingresos no declarados procedentes de orígenes ignotos, denuncias de antiguos miembros-empleados de ese partido, tanto sobre temas informáticos como de dinero circulante en efectivo, hasta la petición al Supremo del magistrado de la Audiencia Nacional García-Castellón, solicitando se impute al vicepresidente por la comisión de presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con “agravante de género”, daños informáticos, y denuncia falsa o simulación de delito, todo ello en relación al asunto Dina Bousselham y el contenido de su teléfono, persona con supuesta cercanía al espionaje marroquí, nacida en Tánger, fue alumna del ahora vicepresidente, con el que estableció una relación personal, acompañándole en el programa televisivo “La Tuerka”, luego como asesora en Bruselas y posteriormente pasó a formar parte del Consejo de Coordinación de Podemos en Madrid.

A finales de 2015, Dina denunció el robo de su móvil. En la tarjeta SIM del dispositivo móvil había fotos de carácter íntimo de ella. Ya en enero de 2016, el presidente del grupo Zeta, Antonio Asensio, y el director de Interviú, Alberto Pozas, que luego sería el número dos del secretario de Estado de Comunicación de Pedro Sánchez, es decir, de Miguel Ángel Oliver, le entregan la tarjeta de memoria de un móvil a Pablo Iglesias. Esta tarjeta de memoria contenía capturas de mensajes privados que después publicó OK Diario. A partir de ahí, la mente es libre sobre lo que podía o no contener la tarjeta del móvil, que apareció inservible.

Según el juez, Iglesias podría haber cometido un delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 197.2 del Código Penal, que sanciona a quien, sin estar autorizado, se apodera, utiliza o modifica en perjuicio de un tercero “datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos”. Además, el juez entiende que en este caso concreto concurre la agravante del artículo 2.4 del código Penal, porque “el hecho se habría cometido por razones de género”.

Ahora sería el momento de demostrar que no es un embaucador, parraplas, embustero, cuentista, engañador, estafador, farsante, charlatán o flautista de Hamelín, que dice una cosa y hace otra, como cuando dijo que “Me veo como el próximo presidente del Gobierno, pero viviendo en mi casa de Vallecas”. Solo hay una persona en España que miente más que él, Pedro Sánchez, que es el verdadero culpable -se delegan los poderes, pero nunca la responsabilidad-, de la deriva en la que nos encontramos en estos momentos en España.

Ahora viene lo más interesante, ver como actúa la Fiscalía ante el Tribunal Supremo, cuya fiscal general fue la anterior ministra de Justicia, pareja sentimental de un juez condenado en su día por prevaricación, a la que sucedió en el ministerio un juez que es la pareja sentimental de la Presidenta del Congreso, que votó tres veces en el Parlamento catalán “un referéndum independentista en Cataluña pactado con la Administración central”, que es el mismo planteamiento que defiende ahora Podemos, cuyo líder es Pablo Iglesias, VP del Gobierno, pareja sentimental de la ministra de Igualdad, Irene Montero, nombrados todos por Pedro Sánchez, que enchufó a su hermano en un cargo del que ha tomado excedencia inmediatamente, y que colocó a su mujer en un trabajo del que no se sabe su horario ni dedicación y cuyo salario está clasificado como secreto de Estado, apoyados por un profesor de educación física argentino, diplomado en la ciudad de Chachapoyas, todo se queda entre amigos de cenas y copas. Y nadie se acuerda que Pablo Iglesias dijo, cuando era presidente Rajoy y él vivía en Vallecas: “El Fiscal General del Estado no puede ser nombrado por el Gobierno”, en una España en la que las navajas han brillado al sol desde los tiempos de bandoleros.

Esa fiscalía que ha salvado al diputado socialista Rafael Simancas por el millón de euros que, presuntamente, pagó el cabecilla de la trama Púnica, David Marjaliza, a los socialistas madrileños cuando el actual portavoz adjunto del PSOE en el Congreso de los Diputados era secretario general del partido en la Comunidad de Madrid, alegando que los hechos que se le imputan «han prescrito», no como los de la Memoria Histórica, que creo fueron hace un par de años, y que Carrillo y Fraga, los adversarios más extremos en su momento, cerraron con un fraternal abrazo y una Constitución.

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