Bancarrota soberana

España fue el primer país europeo que se declaró en Suspensión de Pagos, cuando Felipe II era rey del primer imperio de ámbito mundial. Para hacer frente a los inmensos gastos existentes, impuestos: La alcabala, impuesto de aduanas; la cruzada, impuesto eclesiástico; el subsidio, impuesto sobre rentas y tierras y las tercias reales, impuestos a órdenes militares. Felipe II además de subir estos durante su reinado, implantó otros, entre ellos el excusado, impuestos sobre parroquias, y los millones, ocho millones de ducados al año para los seis siguientes, que se dedicaron a la construcción de una nueva Armada. La vida de los españoles del tiempo era muy dura y la carga fiscal excesiva.

Según la mayoría de autores, el Reino de España ha suspendido pagos o declarado en quiebra en trece ocasiones, durante los reinados de Felipe II (años 1557, 1575 y 1596), Felipe III, Felipe IV, Carlos II, Fernando VII e Isabel II, que apostó por la construcción de numerosas líneas ferroviarias en una inversión sin precedentes, aunque la mayoría de ellas resultaron ruinosas, lo que llevó al desastre a estas compañías y a los bancos financiadores en 1806. Y la deuda de la II República Española, que Franco se negó a reconocer.

Carlos López escribe: “Trece bancarrotas que nos coloca en el primer puesto mundial en este sentido. Bancarrotas que cuentan cómo la historia de nuestro país puede ser explicada por una serie de hechos invariables: pésimos gobernantes, corrupción desmesurada, ausencia de empresarios competentes, analfabetismo e incultura recalcitrante y una sociedad adormecida y aclimatada que sólo es capaz de despertar por hambre y, que cuando lo hace, su propia incultura le lleva por caminos plagados de hechos salvajes hacia el mismo punto prácticamente de donde partió: nuevos gobiernos de políticos igual de corruptos que los anteriores, perpetuidad del sistema de valer más por ser quién eres y no por tus méritos y la terrible incultura que nos lleva a mirar hacia nuestro ombligo mientras nos quejamos amargamente de nuestra suerte y esperamos de la Gracia Divina mejorar nuestro miserable existir”.

Sin hacer comparaciones, porque las circunstancias son absolutamente diferentes al ser hoy España parte de la Unión Europea y tener el euro como moneda común, sí es conveniente recordar la situación de la España real en la que nos encontramos, al margen de quien está, o esté, en el Gobierno de la Nación.

Según datos facilitados por el Ministerio de Asuntos Económicos al 24 de agosto, las entidades financieras han inyectado ya 98.411 millones de euros a empresas, pymes y autónomos a través de préstamos avalados por el Instituto Oficial de Crédito (ICO) por un importe de 75.000 mil millones de euros, cuyos beneficiarios son titulares de “mayor riesgo”. A ello hay que añadir las grandes empresas, algunas de ellas en quiebra real y a las que el Estado va a “nacionalizar” aportando capital, más créditos avalados por el ICO y con garantía CESCE.

Los avales son, probablemente, la peor operación financiera que puede hacer alguien, particular o empresa, público o privado, porque el fiador está al margen de la gestión que el beneficiario hace de los fondos recibidos y, en un elevado porcentaje, tiene que pagar el incumplimiento del deudor, si están bien formalizados, a primer requerimiento. Si traducimos estas palabras para que lo entienda Juan Español, una parte muy importante de todos esos importes avalados, al final tendrá que pagarlo el Estado, o sea, todos los españoles, o sea, mayor deuda para las siguientes generaciones.

Y algo ha empezado a no funcionar bien en la colocación de la Deuda Pública Española. En la emisión colocada en el mes de agosto, el 70% del total importe ha sido comprado por bancos españoles, lo que quiere decir que los mercados empiezan a ser reticentes sobre la fiabilidad del pago puntual y dinerario de la Deuda Española a su vencimiento, y que las entidades financieras nacionales están asumiendo una Cartera de Deuda Soberana muy recargada, más aún si tenemos en cuenta que, por subsistencia, debe haber fusiones bancarias a corto plazo, “la economía española no puede soportar una nueva crisis bancaria”, ha dicho Nadia Calviño. Cuando una empresa, un banco, alcanza su nivel de incompetencia, hay una fusión, se recortan gastos empezando por los empleados, salvan la cabeza los responsables de la mala gestión, todo el mundo es bueno, se empieza de cero, y vuelta a empezar el ciclo. Y ya se “aparcará” la Deuda Soberana dónde se pueda, en Fondos de Pensiones, de Inversión o en cualquier otro producto en el que el riesgo quede diluido entre muchos, millones, de clientes.

España ha entrado en recesión técnica al sumar dos trimestres consecutivos en negativo, y la variación interanual del PIB se ha situado en el −21,5% en el segundo trimestre.

Los fondos procedentes de la Unión Europea se retrasan, y se van a retrasar cada día más mientras nuestro Gobierno no cumpla con la “letra pequeña” de las instrucciones sobre las medidas económicas a tomar, que anulan los conciertos opacos que se hayan podido pactar con comunistas y secesionistas, sin olvidar el regreso al marxismo del PSOE a propuesta de Pedro Sánchez en 2019.

Según los analistas de Funcas, liderados por el investigador Miguel Carrión, España recibirá un 10% del total, o sea, 14.000 millones de euros, el próximo año 2021, que se liberará siempre y cuando se apliquen las reformas estructurales requeridas, dinero insuficiente a todas luces con un déficit público previsto para ese año de unos 96.000 millones de euros. El catedrático de Economía Roberto Centeno, de ideas conservadoras, ha pronosticado la Suspensión de Pagos del Reino de España en el próximo año 2021. Y el profesor Gay de Liébana ha dicho que “empiezo a creer que el Gobierno pretende hundir la economía española”, frase que va más allá de la situación económica y que podría llevar a la ciudadanía a una dependencia total del Gobierno a través de subvenciones de subsistencia.

Mientras tanto, cada vez hay menos trabajo, luego menos impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, el importe del Impuesto de Sociedades a cuenta, segundo trimestre del año, ha descendido en un 70%, aumentan los Concursos de Acreedores de los que una parte importante acabarán en liquidación, se acaban los ERTES y se acentúan los problemas para prolongarlos, diecisiete legislaciones autonómicas con leyes, sociales, laborales y fiscales, distintas, hacen que las multinacionales no quieran invertir en estos momentos en nuestro país, solo adquirir buenos inmuebles a precios ”de derribo” en zonas prime de grandes ciudades o costa vacacional de lujo, cuyo control y administración se pueda llevar con media docena de personas desde Nueva York, Londres o Pekín, la llegada de inmigrantes ilegales con aspecto de estar bien alimentados y adiestrados para cualquier tipo de lucha o delincuencia (“el 80% de los musulmanes residentes en Europa viven de la asistencia social y se niegan a trabajar”, ha dicho hace unos días el investigador egipcio Abd al-Aal en El Líbano), subvencionados por no aportar nada al país, a cuenta de querer rebajar las pensiones de los que han cotizado toda su vida, se multiplican las filas y esperas para comida y alimentos, que casi en el cien por cien de los casos son atendidos por organizaciones cercanas a la iglesia católica, el coronavirus vuelve a golpear con fuerza en la ciudadanía y el Gobierno Central traspasa la responsabilidad a las Autonomías pero no facilitándoles dinero para hacer frente a ello, con cuatro mil militares en las calles – por supuesto que no en Cataluña ni en Euskadi-, todo el mundo habla y exige sus derechos, pero nadie asume sus obligaciones, hacen que cada vez la población española esté más cerca de la base de la Pirámide de Maslow, lo que es igual, más lejos de la libertad y del estado de bienestar conseguido hasta hace poco tiempo.

Publicado en PUERTA DE MADRID de Alcalá de Henares el 09-10-2020

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