Populismo autárquico

Por la Sala Contenciosa, el 14 de noviembre de 2017 el Tribunal Supremo falló un recurso de casación para unificación de doctrina, que establecía que “la unidad del hecho imponible en torno al préstamo produce la consecuencia de que el único sujeto pasivo posible es el prestatario”. Fue contra la Empresa Municipal de Vivienda de Torrejón de Ardoz y le imponía las costas, dictaminando que “cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario”.

Por la Sala de lo Civil, se refrendó el 28 de febrero de este mismo año, que el cliente podía reclamar al banco los gastos de la hipoteca, como son la notaría o la gestoría, o el registro de la propiedad. Sin embargo, valoraba que no ocurría lo mismos con Actos Jurídicos Documentados, que estableció debía pagarlo el cliente. Resumiendo, el sujeto pasivo del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados es el prestatario, es decir, el consumidor.

El 16 de octubre de este año, la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Sección Segunda), dictamina que no es el prestatario el sujeto pasivo de este impuesto en las escrituras notariales de préstamo con garantía hipotecaria, sino la entidad que presta la suma correspondiente, porque el acto inscribible es la hipoteca y que el único interesado en la elevación a escritura pública y la ulterior inscripción de aquellos negocios es el prestamista, que solo mediante dicha inscripción podrá ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva la hipoteca, o sea, que dictamina que es el Banco y no el cliente el que debe pagar el impuesto de actos jurídicos documentados.

Como la actuación de los Bancos en este impuesto, es la intermediación entre el cliente y la Hacienda Autonómica, los clientes tendrían que reclamar a Hacienda como ingresos indebidos, y ser la CCAA’s quien luego se entendieran con los bancos.

Hay que recordar que, hasta esta sentencia, el sujeto pasivo del impuesto es el cliente en función del artículo 68 del Reglamento del Impuesto publicado en el BOE nº 148 del 22 de junio de 1995, firmado por alguien que sabía de economía, el Ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, ministro socialista del Rodríguez Zapatero, el segundo peor presidente de Gobierno de la democracia, tras el actual Pedro Sánchez.

El artículo 68 del Reglamento que regula el ITPAJD dice así:

Artículo 68 Contribuyente

Será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan. Cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerrá adquirente al prestatario.

 

 

El seis de noviembre de 2018, y tras un intenso debate en Pleno de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, dictamina que el sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en los préstamos hipotecarios es el prestatario.

Como los humanos somos así y solo con acordamos de reclamar lo que nos beneficia, todos los hipotecados estaban ya pensando qué iban a hacer con el dinero que les tenían que devolver, pero nadie se acordaba de las anteriores sentencias. Pero esta última sentencia final, ha puesto de manifiesto, una vez más, la calidad democrática de los españoles y, sobre manera, la autarquía política en la que vivimos.

Podemos ha amenazado tomar la calle y boicotear a los bancos, que no han tenido culpa alguna de todo esto porque se han limitado a cumplir con las leyes vigentes: votos de personas engañadas con, como decía José María García, “ni una mala palabra ni una buena acción”.

Y Pedro Sánchez, en caliente, aprueba un RD Ley el 09-11-2018 para que, a partir de su entrada en vigor, o sea, al día siguiente, sean los bancos quienes paguen este impuesto de Actos Jurídicos documentados. Populismo, demagogia, chavismo en estado puro, autarquía, al igual que ha hecho con la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 59/2017, en la que se declara inconstitucional el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en la medida en que someta a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor …/… ¡¡El Gobierno llama inseguridad jurídica a la sentencia del Tribunal Constitucional!! Y como no nos gusta lo que ha dictado ese Tribunal, vamos a cambiar la Ley, Maduro dixit …

Para sortear el poder judicial, anuncia la creación de una figura administrativa, “Autoridad independiente de protección de los clientes financieros”, despreciando que ya hay un organismo profesional independiente y muy preparado para estos casos, que es el Banco de España. Más autarquía.

Este impuesto no existe en Alemania, Holanda y Reino Unido; en Francia es el 0,05%; en Italia el 0,25% y en Portugal el 0,6%. Lo de la armonización fiscal en Europa es algo similar a lo que ocurre en España con sus reinos de taifas.

¿Qué pasaría en España si los Bancos no concedieran créditos hipotecarios, que como ya he dejado escrito muchas veces son préstamos personales y garantía reforzada con hipoteca?

Si a los precios actuales de mercado hay que restarles los gastos de formalización, inscripción, impuestos y resto de condicionantes, legales, que protegen a los consumidores, que me parece muy bien, además de las amortizaciones de inmuebles, gastos de personal y gastos generales, y siguen dando malas operaciones pues una vez amortizadas o vendidas las “carteras malas” de los años de crisis, los ratios de Mora se sitúan entre el 5 y el 8 por ciento; como la contabilización en esta situación lo ha de ser con antigüedad de un año, está claro que esta Mora es nueva, que sigue el Riesgo Comercial de ser el más alto, el más fuerte y el más guapo, y ya vimos cuál fue el resultado anterior.

Las hipotecas se podrían sustituir por venta aplazada con reserva de dominio, que era como se vendían los pisos en los años setenta y ochenta; el promotor corría con el riesgo, se firmaban en contratos notariales en el momento de su adquisición, entre comprador y vendedor, y se documentaban en letras de cambio, que se llamaban “persianas” por tener vencimiento mensual durante toda la vida de la operación, máximo diez años,  con el timbre a cargo del comprador, y que como tales documentos ejecutivos por sí mismos, se protestaban notarialmente a su impago y se procedía judicialmente contra los morosos.

Me permito recordar que la seguridad jurídica es uno de los principales riesgos que analiza cualquier empresa que va a invertir. Y un país en el que el Gobierno cambia las leyes y las sentencias del más alto tribunal judicial a su conveniencia, no es un país democrático, es un país bananero y autócrato.

 

Antonio CAMPOS

http://www.es.ancamfer.wordpress.com

 

 

 

 

 

 

 

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