Reacción ante los okupas

La Fiscal General del Estado ha publicitado a bombo y platillo que iba a dictar unas normas de actuación a los fiscales de toda España para que estos puedan pedir al juez de turno que expulse como medida cautelar a las personas que incurran un delito de allanamiento de morada al principio del proceso. “Del dicho al hecho, va mucho trecho”. Esto es al final lo que se ha instruido a los fiscales.

Alejandro Requeijo 15-09-2020

Se insta a que las denuncias por allanamiento que se presenten en comisaría lleven adjuntos todos los documentos que acrediten la titularidad de la vivienda para incorporarlo al atestado. Incluye en este punto el certificado del registro. Según la instrucción, es un trámite que “se puede hacer en tan solo siete horas hábiles, aproximadamente”.

Los fiscales ordenarán a las fuerzas de seguridad a que ya en su primera intervención exhorten a los ocupas a “comparecer en el Juzgado de guardia a la máxima celeridad” para que aporten los documentos que a su juicio les permiten estar en la vivienda. Es muy habitual que los que allanan una vivienda aleguen como argumento que son moradores de buena fe y haber sido engañados porque tienen un contrato de alquiler, aunque sea falso. 

C.S. Macías 17-09-2020

El protocolo indica que, si el inmueble ocupado no constituye morada, son de aplicación el artículo 245 y siguientes del Código Penal, referidos a la usurpación. En este caso, la intervención de los agentes, indica, “es también inmediata y sin necesidad de esperar medidas judiciales si tienen conocimiento de la comisión flagrante del delito”. En el caso de que no sea posible detectar la usurpación en el momento en el que se comete, “no es posible desalojar el inmueble salvo con una previa autorización judicial”.

En esos casos, la víctima debe acreditar la propiedad y expresar su rechazo a dicha ocupación, y será necesario comprobar la ausencia de un título jurídico que legitime la presencia de los ocupantes, aunque sea de manera temporal. “Solo entonces será posible solicitar a la autoridad judicial la medida cautelar de desalojo prevista en el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

Fuentes de Interior indica que se considera “flagrante” el momento en el que se está ocupando la casa, pero sin afinar si es considerado en torno a las primeras 48 horas. Destacan, a modo de ejemplo que, si lleva ya un mes en la casa de la playa, “la flagrancia es más difícil de demostrar. Es decir; que para que fuera considerado como tal habría que coger “in fraganti” al ocupa en el mismo momento que está allanando el domicilio.

Carlos Cuesta 18-09-2020

La Policía ha recibido indicaciones de cómo actuar en materia de okupación y un enorme boquete jurídico empieza a quedar en evidencia. Las órdenes del Ministerio del Interior son claras para los agentes: «no desalojar» cuando la okupación se haya llevado «sin violencia o intimidación» en un «inmueble sin uso o dedicado al alquiler, pero sin inquilinos (entre otros casos)» porque «prima el derecho [de los okupas] a la inviolabilidad del domicilio frente al derecho de propiedad del titular».

La primera premisa es si se trata de una «morada» o no. La morada es «la vivienda legal habitual o alguna segunda vivienda (en propiedad o en alquiler)». Si es «morada» los agentes sí podrán realizar una «entrada por delito flagrante» y proceder a la «detención de los autores» y a la «recopilación de pruebas». Pero el panorama cambia radicalmente si no se puede considerar morada. Y en esa categoría entran nada menos que todas las viviendas de los bancos más todos los pisos particulares «sin uso o dedicados al alquiler, pero sin inquilinos».

La segunda es si el inmueble ha sido okupado «con violencia o intimidación». Si se ha usado la violencia, los policías podrán entrar en la casa y detener a los autores. Pero, en caso contrario, el margen de actuación de la Policía se restringe radicalmente. Porque si «los autores se encuentran desarrollando plenamente su vida en el inmueble (con independencia de plazos temporales)», los agentes «no» podrán desalojar a los okupas. Porque «prima su derecho a la inviolabilidad del domicilio [de los okupas], sobre el derecho de propiedad del titular».

Luis F. Durán 17-09-2020

La novedad principal es que se elimina el plazo de 48 horas para proceder a echar a los usurpadores de la vivienda por parte de los agentes. Si el delito es flagrante o reciente se podrá expulsar a los okupas aunque Interior no establece ningún plazo legal para que los policías o guardias civiles devuelvan la vivienda al legítimo propietario. Fuentes del ministerio reiteran que los agentes podrán actuar cuando el delito es reciente. A partir de ahora, los policías nacionales, policías autonómicos, policías locales y guardias civiles deberán rellenar un atestado que recoja todos los elementos que deben ser aportados a las autoridades judiciales para acreditar la comisión de un delito y la participación de sus presuntos autores. «Que los atestados se afinen mucho más para agilizar la resolución judicial y ver si procede judicialmente el desalojo cautelar», explican fuentes de Interior que citan, como ejemplos de esa información que puede contener los atestados, la declaración de vecinos al inmueble okupado, el título de propiedad por parte del denunciante, el resultado de la inspección ocular en los alrededores u otros elementos de prueba del delito.

El protocolo indica que si el inmueble ocupado no constituye morada se trata de una usurpación y que si el delito no es flagrante hay que solicitar el desalojo al juez. Hay que recordar que el Tribunal Supremo indica que para que se produzca un delito flagrante se deben dar al menos tres supuestos: inmediatez en la acción, inmediatez personal -que haya pruebas de la presencia del delincuente- y una necesidad urgente de intervención policial.

Como fácilmente se observa, no aclara absolutamente nada, salvo para los casos en los que los Okupas sean detectados en el mismo momento de la ocupación, y que la misma se haya realizado con violencia o intimidación, y solo a las viviendas habituales de particulares; a los bancos y sociedades inmobiliarias de toda índole, que se aguanten, que no hubieran dado las hipotecas con tantas alegrías para obtener cuota de mercado. Mañana gritarían si los bancos se negasen a dar hipotecas y se volviera a los años sesenta/setenta, ventas a plazo con reserva de dominio por parte del promotor, a diez años, con un 25% de entrada, escritura notarial y timbres a cargo del comprador.

Si el Gobierno hubiera querido solucionar verdaderamente este tema, con haber cambiado dos artículos del Código Penal, solucionado. Pero no, porque la okupación la amparan en la inviolabilidad del domicilio, que prevalece sobre el derecho a la propiedad privada, que es el fin perseguido por marxistas y comunistas, que legislan que el que piense mal de Franco, delinque; el que piense que la violencia no tiene género, delinque; el que piense educar a sus hijos como quiera, delinque; el que se manifiesta en contra del Gobierno, delinque; el que piense de forma diferente a ellos, delinque; nos está quedando una dictadura preciosa y no nos estamos dando cuenta.

 

Okupas | Verdades y mentiras sobre los okupas en España | Las Provincias

 

 

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