Jueces, fiscales, periodistas y empresarios

Copia textual del artículo de Alberto Pérez Giménez en Vozpópuli el 05-02-2021

El pasado sábado, Vozpópuli desvelaba una comida en el Telégrafo, una de las marisquerías del entorno del Bernabéu. A su mesa, en el interior, cuatro comensales: Antonio García Ferreras, uno de los factótums de La Sexta; su amigo y mentor, el presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez; la fiscal general del Estado, María Dolores Damiana Delgado, y su novio, el exjuez condenado por prevaricación, Baltasar Garzón.

La noticia corrió como la pólvora por los mentideros madrileños y fue replicada por todos los medios. ¿Qué unía a los cuatro comensales? ¿De qué hablaron –entre percebe y rodaballo- el periodista, el empresario, la fiscal y el exjuez? ¿Quién pagó la cuenta? Solo unos días después estallaba la supuesta nueva ‘bomba’ de Bárcenas contra el expresidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy. Y lo que sigue a continuación son solo las ‘coincidencias’ de los cuatro comensales que pueden acabar explicando todo.

El miércoles siguiente a la comida, en pleno escándalo por el “nannygate” de Pablo Iglesias e Irene Montero, por la investigación sobre la posible apropiación de 7.000 euros de las costas judiciales de Podemos y el destino final de 500.000 euros en cursos de formación del partido morado, se filtraba un escrito de la Fiscalía Anticorrupción –controlada jerárquicamente por Dolores Delgado- en el que el extesorero del PP acusa a Rajoy de destruir las pruebas de la caja B sin saber que él tenía una copia. Poco importaba que fuera la misma declaración que ya hizo en 2013, aunque entonces, fijara esa reunión con Rajoy en marzo de 2010 y, esta vez, dijera que fue en 2009. La maquinaria estaba en marcha.

Ferreras, en su programa matinal, comienza a difundir el escrito. No había dedicado ni un minuto a los problemas de los líderes de Podemos pero comienza a diseccionar la “bomba demoledora”, “tremenda”, que “acorrala al PP y a Rajoy”… Periodismo, solo periodismo. El escrito de Bárcenas copará los programas informativos de La Sexta el miércoles, jueves y viernes. Y, de ahí, al resto de emisoras.

Baltasar Garzón, el novio de la fiscal general del Estado, tiene también motivos de sobra para intentar cobrarse deudas con Rajoy: fue condenado a 11 años de inhabilitación por unanimidad del Supremo por prevaricación por las escuchas que ordenó entre los presos de la Gürtel y sus abogados. Era febrero de 2012 y el final de su carrera.

Dos años antes, en mayo de 2010, el CGPJ decide en un pleno extraordinario suspenderle cautelarmente a la espera de que el Supremo le juzgue y decida. A su despedida en la Audiencia Nacional, entre gritos de ‘Torquemada vive’, contra el PP y la Gürtel, un juez se abraza a Garzón. «Las lágrimas del juez Garzón son hoy mis lágrimas», llega a decir: es Santiago Pedraz.

Pedraz, curiosamente, se hace cargo del juzgado de instrucción número 5 el pasado diciembre, hace apenas unas semanas, y se encargará de la instrucción final… de los papeles de Bárcenas. Uno de sus primeros movimientos es reclamar el 27 de enero –dos días antes de la mariscada- al juez García Castellón, del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional y que lleva las escuchas de Villarejo, todo lo relacionado del excomisario con la ‘caja B’ del PP. Dicho y hecho.

¿Qué relación tiene el excomisario de las cloacas con los comensales? En septiembre de 2018, Moncloa.com y El Confidencial desvelan los primeros audios entre Dolores Delgado, Garzón y Villarejo, curiosamente, grabados en otra marisquería. La entonces ministra de Justicia había negado cualquier relación “personal o profesional” con Villarejo. Los audios la dejan en evidencia.

Su novio, Garzón, dirige el despacho Ilocad, que facturó 21 millones en siete años y cuyos abogados defienden a los excomisarios Eugenio Pino y Enrique García Castaño, implicados en toda la trama de las cloacas. Asuntos Internos de la Policía, en un informe de abril del pasado año sobre el espionaje del PP a Bárcenas, asegura que los principales implicados dan a Baltasar Garzón la dirección de la estrategia de su defensa.

Además de ser la mano que mece la cuna, según Asuntos Internos, y de tener muchos motivos personales para querer hundir al PP y todos los implicados en la Gürtel, Garzón tiene muy buenas relaciones con todo el Gobierno: en julio pasado asume la defensa de Alex Saab, empresario colombiano y uno de los principales testaferros de Nicolás Maduro. En noviembre, como letrado de Saab, pide frenar la investigación a Pablo Iglesias y José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional.

El nuevo abogado y Anticorrupción

Para cerrar el círculo de la Fiscalía que controla Delgado, Bárcenas cuenta con un nuevo abogado que, este sí, está dispuesto a “tirar de la manta” como quiere el extesorero y le anima Anticorrupción: Gustavo Galán. Este letrado presumía en su biografía de ser “un profesional con marcada experiencia en resoluciones extrajudiciales de los que son ejemplo, especialmente, acuerdos con la Fiscalía anticorrupción”. Y buena prueba de ello es su mujer: Isabel Jordán, pese a estar condenada a 21 años en tres piezas diferentes de la Gürtel, no está en prisión y cumple esa gran condena en un Centro de Inserción Social y duerme en su casa.

¿Y Florentino? El presidente del Real Madrid –que tiene su palco donde habitualmente se llevan a cabo estas negociaciones entre políticos, empresarios, jueces y periodistas inhabilitado por las obras del Bernabéu– lleva meses preocupado por los audios de Villarejo en la pieza de Iberdrola. Asuntos Internos tiene informes que acreditan que el excomisario recopiló mucha información sobre el presidente de ACS y Pérez quiere a toda costa estar en la causa. En enero, consiguió seguir como perjudicado en la causa gracias a que la Fiscalía Anticorrupción –“esto la Fiscalía te lo afina”- pedía al juez que rechazara la petición de Villarejo de apartarle.

El presidente del Real Madrid estuvo en septiembre de 2018 en primera fila en Casa de América en el acto que Pedro Sánchez montó para celebrar sus primeros 100 días de Gobierno junto a doscientos empresarios, políticos, editores de medios y personalidades de la cultura. Allí estaban también Dolores Delgado y Baltasar Garzón. Dos años después volvían a reunirse en torno a una mesa. ¿Quién pagó la mariscada? Por ahora, el PP.

Reacción ante los okupas

La Fiscal General del Estado ha publicitado a bombo y platillo que iba a dictar unas normas de actuación a los fiscales de toda España para que estos puedan pedir al juez de turno que expulse como medida cautelar a las personas que incurran un delito de allanamiento de morada al principio del proceso. “Del dicho al hecho, va mucho trecho”. Esto es al final lo que se ha instruido a los fiscales.

Alejandro Requeijo 15-09-2020

Se insta a que las denuncias por allanamiento que se presenten en comisaría lleven adjuntos todos los documentos que acrediten la titularidad de la vivienda para incorporarlo al atestado. Incluye en este punto el certificado del registro. Según la instrucción, es un trámite que “se puede hacer en tan solo siete horas hábiles, aproximadamente”.

Los fiscales ordenarán a las fuerzas de seguridad a que ya en su primera intervención exhorten a los ocupas a “comparecer en el Juzgado de guardia a la máxima celeridad” para que aporten los documentos que a su juicio les permiten estar en la vivienda. Es muy habitual que los que allanan una vivienda aleguen como argumento que son moradores de buena fe y haber sido engañados porque tienen un contrato de alquiler, aunque sea falso. 

C.S. Macías 17-09-2020

El protocolo indica que, si el inmueble ocupado no constituye morada, son de aplicación el artículo 245 y siguientes del Código Penal, referidos a la usurpación. En este caso, la intervención de los agentes, indica, “es también inmediata y sin necesidad de esperar medidas judiciales si tienen conocimiento de la comisión flagrante del delito”. En el caso de que no sea posible detectar la usurpación en el momento en el que se comete, “no es posible desalojar el inmueble salvo con una previa autorización judicial”.

En esos casos, la víctima debe acreditar la propiedad y expresar su rechazo a dicha ocupación, y será necesario comprobar la ausencia de un título jurídico que legitime la presencia de los ocupantes, aunque sea de manera temporal. “Solo entonces será posible solicitar a la autoridad judicial la medida cautelar de desalojo prevista en el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

Fuentes de Interior indica que se considera “flagrante” el momento en el que se está ocupando la casa, pero sin afinar si es considerado en torno a las primeras 48 horas. Destacan, a modo de ejemplo que, si lleva ya un mes en la casa de la playa, “la flagrancia es más difícil de demostrar. Es decir; que para que fuera considerado como tal habría que coger “in fraganti” al ocupa en el mismo momento que está allanando el domicilio.

Carlos Cuesta 18-09-2020

La Policía ha recibido indicaciones de cómo actuar en materia de okupación y un enorme boquete jurídico empieza a quedar en evidencia. Las órdenes del Ministerio del Interior son claras para los agentes: «no desalojar» cuando la okupación se haya llevado «sin violencia o intimidación» en un «inmueble sin uso o dedicado al alquiler, pero sin inquilinos (entre otros casos)» porque «prima el derecho [de los okupas] a la inviolabilidad del domicilio frente al derecho de propiedad del titular».

La primera premisa es si se trata de una «morada» o no. La morada es «la vivienda legal habitual o alguna segunda vivienda (en propiedad o en alquiler)». Si es «morada» los agentes sí podrán realizar una «entrada por delito flagrante» y proceder a la «detención de los autores» y a la «recopilación de pruebas». Pero el panorama cambia radicalmente si no se puede considerar morada. Y en esa categoría entran nada menos que todas las viviendas de los bancos más todos los pisos particulares «sin uso o dedicados al alquiler, pero sin inquilinos».

La segunda es si el inmueble ha sido okupado «con violencia o intimidación». Si se ha usado la violencia, los policías podrán entrar en la casa y detener a los autores. Pero, en caso contrario, el margen de actuación de la Policía se restringe radicalmente. Porque si «los autores se encuentran desarrollando plenamente su vida en el inmueble (con independencia de plazos temporales)», los agentes «no» podrán desalojar a los okupas. Porque «prima su derecho a la inviolabilidad del domicilio [de los okupas], sobre el derecho de propiedad del titular».

Luis F. Durán 17-09-2020

La novedad principal es que se elimina el plazo de 48 horas para proceder a echar a los usurpadores de la vivienda por parte de los agentes. Si el delito es flagrante o reciente se podrá expulsar a los okupas aunque Interior no establece ningún plazo legal para que los policías o guardias civiles devuelvan la vivienda al legítimo propietario. Fuentes del ministerio reiteran que los agentes podrán actuar cuando el delito es reciente. A partir de ahora, los policías nacionales, policías autonómicos, policías locales y guardias civiles deberán rellenar un atestado que recoja todos los elementos que deben ser aportados a las autoridades judiciales para acreditar la comisión de un delito y la participación de sus presuntos autores. «Que los atestados se afinen mucho más para agilizar la resolución judicial y ver si procede judicialmente el desalojo cautelar», explican fuentes de Interior que citan, como ejemplos de esa información que puede contener los atestados, la declaración de vecinos al inmueble okupado, el título de propiedad por parte del denunciante, el resultado de la inspección ocular en los alrededores u otros elementos de prueba del delito.

El protocolo indica que si el inmueble ocupado no constituye morada se trata de una usurpación y que si el delito no es flagrante hay que solicitar el desalojo al juez. Hay que recordar que el Tribunal Supremo indica que para que se produzca un delito flagrante se deben dar al menos tres supuestos: inmediatez en la acción, inmediatez personal -que haya pruebas de la presencia del delincuente- y una necesidad urgente de intervención policial.

Como fácilmente se observa, no aclara absolutamente nada, salvo para los casos en los que los Okupas sean detectados en el mismo momento de la ocupación, y que la misma se haya realizado con violencia o intimidación, y solo a las viviendas habituales de particulares; a los bancos y sociedades inmobiliarias de toda índole, que se aguanten, que no hubieran dado las hipotecas con tantas alegrías para obtener cuota de mercado. Mañana gritarían si los bancos se negasen a dar hipotecas y se volviera a los años sesenta/setenta, ventas a plazo con reserva de dominio por parte del promotor, a diez años, con un 25% de entrada, escritura notarial y timbres a cargo del comprador.

Si el Gobierno hubiera querido solucionar verdaderamente este tema, con haber cambiado dos artículos del Código Penal, solucionado. Pero no, porque la okupación la amparan en la inviolabilidad del domicilio, que prevalece sobre el derecho a la propiedad privada, que es el fin perseguido por marxistas y comunistas, que legislan que el que piense mal de Franco, delinque; el que piense que la violencia no tiene género, delinque; el que piense educar a sus hijos como quiera, delinque; el que se manifiesta en contra del Gobierno, delinque; el que piense de forma diferente a ellos, delinque; nos está quedando una dictadura preciosa y no nos estamos dando cuenta.

 

 

 

Poder judicial

Al menos desde el Romanticismo, los jueces eran unas personas (hombres y mujeres) absolutamente respetados y respetables, íntegros, honrados, honestos, de vida discreta, con pocas relaciones sociales para no contraer compromisos que pudieran contaminar sus sentencias, que aplicaban las leyes vigentes en cada momento, y ha habido muchos momentos políticos en España desde entonces, y que pasaban desapercibidos fuera del ámbito de la judicatura. Lo mismo podríamos decir de los Fiscales, insobornables, moral o dinerariamente, en sus actuaciones.

Pero desde hace unos años, cuando surgieron los jueces y fiscales “estrellas”, algunos con veleidades políticas, otros superados por la fama, y todos afiliados a asociaciones con trasfondo de ideario político de todo tipo, tras la apariencia de defensa profesional de las puñetas, de cuando en cuando ocurren cosas raras tanto en la judicatura como en la fiscalía.

Vaya por delante que, en mi opinión, ni unos ni otros deberían estar afiliados a ninguna asociación con sentido político, igual que los militares. Estos, porque son los que tienen las armas, que pueden usarse para custodiarlas en el armero, para defenderse o para atacar, pero, en cualquier caso, para mantener el orden constitucional de todos los españoles; y aquellos, porque tienen el poder de interpretar las leyes según su ideario y relaciones políticas, en vez de aplicar por igual la independencia judicial que marca la Constitución vigente a todos los españoles. Que pueden equivocarse de forma puntual, y aquí cabe la labor del juez-árbitro de futbol, correcto. Pero desde el año 1985 surge una inercia al control judicial por parte de los políticos, con casos en el que un imputado quede libre porque un juez agote la prescripción de los plazos legales, que un juez diga que “España no está preparada para saber la verdad sobre el 11-M”, la libertad de los capos gallegos del narcotráfico por deficiente instrucción judicial, la corrupción política, de todos los colores, nunca llega a sentencias de consideración, el conocimiento de las sentencias del procés antes de que se publicara por parte del juez actuante, la destitución de la juez Mercedes Alaya que investigaba los ERES socialistas-ugetistas de Andalucía, sustituida por la adicta al régimen imperante, la juez Núñez Bolaños, que la semana pasada, estando de baja laboral, se dio de alta, hace la guardia del domingo, desimputa a dos altos cargos socialistas en el citado caso ERES y corrige a su sustituto para que la Guardia Civil no investigue a un concejal, y se vuelve a dar de baja tres días después del alta, es difícil creer en la independencia de la Justicia que, como dice el Magistrado Jesús Villegas, es “agua potable contaminada con materia fecal”, “la actitud de los propios Jueces y Magistrados, que en algunas ocasiones, haciendo por vía recusaciones a compañeros por causas que no se aplican a ellos mismos y por tanto configurando un Tribunal apropiado,  o no haciendo como sucede en el caso de los ERES de Sevilla, en el que día a día, prescriben los delitos, por la inacción de la Juez, del Ministerio Fiscal y de todo aquel que tiene razón en el proceso, quedando sin castigo conductas gravísimas; son intromisiones ilegitimas que menoscaban la calidad de la Justicia, la confianza del ciudadano y sobre todo la función que le corresponde en el sistema político que tenemos”, escribe Nicolas Poveda Peñas, que fue Magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El problema es que, a los jueces, a las más altas magistraturas del Estado, los eligen los partidos políticos, con lo cual queda contaminada cualquier decisión que tomen en contra de quién les ha nombrado con el dedo índice de la mano, derecha o izquierda, me es igual. Yo creo que, a los jueces, a partir del Juez Decano de cada Partido Judicial, deberían elegirlos únicamente los jueces, con lo que no estarían “agradecidos” a los políticos de turno.

Claro ejemplo, los diversos problemas judiciales en los que está incurso en estos momentos Podemos; Eduardo Inda escribe: «Lo que quiere Podemos es colar tres magistrados en el CGPJ para que ayuden con sus corruptelas, que tienen y las que están por llegar».

 

 

Todo lo escrito hasta aquí, es aplicable también a los fiscales y en concreto al Fiscal General del Estado, que lo elige directamente el Gobierno de turno, con organización jerárquica, y a los que el actual Ministro de Justicia quiere asignarles la investigación de los hechos previos a los juicios, que hasta ahora llevan los Jueces de Primera Instancia. El ministerio fiscal podría condicionar la vida de los ciudadanos por la política.

La penúltima, de la semana pasada. La Fiscalía del Tribunal Supremo no ve delito en la gestión del Gobierno de la pandemia de coronavirus por los errores que causaron miles de muertes ni por la compra de materiales defectuosos, por los que se pagaron precios muy por encima de los de mercado a empresas de dudosa experiencia comercial y conocimiento del tráfico mercantil chino, y pide a la Sala Segunda de lo Penal que inadmita una veintena de querellas presentadas contra miembros del Ejecutivo por delitos como prevaricación, homicidio imprudente, lesiones o contra los derechos de los trabajadores.

El periodista Joaquín Abad acaba de publicar un libro titulado La red secreta de Soros en España, en el que explica cómo captaron a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, a miembros de otros partidos, también de derechas; a jueces y fiscales (Baltasar Garzón y Dolores Delgado, por ejemplo); al empresario catalán independentista Grifols; a Esteban Beltrán, el de Amnistía Internacional; a banqueros de inversión como Borja Prado, o a José Luis Rodríguez Zapatero. Es un libro de consulta, muy interesante.

Dejo para otra ocasión la reforma profunda del Código Penal que demanda la mayoría del pueblo español, ajustada a la realidad del presente siglo XXI, que desde la que realizó el ministro Fernando Ledesma, masón, en el primer Gobierno de Felipe González, para actualizarla a aquel tiempo y derogar parte de los delitos penados por el franquismo, ha tenido pequeños retoques en diferentes legislaturas, pero siempre a favor del delincuente, rebajando penas y tratándolo como si fuera el perjudicado de sus delitos, y no lo que verdaderamente es, deudor de la sociedad.

 

 

Regeneración política

El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.

. De los principios de legalidad e imparcialidad. Por el principio de legalidad el Ministerio Fiscal actuará con sujeción a la Constitución, a las leyes y demás normas que integran el ordenamiento jurídico vigente.

. Por el principio de imparcialidad el Ministerio Fiscal actuará con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados.

La formación política Podemos está pasando por unos momentos en los que se le han juntado diversos frentes: El asunto Dina Bousselham con el contenido de su teléfono, el periódico que dirige y su supuesta cercanía al espionaje marroquí; el precio de adquisición, obras y comisiones pagadas por su nueva sede; la denuncia interna de los informáticos del partido de un “sistema de fraude” en las primarias desde 2018 (incluyendo el referéndum del chalet de Pablo Iglesias), que detalla un modelo para borrar votos a personas y círculos de militantes que se consideran críticos con la dirección, que califican a la cúpula del partido de “sinvergüenzas” y piden una «autoridad externa»; la presión vecinal que recibe él y su pareja Irene Montero, que era “jarabe democrático” cuando lo hacía Podemos y sus trolls subvencionados y ahora es algo “antidemocrático” cuando se lo hacen a él; la pérdida constante de votos según todas las encuestas; sus intenciones unívocas y públicas (respaldado por los sectores marxistas del PSOE, nacionalistas, secesionistas y proetarras) de cambiar el modelo de Estado, por «una república solidaria y plurinacional», porque la democracia española es «lo suficientemente madura como para eliminar cualquier limitación en la elección de todas sus instituciones». Podríamos hablar largo y tendido de cómo llegaron al poder democráticamente ciertos elementos, de izquierda y de derecha, que pusieron el mundo al borde del caos, con millones de muertos por ambas partes; pero nos vamos a referir a la situación de imputado en la que en estos momentos se encuentra Podemos.

Como consecuencia de la denuncia interpuesta en el mes de diciembre de 2019 por el exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, contra este partido político, el instructor solicitó a la Policía Judicial que examinase la «cuenta electoral» de Podemos, o de la coalición electoral Unidas Podemos, correspondiente a las elecciones generales de abril de 2019, «identificando los pagos realizados a las mercantiles Neurona Comunidad S.L. y a ABD Europa LDA». Neurona llegó a España en 2019, como filial de una empresa mexicana que ofrecía servicios de consultoría en Hispanoamérica y en cuyos documentos Monedero figura como «director» del «equipo de especialistas», trabajó para Podemos en las elecciones generales de abril de ese año, y el juez quería saber si pudo generarse algún tipo de desvió de fondos desde América Latina hasta España.

 

 

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas señala «la posible existencia de indicios sugerentes de responsabilidad penal» en las cuentas de Podemos y que se podrían haber cometido dos delitos: uno electoral y otro de falsedad documental; y añade que «Dado que este tribunal carece de competencias para el conocimiento de tales infracciones penales», pide que los pagos a la empresa Neurona se investiguen vía penal. «La necesaria y ulterior investigación para determinar si tales irregularidades tienen relevancia penal corresponde a la Fiscalía competente, por razón de la materia y del territorio».

Tras la denuncia, el 11 de agosto el juez imputó tanto a parte de la cúpula de Podemos -entre los que se encuentran Del Olmo y De Frutos-, como al propio partido. A los miembros de la formación se les atribuyen presuntos delitos de financiación ilegal, blanqueo de capitales, administración desleal y revelación de secretos, y en relación a Podemos se investiga una supuesta “caja B”.

La Fiscalía General del Estado (o del PSOE, no sé) ha realizado un comunicado para matizar que el fiscal del Tribunal de Cuentas solo hacía una investigación interna y que además no es competente, y pide investigar a Podemos solo por el contrato con la consultora Neurona, las otras denuncias, malversación o administración desleal, se consideran «rumores o suspicacias». Vamos directos al chavismo, con apariencia democrática de quienes actúan con inacción en un hecho de este calibre, que afecta a la cúpula del Gobierno.

Lógicamente, la oposición del Partido Popular quiso crear una comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal, y la comparecencia de Pablo Iglesias en el Congreso, que no salió adelante gracias al voto del PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, EH Bildu, JxCAT en la Diputación Permanente del Congreso, contando a favor con los votos del PP, Ciudadanos y VOX.

Mientras Irene Montero asegura que es antidemocrático la comparecencia de Pablo Iglesias en el Congreso, el presidente del Gobierno muestra su confianza ante Unidas Podemos y Pablo Iglesias tras la imputación por corrupción: «Total apoyo a Unidas Podemos y a Pablo Iglesias». Y Podemos quiere una solución muy “democrática”: “Iglesias exige a Sánchez una renovación a su medida del Consejo General del Poder Judicial para tapar la “caja B” de Podemos”. ¡Ay la judicatura!

“El dinero es más peligroso que el plutonio”, decía un jefe que yo tuve. Ahora, una del PSOE. David Marjaliza, el factótum de la Operación Púnica del Partido Popular, ha reconocido recientemente haber pagado un millón de euros en comisiones al Partido Socialista que dirigía Rafael Simancas (2000-2007) para financiar campañas electorales en las agrupaciones socialistas de varias ciudades de la Comunidad de Madrid, a cambio de la adjudicación de concursos a sus empresas, aportando supuestas pruebas documentales (libros contables) para corroborar sus acusaciones. Añade: «Yo lo he explicado siempre, a nosotros nos pedían un dinero, nosotros lo pagábamos y a nosotros se nos adjudicaba», añadiendo que pagó también comisiones en negro a Izquierda Unida. «Le dábamos también un poquito para que callara». Evidentemente, el PSOE lo ha negado y dicho que “son temas antiguos”.

Coincide en el tiempo con el ingreso en la cárcel del exvicepresidente socialista de la Diputación de Almería por el desfalco de más de 700.000 euros de las arcas de la institución. Y la apertura de juicio oral, con libertad provisional y fianza de casi sesenta mil euros, contra dos exconcejales socialistas en el Ayuntamiento de Madrid y la exconsejera delegada de Madrid – Destino, por un presunto delito de malversación y prevaricación.

Imputado el entonces miembro del Partido Popular, Francisco Granados, su defensa expresa que «no tiene sentido, o al menos se deberá explicar por qué, dándole la máxima credibilidad al Sr. Marjaliza para acusar al Sr. Granados y al resto de personas implicadas, en estos momentos se deje pasar por alto tales manifestaciones con respecto al Partido Socialista. Es decir, si lo que dice y aporta el Sr. Marjaliza es “palabra de Dios” en contra de mi mandante, dicho sea en términos de estricta defensa, ahora mismo también debe tener esta consideración para proceder a la investigación de los hechos relacionados con el Partido Socialista y que sea excluido de la acción popular». Silencio por parte de todo el mundo hasta la fecha.

Pedro Sánchez, «el gran regenerador» como le llama el periodista Luis Ventoso, llegó a La Moncloa a través de una moción de censura sostenida sobre una sentencia que atribuía al PP una supuesta caja B y prometiendo medidas de regeneración política. No me cansaré de repetir que lo de este hombre es enfermizo, mitomanía con apariencia de credibilidad que engaña a sus seguidores no informados, presentándose como el salvador y vencedor de cualquier causa, y no como lo que verdaderamente es, un tramposo de inteligencia asintomática.

 

 

Paraisos fiscales

Supongamos que quiero montar un negocio de kebab en Salamanca.

– Monto una empresa en un paraíso fiscal, por ejemplo en Panamá (la llamaré Kebabs Paradise Ltd).

– Monto otra empresa en España (la llamaré Kebabs Ricos SL).

Kebabs Paradise compra ingredientes de carne de cordero en Turquía a 0,01€.

Kebabs Ricos compra ingredientes a Kebabs Paradise a 0,99€.

Kebabs Ricos vende kebabs a los españoles a 1€.

Al final del mes he vendido 1000 Kebabs en mi local y he obtenido 1000 €.

Beneficios de Kebabs Ricos 0,01 x 1000 = 10€ al mes.

Tendré que pagar impuestos a Hacienda por esos 10€ de beneficio, aproximadamente un 20%= 2€.

Beneficios de Kebabs Paradise 0,98 x 1000 = 980€

Como es un paraíso fiscal… no paga impuestos.

Total: yo gano 988€ para mí, y dejo 2€ para sanidad, educación, carreteras…

Sin empresas en paraísos fiscales compraría ingredientes a 0,01 y los vendería a 1€. Beneficio: 999€, de los cuales 200€ serían para sanidad, educación… y unos 799€ para mí.

Así, yo me forro y no pago impuestos (no pago carreteras, sanidad, educación…).  El país se queda sin dinero recaudado y hace recortes que pagas tú y te quita derechos que son tuyos… mientras yo te sigo vendiendo mis lucrativos Kebabs y salgo en las tertulias diciendo que lo que hay que hacer es subir impuestos a los ricos (o sea, los que ganan más de 3000 euros brutos en nómina al mes).

Y luego tú, votes a quien votes, vas a seguir permitiendo y favoreciendo esto… y ellos, sean del partido que sean, a seguir en su mansión y riéndose de ti.

¿Te queda claro?

 

Publicado en el Blog de Campos el 24-05-2016