Ministra de Educación

Ministra de Educación y Formación Profesional

Isabel Celaá Diéguez nació en Bilbao, 69 años, casada, madre de dos hijas, licenciada en Filosofía y Letras, Filología inglesa, y Derecho​ por las universidades de Deusto y de Valladolid. Es catedrática de bachillerato desde 1981.

Se inició en política en 1987, en el ámbito foral vasco, en dónde ha permanecido, ocupando diversos cargos, hasta su incorporación a la política nacional como ministra de Educación y Formación Profesional tras el éxito de la moción de censura que el PSOE presentó contra el gobierno de Mariano Rajoy (PP) en junio de 2018.

Entre los puestos ocupados en el Gobierno Vasco, por su interés, copio de Wikipedia: “De 2009 a 2012 ejerció el cargo de consejera de Educación, Universidades e Investigación en el gobierno de Patxi López. Impulsó la reforma de la Educación Pública Vasca, apostando fuertemente por el trilingüismo y la incorporación de nuevas tecnologías en centros escolares, mediante el programa Eskola 2.0. También concedió gran protagonismo a la Formación Profesional.

Celaá combatió el adoctrinamiento nacionalista en las aulas. Su primera medida fue derogar el currículo escolar (marca lo que deben estudiar los alumnos hasta los 16 años) aprobado por su antecesor, Tontxu Campos (Eusko Alkartasuna) para despojar al currículo escolar de la carga ideológica nacionalista que le había infundido el Gobierno vasco anterior, donde gobernaba el PNV en coalición con EA e Izquierda Unida. Entre otras cuestiones, ese currículo fijaba el euskera como lengua preferente en la comunidad. Celaá equiparó euskera y castellano al mismo nivel, de acuerdo al bilingüismo de Eukadi. Otro gesto –muy polémico– fue matizar en el currículo escolar el término «Euskal Herria», borrando la entidad política-administrativa que figuraba en los libros de texto, pero blindando el concepto cultural. «No lo vamos a eliminar por la sencilla razón de que Euskal Herria existe. Es el país del euskera y es un territorio que tenemos de cultura común, de lengua común y que compartimos los vascos», aseguró en una de sus primeras entrevistas como nueva consejera autonómica.

Durante su etapa como consejera puso en marcha los programas de presencia de las víctimas del terrorismo en los centros educativos para que trasladaran su experiencia a los alumnos de Secundaria”.

 

Repite como ministra de Educación y Formación Profesional, dos temas que, desde hace muchos años, han ido cambiando con el gobierno de turno, con estrepitosos fracasos tanto en la tolerancia para pasar de curso a los malos estudiantes, como en las calificaciones obtenidas cuando se compara nuestro nivel de enseñanza con otros países del mundo.

La presente legislatura se presenta problemática en muchos frentes, uno de ellos, en este ministerio, porque no hay consenso alguno entre los diversos partidos políticos, la comunidad educativa, los padres de los estudiantes ni en los propios estudiantes.

Supongo que seguirá con la reforma de la LOMCE, pendiente de la anterior legislatura: La Ley Básica de Educación que expulsará a la Religión como asignatura que sirva para hacer media, relega a la concertada para que la escuela pública tenga preeminencia en la programación de la oferta de plazas escolares, propone integrar a alumnos de escuelas especiales en aulas ordinarias, devolver más competencias a las autonomías que tienen lengua cooficial para que elijan en qué lengua se debe enseñar y pone en el punto de mira a la educación diferenciada.

La otra gran apuesta nacional debería ser la Formación Profesional. Desde la Transición democrática, se han abierto en España más de doscientas universidades entre públicas y privadas. Todo el mundo quiere ser universitario; y hay muchos que, aunque pongan su máximo empeño, no sirven, por las circunstancias que sean, para ser médicos, ingenieros, economistas o abogados; otros, con becas que es tirar el dinero público, tardan diez años en superar una carrera de cuatro cursos. Y lógicamente, son carne de paro perpetuo, salvo que se dediquen a la política o al sindicalismo.

En España falta técnicos profesionales, trabajadores y mandos intermedios cualificados; y debemos estar preparados para el cambio sustancial que se va a producir en los próximos diez años a nivel mundial, de los oficios, trabajos y labores que van a desaparecer, igual que desaparecieron los carboneros de los trenes, los paragüeros, los repartidores de leche o los picapedreros. Quienes no cambien el “chip” a las nuevas profesiones que se nos vienen, y no hablen inglés fluido, no encontrarán trabajo en el futuro. ¿Se acuerdan de las Universidades Laborales? Pues de alguna forma habría que crear una red nacional potente, exigente, de calidad, y con los mejores profesionales, los más aptos no los más adictos, como profesores de Formación Profesional.

 

 

El primer incendio que se le ha presentado a la Sra Celaá ha sido en relación al art. 27 de la Constitución, que dice:

  1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
  2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
  3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

En la Comunidad Murciana ha surgido un tema que todos los medios de comunicación han titulado el “PIN  PARENTAL“, que es una solicitud expresa en formato papel o digital que los padres y madres podrían dirigir a los directores de los centros con el fin de excluir a sus hijos de enseñanzas, charlas, talleres o actividades con carga ideológica o moral contraria a sus convicciones que, cada vez más colegios españoles, enseñan a niños menores a que duden de su sexo, a que se masturben, a que descubran otra experiencias sexuales y otras formas de sexualidad.

El Gobierno en pleno se ha opuesto a esta “revolución” de los padres y la Ministra de Educación ha dicho: “La Educación es un derecho fundamental y constitucional y no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. De lo contrario, estaríamos asumiendo que los menores, por serlo, no tienen derechos fundamentales”.

Efectivamente, los hijos no pertenecen a los padres, son libres y tienen su propia vida; pero, de ninguna manera, pertenecen al Estado, y mucho menos a una idea de un partido político para adoctrinarlos, exactamente igual que hacía Franco, que ha hecho Cataluña con su inmersión lingüística y cultural (de eso no ha dicho nada ni la Sra Celaá ni nadie del Gobierno), que Hitler (“tu hijo ahora ya nos pertenece” – 1933), y antes, los inventores de este asunto, la URSS comunista de sus peores años de dictadura, en los que señalaban quién debía ser fontanero, quién ingeniero, quién militar o quién espía. Supongo que esas pretendidas lecciones sexuales y doctrinales también serán para los niños musulmanes, a ver qué pasa con eso. En el marxismo, con sus diversos nombres, siempre han antepuesto el estado al individuo, la manada a la persona, etc. etc., y siempre mandando el líder supremo, al que todos dicen “amén”. Tampoco olvidaban poner las palabras demócrata y progreso en todo lo que podían, aunque la realidad fuera dictadura y caverna de miseria y hambre.

He escrito hace tiempo que siento algunos “tics” políticos que no me gustan nada, que así se empezó en sitios como Bolivia, Nicaragua o Venezuela, y mira cómo están ahora. “Malos momentos son estos para la picaresca”, que escribió el clásico. Y para los verdaderos demócratas.

 

 

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