El asunto Pegasus explicado para el pueblo llano

Los pinchazos telefónicos, en cualquier Estado Democrático y de Derecho, sólo pueden ser de dos tipos: legales o ilegales. No hay término medio posible. 

Son legales los pinchazos que autoriza un juez, y son ilegales los pinchazos que un juez deniega o desconoce. Punto. Insisto: no hay término medio en eso. Con juez: legal. Sin juez: ilegal.

Un pinchazo telefónico para oír conversaciones privadas lo puede llevar a cabo la policía, la guardia civil o el CNI. Estos últimos, por si alguien anda perdido, son los espías al servicio del Estado Español, que no del Gobierno de turno. Como paso previo, los mentados han de contactar con un juez del Tribunal Supremo y explicarle sobrada y motivadamente la necesidad de dicho pinchazo. Y el juez del Supremo, para permitir una conculcación de la privacidad en las comunicaciones, ha de valorar si tienen más peso otras necesidades públicas (seguridad, interés general, bien común, etcétera…) que un derecho constitucional privado. Y de esa forma, dictará la resolución que más se ajuste a Derecho: permitir o denegar.

En el “escándalo” que tanta tinta derrama estos días (el pinchazo telefónico a algunos líderes de Bildu, de ERC, de la CUP y de Junts per Catalunya), la regla de tres es la misma: si las escuchas no las ha autorizado un juez, son ilegales. En ese supuesto, el abajo firmante nada tiene que decir, salvo que rueden las cabezas responsables de semejante ilegalidad y que enchironen al autor o a los autores del delito. Y si alguno de mis amigos va a comentar en mi muro que le parece muy bien que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúen sin control judicial alguno, le responderé que se ha equivocado de país, y que a lo mejor le agradaría vivir en Afganistán, en China o en Corea del Norte.

Pero vamos a suponer que no. Vamos a suponer, como parece muchísimo más probable en una democracia, que el Gobierno conocía o alentaba las actividades del CNI y que un juez autorizó las escuchas. En ese caso, el abajo firmante aplaude hasta con las orejas al alto cargo del CNI o del Gobierno (socialista o del PP), que ha tenido la magnífica idea de vigilar a unos tipos que, tras perpetrar un delito y ser indultados, han prometido públicamente llevar a cabo otra intentona golpista para separar Cataluña del resto de España. Porque de eso se ocupan los espías, y para eso les pagamos: para prevenir atentados terroristas, para prevenir la entrada de enormes alijos de droga, para prevenir la trata de mujeres, para prevenir la evasión de capitales, para prevenir que otros países nos invadan y para prevenir los golpes de Estado.

Yo me siento muy seguro sabiendo que los golpistas catalanes, convictos y confesos, y los apóstoles del separatismo, y los herederos de ETA, están bajo estrecha vigilancia. Y considero un acierto que sepamos con antelación sus planes para otra guerra civil, o para quemar contenedores en las calles. Y me alegra que conozcamos en qué momento van a viajar a la Rusia de Putin a pedir reconocimiento, dinero y tropas, para ejecutar su traición.

La anomalía no es que exista en España una Guardia Civil, o un Cuerpo Nacional de Policía, o un Ejército Español, o un servicio de espionaje para evitar traiciones. La anomalía es que quienes luchan por la supresión o el desprestigio de dichas herramientas del Estado son los mismos que, de lograr sus objetivos secesionistas, implantarían en el nuevo Estado Catalán y en el nuevo Estado Vasco otras herramientas exactamente iguales para evitar que no hubiese locuras secesionistas en Navarra, Vizcaya, el Valle de Arán o Tarragona. 

La anomalía no es que el CNI sea defendido a capa y espada por la ministra Margarita Robles, socialista y patriota donde las haya. La anomalía es que los socios del Gobierno socialista, las huestes desquiciadas de Podemos, se alineen con los sediciosos para debilitar a España, lancen mierda al Gobierno del que forman parte, se atornillen a un sillón de ese Gobierno que abominan y pidan la cabeza de Margarita Robles. 

La anomalía no es que el CNI haga el trabajo secreto que se espera de cualquier institución democrática dedicada al espionaje. La anomalía es que grupúsculos antiespañoles sean protagonistas relevantes en la alta dirección de España.

La anomalía no es que sepamos los pasos que dan los separatistas para seguir jodiendo a la Patria. La anomalía es que ellos, los felones, puedan saber desde ahora, en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, los ardides de que se vale el Estado para tenerlos a raya. 

La anomalía no es que el Gobierno vigile al separatismo. La anomalía es que el separatismo vigile a los profesores y a los alumnos que hablan el castellano.

Y la anomalía, en resumidas cuentas, no es una escucha telefónica legal a unos tipos peligrosos que, tras haber sido indultados por el presidente Sánchez, han prometido seguir delinquiendo. La anomalía es que los votos de esos felones sostengan a cualquier Gobierno.

Ésa es la verdadera anomalía, queridos amigos: un Gobierno que se acuesta con traidores para seguir apoltronado en el sillón a toda costa. Un Gobierno que indulta a delincuentes mientras, al mismo tiempo, los considera tan peligrosos para el Estado como para ponerles un micrófono que espíe sus conversaciones.

 Ésa es la anomalía.

Firmado:

Juan Manuel Jimenez Muñoz.

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