Intereses personales vs institucionales

La Transición y la aprobación de la Constitución de 1978 la realizamos, principalmente, dos generaciones. La de nuestros padres y abuelos que habían vivido el hambre, los piojos y la miseria de la II República, la lucha fratricida de la guerra civil y las represalias de los vencedores, y la de los que no conocimos otra opción política que no fuera el franquismo, en cualquier caso, odios encontrados ante el que hubo un pacto en el que todas las partes tuvieron que ceder en sus pretensiones para olvidar el pasado y darnos un abrazo de confraternización entre hermanos.

Para pasar página a esos dos periodos dictatoriales —no es democracia votar cada cuatro años y que la opción elegida haga uso inadecuado del mandato del pueblo, que se mienta de forma manifiesta para obtener dicho mandato o que no se cumpla, ni siquiera se intente, llevar a cabo el programa e ideario con el que cada opción política concurre a las elecciones—, unido a la ausencia de sentido democrático histórico en la política española y la ignorancia que sobre ello se tenía en aquellos años, hizo que se cometieran diversos errores de redacción que, con el tiempo, algunos pretenden interpretar como polisémicos en propio beneficio.

Se pensó, por ejemplo, que quienes podrían acabar con la democracia sería el estamento militar y las Fuerzas Armadas por lo que, entre otras cosas, se prohibió su afiliación a partidos políticos para que se mantuvieran firmes y en primer tiempo de saludo al poder civil, que es lo que ha de ser en cualquier democracia.

Nadie se planteó entonces que las guerras con lanza y fuego de cobertura sin potencia de resolución final quedarían en un recóndito rincón de un golpe de Estado transcurrido medio siglo.

En cambio, nadie pensó —porque todos actuaron, actuamos, de buena fe— que alguien consiguiera el dominio absoluto a través de hacerse con el control de los tres poderes que definen una democracia: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y de una de las munificencias comunista, estrangulamiento financiero a empresas y particulares.

En cuanto a los poderes del Estado, el Legislativo y el Ejecutivo se retroalimentan porque son los mismos, incluso con obediencia debida, firmada en blanco al tomar posesión de los escaños parlamentarios, contraviniendo la libertad de voto que les otorga la Constitución.

En lo que atañe al Poder Judicial, que es el que sin usar armas de ningún tipo que no sea el retorcimiento de las leyes o la interpretación de ellas basada en su ideología, se permitió su afiliación política y sindical, que el tiempo ha demostrado que es más adecuado y menos peligroso que el uso de las armas de fuego para hacerse con el control de una nación. Esto ha sido así con cualquiera de los gobiernos democráticos habidos en España desde la muerte del general Franco, porque a ninguno de ellos les ha interesado cambiar el sistema y la forma de elección de toda la cadena de mando de jueces y fiscales, habiendo llegado a la situación actual que personas de reputada preparación jurídica digan que una misma ley hoy quiere decir una cosa y mañana la contraria.

Una vez controlado el Poder Judicial —todavía hay esperanza de heroica resistencia por una parte importante de los que componen este colectivo, aunque sea el Gobierno por boca de diferentes ministros y adláteres los primeros en acusarles de lawfare, que según el diario progubernamental El País «se emplea para referirse al uso abusivo de la justicia para perjudicar o desactivar a un oponente», cuando investigan algún tema de riesgo para ellos o no sentencian a favor de sus intereses personales o políticos— el peligro de vivir al dictado de quien esté en la columna peridiana es evidente.

El otro tema que, con calzador y mantequilla, estamos metidos de lleno desde hace tiempo, es el control económico a las empresas vía trato fiscal, ayudas de la Comunidad Económica Europea, subvenciones y contratación de propaganda y eventos gubernamentales, en especial, a diversos medios de comunicación que no pueden subsistir por sí mismos con los ingresos empresariales que generan. Como claro ejemplo de la mentira permanente en la que vivimos, la diferencia de criterio expresada por la directora del país, Ángels Barceló, que tras ganar el Partido Popular las últimas elecciones generales dijo que «la democracia va de conseguir mayorías, no de que gobierne la lista más votada», y que cambia de opinión cuando el Partido Socialista catalán gana las elecciones en aquella autonomía y le dice a los independentistas que «faciliten la elección del candidato socialista Illa por haber sido la lista más votada».

En el mismo nivel se encuentran las subvenciones y ayudas a nacionales e inmigrantes —más de 2,2 millones de inmigrantes viven en España sin trabajar— parados, ociosos y otros varios que, en algunos casos, sumando efectivo, colegio, alimentación, vivienda, medicamentos y sanidad pública, alcanzan un monto superior a muchos de los que se levantan a las siete de la mañana todos los días para trabajar y pagar impuestos.

Esta forma de actuar y tener cautiva a las personas es contraria a las tesis comunistas de «la tierra para quien la trabaja» y de la del Director General de Tráfico de «pagar peajes quienes utilicen las autovías», mientras se recortan 10.000 millones de euros del presupuesto para Sanidad en toda España y se aprueba un Proyecto de Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud para todo aquél que llegue aquí sin haber pagado un solo euro en toda su vida, que amparará que cualquier inmigrante ilegal de Marruecos, Argelia, Senegal, Guinea Ecuatorial, Costa de Marfil o de cualquier otro país africano, tendrán acceso total y gratuito a la sanidad pública española. Anécdota personal: Hace un mes me rompí un brazo estando en uno de esos países y cuando llegué al hospital, lo primero que me exigieron fue mi tarjeta de crédito para cobrar sus servicios. ¿Se es racista, xenófobo o fascista si se pide reciprocidad de trato?

En esta toma de intento de poder absoluto a título de deidad personal, cada día nos ganamos un nuevo enemigo de peso internacional. A la pérdida de confianza que constantemente muestra Estados Unidos con España, hay que añadir la ausencia de nuestro presidente en las grandes tomas de decisión de la Comunidad Europea, los problemas derivados del anunciado reconocimiento de Palestina como nación, lo que va a representar un choque frontal con Israel y el pueblo judío. España, sin el concurso y apoyo de Estados Unidos, La Unión Europea e Israel, es insignificante en el concierto mundial, un territorio de experimentos de terceros intereses.

El último enemigo, por ahora, es Argentina. Y las declaraciones del Homo Atapuercus sobre el presidente de Argentina han sido contestadas por éste de forma contundente, con la misma falta de diplomacia que actuó nuestro ministro de Transportes, llamando a Pedro Sánchez «calaña», y acusando a su esposa Begoña Gómez de «corrupta».

Todo el sector político de izquierda y ultraizquierda se ha sentido ofendido por las palabras de Milei. Hasta el momento, lo que es público y notorio es que la esposa de Pedro Sánchez dirige cátedras universitarias sin ser licenciada por ninguna Universidad, y da cursos a los Rectores de esos sacrosantos lugares del saber para que progresen y mejoren en su eficiencia, con un verbo y facilidad de expresión que no tiene nada que envidiar al que utilizaba Antonio Ozores en sus películas de principios de la década de los años ochenta del siglo pasado. Aunque «la mujer del César además de serlo tiene que parecerlo», el resto es presunción de inocencia, que los jueces, y solo ellos, con total y absoluta independencia deberán investigar y sentenciar.

Pedro Sánchez y sus fieles seguidores con los ojos tapados como se hace con los caballos de los picadores en las corridas de toros, ha hecho de ello un tema de Estado, retirando la embajadora de España en Argentina y poniendo en peligro las relaciones históricas de dos pueblos hermanos, y económicas de muchas empresas españolas en aquel país, en el que somos el segundo inversor después de Estados Unidos, que se han visto presionadas desde La Moncloa para que mostrasen su apoyo a nuestro presidente después de haber asistido al acto que Miley protagonizó en Madrid en el que se congregaron 15.000 asistentes que le aplaudieron durante once minutos contados de reloj.

Y ha tenido la desfachatez de pedir a sus compañeros socialistas en un comité el apoyo para su esposa con la frase «¿pero no vais a defenderla?», convirtiendo en ofensa nacional lo que no es sino una actuación personal de su consorte. Él, que insulta con el vocablo «fascista» a quién difiere de su ideario, empezando por presidentes de países democráticos, siguiendo por jueces y oposición política, medios de comunicación críticos con sus actuaciones y a todo aquel ciudadano que no le aplaude a rabiar como los viejos del lugar recuerdan se hacía con Franco en la plaza de Oriente de Madrid.

Por cierto, Felipe Utrera, hijo de José Utrera Molina, que fue ministro de la Vivienda con Franco, ha escrito en las redes un mensaje narrando que en cierto momento, el ministro de Asuntos Exteriores de entonces, Gregorio López Bravo, informó a Franco de los insultos que le había dedicado el presidente mejicano Echeverría.

Franco preguntó: – ¿Me han insultado a mí o a España?

-Han sido insultos personales, Excelencia.

-En tal caso, no está justificada ninguna acción que implique sacrificio de los intereses nacionales.

Que cada cual juzgue en conciencia lo aquí escrito. Una de las virtudes de la democracia es la recogida en el Artículo 14 de la Constitución: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Ni de ayuntamiento sexual, añado yo.

Antonio CAMPOS