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Errores del pasado

Podemos, por boca de la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, propone expropiar sin indemnización 200.000 viviendas vacías, a costa de los grandes propietarios de inmuebles, catalogando como tal a quien tenga cinco o más propiedades inmobiliarias: “Necesitamos una Ley de Vivienda que corresponsabilice al sector inmobiliario, al sector privado, en la garantía del derecho a la vivienda y le comprometa a cumplir con la función social que tiene que tener necesariamente la vivienda. Para ello es imprescindible que los grandes tenedores de vivienda, por ejemplo, pongan a disposición de las administraciones públicas un porcentaje de su parque para destinarlo a vivienda social”.

Ha añadido la suspensión de todos los desahucios sin alternativa habitacional, la prohibición de cortes de los suministros básicos a personas vulnerables y la ampliación de las moratorias hipotecarias.

Recientemente, Pablo Iglesias ha conseguido que el PSOE aprobara que los okupas no puedan ser desahuciados si rompen una puerta para entrar en un piso vacío sin violencia o intimidación de las personas.

Menos mal que parece existen “discrepancias sustanciales” en la confección de la nueva Ley de Vivienda con los ministros del PSOE, algunos de ellos relevantes profesionales que no necesitan ese puesto para vivir holgadamente, pero que, desgraciadamente, han hincado la rodilla ante la política que se está llevando a cabo en España en estos momentos. ¿Cuál es el móvil? ¿A cambio de qué? ¿Instrucciones de logia? ¿Agenda 2030 de cambio social y muerte del capitalismo?

De llevarse al BOE la propuesta de Podemos, el sector más perjudicado es el financiero, concretamente los bancos, esas empresas odiadas por los comunistas en función, únicamente, de no poder controlarlas. Si se hundieran los bancos, el sistema financiero colapsaría, el Estado no podría colocar la Deuda Pública, los depositantes perderían todos sus ahorros, se arruinarían los mercados bursátiles, sería la ruina para todo el mundo.

Una parte importante del balance de todos los bancos lo ocupan las hipotecas. Hasta mediados de los años setenta del siglo pasado, las únicas entidades que concedían hipotecas eran las Cajas de Ahorro, a tipo de “interés hipotecario”, que era el marcado periódicamente por las mayores cajas de ahorro de entonces, con una morosidad muy pequeña, primero porque estaban muy bien garantizados los préstamos, y segundo porque la gente era honrada, trabajadora, vivía dentro de sus posibilidades y “antes dejaba de comer que de pagar” como alguien dijo en aquella época, en la que ser moroso era una mancha indeleble que permanecía con la persona para toda su vida.

Las operaciones referenciadas al MIBOR (Madrid) y al LIBOR (Londres), empezaron a hacerse con las grandes corporaciones industriales, públicas y privadas, todas por importes de muchos millones de pesetas, porque la mayoría de ellas tenían acceso a los mercados de dinero a través de los brokers. Los bancos vieron que las cajas les estaban quitando negocio con el asunto de las hipotecas; y las pequeñas empresas se preguntaron que por qué a las grandes se las referenciaba a un índice de conocimiento público y a ellas no.

Había muerto Franco y fue un ministro socialista quien dijo que “España es el país del mundo donde más rápido se puede hacer uno rico”. En el “totum revolutum” que se formó, los bancos volvieron a caer en el “riesgo comercial” y concedieron operaciones referenciadas, primero al MIBOR y a partir del año 2000 al EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate), tipo de interés del mercado interbancario del euro, publicado diariamente, que indica el tipo de interés promedio al que un gran número de bancos europeos dicen concederse préstamos a corto plazo entre ellos, a hacer préstamos hipotecarios a largo plazo, hasta cuarenta años, con tipos de interés a corto, diarios, extensible o revisable cada año, pensando que la vivienda era una cosa que nunca podría devaluarse.

El asunto fue bien mientras la economía crecía, había inflación y se pagaban puntualmente los préstamos. Pero a raíz del tema de las subprime y las ayudas que tuvieron que recibir todas las entidades financieras del mundo, la situación de la mayoría de los países es de un apalancamiento exagerado, por lo que EEUU y Europa han sostenido artificialmente el precio del dinero, y van a seguir haciéndolo unos cuantos años más si no hay una nueva guerra mundial, para poder sostener el teórico estado de bienestar en la población, a través de inyectar al mercado deuda centralizada, que nunca se va a pagar, con lo que nos encontramos con unos tipos negativos porque lo que sobra en estos momentos, qué paradoja de la vida, es dinero.

Los bancos se encuentran actualmente con una cartera hipotecaria que tiene un rendimiento mínimo, haciéndose cargo de todos los gastos asociados a cada préstamo, una alta morosidad, moratoria hipotecaria reconocida por el Gobierno, con alargamiento del plazo de improductividad desde el primer momento de impago, calificación de morosidad, de fallido, de problemas judiciales para el embargo, de lanzamiento, de deterioro del inmueble, de gastos inherentes a todo el proceso, de amortización contra su cuenta de resultados, desgaste de imagen y riesgo reputacional.

A partir del tercer trimestre de este año, la banca tiene otra bomba a punto de explotar: las pymes y los autónomos, sin olvidar la terminación de los ERTES, los despidos que se van a producir porque muchas empresas no continuarán, y las operaciones ICO avaladas parcialmente por el Estado, que la mayoría serán fallidos y que al 31 de enero del presente año eran un total de casi millón y medio de operaciones, de las que ya han dispensado moratoria de pago por importe de 54 mil millones de euros. Es más, el Gobierno planea que la banca asuma parte de la quita de esos créditos ICO, condonando a su cargo parte del 70% u 80% avalado por el Estado o, alternativamente, que la banca asuma la pérdida total de la parte no avalada

Si todo sigue como está, la banca va a cerrar el crédito y la crisis de solvencia empresarial, y por lo tanto de los particulares, va a ser cada vez más profunda.

Esta opinión coincide con lo manifestado por el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, durante la presentación de las previsiones económicas de la Comisión Europea, que alerta de la oleada de quiebras que sufrirán las pequeñas y medianas empresas españolas cuando terminen las medidas de apoyo actuales.

El tema de la vivienda tiene que solucionarlo el Estado, en sus diferentes Administraciones, no la empresa privada. Con Franco se construyeron cuatro millones de viviendas, sin lujos, pero dignas, con todos los servicios. El modelo y la forma de hacerlo está más que estudiado: solo se necesita voluntad para ponerlo en práctica, olvidándose de quién tiene el copyright de ello y asumiendo que siempre y en cualquier circunstancia, hay algo bueno que merece la pena rescatar. Ahora sería el momento, con los Fondos Europeos que España va a recibir, de poner manos a ello y no dilapidarlo en subvenciones a amigos y empresas zombis sin solución de continuidad.

En cambio, Podemos enciende cada día más la calle, dejando claro que su pretensión es trasvasar la riqueza y los medios de producción materiales y dinerarios que la generan trabajando desde el amanecer todos los días, a aquellos que no producen nada y así pretenden vivir durante toda su vida. Es el comunismo del nuevo rico, prepotente, amenazador, que vive en una vivienda con más de 2.000 metros cuadrados de parcela y que quiere nacionalizar todo, incluida la sanidad, pero que acude a la privada a comprar 2.000 test del coronavirus, de forma índice-digital, para el equipo de su cartera ministerial por “los retrasos” en la Sanidad Pública. Con dos cojones, sí señor.

Francesc Cambó i Batlle, fue un catalanista que se posicionó a favor de Franco por temor a un triunfo revolucionario y que, acabada la Guerra Civil y arrepentido de haber colaborado con él, se instaló en Argentina, en donde residió hasta su fallecimiento en 1947. Persona de gran bagaje cultural, dijo:

“Las iglesias han sido quemadas; la mayoría de las viviendas, saqueadas y expoliadas; todas las propiedades, tanto de españoles como de extranjeros, han sido incautadas; se han violado las cajas de los bancos y los comités anarquistas disponen a su antojo de sus bienes y de los depósitos particulares. Todos los periódicos han sido incautados, no por el Gobierno, sino por miembros de las distintas organizaciones revolucionarias y, a costa de sus antiguos propietarios, si tienen bienes en España, defienden la política de los incautadores (…..) Yo les invito a que piensen cuál sería su actitud en su país si un gobierno llegase a someterse a las órdenes de comités anarquistas y comunistas, que se le impusieran, y que las aceptara, toda suerte de claudicaciones: gobernar contra la Constitución; infringir las leyes; prostituir la Justicia; amparar el crimen impidiendo que la fuerza pública se oponga a los robos, incendios y asesinatos que se cometen ante su presencia y separando de sus cargos a los que no muestren su satisfacción por cooperar en esta obra de descomposición nacional; organizar, valiéndose de los agentes de orden público, vestidos de uniforme, el asesinato de los adversarios políticos; preparar la destrucción del ejército para que no pueda impedir que la más espantosa anarquía se apodere del país. Ya sé que me dirán que esto no es posible. Y yo les digo que esto es lo que ha pasado en España y que no habrá un representante diplomático o consular que pueda negar mis afirmaciones. Y cuando tengan que aceptar la realidad de aquellos hechos, tendrán que admitir que se había producido en España aquella situación en que la insurrección contra el poder público no sólo era un derecho, sino un deber de patriotismo y ciudadanía”.

Los últimos actos vandálicos protagonizados por grupos radicales, de ultraizquierda y antisistema, organizados en guerrillas urbanas, con gas pimienta y armas arrojadizas contra la policía, no son buen síntoma de que no vayamos a repetir los errores del pasado. Y, una vez más, es mucha casualidad que estos hechos se produzcan cuando más ebullición tiene la olla de la presunta corrupción e imputación de varios dirigentes de Podemos.

Es el momento de los estadistas

En medio del coronavirus, cuyo primer caso se produjo en España el 31 de enero, fecha en la que el doctor Cavadas dio la voz de alarma y nadie le hizo caso, de diecisiete teléfonos de emergencia en otros tantos reinos de taifas, de la tardanza del Gobierno en reaccionar a una epidemia mundial, cada vez estamos más lejos de Europa y de su lideresa Angela Merkel: «Nuestras prioridades son la protección de los enfermos crónicos y ancianos que forman los grupos de población más vulnerables a los efectos del virus, evitar un colapso del sistema sanitario y paliar los efectos que el virus tendrá con toda seguridad sobre la economía» ….. «Federalismo no significa que cada uno somos responsables de lo nuestro, ni rechazar la responsabilidad, sino que cada uno desde su puesto es responsable para todos en su medida». ¡Qué envidia!

Añadamos a eso la revuelta de los tractores, la manifestación de las mujeres que lo que pretenden no es la igualdad con el hombre, sino su prevalencia por razón de sexo y no de méritos, la negación en Europa a que se investiguen los asesinatos de ETA pendientes de resolver, la negativa a aclarar los casos de prostitución de menores en Mallorca, la suspensión de los partidos de fútbol, de las Fallas y de las procesiones de Semana Santa, el cierre de las aulas ¿por qué los padres no toman vacaciones en su trabajo para cuidar de sus hijos en vez de poner en riesgo la vida de los abuelos?, las maletas fantasmas de Alí Balós, el debacle de las Bolsas y la ruina que va a provocar en pequeñas empresas, ahorradores, planes de pensiones, y el paro consecuente que vendrá a continuación, con una recuperación lenta y prolongada en el tiempo, y la mesa bilateral Estado-Comunidad Autónoma de Cataluña, como si fueran dos naciones independientes, con desprecio gubernamental a los catalanes no separatistas, los tres primeros meses del nuevo Gobierno sanchista-comunista, pasarán a la historia como un hito de incompetencia aderezado con la desgracia.

Mientras tanto, el Parlamento catalán ha convalidado durante el pasado mes de febrero un Decreto Ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, en el que ha incluido un texto que obliga a ofrecer un alquiler social a los okupas que lleven seis meses en una vivienda y expropia, a los grandes tenedores, entre los que han incluido a los particulares que tengan más de 15 viviendas en propiedad, los pisos vacíos durante dos años por el 50% de su valor.

El concepto de propiedad se ha desarrollado paulatinamente desde la época arcaica. El derecho Romano conoció una doble reglamentación de la propiedad, hasta darse la fusión entre el derecho civil y el derecho honorario, unitario desde entonces; Justiniano sólo habla de propietas, sin hacer distinción de ningún tipo.

Si hay algo sagrado en una democracia, es la libertad y, entre otras muchas cosas, la propiedad privada. El artículo 33 de la Constitución Española reconoce el derecho a la propiedad privada y que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social.

Lo contrario a la propiedad privada es la comuna, lo que es igual, el comunismo. Una vez más, y de forma muy grave, el presidente del Gobierno se ha dejado presionar por Podemos y por sus compromisos con los separatistas para poder seguir gobernando.

Esta ley afecta, básicamente, a bancos, filiales inmobiliarias de esas entidades, fondos de inversión, entidades de gestión de activos, la SAREB, constructores y promotores inmobiliarios, en resumen, todas aquellas empresas privadas que se juegan su dinero, que invierten, que mueven la economía y que, a partir de ahora, tendrán muchísimo cuidado en que todas las viviendas estén vendidas antes de iniciar las obras, y que los bancos exijan máximas dificultades en conceder una hipoteca. Es el inicio de un gravísimo parón en uno de los motores de la economía nacional: Superados los inventos españoles de la fregona, la siesta y el botijo, nos queda el turismo y la construcción, y las empresas que dependen de ambos sectores.

Abogados, Administradores de Fincas, y todo el sector inmobiliario, se encuentran en pie de guerra, calificando esta ley como vulneración del derecho a la propiedad e inconstitucional. Y ello, dentro de la preocupación de un amplio sector de la judicatura española de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ceda competencias en materia judicial a la Generalitat de Cataluña, mediante la creación de un consejo territorial de justicia que abriría la puerta a que resucitaran el órgano previsto en el Estatut que tumbó el Tribunal Constitucional, como un órgano de gobierno del poder judicial desvinculado del CGPJ.

El problema de la vivienda no puede, ni debe, tratar de solucionarse de forma social-comunista en una economía liberal y capitalista. Hay que abordarlo desde las Administraciones Públicas, con una política similar, si no igual, que hizo Franco en los años del Desarrollo, en los que construyó cuatro millones de viviendas, modestas pero dignas, con financiación a cincuenta años en concepto de alquiler, al final de cuyo plazo las viviendas se escrituraban propiedad del adjudicatario en su momento, o de sus herederos legales. Claro que como esto está inventado por quien está inventado, a lo peor es delito de aquí a poco tiempo.

La cosa no acaba aquí. PSOE y Podemos en el poder, en las personas de dos de los vicepresidentes del Gobierno, Carmen Calvo y Pablo Iglesias, han acordado: «En el marco de la reforma ya prevista de la ley de arrendamientos urbanos, tomaremos las medidas necesarias para evitar los desahucios, especialmente aquellos que se dan en zonas de mercado de alquiler tensionado y por grandes tenedores de vivienda que se dedican al mercado inmobiliario», y para «ampliar el plazo de la moratoria de hasta cuatro años de duración los desahucios hipotecarios», para que más gente en situación de vulnerabilidad pueda acogerse a ella.

La puntilla que faltaba para el mercado inmobiliario. Aquí no solo están involucrados “los grandes tenedores de viviendas”, sino cualquier particular, incluidos los que han ido ahorrando durante toda su vida para complementar su pensión con el alquiler de un pequeño piso.

¿Quién va a alquiler una vivienda sabiendo que, si no le pagan, no va a poder echar al inquilino moroso? Esto es otro ataque a la propiedad privada que al igual que en el caso anteriormente expuesto en Cataluña, va a contraer el mercado de una forma considerable y va a hacer que los juristas piensen fórmulas legales, pero que soslayen estas normas, en documentos de garantías generales adicionales y ajustados a condicionantes similares a las que se exigen a quien pide un préstamo bancario, porque hay que dejar claro que la mayor inequidad es tratar igual a desiguales, al que paga y al que no paga las deudas contraídas con terceros.

Lo peor de todo es que estamos muriendo democráticamente por inacción, aceptando como normal, cosas que nos van cociendo poco a poco en una olla caliente como a la ranita del cuento. Este no es el momento de que prevalezca ningún color ni ninguna idea; es el momento de ser estadistas, no populistas de asamblea universitaria, lanzador de fuego con la espada del diablo ni virreinatos de reino de taifas; es una situación de emergencia sanitaria y económica nacional, en la que, por una vez, Pedro Sánchez ha acertado no cediendo a las presiones de Cataluña y Euskadi de quedar fuera del Estado de Alarma, y apartando del tema a Pablo Iglesias que quería nacionalizar empresas, bajo su mando. Ojalá hubiera actuado así siempre.

 

 

Pese a ello, el Gobierno actual debe caer por el desencuentro, ya público, de sus integrantes, por lo acontecido en los tres meses que lleva en el poder y por su retraso de cuarenta días en tomar medidas e incompetencia en el caso del coronavirus. Y por la crisis económica, que va a ser mayor que la del año 2008, incluso de recesión. Una vez más se demuestra que no los más adictos son los más aptos. Quien se equivoca, tiene que pagar sus consecuencias.

Y empezar una nueva legislatura de “sabios” y “técnicos” sin distinción de color político, que sea capaz de sacar a España de la quiebra técnica a la que estamos abocados, porque esta pandemia del coronavirus va a cambiar la economía mundial.

 

Publicado en PUERTA DE MADRID de Alcalá de Henares el 20-03-2020

 

 

 

 

Nuevo Decreto Ley en materia de vivienda y alquiler

Hoy se ha celebrado Consejo de Ministros de esta legislatura sanchista, que ha aprobado, entre otros, un REAL DECRETO-LEY de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, cuya referencia es la siguiente:

  • Se amplía la prórroga obligatoria del contrato de alquiler de tres a cinco años, si el arrendador es persona física, o a siete años, si es persona jurídica.
  • Se mandata al Gobierno a impulsar la oferta de viviendas en alquiler asequible mediante medidas para favorecer la información y la transparencia en el mercado del alquiler, así como las políticas de vivienda o fiscales.
  • Mejora la coordinación con los servicios sociales para proteger al desahuciado en los supuestos de vulnerabilidad además de que se implementa y agiliza el procedimiento.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes que responden a la necesidad de atender la urgencia social que se deriva de un mercado de la vivienda deficiente, especialmente desequilibrado en el ámbito del alquiler. Se trata, en definitiva, de dar un giro social en la política de vivienda.

Las principales medidas contempladas se dirigen a ofrecer mayor seguridad y certidumbre al inquilino, incentivar la oferta de vivienda de alquiler y dar apoyo a los grupos más vulnerables, aliviando la carga financiera de las familias.

 

 

Seguridad para el inquilino

El desequilibrio actualmente existente se abordará ofreciendo mayor seguridad y certidumbre al inquilino. Para lograrlo, se amplía la prórroga obligatoria de tres a cinco años, si el arrendador es persona física, o a siete años, si es persona jurídica, Además, se amplía la prórroga tácita, si ninguna de las partes dice nada transcurridos los cinco o siete primeros años, de uno a tres años.

Aumenta también a dos meses el plazo de preaviso previsto para no renovar el contrato para el inquilino y a cuatro meses para el arrendador.

Por otra parte, los contratos no inscritos vuelven a tener efectos ante terceros, de forma que cuando haya una venta de un piso arrendado, el inquilino quede protegido, esté o no inscrito el contrato en el Registro de la Propiedad.

Incentivos para la oferta

El Real Decreto-ley mandata al Gobierno a impulsar la oferta de viviendas en alquiler asequible mediante medidas para favorecer la información y la transparencia en el mercado del alquiler, así como las políticas de vivienda o fiscales. Así, se establece una información mínima que deben recoger los Depósitos Autonómicos de Fianzas en las comunidades autónomas donde estén creados y se creará, en el plazo de ocho meses, un índice estatal de referencia del precio del alquiler de vivienda.

Al mismo tiempo, en caso de venta conjunta de un inmueble con arrendamientos se establece el derecho de adquisición preferente (tanteo y retracto) por las Administraciones Públicas.

En cuanto a las medidas fiscales establecidas para el estímulo de la oferta, la propuesta es habilitar el gravamen en el IBI de la vivienda vacía, bonificar en el IBI la vivienda protegida en alquiler, así como la eliminación del Impuesto de Transmisiones en los alquileres de vivienda habitual.

También queda recogida una mejora técnica en la exclusión de la Ley de Arrendamientos Urbanos de la vivienda turística, para su específica regulación por las comunidades autónomas, y se permite que una mayoría de 3/5 de las comunidades de propietarios puedan limitar las viviendas de uso turístico, o asignarles mayores gastos comunes.

Concretamente, se introduce en la Ley de Propiedad Horizontal la posibilidad de que, por acuerdo de una mayoría de 3/5, una comunidad de propietarios pueda limitar o condicionar el ejercicio de la actividad de alquiler turístico o fijar unas determinadas condiciones para su ejercicio. El objetivo es dotar a los vecinos de instrumentos para facilitar la convivencia y decidir sobre las actividades que tienen lugar en su comunidad.

Asimismo, la norma recoge la posibilidad de establecer incrementos de hasta un 20% en la participación en los gastos comunes por parte de las viviendas de uso turístico. Todo ello, en el marco del régimen de usos establecido en la ordenación urbanística municipal y de la necesidad de disponer de los títulos habilitantes necesarios para el ejercicio de dicha actividad, cumpliendo lo dispuesto en la normativa sectorial turística de aplicación.

En la Ley de Arrendamientos Urbanos se amplía la exclusión del artículo 5.e, quedando reguladas todas las viviendas de uso turístico por la normativa sectorial turística, independientemente de la forma de comercialización o promoción.

De esta manera, se contribuye a crear un marco normativo más claro en el que se evite la aplicación indebida de la LAU cuando la cesión del uso de la vivienda se encuentre dentro de la definición que recoge la normativa turística y, por tanto, la actividad esté sujeta a determinadas exigencias fijadas para su adecuado desarrollo.

La propuesta de modificar ambas normativas estatales fue debatida en septiembre del año pasado durante la reunión del Grupo de Trabajo de Viviendas de Uso Turístico en el que participaron las 17 comunidades autónomas y la FEMP, además de casi una veintena de representantes del sector hotelero, empresarial, las plataformas, los vecinos, consumidores y sindicatos.

Así mismo, se favorece el acuerdo entre las partes para la realización de mejoras durante la vigencia del contrato, permitiendo en este caso pactado el incremento de la renta durante el resto del contrato.

Apoyo a los grupos más vulnerables

Por otro lado, el Real Decreto-ley mejora la coordinación con los servicios sociales para proteger al desahuciado en los supuestos de vulnerabilidad además de que se implementa y agiliza el procedimiento.

Las garantías adicionales quedan limitadas a dos meses además de que también queda sujeto al IPC la actualización de la renta durante la vigencia del contrato.

Respecto a los gastos de gestión inmobiliaria y formalización, estos corresponderán al arrendador, cuando este sea persona jurídica.

Además, se obliga a los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal a la realización de obras y actuaciones de accesibilidad, con independencia de la cuantía de las mismas, si existe ayuda pública de al menos el 75 % del coste. También, se establece la necesidad de elevar y destinar el fondo de reserva de la comunidad de propietarios a sufragar inversiones de accesibilidad.

Otra de las medidas recogidas es la de blindar la posibilidad de subrogación, en caso de fallecimiento del inquilino, en favor de determinados perfiles vulnerables como menores, discapacitados o mayores de 65 años.

 

 

Dejamos para otro día un análisis más reposado en cuanto a si esta Ley va a favorecer el alquiler, si su concepto es de ideología comunista al regular el precio de la propiedad privada, si se va a retraer o no la oferta, si la demanda va a tener que irse a barrios alejados del centro de las ciudades, si va o no a influir en la concesión de hipotecas dados los condicionantes para el desahucio de las personas vulnerables, en una palabra, si es una ley para favorecer la economía o un brindis al sol para los probables votantes socialistas en las próxima elecciones generales. Legislar es relativamente fácil, pero las tomas de decisiones se juzgan por sus consecuencias.

 

Publicado en el Blog de Campos el 01-03-2019

 

Hipotecas y ley

Hipotecas y ley
Solo hace falta darse una vuelta por la ciudad para observar grandes carteles de publicidad que anuncian créditos a pymes y particulares. Parece que, en teoría, se ha vuelto a la senda de facilitar financiación a la economía por parte de los Bancos.
Como quiera que un Banco es la empresa capitalista por excelencia, cuyo primer objetivo es ganar dinero para retribuir a sus accionistas, como cualquier otro negocio, y en estos momentos tienen abiertos otros diferentes frentes, es fácil suponer que ha sido el Gobierno el que les ha dado un toque de atención para que muestren su predisposición a abrir el grifo del crédito.

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