Ser socio de la OTAN

Ucrania es un país con más de seiscientos mil kilómetros cuadrados, 42 millones de habitantes, tiene en menor producto interno bruto a valores de paridad de poder adquisitivo -PPA- per cápita de Europa, un Ejército con 300.000 soldados en activo, y una asociación con la OTAN desde 1994. La religión predominante es el cristianismo ortodoxo oriental. Industria avanzada en vehículos de transportes y naves espaciales, gran productor de trigo, exportador de petróleo y gas natural. Posee gran arsenal de armas nucleares. Y tiene más de 2.500 metros lineales de costa, con salida al mar.

Rusia es el sexto mayor ejército del mundo, compuesto por 1,6 millones de militares activos, es una de las primeras potencias mundiales en armas nucleares y poder de destrucción, con un régimen político de trasfondo comunista con pátina liberal en dónde todos marcan el paso al unísono o desaparecen misteriosamente.

Rusia pretende invadir Ucrania porque, dice, el tándem EEUU – Europa cerca cada vez más sus fronteras. En el momento de escribir estas líneas parece que el belicismo latente se ha atemperado mediante las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos.

Cuando uno es socio de un club, de cualquier organización o forma parte de un colectivo común, lo es para las buenas y para las malas, tiene que acogerse a los derechos que les correspondan y contribuir a las obligaciones que dimanan de su pertenencia a ese grupo.

Formar parte de la Unión Europea y de la OTAN no solo ha significado para España encontrar un sitio en el mundo, recibir ayudas de todo tipo y desarrollo del estado de bienestar, sino que ha evitado una nueva guerra civil entre españoles.

No se puede ser socio de ninguna asociación únicamente para beneficiarse de los derechos, sino que hay que ser consecuentes con las obligaciones; y la obligación de España es cumplir con sus compromisos con la OTAN, aunque no nos guste entrar en una guerra en la que además de los argumentos que publica Rusia, está en juego la independencia que reclama una parte de un territorio ucraniano para separarse de esa nación. ¿Les suena el tema?

Rusia ha desplegado cien mil militares a lo largo de la frontera con Ucrania, más que todo el ejército español. En el supuesto de iniciarse una contienda bélica, podría haber miles de muertos y una crisis económica mundial de insospechadas consecuencias, que se añadiría a la situación actual derivada de la pandemia por coronavirus. A favor de que todo esto quede en bravuconadas, la paupérrima situación económica de la nación rusa.

España, como no podía ser de otra forma al estar presente en la OTAN desde el año 1982, decisión que fue reafirmada cuatro años después en un referéndum, ha enviado una simbólica fuerza militar, preparándose para la batalla, para lo que el PSOE ha contado con el apoyo del mayor partido de la oposición, en una decisión estratégica de Estado a la que se han opuesto todos aquellos partidos y personas que, por la razón que sea, temen a la policía y al ejército, la “España Olegaria”, la que vive de las subvenciones en un alto porcentaje y quiere problemas y revoluciones urbanas, con un ideario excesivamente global, todo difumino, confuso y nebuloso, como la tal Olegaria, esa mujer que se autodefine atea; republicana; no binaria; bisexual; antitaurina; feminista; abolicionista; abortista; antiespecista; antifascista; y defiende a los talibanes musulmanes porque “estamos siendo injust@s con los chicos talibanes, los estamos criminalizando y ellos solo son víctimas de la sociedad. No han conocido otra cosa y dándoles charlas sobre feminismo e inculcándoles valores feministas podríamos cambiarlos fácilmente, ellos nos comprenderán”. Esta España quiere vivir gratis total, protege a los okupas, confunde sexo con género, pretende adoctrinar la mente de las personas desde la más tierna infancia, es partidaria de romper la unidad de la nación y la Constitución, pretende acabar con la familia, incluso con la propia, vive el hoy sin pensar en el mañana, son agresivos e intimidatorios políticamente hablando, se cree en posesión absoluta de la verdad, muchos están equivocados, errados y herrados.

Como todo el mundo quiere hacer madera del árbol caído, voy a ser hiperbólico e insistir en algo que dejé escrito en agosto del 2020 y a exponer la PmF, Posición Menos Favorable, que podría darse en España, dejando al margen la nueva crisis económica que se nos viene encima a partir que se acaben los ERTES y empiecen de verdad los Concursos de Acreedores y el paro.

* Vuelve el coronavirus, con otros muchos miles de muertos en España, que sigue sin prepararse en medios técnicos y humanos. Desgraciadamente, he acertado de pleno.

* Cataluña se declara independiente. ERC no apoyará a Pedro Sánchez si no les garantiza un referéndum de independencia para Cataluña.

* El País Vasco se declara independiente. La izquierda aberzale condiciona su apoyo al Gobierno a que queden en absoluta libertad todos los asesinos de ETA. Y, tiene cojones, una ministra nacida en Ciudad Real, dice que el Gobierno afirma que tiene afinidad con ERC y Bildu en su “proyecto de país”.

* Marruecos invade “pacíficamente” Ceuta y Melilla. Enviamos al ejército a defender las fronteras de Ucrania y no a defender las españolas, internas y externas.

* La flota de guerra de Estados Unidos abandona España y se instala en Marruecos.

* Todos estos problemas son de carácter interno, por lo que no se puede contar con la ayuda de la Unión Europea ni de la OTAN.

* Europa no se fía de España y los 140.000 millones de euros que vamos a recibir del Fondo de Reconstrucción Europeo (62.000 millones en préstamos que hay que devolver), lo es con lo que se ha llamado el “freno de emergencia”, por lo que si se retrasasen las medidas pactadas con Bruselas haría que el “rescate” quedase suspendido durante un periodo y, si fuese necesario, replegar las medidas de política económica para ofrecer las garantías esperadas por Europa. Lo que es lo mismo, inversión y no gasto en comprar el voto cautivo de los subvencionados. Y de los fondos recibidos hasta ahora, ni un euro se ha destinado a inversiones tangibles en economía de futuro.

Muchas veces la realidad supera la ficción. Nos guste o no, en España hay unos cinco/seis millones de votantes marxistas, comunistas, anticapitalistas, independentistas y vividores de las subvenciones públicas. No incluyo entre ellos al sector socialdemócrata del Partido Socialista. Todos ellos son los que se oponen a la intervención militar de España, encabezados por Podemos y la ministra al que el ilustre columnista Alfonso Ussía ha escrito esta cuarteta: “No me llames gilipollas; / llámame Irene Montero, / que quiere decir lo mismo / y suena menos grosero”.

España debe cumplir con sus obligaciones y pertenecer a la OTAN tiene sus ventajas y sus inconvenientes; en este caso es un inconveniente, pero si no fuese así no tendría sentido nuestra permanencia en esa organización de ayuda mutua en los momentos difíciles.

Antonio CAMPOS

Gracias Europa

Por la importancia de la noticia para el futuro de España, copio artículo publicado en VOZPOPULI el 18-10-2020 y firmado por Jorge Sáinz

Moncloa oculta su mayor victoria en Europa contra el separatismo para no irritar a sus socios

La nueva guía del Consejo de Europa para la celebración de referéndums es un duro revés para el independentismo catalán, ya que sitúa a la Constitución como único marco legal para un plebiscito. La labor de Josep Borrell como ministro de Exteriores fue clave en su elaboración

La información se publicó en el boletín interno del Ministerio de Asuntos Exteriores hace unos días, según ha sabido Vozpópuli. El Gobierno ha obtenido una de sus victorias internacionales más relevantes contra el independentismo catalán. El Consejo de Europa ha deslegitimado definitivamente la estrategia de los partidos separatistas de convocar un referéndum de independencia utilizando las instituciones catalanas. Y en las nuevas pautas de actuación para la celebración de plebiscitos ha establecido que la Constitución o una Ley nacional que cumpla la Constitución es el único marco legal para amparar un referéndum.

Se trata de un revés durísimo para el independentismo. La regla sugiere que solo un cambio en la Constitución española y una ley ad hoc del Parlamento nacional, que supere los filtros de órganos como el Tribunal Constitucional, permitiría un referéndum sobre la independencia de Cataluña que votasen solo los catalanes. Ni la voluntad, ni las encuestas, ni los resultados de unas elecciones autonómicas, ni una mayoría de escaños son argumentos válidos, a pesar de la retórica separatista.

La Carta Magna, tal y como han interpretado tanto el Tribunal Constitucional como el Consejo de Estado, garantiza que todos los españoles deben participar en una consulta de esa naturaleza, porque la soberanía nacional reside en el pueblo español y no solo en un parte del mismo. Es decir, la modificación introducida por el Consejo de Europa obliga a España a reformar la Constitución para celebrar un referéndum de autodeterminación en cualquiera de las comunidades autónomas. La guía en sí misma no es vinculante, pero las recomendaciones del Consejo de Europa son la base sobre la que se mide la calidad democrática de los países del continente.

Moncloa oculta el éxito de Borrell. La Moncloa ha escondido esta información para no molestar a sus socios. La sorpresa ha sido grande entre un buen puñado de diplomáticos, que leyó con agrado este boletín. «Lo que ha hecho el Consejo de Europa es asumir la posición que siempre ha defendido el Gobierno central en el contencioso con Cataluña», dicen fuentes consultadas por este diario. Otro de los misterios de este silencio es que el indiscutible éxito internacional es atribuible en gran parte alas gestiones de Josep Borrell durante su etapa como ministro de Asuntos Exteriores.

La Comisión de Venecia es la encargada de asistir y aconsejar a los países miembros del Consejo de Europa en asuntos constitucionales para mejorar el funcionamiento de las instituciones democráticas. Líderes separatistas como Carles Puigdemont y Oriol Junqueras la invocaron sin éxito durante los meses previos al referéndum del 1-O en 2017.

La Comisión ha aprobado recientemente esta nueva Guía para la Celebración de Referéndums, que sustituye al Código de Buenas Prácticas sobre Referéndums del 2006. Se trata de un documento de extraordinario valor, porque es la guía que se considera acorde a los principios democráticos y valores de Europa y, por lo tanto, un marco de actuación ineludible para todos los países que integran el Consejo.

El texto no menciona el caso catalán en concreto, pero hay numerosas alusiones a los sucesos de octubre del 2017 en esta comunidad. En la introducción, se explica que la nueva guía parte de varias disputas surgidas en los estados. Y recuerda que en algunos de los controvertidos referéndums (sin citar expresamente el 1-O) se vulneró la legalidad al convocar las consultas sin mayorías cualificadas. La Comisión sostiene además que estos referéndums -de nuevo sin mencionar ejemplos- solo buscaban reforzar al poder Ejecutivo y arrinconar al Legislativo.

Referéndum y Constitución

Ante estos antecedentes, el artículo primero del nuevo reglamento formaliza que cualquier referéndum «debe cumplir con el sistema legal en su conjunto». «No se pueden celebrar referéndums sin la Constitución o un estatuto o ley que cumpla la Constitución», dice.

Y añade que incluso si un Parlamento tiene la competencia de convocar un referéndum, la consulta no debe convocarse si incumple el marco constitucional. La Comisión entiende que la Carta Magna es precisamente el garante de los derechos y libertades del conjunto de una sociedad.

El separatismo catalán insiste en la celebración de un referéndum para la independencia de Cataluña. Y ha vuelto a plantear las elecciones autonómicas de febrero como un plebiscito. El Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió en su acuerdo de investidura con ERC a someter a una consulta en Cataluña el hipotético acuerdo que alcance con la Generalitat de Cataluña en una mesa de diálogo. Esta mesa se ha reunido una vez desde el inicio de la legislatura.

España deberá acometer reformas

La entrega del fondo europeo está condicionada a que el Gobierno presente proyectos que vayan en línea con lo que pide Bruselas, y que afecta al empleo, las pensiones, la educación e incluso al modelo territorial

ANA CARVAJAL en vozpopuli.com del 22-07-2020

 

 

España recibirá 140.000 millones de euros con cargo al nuevo fondo creado por la Unión Europea para salir de la crisis provocada por el coronavirus. De ese dinero, 72.700 millones serán préstamos y el resto ayudas directas, pero solo serán desembolsados si España presenta un plan de reformas que sean coherentes con las recomendaciones que anualmente hace la Comisión Europea.

¿Y cuáles son esas recomendaciones? Pues las que suele publicar el Ejecutivo comunitario tras evaluar los documentos enviados desde el Ministerio de Economía. La última vez que se hizo ese ejercicio fue en mayo pasado, si bien el análisis de la Comisión quedó alterado por la pandemia que en ese momento estaba azotando la Unión Europea.

No obstante, la Comisión recogió algunas de las reformas que España debe hacer para acabar con la brecha de productividad que tiene con la media de los países comunitarios. A saber:

1.- Revisión del sistema de incentivos a la contratación para fomentar el empleo indefinido, especialmente para los trabajadores jóvenes.

2.- Flexibilización de las condiciones laborales, aunque no se especifica en qué sentido.

3.- Fomentar el atractivo de la formación profesional.

4.- Promover la inversión privada.

5.- Impulsar la innovación.

6.- Apoyar la digitalización de las empresas para incrementar su competitividad.

7.- Facilitar la penetración de las energías renovables.

8.- Reducir el consumo de energía de los edificios, tanto públicos como privados.

9.- Invertir en nuevas interconexiones eléctricas con el resto de la Unión.

10.- Desarrollar una infraestructura de combustibles alternativos para que se pueda desarrollar el vehículo eléctrico.

11.- Eliminar la fragmentación y los obstáculos reglamentarios que impiden a las empresas beneficiarse de las economías de escala. Para ello, se recomienda utilizar de forma más activa la Ley de Unidad de Mercado.

12.- Preservar la capacidad del sistema judicial para tratar de forma eficiente los procedimientos de insolvencia.

13.- Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas fiscales que garanticen la sostenibilidad de la deuda.

14.- Reforzar la capacidad y resiliencia del sistema sanitario.

15.- Centrar la inversión en la transición ecológica y digital.

16.- Fomentar la investigación y la innovación.

Además de esas 16 reformas, en el documento de este año se hace mención a las recomendaciones realizadas en 2019, «que deben tenerse en cuenta». Y en ese análisis se incluían también las siguientes peticiones:

17.- Aumentar la eficiencia del gasto público.

18.- Incentivar, tanto a los trabajadores como a los empleadores, para que inviertan en formación.

19.- Reducir las barreras para la movilidad laboral entre las distintas zonas del país.

20.- Modernizar los servicios públicos de empleo para mejorar su misión como conseguidores de puestos de trabajo.

21.- Reducir el empleo de duración determinada en el sector público.

22.- Invertir en vivienda social.

23.- Promover el emprendimiento y las empresas emergentes.

24.- Asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo con medidas para abordar tanto la adecuación de los ingresos de los futuros jubilados, que constituye el principal reto, como la de la duración y la integridad de sus carreras laborales.

25.- Reformar el sistema educativo para mejorar los resultados y adecuarlo a las necesidades del sector privado.

26.- Eliminar las restricciones regionales a la prestación de servicios, consecuencia de la regulación fragmentada que existe en España.

27.- Invertir en infraestructuras que garanticen un mayor uso del ferrocarril para el transporte de mercancías.

28.- Promover el transporte sostenible y la economía circular.

29.- Reducir la fragmentación del sistema nacional de asistencia al desempleo.

30.- Simplificar el sistema de incentivos a la contratación.

De estas 30 medidas se concluye que el Gobierno de Pedro Sánchez tendrá muy complicado llevar a término el programa suscrito en su día con Unidas Podemos, pues cuestiones como la derogación de la reforma laboral serán prácticamente imposibles, ya que lo que pide Bruselas es precisamente una mayor flexibilidad en materia de empleo.

También provocará dificultades a Sánchez todo lo relativo a la unidad de mercado. El Gobierno está sostenido por una pléyade de partidos regionalistas, nacionalistas e independentistas que difícilmente darán su apoyo a reformas que vayan en la dirección de unificar y reducir las particularidades territoriales, de las que Bruselas abomina, sobre todo en materia de empleo y de barreras a la actividad empresarial.

Entre las reformas de más calado solicitadas sistemáticamente por la Comisión Europea se encuentran la de las pensiones y la educativa, dos cuestiones fundamentales a las que España sigue sin dar una respuesta a medio y largo plazo y que, según Bruselas, lastran la productividad de la economía y ponen en riesgo la viabilidad de las finanzas públicas.

 

SANCHEZ 0-CALVIÑO 1

Vicente Benedito Francés

12 julio 2020

 

La que nos espera después de este 0-1. No hemos conseguido que Calviño fuera la presidente del Eurogrupo y esto constituye un reconocimiento a su labor hasta ahora, pero una patada para nuestro presidente, y lo que es peor la perdida de una gran baza que hubiéramos tenido en las condiciones en el reparto de los fondos comunitarios del Covid 19. La UE no va a tolerar que España dispare el gasto, el déficit y la deuda pública ni tampoco una subida de impuestos que arruine aun mas el futuro de nuestra economía. Vamos de cabeza a una bajada del PIB del 15%, a un paro del 20% y a un incremento de la deuda de un 120%.

Y todo ello con:

-Una Sociedad Civil callada, silenciosa y sumisa. Todos, absolutamente todos, nos callamos cosas, o las que expresamos lo hacemos de modo distinto a como, espontáneamente, nos gustaría hacerlo.

-Zafiedad en el Parlamento. Para la gran parte de políticos la política es un plató de televisión, interesando mas los votos que un debate sincero y constructivo, su finalidad no es el bien de España, es el Poder.

Nos queda todavía la posibilidad de empatar, pero para eso la UE nos pedirá la salida del gobierno de Podemos y eso solo depende del PSOE.