Els burots

El presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, declara en un periódico argentino que “está firmemente convencido que el diálogo con el Gobierno culminará con la amnistía de los golpistas y con un referéndum de autodeterminación pactado con el Estado que dará paso a una Cataluña independiente”. Y añade: “Nuestra propuesta es que se haga un referéndum precedido de una ley de amnistía para acabar con la represión». ¿Referéndum de todos los españoles puesto que la Constitución es de todos los españoles? ¿Dónde está la represión en Cataluña, a los que hablan en español y a los que portan una bandera española?

Pero lo más grave es que Iván Redondo, en unas declaraciones que destilan rencor por todos los poros, hasta hace poco la mano derecha política de Pedro Sánchez, ha confirmado esas intenciones declarando en la Sexta TV en los primeros días del presente mes de octubre que “la apuesta del presidente es reformar la Constitución: adaptar el modelo territorial para satisfacer a sus socios y, de paso, borrar de la Carta Magna la mención explícita a don Juan Carlos I”.

En esas previstas negociaciones bilaterales, término ya por sí grosero para el resto de España, ERC va a exigir blindar el catalán y sacar a la Policía de Vía Layetana, transfiriendo la comisaría a la Generalitat, incluido la propiedad del inmueble, para apoyar los PGE. Lo que es lo mismo, la desaparición del idioma español en aquella región y de la Policía Nacional, subterfugio de independencia consentida y vía libre para hacer y deshacer a su antojo en el odio hacia todo lo español.

Odio y vileza en las declaraciones de la independentista Montserrat Bassa Coll en el Congreso de Diputados: “la Policía y la Guardia Civil son fuerzas de ocupación …. Llévenselas a su país”.

De momento, ya han conseguido paralizar el proyecto de la Oficina del Español que Pedro Sánchez, copiando la idea que Isabel Díaz Ayuso implantó para Madrid, quería hacer en todo el territorio nacional.

Supongo que ustedes ya conocerán el más reciente ejemplo de democracia catalana separatista. En la población de San Carlos de la Rápita, ERC montó un referéndum popular (o sea, sin control, al estilo de aquel que aprobó el independentismo catalán), para cambiar el nombre de la localidad, suprimiendo el nombre del santo y que pasase a llamarse La Rápita. Se ha votado, lo ha perdido, y dice que no vale, que hay que volver a repetirlo. Es evidente, al menos para mí, que este será el proyecto por seguir y la forma de actuar con la independencia catalana.

Discutiendo si son galgos o podencos, Barcelona se desfigura como ciudad moderna, presenta un alto índice de delincuencia callejera, ante la pasividad municipal y autonómica, habiendo sido relegada por Madrid, económica y socialmente.

En el Raval de Barcelona, en una pelea entre delincuentes, uno de ellos quedó herido de una cuchillada. El agresor es de nacionalidad libia y tiene 100 antecedentes policiales; el agredido es palestino y tiene 30 antecedentes policiales. En Barcelona hay 100 ladrones activos en la zona del centro de la ciudad que suman 4.500 antecedentes policiales. ¿Son estos los que han venido a España a trabajar para pagar las pensiones de futuras generaciones? ¿Son delincuentes reincidentes o racistas quien así los llame?

En cambio, los Mossos d’Esquadra son más rápidos en aparecer y multar a los vecinos que en el Paseo de Gracia muestran una bandera de España, como ocurrió en las primeras horas de la madrugada del 12 de octubre. ¿Dónde está la libertad de expresión de los no independentistas, es odio hacia el españolismo?

El abogado de un político huido proclama, para quien lo quiera oír, que en España no hay democracia por la presión judicial sobre su defendido. Para quien no lo sepa, este señor fue condenado a 14 años de prisión por colaboración en el secuestro del empresario Emiliano Revilla y acusado de blanqueo de capitales para el narcotraficante Sito Miñanco.

Después de un Congreso socialista para mayor gloria y esplendor del ególatra Pedro Sánchez, ahora hay que esperar los portazgos, els burots en catalán, que les conceda para seguir pensando en llegar a ser el presidente de la III República Española. De momento, los PGE 2020 proyectan unas inversiones de 2.430 MM euros para 7.756.928 censados en Cataluña y 1.151 MM euros para 6.745.591 en Madrid, lo que es lo mismo: 1,83 veces más per cápita a favor de los separatistas.

Al igual que la ranita que piensa se está bañando en agua templada y al final acaba en el agua hirviendo y muriendo, despacio, pero sin pausas, para no asustar a la ciudadanía, como los independentistas no ceden un ápice en sus pretensiones, creyéndose en posesión absoluta de la verdad y haciéndonos creer que una votación para ello sería democrática cuando la realidad es que saltaría por los aires el espíritu y la letra de la Constitución, sería en la próxima Legislatura, si ganase ese FRENTE AMPLIO, otro intento de maquillaje y blanqueamiento del agotado comercialmente Frente Popular, cuando se produciría la voladura definitiva de una España unida, de la Transición que acabó con el franquismo y quien sabe si no la vuelta a un luctuoso pasado.

Dijo Margaret Thatcher el comenzar la guerra de las Malvinas: «Ahora veremos si los argentinos son descendientes de españoles o italianos. Si son descendientes de italianos la guerra acabará pronto, si lo son de españoles la batalla será ardua, larga y dura». Tomen nota de ello desde el primero al último de los 47.344.649 ciudadanos que formamos el censo poblacional de España.

Antonio CAMPOS

Con Bildu no vamos a pactar

Pedro Sánchez ha sacado adelante los PGE con la ayuda de secesionistas catalanes y vascos. Libertad Digital escribe: «Los parlamentarios de Bildu han ayudado al Gobierno de Sanchez e Iglesias, con su rechazo a las enmiendas a la totalidad, a despejar la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. De nuevo, se ha hecho evidente la alianza del PSOE con EH Bildu, cuyo portavoz, Óscar Matute, ha celebrado en la tribuna que estaban dando el «primer paso» en la reversión «del modelo neoliberal». Desde el País Vasco, el líder de Sortu y parlamentario de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez, que ha pasado ocho años en la cárcel por pertenecer a ETA, ha sido más claro: en un pleno celebrado en el Parlamento Vasco, ha afirmado que su partido «va a Madrid a tumbar definitivamente ese régimen en beneficio de las mayorías y los pueblos”.

Durante su intervención en un debate sobre una iniciativa para reclamar una «profunda» reforma fiscal, el dirigente de EH Bildu ha criticado la postura del PNV en Madrid contrastándola con la suya: según Rodríguez, EH Bildu no tiene ninguna intención de «imitar» al PNV a la hora de intervenir en la política española. «No te equivoques; vosotros vais a Madrid a mendigar “vacaciones fiscales”; y nosotros, a arrancar derechos sociales y laborales», ha advertido».

No digo que sea el motivo, pero al menos es coincidencia que Sánchez ya ha acercado al País Vasco a 103 etarras: 25 de ellos con delitos de sangre y 111 asesinatos, entre ellos, socialistas que murieron defendiendo la unidad de España. ETA mató cuarenta y tantas personas durante el franquismo, y ochocientos y pico durante la democracia, lo que quiere decir que su lucha es contra la democracia, su objetivo es otra dictadura de izquierda en la República de Euskadi. Y ETA era una organización criminal asesina por mucho que ahora socialistas, podemos e independentistas quieran “blanquear” sus acciones, como si hubieran sido monjas hermanitas de la caridad. Que no te engañen, los etarras eran asesinos, con todos los agravantes que imaginarte puedas.

Algunos altos cargos socialistas se han manifestado públicamente en contra de este pacto con Bildu, pero ahí se queda la cosa, en buenas palabras, pero en ninguna acción para poner freno a una situación política parecida a la que llevó a España al golpe de Estado del General Franco, eso sí, contra una República que ganó unas elecciones municipales, y por tanto no generales, amañadas con actas falsificadas.

García-Page rechaza el pacto con Bildu: «Los que han atacado la vida han sido una línea no roja, sino muy negra», y afirma que no da validez al acuerdo con la formación abertzale porque no entiende los actos que se consiguen en base a la «extorsión política o la tortura política».

Paco Vázquez, exalcalde de La Coruña, socialista y católico, defiende que el pacto entre el PSOE y Bildu “ha abierto los ojos a mucha gente”. No lo sé, porque tengo un amigo al que conozco desde que teníamos seis años, desde la escuela, que tuvo que ponerse a trabajar a los doce años, de pinche de camarero, cargando las barras de hielo al hombro, sobre un saco de arpillera para que paliara algo el frio que penetraba hasta los huesos. Ha trabajado mucho para sacar adelante su familia. Socialista convencido desde su juventud, es una buena persona en el más amplio sentido de la palabra. Pero defiende el pacto con Bildu y con los independentistas catalanes porque “es la única forma de que la derecha no alcance el poder”, lo que es lo mismo, mejor la compañía del diablo, el desmembramiento de España como nación, el paro y la miseria de las subvenciones de esclavos europeos del siglo XXI, a que gobiernen ideas liberales.

En esta lucha por la independencia del País Vasco, hay en juego otro tema muy importante. El deseo del PNV, y del resto de partidos independentistas vascos, por hacerse con el poder del BBVA. Los bancos españoles, todos, por unas u otras razones, pasan en estos momentos por un periodo delicado.

Una vez producida la fusión de CaixaBank y Bankia, los bancos españoles más importantes son:

El Santander necesita más capital; al frente, la mujer más poderosa de España y una de las más notables del mundo; hizo un master en Banesto, hundiéndolo y teniendo que fusionarlo para partir de cero; a finales del pasado año, antes de la pandemia del coronavirus, sus acciones cotizaban a 3,73 euros cuando venían de más del doble cuando era presidente su padre. Por cierto, el mismo día que ha anunciado el cierre de 1.000 oficinas y un ERE para 4.000 empleados, ha autorizado la compra de un avión privado con un coste de 46 millones de euros para el trasporte de su alta dirección.

BBVA ha estado perdiendo dinero en España y sus dos joyas, Turquía y México, han tenido problemas con los correspondientes reguladores y las provisiones que han tenido que realizar; ha hecho caja con su franquicia en Estados Unidos y tiene liquidez para afrontar una fusión como comprador; tiene al frente a una persona de marcada formación informática, que sustituyó a Paco González, quien invirtió miles de millones en banca por internet que, hasta la fecha, no ha producido el retorno esperado; la cotización cerró el año pasado a 4,983 euros a donde la llevó su predecesor desde los 12,73 euros en el año 2009; los vascos consideran que es “su” banco, y quieren recuperarlo a toda costa, como futuro Banco Nacional de la República de Euskadi.

Banco Sabadell era el banco de la burguesía catalana, un magnífico banco en operaciones de extranjero, perjudicado por el riesgo comercial de crecimiento, riesgos en construcción y empresas en dificultades; cotizaba a 1,04 euros a final del año pasado, desde los 3,87 euros del año 2009.

Y, a distancia, está Kutxabank, con sede en Bilbao, creado en 2011 como un Sistema Institucional de Protección (SIP) de las tres cajas de ahorros vascas: Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK), Kutxa y Caja Vital, presidida por Gregorio Villalabeitia, procedencia Banco de Vizcaya.

En el mercado se han barajado diversas opciones sobre estos bancos; pero parece que la siguiente fusión va a ser BBVA con el Sabadell, cuyo Consejero Delegado procede del antiguo Banco de Bilbao, aunque me temo que va a quedar fuera de la cadena de mando del banco resultante, con lo que uno se quita de en medio a Ana Botín y al PNV, que no sé cuál es más peligrosos financieramente hablando, y el otro a la Generalitat, acabando así con discusiones o pactos secretos entre el gobierno nacional y los autonómicos nacionalistas. Esto no va a gustar al Gobierno, que lo que verdaderamente quiere es que su banquera Ana P. Botín absorba al BBVA.

Lo hasta aquí reflejado es la realidad del momento, nada que ver con ese apelativo de “trileros” con que la VP Carmen Calvo ha calificado a quienes no estén de acuerdo con sus ideas.

Nadie puede decir que catalanes y vascos no han dicho claramente lo que quieren, sin esconderse, con repercusión en todos los medios de comunicación y el respaldo del Gobierno actual, sí, respaldo, porque en caso contrario no hubieran pactado con ellos, por lo que no podemos llamarnos a engaño cuando se produzca, o bien los hechos anunciados, o una nueva conflagración entre hermanos, como ambos separatismos han dicho en repetidas ocasiones.

Y como bien recogen las frases que se enmarcan en las presentes líneas, Pedro Sánchez miente más que parpadea. De ahí todos los conflictos.

Ley Concursal

El pasado día uno de septiembre entró en vigor el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. Desde su aprobación en 2003, la Ley Concursal ha sido modificada en 28 ocasiones, «lo que ha generado incongruencias en su texto, problemas interpretativos y una alteración sistemática de su contenido que habían derivado en un problema de seguridad jurídica», indica el Ministerio de Justicia en un comunicado.

El texto es complejo y manejable solo para profesionales especializados en el tema. El legislador hace referencia a la ley del año 2003, manifestando que “la profunda crisis duradera por la que atravesó la economía española, evidenció los defectos y las insuficiencias de la nueva normativa, y el correlativo aumento de los procedimientos concursales no tardó en colapsar los juzgados de lo mercantil. Ha habido casos de reformas de lo reformado, en un proceso continuado de diseño y rediseño, como sucedió con el régimen de los acuerdos de refinanciación, a medida que se manifestaban las insuficiencias de las primeras soluciones, acentuando así la inestabilidad de la normativa. De aquel derecho que aspiraba a ser estable se pasó así a un derecho en perpetua refacción”.

El nuevo texto refundido cuenta con un total de 752 artículos divididos en tres libros: el primero está dedicado al concurso de acreedores, con grandes modificaciones sobre el texto anterior. El libro segundo está dedicado a ese otro derecho de la crisis que es alternativo –y, en ocasiones, previo– al derecho tradicional de la insolvencia. El libro tercero incluye las normas de derecho internacional privado de la insolvencia, hasta ahora circunscritas al concurso de acreedores, que deberán aplicarse a los acuerdos de refinanciación y a los acuerdos extrajudiciales de pagos.

El Derecho concursal se reivindica como una herramienta fundamental para la conservación de tejido empresarial y empleo; y de ello es consciente el legislador y la propia Unión Europea, dice la introducción al nuevo texto legal.

Evidentemente, esa es la razón de las muchas rectificaciones legales habidas sobre la Ley Concursal. En estos momentos de manifiesta crisis económica, que puede llegar a ser financiera en el momento que los bancos tengan que soportar la morosidad originada por el impago de los préstamos avalados por el ICO, el Estado, que no va a hacer frente a los avales porque no tiene liquidez, va a prorrogar el periodo de carencia hasta marzo de 2022 como alternativa a emitir más deuda pública, que comprarían los propios bancos para así poder cobrar esos préstamos, aunque todo esto parezca un poco lioso, el resumen es más deuda, esa que dijo Podemos que no había que pagar antes de estar en el poder, más la parte no cubierta por los avales, más las hipotecas impagadas, que van a aumentar de forma considerable al haber caído el empleo en cientos de miles de personas, más las de PYMES que no se han recuperado de esta crisis, y ya veremos cuales son las que se recuperan, más las grandes empresas que se sostienen únicamente por presiones gubernamentales para que no aumente el número de parados, todo ello consumirá recursos propios de los bancos, que tendrán que acudir al mercado en busca de ampliación de capital, que ya veremos si son capaces de completar dada su bajísima cotización actual y su falta de rendimiento vía dividendos.

Además, los bancos son los principales perjudicados en los Concursos porque, no hay que engañarse, son muy pocas, en términos relativos, las empresas que superan esa situación y pagan a sus acreedores y, en el mejor de los casos, con una quita que muchas veces llega hasta el 80% del principal, sin devengo de intereses y a pagar en ocho o diez años; total, la ruina para los proveedores que, como todo va en cadena, presentan Concurso a su vez.

La peor situación de impago que se puede presentar es un Concurso. En cualquier otra situación, puede llegarse a un acuerdo, a un pacto y a unas condiciones privadas que pudieran hacer subsistir a deudor y acreedores. Pero en el Concurso, no. Los únicos que cobran de forma segura, son los administradores del concursado, nombrados por el juzgado correspondiente; y cuanto más dure el Concurso, más tiempo siguen cobrando. El resto, si hay solvencia no supervalorada, cobran las migajas de la forma descrita en el párrafo anterior.

Fuente: empresaactual.com: “Antes de la gran crisis de 2008 había en España unos 1000 concursos al año que llegaron a un máximo de 10.000 en 2013 para luego ir cayendo hacia 4000 el año pasado, 2019.

En el mes de septiembre 2020 se han registrado 379 concursos y 1.639 disoluciones en España. Así lo afirma el nuevo Estudio sobre Concursos y Disoluciones realizado por Informa D&B. Estos datos suponen que los concursos empresariales en septiembre se incrementan un 70% respecto al mes de agosto y un 18% más que el pasado año. En este sentido hay que destacar que el 61% de los concursos declarados en septiembre termina en liquidación de la empresa.

El estudio afirma que las microempresas representan el 82% del total de concursos empresariales en septiembre. En este sentido, el 15% se encuentran en la categoría de pequeñas empresas y algo más de un 2,5% en la de medianas. Tan solo una gran empresa ha iniciado proceso concursal este mes. Cataluña es la comunidad con más concursos desde enero, con 719, por delante de Madrid que acumula 561”.

En mi opinión, lo verdaderamente malo en economía vendrá el próximo año 2021, una vez que empresas, autónomos y particulares se convenzan que no pueden pagar, por falta de ingresos, a los que se sumarán los que no quieren pagar, morosos perpetuos a los que los bancos, una vez más y no haciendo caso de los dictámenes automatizados con millones de datos en sus entrañas, se han disputado para ver crecer sus cifras de negocio y que sus directivos cobrasen el “bonus”, y no me estoy refiriendo al director de una oficina, sino a esa docena de elegidos que forma el Comité Central de todos los bancos y que ganan más de 600.000 euros anuales.

La pandemia por coronavirus, con más de un millón de muertos en todo el mundo en el momento de escribir estas líneas, es actor principal en esta grave situación económica y, probablemente, financiera que pudiera presentarse. Pero los medios previstos por el Gobierno en los PGE es el “cuento de la lechera”, basados en una recuperación rápida en uve (V), estimando que la inversión crecerá un 15%, frente a la caída del 18,3% prevista para 2020, y un gasto público que aumenta el 33,3% sobre el de este año, con una previsión de subida de impuestos de 34.000 millones de euros más que en 2020, grabando más a los que más aportan: subirán tres puntos el gravamen de las rentas del capital de más de 200.000 euros al año; y dos puntos el IRPF de las rentas del trabajo de más de 300.000 euros.

Según el Instituto de Estudios Económicos, la subida de impuestos a las rentas altas provocará un efecto bumerán en la economía española. No solo habrá una «fuga de talento», menores inversiones e ingresos tributarios, sino que además provocará un aumento del paro, una pérdida de empleo de hasta el 4% adicional, sin desgravaciones fiscales a las empresas, falta de ayuda a la investigación, restricciones sanitarias, regalías a quien no hace nada ni nada aporta a esta nación y elevar el gasto en subvenciones caritativas a quienes viven del cuento, lo único que va a servir es para retirar dinero de la circulación para consumo, salida de grandes capitales y ausencia de inversiones de quienes tienen mucho dinero en todo el mundo, que los hay, ante el miedo a un gobierno que cambia las leyes cuando a ellos no les favorecen y que prima al que no genera riqueza, ante quienes sí lo hacen, tanto trabajadores como los empresarios.

Qué se nos oculta

Durante algún tiempo, tres años de mi vida, me dediqué a investigar delitos financieros, que los hay, de todo tipo y en todos los sitios. Lo primero que aprendí, bueno la verdad es que llegué con ello aprendido porque solamente los políticos llegan a un cargo público sin tener idea de la responsabilidad que se les encarga y de ahí los miles de asesores que pagamos todos los españoles, es que uno debía parase a pensar cual podía ser el MOVIL del delito, siempre presunto y con la carga de la prueba por parte de quien acusa.
En los muchísimos asuntos que cayeron sobre mi mesa, no siempre pude llegar al fondo de ellos ni probar aquello de lo que estaba seguro se había producido, con muchas más dificultades y zancadillas cuanto más alto, en cualquier sentido, era el puesto de quien, presuntamente, había delinquido o permitido que otro delinquiera.
Hay una cosa que se llama “signos externos” que es prácticamente común a todos los casos: Alguien que gana dos mil quinientos euros mensuales, no puede tener un chalet en Madrid, una casa en la sierra, dos hijos estudiando en Suiza, un coche Mercedes y dos domésticas que ayudan a su esposa en la casa. Y aunque muchos de ustedes no lo crean, hay miles de personas en esa situación. No voy a detallar cómo lo hacen, pero créanme, muchos; desde albañiles a presidentes de grandes empresas, desde gente que vive en poblados de absorción a los que lo hacen en urbanizaciones privilegiadas, personajes públicos y privados, de todas las razas, colores y situación social.
La última noticia sobre este tema, publicada en los medios de comunicación, es la de un mosso d’esquadra de 31 años que llevaba una vida de gran lujo: se dedicaba al tráfico de drogas. Es lo que se llama “un soguilla”, una pieza sin la que el engranaje no funcionaría, pero que está muy lejos del poder de decisión. Ese poder de decisión que es lo que parece está prohibido investigar en España.
¿Cuál es el móvil por el que el Pedro Sánchez está aceptando todo aquello que criticaba de Podemos? ¿Qué contenían las maletas de la VP presidenta de Venezuela en su parada nocturna en el aeropuerto de Madrid? ¿Dónde están los que piensan en el futuro y no en remover el pasado, sangriento por todas partes?

La Asociación Europea de Magistrados, con sede en Roma, ha hecho un comunicado que, entre otras cosas, dice: “La Asociación Europea de Jueces expresa su gran preocupación porque España está dando un paso atrás en los objetivos fundamentales para la independencia del poder judicial. En lugar de aprovechar esta oportunidad legislativa para reformar el sistema de designación de los jueces del CGPJ reforzando las garantías de independencia de los jueces y magistrados, como pilar fundamental del estado de derecho, …… la presente opción aumentará el riesgo de influencia política indebida en el nombramiento de los miembros del Consejo y en el sistema judicial en su conjunto, dañando la percepción de la sociedad sobre una independencia judicial efectiva”.
El dinero del rescate europeo no acaba de llegar, nadie se fía ya de España. El economista alemán, profesor de la Universidad de Múnich, Friedrich L. Sell, alerta sobre España: «No es responsable transferir fondos al Gobierno actual, están fallando todos los poderes del Estado, puede ser que se necesite al Banco Mundial o al FMI para identificar, primero, proyectos significativos que merezcan apoyos”. Y es que Europa está viendo el desmesurado incremento de la Deuda Pública Española, sin que se hagan inversiones productivas ni haya creación de empleo, con unos presupuestos expansivos del gasto sin ningún retorno que no sea político, de marcado carácter marxista-comunista, contrario a los pensamientos democráticos del resto de países de la Unión Europea.
Los Presupuestos Generales del Estados previstos, son contrarios a lo que está haciendo toda Europa; aquí se suben los impuestos, dicen que a los ricos; mentira. ¿Alguien cree que los ricos beben en vasos de plástico, comen en platos de plásticos o beben gaseosa o cubatas con Coca-Cola? Los ricos beben en copas de cristal de Bohemia, whisky Macallan, coñac Remy Martin XO, o champan Clicquot La Grand; los impuestos a la compra de valores en Bolsa (tasa Tobin), los pagarán quienes ahorran en un plan de inversión o en un plan de pensiones para su vejez; los impuestos a empresas de tráfico empresarial a través de internet (tasa Google), los pagarán los usuarios finales, que son los más pobres, los que buscan las oportunidades más baratas del mercado, no los ricos que compran en Loewe o en Rolex; los impuestos de donaciones y sucesiones (¿cuántas veces ha dicho el PSOE que se trataban de impuestos abusivos, duplicados y que había que suprimir?), los pagarán los más pobres, porque los ricos están debidamente asesorados y distribuidos sus bienes de tal forma que son los que menos pagan.
Mientras tanto, las colas para poder comer o recoger comida en las instituciones de beneficencia privada son cada vez mayores, y hay menos existencias con la que atender la demanda porque todo el mundo ha bajado uno, o varios, peldaños en su nivel de pobreza.
El Gobierno está aprovechando la pandemia del coronavirus y la crisis económica que está provocando el confinamiento y la falta de trabajo (el 43% de los jóvenes están en paro), para imponer, con la colaboración necesaria de un garbancero turolense, una forma de actuar autárquica y excluyente a cualquiera que intente oponerse a ello.
La Comunidad de Madrid mejora los datos del coronavirus por los que se ha confinado a las ciudades más importantes de la región, pero el ministro Illa (seguro que él no ha sido, que está deseando volver a Cataluña como optante a molt honorable president, aunque se quedará de botijero de Ferraz) rebaja la cifra de 500 positivos que decretó hace un par de semanas, a 200, o a 100 si fuera preciso, para seguir teniendo el control ciudadano y tratar de descabalgar políticamente a la presidenta de la Comunidad.
En los años de la Transición, Mari Trini cantaba una canción que se titulaba Libertad y que decía: Yo que canté / Siempre en las jaulas / Unas de hierro, / Otras de plata, / Unas de pena, / Muchas de rabia, / Me acostumbré a ser / Tierra liberada.
La libertad / No te la regalan, / No es patrimonio, / Ni hereditaria / Ni contagiosa, / Sí milenaria. / La libertad, / La libertad, / Hermosa palabra. / No la ensuciemos, / No la exhibamos / Como a una estatua. (…)
Son unos momentos en los que están en juego la libertad y la democracia y, desde luego, ni el marxismo ni el comunismo es libertad ni democracia.

Sin presupuestos

Pedro Sánchez, a la sazón presidente del Gobierno de España, tuvo ayer un lapsus de memoria sobre lo pactado entre él y Podemos (obsérvese que digo él y no el Partido Socialista Obrero Español porque él no representa ya a todos los afiliados de ese partido) sobre el tema de la Reforma Laboral, diciendo que ambos partidos habían pactado derogar sólo los aspectos más lesivos, pero lo cierto es que en su acuerdo de Gobierno habían acordado derogarla íntegramente. Podemos empieza a desconfiar de Pedro Sánchez, por esta y por otras razones, entre ellas la información que el CNI facilitó a los gobiernos anteriores sobre sus actividades en América Latina, y esa es una de las razones por las que los PGE – Presupuestos Generales del Estado “se aprobarán para el verano”, la frase más importante que pronunció en una entrevista de esas que el veterano periodista José María García tildaba con un adjetivo del que no me quiero acordar.

Los secesionistas catalanes han dicho por activa y por pasiva que no prestarán su apoyo a los PGE hasta que no se hayan establecido acuerdos concretos en esa mesa negociadora entre los dos gobiernos, anunciando una “reunión bilateral” con el presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, la primera semana de febrero en Barcelona. Dos presidentes del mismo rango y, además, jugando el partido en campo ajeno.

Esa reunión y esa mesa negociadora es como el que va a misa, que se sabe va a rezar; o el que va a un restaurante, que se sabe que va a comer; o el que va a un puticlub, que se sabe a lo que va. El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés lo ha dejado muy claro: El encuentro Sánchez-Torra es para abordar la independencia de Cataluña.

“Esto no es una reunión como las otras. El encuentro determinante no es entre el presidente del Gobierno español y una Comunidad Autónoma que tiene problemas autonómicos. Si no que es entre el presidente de España y el presidente de Cataluña, que se sentarán a resolver un problema político, que es sobre la independencia de Cataluña”, ha dicho el líder republicano en una entrevista en TV3.

«Desjudicializar el conflicto» en Cataluña no implica «impunidad». «Si yo no hiciera cumplir la ley estaría prevaricando», ha dicho Sánchez. «Hay que devolver a la política una crisis y un conflicto que es político. Y no podemos escondernos detrás del Tribunal Supremo». A todo esto, le pone una guinda, para adornar: “Rebajaremos la pena para los delitos de sedición”.

En cuanto a los vascos y junto a otras competencias, entre las que se incluyen la retirada del Ejército y la Guardia Civil, Sánchez traspasará la gestión de la Seguridad Social al Gobierno vasco, fragmentando la caja única. Otros que tampoco se fían y que esperan a que se cumplan sus pretensiones para votar los Presupuestos.

Con todo ello, Pedro Sánchez va a estar un año más con los Presupuestos aprobados por el anterior gobierno del Partido Popular, lo que no le va a impedir subir los impuestos: «Si tiene que haber justicia social tiene que haber justicia fiscal» …… «Los que más tienen deben aportar más a las arcas públicas», ha dicho. A sensu contrario, no ha habido justicia social ni fiscal, ni los que más tienen han aportado más, durante todos los gobiernos anteriores, incluidos los muchos años que han estado en el poder sus conmilitones socialistas. Cuando se aprieta mucho, muchísimo, una pera con una maroma, la pera termina por romperse y es inservible para su cometido de ser utilizada como fruta. Todo, en su justa medida. Y que se enteren de cuántos españoles se están haciendo residentes aquí al lado, en las playas de Portugal.

 

 

Acuerdo Presupuestos Generales de España 2019

 

La semana pasada se firmó por Pedro Sánchez y por su Valido Pablo Iglesias, un Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado para 2019. Este acuerdo no lo fue por parte del PSOE, sino por el Gobierno de España, que puede parecer lo mismo, pero no lo es, en papel con los membretes de Unidos Podemos y del Gobierno de España. Quisiera creer que una gran mayoría de afiliados y simpatizantes del PSOE no respaldan este documento que, en mi opinión, es el más nocivo para los intereses de España en este periodo democrático que iniciamos en el año 1978.

He repasado detenidamente su contenido, que resumo a continuación con párrafos parciales textuales para que nadie pueda oponer nada a su veracidad, y pongo en cursiva mi opinión, que es una pizca de sal sobre pasteles muy bien presentados, en cada uno de los temas tratados. Por su extensión, será publicado en PUERTA DE MADRID en semanas sucesivas.

Presupuestos Generales alternativos

Supongo que al final se aprobarán en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado más socialdemócratas del presente siglo en España.

Podemos, que quiere ser el niño en el bautizo, el novio en la boda y el muerto en el entierro, es líder político en efectos mediáticos, de gran impacto en aquellos menos preparados de la sociedad. Sus “Presupuestos Alternativos” es una enmienda a la totalidad de los presentados por el Gobierno Español.

Bajo el rótulo “Plan Presupuestario para 2017”, está basado en un fuerte incremento del gasto público, a costa de unos impuestos mucho más altos. Incluye, entre otras, las siguientes medidas:

• Eliminar los topes de gastos en las cuentas de la Administración Local.
• Un «Plan de Renta Garantizada» (3.200 millones) para complementar los ingresos de las personas «que se encuentren con un nivel de renta inferior al umbral de la pobreza» (menos de 8.200 euros en caso de hogar unipersonal y 17.240 euros para familias con dos adultos y dos menores de 14 años).
• Elevar un 1,5% las pensiones contributivas (1.617 millones de euros); y aumentar las pensiones no contributivas (825 millones de euros).
• Un «Plan Nacional de Transición Energética» (1.500 millones de euros).
• Más inversión en infraestructuras públicas (1.000 millones de euros).
• «Plan de rescate de la ciencia» (940 millones de euros).
• Subir el sueldo a los funcionarios hasta un 2,7%, creando un total de 67.000 mil funcionarios más durante el año 2017
• «Plan de empleo«para parados de larga duración, cuyo coste estima en 225 millones de euros, y que consiste en repartir dinero entre los ayuntamientos para que contraten a unas 75.000 personas para realización de «servicios públicos municipales».
• A esas cifras habría que añadir una ampliación de la oferta pública de empleo (OPE) de 90.000 nuevas plazas anuales, cuyo objetivo sería cubrir con plazas de funcionarios los actuales puestos de interinos. Esta medida no supondría, por tanto, nuevo empleo público, pero sí la conversión de interinos en funcionarios.
• Así pues, en total, excluyendo la conversión de interinos, Podemos plantea engordar las plantillas públicas en casi 000 nuevos trabajadoresa lo largo del año.

En cuanto a los ingresos, enumera una serie de subidas fiscales cuyo impacto recaería, principalmente, sobre los hombros de millones de ahorradores en España:

• Eliminación de beneficios fiscales para familias y empresas, con especial atención a los planes privados de pensionesen el IRPF, cuyo número de partícipes en España supera los 9,7 millones. Esta medida se traduciría, por tanto, en un IRPF más alto para millones de asalariados que, hoy por hoy, se pueden deducir hasta un máximo de 8.000 euros al año en aportaciones.
• Incremento del gravamen sobre las rentas del capital en el IRPF: estas rentas, procedentes de la rentabilidad del ahorro mantienen un gravamen inferior a las rentas del trabajo. El plan de Podemos consistiría en aumentar su progresividad para que tributen de forma similar, lo cual también perjudicaría a millones de ahorradores que tienen su dinero en depósitos, bolsa o fondos de inversión.
• Destopar las cotizaciones sociales: se eliminaría la actual base máxima de cotización (3.642 euros brutos al mes), aumentando la carga fiscal de todos aquellos trabajadores que superen dicho umbral y que, según diversas estimaciones, rondan el millón de asalariados, sin contraprestación a la hora de recibir la pensión de jubilación.
• Cuota progresiva de autónomos: Eliminar las cotizaciones para los autónomos que cobren por debajo del salario mínimo interprofesional (707,60 euros), pero subírsela al resto, de modo que los autónomos coticen de acuerdo a sus ingresos reales y no como sucede en la actualidad, donde más del 80% cotiza por la base mínima.
• Otras medidas tributarias: Impuesto de solidaridad sobre los beneficios de la banca, impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas, eliminar las Sicav, aplicar un «impuesto de transacciones financieras», acabar con las bonificaciones a la contratación de trabajadores…
• Remunicipalizaciónde servicios como el agua, la luz o la recogida de basuras y la gestión de residuos. En realidad quieren tomar el control de las empresas y sus activos, es decir, expropiar sin pagar justiprecio.
• Propuesta para nacionalizar los “sectores estratégicos”, esto es, energéticos, financieros y de telecomunicaciones.

No se dice nada del pago o no de la deuda soberana, de las Fuerzas Armadas, de la unidad de España ni de la propiedad privada. Y parece ser que estuvieran dispuestos a liderar una moción de censura al Gobierno, presentando al socialista marxista Pedro Sánchez como optante a nuevo Presidente del Gobierno pues, en principio, sería la única forma que tendrían para llegar al poder central y controlar a todo aquel que no estuviera de acuerdo con sus ideas, sobre manera al CNI y las Fuerzas Armadas. Menos mal que el presidente de la Gestora del PSOE, Javier Fernández, es una persona que antepone el bien general al particular de algunos, en un Partido claramente dividido en socialdemocracia y marxismo, del que depende el futuro de España, y le ha contestado con dos frases demoledoras:

“Ya conoces las razones por las que no creemos que una moción de censura sea la respuesta adecuada. No intentaré reiterártelas, porque pienso que no hace falta y porque si todavía no lo has entendido, creo que va a ser inútil”.

“Tengo la sensación que pretendes regresar como salvador a la escena del crimen”.

La propuesta de Podemos es aumentar una ya mastodóntica Administración Pública, sin oposiciones, haciendo funcionarios públicos a los enchufados políticos y sindicales que ahora ocupan los puestos de forma circunstancial, en vez de reducirla y ajustarla a las técnicas informáticas y robóticas actuales; creamos parados de por vida al subvencionarlos de forma continuada en el tiempo; y todo, a cambio de subir exponencialmente los impuestos a los que trabajan que, algunos, hasta ahorran.

No sé lo que pasará en España en el futuro, pero nadie puede llamarse a engaño. La idea de la izquierda radical podemita es la de Cuba o Venezuela, una dictadura enmarcada en unas votaciones similares a la democracia orgánica de Franco. Los que tenemos cierta edad, sabemos de ello, que las palabras se las lleva el viento y que la tranquilidad política viene de tranca. Ojalá no volvamos a tiempos pasados, de uno ni del otro extremo.

 

Publicado en PUERTA DE MADRID de Alcalá de Henares, num. 2469

Publicado en el Blog de Campos el 13-05-2017