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Ministro de Justicia

El nuevo ministro de Justicia es Juan Carlos Campo Moreno (Osuna, Sevilla, 1961), juez de carrera, magistrado, diputado del PSOE por la provincia de Cádiz desde 2016. Fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía (1997-2001); y desde 2001 a 2008, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a propuesta del PSOE. En febrero de 2009 fue nombrado secretario de Estado de Justicia, hasta 2011. Portavoz del PSOE en la comisión de Justicia del Congreso, contrario furibundo de la prisión permanente revisable, divorciado y padre de dos hijos, es actual pareja sentimental de la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Meritxell Batet. Persona de máxima confianza de Pedro Sánchez, está destinado a ser uno de los grandes protagonistas de esta legislatura.

 

Sobre su nueva mesa ministerial, arden los siguientes problemas:

Deberá renovar el CGPJ – Consejo General del Poder Judicial, y un tercio del Tribunal Constitucional, en un momento en el que la política pretende instalarse en ambos.

Deberá controlar vs pelearse con la nueva Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, anterior ministra de Justicia, que es el eslabón perdido para la subordinación de la justicia, el poder del Estado que más se le resiste a Pedro Sánchez, “ministra” en la sombra para satisfacción de los secesionistas, chavistas y bolivarianos españoles. Sánchez dijo hace dos meses: «¿De quién depende la Fiscalía?… pues eso». Y no quiero pensar que la ambición del poder perpetuo le lleve a nombrar a los jueces directamente, como se pretende en el borrador de la Constitución de la inexistente Republiqueta Catalana, muy propio de cualquier dictadura y a lo que ni siquiera se atrevió Franco.

De momento, ya le ha salido un grano purulento en la punta de la nariz: “Pedro Sánchez ha asumido con ERC el compromiso de vaciar los tribunales de causas abiertas contra los separatistas. El pacto invade de este modo la independencia judicial y pisotea la capacidad de actuación de la Fiscalía al asumir, como compromiso de Gobierno, “el reconocimiento del conflicto político y la activación de la vía política para resolverlo […], superando la judicialización del mismo”. OK diario del 03-01-2020.

En consonancia con ello, ya tenemos el primer ejemplo: La nueva Fiscal General del Estado, al día siguiente de su nombramiento, avala que se suspenda la inhabilitación por desobediencia dictada por la Junta Electoral contra Quim Torra hasta que su condena sea firme. De esa forma, Pedro Sánchez y Quim Torra podrán reunirse, como estaba previsto, como presidentes del mismo rango, para seguir negociando las concesiones a los secesionistas.

Deberá fijar la posición que tendrá a partir de ahora la Abogacía del Estado en todos los asuntos que afecten a Cataluña y el desafío independentista. Edmundo Bal, que hasta hace poco más de un año fue el jefe de la Sección Penal de la Abogacía del Estado, y se opuso a que ésta rebajara la acusación a los cabecillas del procés de rebelión a sedición, fue fulminantemente destituido por Dolores Delgado. Y dejó clara su opinión al respecto: “Por favor, a la Abogacía del Estado que no la manipulen, que no la utilicen, que no la instrumentalicen con fines puramente políticos porque es la Abogacía del Estado y no la Abogacía del PSOE”.

Decidir qué hacer si la Fiscalía General del Bolivia imputa a alguno de los que ha reclamado en calidad de testigos: Pablo Iglesias, José Luis Rodríguez Zapatero, Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón y el ex juez Baltasar Garzón, para esclarecer las causas del incidente diplomático entre España y el país sudamericano, ocurrido el pasado 27 de diciembre, en la Embajada de México.

Afrontar el descontento de jueces y fiscales ante las cargas de trabajo que soportan y la forma de trabajar, más propio del siglo pasado que del actual.

Deberá gestionar el tema de los presos del procès y los problemas derivados del mismo con la Unión Europea, entre ellos, las euroórdenes o los suplicatorios pedidos al Parlamento Europeo por su buen amigo el juez Llarena.

Deberá “inventar” nuevas leyes que permitan modificar la Constitución por la puerta trasera, a fin de que su jefe Sr. Sánchez pueda cumplir con el peaje prometido a aquellos que le han apoyado en su elección parlamentaria como Presidente.

Es un hombre preparado, escrupuloso y meticuloso en sus intervenciones. Ahora, como ministro de Justicia, es el momento de demostrar que la Justicia, con mayúscula, es totalmente independiente, y está por encima, del poder político y de los egos personales, como él mismo dijo el pasado 18 de diciembre cuando recibió el premio a la Excelencia y Calidad en la Justicia por parte del Consejo General de Procuradores de España:

“La pasión por la Justicia ha vertebrado mi vida. Debemos luchar por tener una justicia pronta, eficaz e imparcial”. Si es así, que la nación se lo premie; y si no es así, que el pueblo se lo demande.