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Ley de Seguridad Nacional

El Consejo de Ministros ha analizado el Informe del Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, según la cual prevé la declaración por el presidente del Gobierno de las situaciones de interés para la seguridad nacional.

Dicha Ley se apoya en el artículo 30, apartado 4, de la Constitución Española, que dice: “Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública”.

Lo que los “padres” de la Constitución no valoraron en su momento, probablemente porque todos ellos, desde la extrema derecha a la extrema izquierda, pensaron en una España unida, libre y democrática, es que ningún partido político utilizara ese artículo en beneficio propio, asidero ardiendo para tomar o permanecer en el Gobierno mediante plenos poderes a un presidente que posibilitaría eliminar los controles de todo tipo a sus decisiones personales.

Aprovechando que “la crisis provocada por la pandemia de la Covid-19 ha expuesto vulnerabilidades que afectan a la seguridad nacional y al bienestar de los ciudadanos, como son la dependencia del abastecimiento exterior y la fragilidad del flujo comercial internacional”, el proyecto de modificación otorga al presidente del gobierno “la potestad de dictar directamente el Real Decreto de declaración de la situación de interés para la Seguridad Nacional, sin necesidad de reunir previamente al Consejo de Seguridad Nacional” o al Congreso de los Diputados.

“La actuación de la seguridad nacional, mediante la declaración por el presidente del Gobierno de una situación de interés para la seguridad nacional, permite integrar la acción de todos los recursos disponibles de las administraciones públicas afectadas, e incluso aquellos que estuvieran en mano de particulares, mediante el ejercicio de las potestades ordinarias previstas por el ordenamiento jurídico”. Traducción: El presidente del Gobierno podrá expropiar cualquier bien que considere clave por Real Decreto, sin pasar ni por el Congreso ni por el Consejo de Seguridad Nacional, y, además, podrá saltarse los trámites “si existen razones de urgencia o de oportunidad que así lo exijan”.

Se “podrá proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes, así como a la intervención u ocupación transitoria de los que sean necesarios y, en su caso, a la suspensión de actividades”.

“En los casos de situación de interés para la Seguridad Nacional, cualquier persona, a partir de la mayoría de edad, estará obligada a la realización de las prestaciones personales que exijan las autoridades competentes, siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional o de la autoridad funcional, sin derecho a indemnización por esta causa, y al cumplimiento de las órdenes e instrucciones, generales o particulares, que aquellas establezcan”.

Habla de la posibilidad de nacionalizar empresas para crear “una Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial” para asegurar la disponibilidad de los servicios esenciales y el suministro de bienes básicos.

“Los documentos y la información manejada por el Sistema de Seguridad Nacional quedan excluidos del derecho de acceso a la información pública”. Esto abre la vía para que cualquier contrato que afecte a “situaciones de interés para la seguridad nacional” pueda ocultar quiénes son los adjudicatarios de los contratos “de carácter estratégico que permitan autoabastecer a España bajo condiciones excepcionales” y quede fuera de control parlamentario

“Los medios colaborarán con las autoridades en la difusión de informaciones preventivas y operativas”. “El parte de las diez de la noche” de la época franquista: Solo es verdad lo que el presidente ordene que se diga.

Este proyecto de modificación podría resumirse en que La Ley de Seguridad Nacional permitirá al presidente del Gobierno expropiar bienes, nacionalizar empresas, movilizar a los españoles y obligar a los medios de comunicación a publicar lo que él considere oportuno, sin control de ningún tipo.

Todo ello se basa en “situación de interés para la seguridad nacional”. La riqueza del idioma español es tan grande que en ese enunciado general podrían caber situaciones como:

•        Pandemia sanitaria

•        Huracanes, inclemencias del tiempo, pérdidas de cosechas

•        Ataque cibernético

•        Necesidad de inmuebles para acoger a inmigrantes

•        Posibilidad de suspensión de pagos del Reino de España

•        Independencia de alguna/s autonomía/s

•        Guerra civil – Guerras o injerencias con terceros países

Que podrían desembocar en:

•        Vacunaciones forzosas, registros sanitarios públicos, discriminación por razón de situación médica.

•        Fallecidos sin testar, beneficiario el Estado, por interés nacional.

•        Expropiación de alimentos, campos de cultivo, camiones de transporte, carreteras cortadas, naves y locales por necesidades de contingencia nacional.

•        Expropiación casas y viviendas para alojar a inmigrantes y parados permanentes.

•        Cierre de iglesias y locales católicos para que, por seguridad nacional, no se produzcan choques ideológicos o religiosos.

•        Cese de funcionarios, sanitarios, jueces, de instituciones y organismos públicos, militares, y policía que no estén de acuerdo con determinadas políticas.

•        Requisa de cualquier tipo de carácter sanitario, medioambiental, económico, financiero, etc., en cuyo concepto queda incluida cualquier tipo de empresa privada.

•        Embargo y/o expropiación de depósitos bancarios a particulares y empresas que han generado un ahorro con su trabajo y esfuerzo diario, para pagar la Deuda Pública con la que se mantiene a los que no aportan nada vía impuesto a la sociedad. Como el texto habla del “carácter temporal” de la medida, podría ser de dos o tres generaciones hasta que la deuda alcanzase un porcentaje asumible.

          Cuidado con este tema; Nouriel Roubini, profesor de Economía en la Universidad de Nueva York, que predijo con exactitud la crisis de 2007, ha dicho que los niveles de deuda pública y privada se encuentran en máximos de las últimas décadas, mientras que la inflación empieza a asomar la cabeza, azuzada por unas políticas fiscales y monetarias sin precedentes. “Se está preparando el escenario para la madre de las crisis de la deuda estanflacionaria (aceleración de la inflación coexistiendo con tasas de desempleo elevadas) en los próximos años”. Y la realidad confirma este pronóstico: El IPC general en Estados Unidos, interanual a junio 21, es del 5,4%.

Esta relación es una muestra, no limitativa, de hasta dónde podrían llegar los conceptos de “crisis” e “interés” para la seguridad nacional.

Como esta norma obligaría todos los ciudadanos, sin excepción, a cumplir las órdenes e instrucciones que impartan las autoridades de acuerdo con las directrices fijadas por el Consejo de Seguridad Nacional, a ver si Pedro Sánchez es valiente y la utiliza para “la seguridad nacional” contra quienes atentan a esa seguridad “nacional” mediante sus actuaciones de secesión e independencia del total “nacional” de España.

Estamos hablando de la posibilidad de un “estado de excepcionalidad permanente”, propio de países comunistas, chavistas o castristas, que incluía Podemos en su programa electoral, pero que los ciudadanos no nos paramos a leer, estudiar y reflexionar, antes de votar, impropio de una democracia consolidada, de un país que es frontera europea ante una inmigración incontrolada que, en su mayoría, quiere imponer costumbres medievales, muy alejadas de posiciones democráticas, exigiendo unos derechos que ni se les ocurre plantearse mentalmente en sus países de origen.

Cuanto antecede se pretende realizar mediante una Ley Ordinaria, un Real Decreto, y no como una LEY ORGÁNICA, que son aquellas referidas a asuntos de tal importancia para la nación, que su aprobación requiere de un consenso y procedimiento aprobatorio por el poder legislativo por mayoría absoluta.

Hay que distinguir entre lo urgente y lo importante; únicamente cuando a lo uno se junta otro, es el caso puntual en el que alguien puede asumir la responsabilidad personal que afecte a un colectivo público, con control a posteriori. En una democracia, nadie puede tener poder absoluto en nada y sobre nadie, impensable sin control parlamentario, por mucho que los constituyentes no supusieran que, a futuro, hubiera un mentiroso compulsivo que antepusiera su egolatría a la libertad y la democracia de los ciudadanos.

¿Y la oposición, Sr. Casado? No piense que con su discurso melifluo y sin un programa alternativo va a llegar a la Moncloa. Porque Pedro Sánchez será lo que sea, pero le saca dos años de adelanto, él ya piensa lo que puede pasar de aquí a dos años y ha empezado su partida de ajedrez colocando a sus peones para dar jaque mate a los reyezuelos autonómicos que osan contradecirle, mientras usted más que casado parece cónyuge político supérstite. Mire cómo acabó Rajoy, y reflexione.