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Wellcome – Esto es jauja

El Gobierno flexibiliza las normas para evitar una expulsión masiva de inmigrantes. La Dirección General ha enviado esta semana tres extensas órdenes a las oficinas de Extranjería de toda España para facilitar el arraigo, la reagrupación familiar y las renovaciones.

Autor: Ángel Villarino en El Confidencial del 10-06-2020

El Gobierno ha flexibilizado esta semana los trámites para la regularización de inmigrantes, un paso que abogados especializados consideran “un giro de orientación brusco y muy trascendente”.

El lunes, la Dirección General de Migraciones envió tres extensas órdenes con instrucciones a las oficinas de Extranjería de toda España para facilitar las tres herramientas principales de las que disponen los extranjeros para legalizar su situación: el arraigo social, la reagrupación familiar y las renovaciones de permisos. Todo en el contexto de la pandemia y de la nueva renta mínima de inserción, que queda fuera del alcance de quienes residen en España en situación irregular.

“Dentro de este objetivo de que nadie quede atrás”, señala una de las órdenes, “se encuentran también, como no puede ser de otra forma, los ciudadanos extranjeros que residen en España”.

En España viven legalmente más de cinco millones de migrantes. Con el parón económico provocado por el covid-19, una aplicación estricta de las normas actuales —tal y como se venía haciendo— habría dejado a cientos de miles fuera del sistema, ya que serían incapaces de cumplir los requisitos de renovación de sus permisos. Sobre todo,los relacionados con su situación laboral y sus ingresos.

Para no abocarlos a la clandestinidad, la Secretaría de Estado de Migraciones ha dado órdenes de flexibilizar varios procesos y rebajar las exigencias. Así, ha instado a los funcionarios a ser “generosos en la interpretación de las normas para el mantenimiento de la situación legal de los inmigrantes”, en palabras de Francisco Solans Puyuelo, vicepresidente portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas. Se trata de instrucciones internas del ministerio de José Luis Escrivá que no necesitan pasar por el BOE.

Una de las novedades más llamativas es que se renovarán de manera ordinaria los permisos de residencia de quienes cobran el paro o están recibiendo “prestaciones económicas asistenciales de inserción”, incluida la renta mínima vital. Es decir: en esos casos ya no será necesario presentar un contrato en vigor.

También se flexibilizan las exigencias para aquellos que no han conseguido trabajo o subsidios estables estos meses. A la hora de renovar los papeles, además, no será obligatorio cumplir ciertos trámites burocráticos —como el informe de integración, que se simplifica— que hasta la semana pasada se exigían sin excepciones. Por ejemplo, todas las extinciones de contrato ocurridas a partir del día uno de marzo, se considerarán por causas ajenas a la voluntad del extranjero. También se dará por cotizado todo el estado de alarma para los autónomos, se obviarán las reducciones de jornada, etcétera.

La orden no solo relaja las normas para quienes tienen que renovar sus permisos, sino también para aquellos que están tratando salir de la clandestinidad o reunirse con sus familiares en España.

Incluyen cambios sustantivos en la interpretación de las leyes sobre arraigo social, que es la única forma de regularización realmente operativa en estos momentos. Por ejemplo, se refuerza la figura de arraigo sin contrato de trabajo o con exención de contrato siempre que haya otros medios de vida familiares.

A quienes pretenden regularizar a sus familiares, Extranjería les pide acreditar que pueden mantenerlos a través de unos baremos económicos concretos. La nueva orden lo que hace es rebajar considerablemente los ingresos mínimos exigidos.

Lo cierto es que, hasta hoy, muchos inmigrantes con los papeles en regla no conseguían regularizar a sus cónyuges e hijos incluso aunque todos viviesen en España y aunque los niños estuviesen escolarizados aquí, ya que se les exigían “medios de vida” (salarios o rentas) que eran incapaces de alcanzar, sobre todo cuando tenían a su cargo a un elevado número de descendientes. A partir de ahora, dichos baremos se reducen sustancialmente “sin que perjudique negativamente el hecho de que el familiar o los familiares de los que derivan los medios económicos hayan quedado afectados por la crisis del covid-19”.

A partir de ahora, se aceptan como “medio de vida” las prestaciones económicas asistenciales de inserción, incluido el paro o la renta mínima vital. ¿Pero cuánto se reduce exactamente? Los funcionarios tienen órdenes a partir de esta semana de aprobar los expedientes incluso cuando el familiar que quiere regularizar a sus familiares ingresa menos del salario mínimo interprofesional (SMI). En concreto, basta con que dispongan del 80% del mismo (760 euros al mes) y que el dinero entre de manera estable en el hogar. Además, y al revés de lo que sucedía hasta ahora, se aceptan como “medio de vida” las “prestaciones económicas asistenciales de inserción”, incluido el paro, la renta mínima vital, “así como otras [rentas] extraordinarias que puedan introducirse a raíz del covid-19”.

En la práctica, esto se traduce en que un inmigrante que conviva con su mujer y sus hijos en España podrá optar a regularizar la situación familiar siempre que consiga demostrar ingresos estables de 760 euros al mes, subsidios incluidos.

En cuanto a la reagrupación familiar, figura por la cual un inmigrante puede traer a España a su familia de manera legal, se modifican también los baremos económicos. En concreto, mediante una rebaja del indicador público de renta de efectos múltiples.

El reagrupante tiene que contar con un empleo, aunque esté en suspensión por ERTE, y puede sumar igualmente los ingresos procedentes de la asistencia social. Del 100% del IPREM se baja al 60-75% cuando hay menores a cargo. Por ejemplo, una familia compuesta por una pareja y dos hijos requería hasta la semana pasada 1.344,60 euros al mes. A partir de esta semana, solo necesita 950 euros, y estos pueden proceder de ayudas.

“Esta fórmula”, valora Solans Puyuelo, “termina con una discriminación histórica en que el derecho a vivir en familia se deniega por ser pobre, sobre todo si nos referimos a ese nuevo tipo de pobre con trabajo y nómina pero al que se le exigían hasta ahora unas cuantías de renta difícilmente alcanzables para una familia. Además, tiene trascendencia sobre la figura del arraigo social, como hemos visto, y también para las renovaciones de permisos”.

Las ONG y las asociaciones de abogados de Extranjería valoran la decisión como un “primer paso en el camino correcto”, pero reclaman más: llevan meses exigiendo una regularización de inmigrantes en respuesta a la crisis provocada por el covid-19. “Para mí, y haciendo una valoración global, lo que cambia es sobre todo el espíritu. Hasta ahora, un extranjero era poco menos que una molestia y la norma se aplicaba a rajatabla. Ahora priman la flexibilidad, la generosidad y la racionalidad”, concluye Solans Puyuelo.

 

 

A los pensionistas, recortes; a los okupas, derechos; a los autónomos, nada; el formulario para solicitar el Ingreso Mínimo Vital estará disponible en árabe y también en español, todo un detalle; y a los que no han cotizado en su vida, ayudas de por vida. Cada uno que recibe dinero sin trabajar, debe entender que otro está trabajando para mantenerlo a él.

 

 

 

Ingreso Mínimo Vital

El ingreso mínimo vital garantiza un nivel mínimo de renta mediante la cobertura de la diferencia existente entre la suma de los recursos económicos de cualquier naturaleza de que disponga la persona beneficiaria individual o, en su caso, los integrantes de una unidad de convivencia, y la cuantía de renta que se garantiza por esta ley, su duración se prolongará mientras persista la situación de vulnerabilidad económica y se mantengan los requisitos que originaron el derecho a su percepción, forma parte de la acción protectora del sistema de Seguridad Social como prestación económica en su modalidad no contributiva, y se establece sin perjuicio de las ayudas que puedan establecer las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias.

Podrán ser beneficiarias del ingreso mínimo vital las personas integrantes de una unidad de convivencia, y las personas de al menos 23 años (deben haber vivido como mínimo tres años de forma independiente de sus progenitores) y menores de 65 que vivan solas o que compartiendo domicilio con una unidad de convivencia, no se integren en la misma al no ser matrimonio o pareja de hecho, salvo que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio, y los menores que tengan hijos. En un mismo domicilio podrá haber un máximo de dos titulares. No se exigirá el cumplimiento de los requisitos de edad, en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual.

Requisitos de acceso: Tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud. No se exigirá este requisito respecto de: Los menores incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente; Las personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual; Las mujeres víctimas de violencia de género.

A efectos del mantenimiento del derecho a esta prestación, se entenderá que una persona tiene su residencia habitual en España aun cuando haya tenido estancias en el extranjero, siempre que estas no superen los noventa días naturales a lo largo de cada año natural, o cuando la ausencia del territorio español esté motivada por causas de enfermedad debidamente justificadas. Se abre así la puerta a que los inmigrantes vuelvan a su país y cobren desde allí esta prestación; Si no están trabajando y son mayores de edad o menores emancipados, figurar inscritas como demandantes de empleo.

La cuantía mensual de la prestación de ingreso mínimo vital que corresponde a la persona beneficiaria individual o a la unidad de convivencia vendrá determinada por la diferencia entre la cuantía de la renta garantizada, según el siguiente resumen, y el conjunto de todas las rentas e ingresos de la persona beneficiaria o de los miembros que componen esa unidad de convivencia del ejercicio anterior, siempre que la cuantía resultante sea igual o superior a 10 euros mensuales. A los efectos señalados, no computarán como ingresos los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades autónomas.

 

 

A la cuantía mensual establecida, se sumará un complemento de monoparentalidad equivalente a un 22 por ciento de la cuantía establecida; reglamentariamente se determinará el posible incremento de las cuantías fijadas cuando se acrediten gastos de alquiler de la vivienda habitual superiores al 10 por ciento de la renta garantizada que corresponda, en su cuantía anual, en función del tamaño y configuración de la unidad de convivencia. Para el ejercicio 2020, la cuantía anual de renta garantizada en el caso de una persona beneficiaria individual asciende a 5.538 euros. El pago será mensual y se realizará mediante transferencia bancaria, a una cuenta del titular de la prestación.

No se apreciará que concurre este requisito cuando la persona beneficiaria individual sea titular de un patrimonio valorado en un importe igual o superior a tres veces la cuantía correspondiente de renta garantizada por el ingreso mínimo vital para una persona beneficiaria individual. En el caso de las unidades de convivencia, se entenderá que no concurre este requisito cuando sean titulares de un patrimonio valorado en un importe igual o superior a la cuantía resultante de aplicar la siguiente escala:

 

 

Con el fin de que la percepción del ingreso mínimo vital no desincentive la participación en el mercado laboral, la percepción del ingreso mínimo vital será compatible con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia de la persona beneficiaria individual o, en su caso, de uno o varios miembros de la unidad de convivencia en los términos y con los límites que reglamentariamente se establezcan. Se abre así la puerta al trabajo en dinero negro, insolidaridad para con el resto de ciudadanos y ausencia de ingresos en la Hacienda Pública y en la Seguridad Social.

 

 

El cómputo de los ingresos del ejercicio anterior se llevará a cabo atendiendo a las siguientes reglas:

  1. a) Con carácter general las rentas se computarán por su valor íntegro, excepto las procedentes de actividades económicas, de arrendamientos de inmuebles o de regímenes especiales, que se computarán por su rendimiento neto.
  2. b) Los rendimientos procedentes de actividades económicas, las ganancias patrimoniales generadas en el ejercicio y de los regímenes especiales, se computarán por la cuantía que se integra en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o normativa foral correspondiente según la normativa vigente en cada período.
  3. c) Cuando el beneficiario disponga de bienes inmuebles arrendados, se tendrán en cuenta sus rendimientos como ingresos menos gastos, antes de cualquier reducción a la que tenga derecho el contribuyente, y ambos determinados, conforme a lo dispuesto al efecto en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o normativa foral correspondiente, aplicable a las personas que forman la unidad de convivencia. Si los inmuebles no estuviesen arrendados, los ingresos computables se valorarán según las normas establecidas para la imputación de rentas inmobiliarias en la citada normativa y correspondiente norma foral.
  4. d) Computará como ingreso el importe de las pensiones y prestaciones, contributivas o no contributivas, públicas o privadas.
  5. e) Se exceptuarán del cómputo de rentas:

1.º Los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades autónomas.

2.º Las prestaciones y ayudas económicas públicas finalistas que hayan sido concedidas para cubrir una necesidad específica de cualquiera de las personas integrantes de la unidad de convivencia, tales como becas o ayudas para el estudio, ayudas por vivienda, ayudas de emergencia, y otras similares.

Para la determinación de los rendimientos mensuales de las personas que forman la unidad de convivencia se computa el conjunto de rendimientos o ingresos de todos los miembros.

Se considera patrimonio la suma de los activos no societarios, sin incluir la vivienda habitual, y el patrimonio societario neto, tal como se definen en los siguientes apartados.

  1. Los activos no societarios son la suma de los siguientes conceptos:
  2. a) Los inmuebles, excluida la vivienda habitual.
  3. b) Las cuentas bancarias y depósitos.
  4. c) Los activos financieros en forma de valores, seguros y rentas y las participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva.
  5. d) Las participaciones en planes, fondos de pensiones y sistemas alternativos similares.
  6. El patrimonio societario neto incluye el valor de las participaciones en el patrimonio de sociedades en las que participen de forma directa o indirecta alguno de los miembros de la unidad de convivencia, con excepción de las valoradas dentro de los activos no societarios.
  7. Los activos no societarios se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:
  8. a) Los activos inmobiliarios de carácter residencial de acuerdo con el valor de referencia de mercado.
  9. b) El resto de activos inmobiliarios, bien sean de carácter urbano, bien sean de carácter rústico, de acuerdo con el valor catastral del inmueble.
  10. c) Las cuentas bancarias y depósitos, los activos financieros y las participaciones, por su valor a 31 de diciembre consignado en las últimas declaraciones tributarias.

Los requisitos de ingresos y patrimonio establecidos en el presente real decreto-ley, para el acceso y mantenimiento de la prestación económica de ingreso mínimo vital, se realizará por la entidad gestora conforme a la información que se recabe por medios telemáticos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y en las Haciendas Tributarias Forales de Navarra y de los territorios históricos del País Vasco.

En el resto del RDL se legisla sobre las infracciones, mentiras y falsedades que pudieran cometer los solicitantes, previéndose la devolución de los importes cobrados y sanciones según la gravedad. En mi opinión, es un brindis al sol; caso similar al de las multas a las putas, jóvenes, manteros y resto de personal insolvente, no se cobran en la vida; habría que contemplar un resarcimiento a la sociedad vía trabajos sociales.

Para quien quiera profundizar en el tema, ver el Real Decreto-Ley 20/2020 del 29-05, BOE nº 154 del 01-05-2020.

Pablo Iglesias, ha destacado que el Ingreso Mínimo Vital supone el mayor avance en derechos sociales desde la aprobación de la Ley de Dependencia del año 2006. Igualmente, ha reiterado que el ingreso aprobado hoy es una medida de justicia social, porque supone la redistribución de la riqueza, y de eficiencia económica, porque los recursos van a ir directamente a los hogares, al consumo, permitiendo que las empresas y los autónomos sigan facturando, algo necesario para la recuperación económica. A su juicio, el ingreso también es una cuestión de seguridad, porque los ciudadanos tienen que tener unos mínimos niveles de seguridad material que les permitan satisfacer sus necesidades básicas, y una cuestión de libertad, porque “no hay libertad si una persona tiene que invertir toda su energía en sobrevivir”.

Todo esto es muy bonito si no fuera porque, según el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, reconocido economista que ha hincado la rodilla ante el poder gubernamental, ha declarado que “la mayor parte de los beneficiarios serán inmigrantes” (ilegales). Ahora va a resultar que quienes venían a España para que pudiéramos pagar las pensiones futuras, se van a convertir en vagos permanentes sin trabajar en toda su vida, un elemento disuasorio para no trabajar, para hacerlo en dinero negro, de forma insolidaria con quienes le pagan la sanidad, la educación, las carreteras, las becas, etc….., y una llamada a todos los parias del mundo: Con una buena antena de televisión, se pueden captar las cadenas del Norte de Marruecos, dónde se hacen eco en todos sus informativos, en árabe y con grandes carteles en español en el fondo, sobre el nuevo Ingreso Mínimo Vital, con número de teléfono en el que informarse, y haciendo hincapié en que se trata de una propuesta de Pablo Iglesias (nada se habla de Pedro Sánchez), de importes entre 461,50 y 1.015 euros, pudiendo ser que “esta prestación social  será compatible con otras ayudas y subvenciones de carácter autonómico, por lo que una familia podría llegar a cobrar 2.265  euros mensuales” dice el presentador con un sonrisa y añadiendo “casi como un ministro nuestro”. Esto ya lo he escrito en otro artículo, pero no puedo por más que insistir en ello: En vez de dar dinero a las empresas para que creen puestos de trabajo, en vez de repatriar a nuestros compatriotas formados universitaria y humanamente, en vez de traer profesores extranjeros de reconocido prestigio, en vez de atraer empresas punteras, vamos a hacer “guetos” subvencionados de futuros votantes de ultraizquierda, que esa será la próxima ley que, a medio plazo, nos colarán ante el silencio cómplice de la oposición política. Porque, además, se trata de una renta permanente, o sea, de por vida, y a ver quién es el que tiene arrestos de derogarla, con todos los ilegales, ultraizquierdistas e independentistas, en la calle.

España no está ahora mismo para esto. Bastante mal lo vamos a pasar a partir del último trimestre de este año, como para añadir más deuda, y más problemas sociales, a la realidad de nuestro vivir diario. ¿Es justo ese IMV cuando nuestros pensionistas, después de cotizar 35 años para que le quede el cien por cien de su sueldo, cobran estos importes?

 

 

 

Pero el tema no acaba aquí. El ministro Escrivá, ¡qué gran decepción!, quiere reformar la Ley de Extranjería para “fortalecer” las vías de acceso legal a España, proponiendo la flexibilización de los criterios en la concesión de las autorizaciones de inmigración, y la ampliación del número de asilados en la red de acogida con “nuevas infraestructuras públicas y privadas”. En agradecimiento adelantado, ayer mismo, unos MENAS la armaron parda en Mataró y en Gerona “donde una turba de inmigrantes se plantó ante los juzgados de Gerona gritando “¡Puta policía!” y lanzando incluso llamaradas de fuego con un aerosol”, en solidaridad con la revuelta de tez negra que se está produciendo en Estados Unidos. Allí los inmigrantes no son bien recibidos, no tienen sanidad gratis, ni enseñanza gratis, ni subvenciones de ningún tipo. Aquí, en España, como sigamos así, van a trabajar los funcionarios de carrera y los curas, que son los únicos que tienen un puesto seguro.

 

Inmigrantes en el Consulado de Marruecos en Almería el 01-06-2020 esperando para gestionar el Ingreso Mínimo Vital en España

 

Por si usted no se ha dado cuenta todavía, el Gobierno sanchista-comunista está trasvasando el dinero del que trabaja, de todo el que trabaja (ricos, grandes empresas, PYMES, pequeñas empresas, autónomos y particulares), y de la Seguridad Social, que está en deuda permanente con el propio Estado, a los que ellos consideran sus “votos cautivos”, siendo conscientes que son estos los que no pagan nada o tendente a nada, al erario público. Solo su cuerpo serrano, teléfono último modelo, un buen reloj, fumando Winston y sujetando los poyetes de las plazas principales de todas las ciudades.

Si los pobres votan a la izquierda y los ricos a la derecha, entonces necesito más pobres, no sé si me explico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La España de las subvenciones

Cuando se formó el actual Gobierno de izquierdas revueltas, dejé escrito que el nuevo Ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá Belmonte, era políticamente “independiente” y que no necesitaba de ningún cargo político para vivir, pues es de esos que tienen trabajo en cualquier sitio y en cualquier momento, y advertía que iba a chocar inmediatamente con Podemos. Y añadía: La política tiene un “no sé qué” que hace tontos a listos, idiotas a inteligentes, y de ello hay múltiples antecedentes en todos los partidos que han llegado al poder. Veremos si Escrivá sigue manteniendo estos criterios en su nuevo cargo que, como he dicho antes, no lo necesita para vivir cómodamente y ganar más en la empresa privada que como ministro.

Hoy, jueves 16 de abril, Escrivá ha manifestado que se ha enterado este mismo jueves por los medios de comunicación que se iba a celebrar una rueda de prensa para ofrecer detalles sobre el Ingreso Mínimo Vital, junto al vicepresidente segundo Pablo Iglesias, que no hay dinero para asumir esta medida, que “obviamente habrá un aumento de deuda pública extraordinario”, y que se hará como prestación de la Seguridad Social.

Podemos, con una pequeña representación parlamentaria, se ha hecho con el poder real del Gobierno, debido a que es quienes mantienen como presidente a Pedro Sánchez, que caería estrepitosamente si dejaran de apoyarle los ultraizquierdistas podemitas.

Pablo Iglesias está siguiendo “exactamente” el Decálogo de Lenin en su política. Otro día analizaremos este tema con más profundidad, pero ahora es el punto tercero de dicho documento el que quiere poner en práctica en asuntos económicos: “Divida a la población en grupos antagónicos, incitando las discusiones sobre asuntos sociales”.

El Ingreso Mínimo Vital previsto, es un pago mensual a todos aquellos que no tengan trabajo o el mismo no les genere unos ingresos suficientes de acuerdo a los parámetros que disponga el Gobierno. España es el país de las SUBVENCIONES, en todos los aspectos; hasta actores y directores de cine millonarios quieren que se les subvencionen.

 

 

Con el desgraciado tema del coronavirus, se va a llegar a más de cinco millones de parados, y a la vez se da la paradoja que no hay obreros para recoger los productos del campo en Andalucía. Si añadimos una subvención más como el Ingreso Mínimo Vital, sin contraprestación alguna por parte de los receptores, estaremos haciendo un efecto llamada a todos los vagos del mundo, incluidos los españoles, para lo que, necesariamente, tendrán que subir los impuestos a la clase media principalmente, pues los verdaderamente ricos estarán debidamente asesorados, en España o fuera de España, Portugal está ahí muy cerca y tiene los brazos abiertos a recibir capital extranjero con unas bonificaciones fiscales impensables hoy en día en España. “A fuerza de afanes, mantienen los laboriosos a los holgazanes”, dice el refranero español.

Podemos está “sembrando” votos dando migajas a los más desfavorecidos, que de esta forma pasan a depender exclusivamente de las “dádivas” del Estado, está convirtiendo ciudadanos en esclavos del poder, extendiendo la masa de personas que viven de no hacer nada, de no pagar impuestos, de trabajar en dinero negro como complemento, del todo gratis, de tener todos los derechos y ninguna obligación.

¿Por qué a esos ciudadanos, los que cobran subvenciones del Paro, Ingreso Mínimo Vital y conceptos similares, no se les topa los ingresos mensuales, por todos los conceptos, en las dos terceras partes del SMI para que su situación sea transitoria y busquen activamente trabajo? ¿Por qué no se usan a esas personas para necesidades de trabajo de ayuntamientos, autonomías y estatales? Por la mañana, a trabajar y ayudar en lo que nuestras autoridades dispongan, y por la tarde a clases de formación en institutos y universidades públicas, con clases impartidas por profesores de esos centros de enseñanza pública.

Ministro Escrivá, ¿qué necesidad tienes de pasar por este trance de quedar en ridículo ante quienes te conocemos y sabemos de tu valía? Pablénin Mingafuego tiene agarrado a Pedrosán por cierta parte y no soltará la presa hasta que imponga su política bolivariana, salvo que sea el propio PSOE el que se convenza que vamos directos hacia un abismo.