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Países grandes y poderosos

Juan llegó de ilegal a Estado Unidos de América. Contrató un barco que lo dejó a un kilómetro de las playas de Florida; fue nadando hasta la orilla, llevando consigo un pequeño petate que contenía su ropa de calle; salió de la playa como si fuera un bañista más y se perdió entre la multitud de gente que allí había.

No me pregunten cómo ni con qué medios, pero hizo un viaje de 1150 millas, 1850 kilómetros hasta llegar a Nueva York. Allí se acomodó en Harlem, el barrio negro, en donde localizó una vivienda medio abandonada, hizo una conexión ilegal a la luz de la calle y empezó a buscarse la vida … Uno de los conocidos en su travesía americana le proveía de relojes Rolex falsos, teléfonos móviles chinos a bajos precios, además de vender pequeñas dosis de cocaína al menudeo.

No habían pasado muchos días cuando tres “armarios” que parecían salidos de un combate de pesos pesados, lo rodearon y le gritaron: ¡¡White, you bastard, son of a bitch, slag, fuck you, this is our neighborhood, you’ll find out!! Le dieron tal paliza que quedó tendido en medio de la calle, sin que nadie se acercara a ayudarle. Como pudo, medio arrastrándose, llegó a un hospital; allí le pidieron su tarjeta de crédito para cobrar por adelantado la atención sanitaria que le debían prestar; como no tenía, no lo atendieron; volvió a la calle, solo, mal herido y sin apenas poder mantenerse de pie; lo vio un coche policía y lo llevaron a un hospital de beneficencia de las Hermanas de la Caridad, donde le cuidaron y sanaron.

Cuando estuvo casi recuperado, la policía le pidió su identificación, pasaporte, domicilio y resto de datos de cualquier ciudadano americano. Salió como pudo de ese interrogatorio, haciendo ver que no dominaba el idioma, que su inglés no iba más allá del “my tailor is rich” del bachillerato franquista español. Como vio lo que se le podía venir encima, se escapó del hospital como había visto en las películas; y hasta ahí llegó el tema. La policía lo detuvo en veinticuatro horas, no sin antes darle otra paliza por haberles hecho frente y resistirse a su detención.

El juicio rápido se realizó en setenta y dos horas; el fiscal general del condado, elegido por voto ciudadano y sin dependencia jerárquica de nadie, le acusó de: Inmigración ilegal, ocupación de propiedad privada versus comunismo al atentar contra la propiedad privada, tráfico de drogas, venta de productos falsos, ausencia de licencia para ejercer el comercio, hurto a los bienes públicos por el enganche a la luz del municipio, desfalco al erario por no declaración de ingresos, resistencia a la autoridad y resarcimiento de los medios públicos técnicos y humanos para su detención, justicia y cumplimiento de pena, en su caso. Resultado: Diez años de prisión, sin licencias parciales ni redención, con libertad condicional a las tres quintas partes de la pena, bajo el control y seguimiento de un funcionario estatal.

Pedro estaba en Macao, antigua colonia portuguesa, trabajando en un casino de los que se llama “Las Vegas de Asia”. Un día se puso de acuerdo con un cliente para ganar un dinero extra en la mesa de juego. Lo pillaron sobre la marcha y tuvo que salir huyendo a toda prisa. Entró en China, en la provincia de Guangxi, dentro de un fardo de los que todos los días llegaban llenos de comida a China con destino a los más altos jerarcas del Partido Comunista Chino.

A este le duró poco la aventura; en cuarenta y ocho horas le habían detenido las autoridades chinas. Le acusaron de ser un espía del capitalismo imperialista, además de no trabajar para el pueblo y tratar de vivir a su costa. Sentencia rápida y sin posibilidad de recurso de alzada: Cadena perpetua.

Pepe llegó a Arabia Saudí a trabajar en el AVE a la Meca. Cuando se acabaron las obras y venció su permiso de trabajo, había aprendido algo de árabe y decidió quedarse a vivir allí. Cristiano desde la cuna, de algo tenía que vivir; y no se le ocurrió nada más que vender Biblias en una pequeña banqueta como la de los antiguos argentarios romanos, en dónde podría captar más adeptos y hacer más proselitismo: a la puerta de una mezquita. No hizo falta que llegara la policía, es más, yo creo que vieron los hechos y pasaron de largo: Furibundos islamistas apalearon al infiel hasta dejarlo sin sentido. Fue más tarde cuando lo recogió un coche, sin distintivo de ningún tipo, y nunca más de él se supo.

Mohamed Lamine, africano, él se autoproclama negro, inmigrante ilegal en Badalona (España), se dedica a “mantero”, venta de productos falsificados, no está dado de alta en la Seguridad Social, no paga impuestos de ningún tipo, extiende su “negocio” a las puertas de los empresarios a los que hace competencia, que pagan sus impuestos y están cerrados la mayoría de ellos por el tema del coronavirus, tiene la sanidad gratis, las medicinas gratis, los colegios gratis, vive de okupa, y es el cabecilla de los inmigrantes ilegales de la nave incendiada en la ciudad barcelonesa en la que, por una imprudencia de sus habitantes, murieron tres personas, todas ellas también ilegales y okupas, con plena impunidad convoca una rueda de prensa y hace un llamamiento a la violencia contra Santiago Abascal, Pablo Casado y el alcalde de Badalona, Xavier Albiol, o sea, contra todo el arco parlamentario constitucional de la derecha española.

«Vamos a luchar contra los gobiernos racistas de Abascal, Casado y Albiol. Ahora mismo no podemos estar aquí en Barcelona porque nos odian. Eso se llama el privilegio de los blancos» … «Queremos libertad, oportunidades, igualdad. Somos las ratas, los esclavos del sistema. Nos odian y eso no es normal» …  «Somos los esclavos de este sistema. Es el momento de que toda la gente negra, da igual dónde está, da igual lo que haga, que nos apoyen. Invitamos a toda la raza negra, necesitamos vuestra ayuda», y añade: «Queremos pisos y papeles».

¿Se dan cuenta por qué quiere Podemos legalizar y nacionalizar a todos los inmigrantes ilegales? ¿Se dan cuenta por qué unos países son grandes y poderosos, y otros insignificantes en el contexto mundial? ¿Se dan cuenta por qué hace años se decía que África empezaba en los Pirineos? Los españoles no somos racistas, lo que no queremos son vagos, delincuentes, gente que viva a nuestra costa y no aporte nada a la nación.

Legal pero amoral

Los extranjeros podrán encontrarse en España en las situaciones de estancia o residencia.

Estancia es la permanencia en territorio español por un período de tiempo no superior a 90 días, sin perjuicio de lo dispuesto para la admisión a efectos de estudios, intercambio de alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado.

Son residentes los extranjeros que se encuentren en España y sean titulares de una autorización para residir. Los residentes podrán encontrarse en la situación de residencia temporal o de residencia de larga duración.

La residencia temporal es la situación que autoriza a permanecer en España por un período superior a 90 días e inferior a cinco años. Existen unas condiciones especiales para las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género.

La residencia de larga duración es la situación que autoriza a residir y trabajar en España indefinidamente, en las mismas condiciones que los españoles. Tendrán derecho a residencia de larga duración los que hayan tenido residencia temporal en España durante cinco años de forma continuada, que reúnan las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

Quede claro que lo hasta aquí escrito corresponde a permanencia en territorio español por un periodo determinado. Muy distinta situación es alcanzar la nacionalidad española, que lo es de forma permanente y que se adquiere por:

1) Nacionalidad para españoles de origen;

2) Nacionalidad por opción;

3) Nacionalidad por posesión de estado;

4) Nacionalidad por naturaleza; y

5) Nacionalidad por residencia.

Centrémonos en esta última, nacionalidad por residencia, y lo que dice el Ministerio de Justicia sobre ello:

«Una de las formas de obtención de la nacionalidad es por residencia, la cual exige la residencia de la persona en España durante diez años de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición. Existen casos en los que el período de residencia exigido se reduce; estos son:

Cinco años: para la concesión de la nacionalidad española a aquellas personas que hayan obtenido la condición de refugiado

Dos años: para los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí, pudiendo mantener la doble nacionalidad.

Un año: para el que haya nacido en territorio español, para los casados con un español o los hijos/nietos de españoles nacidos en España y para el nacido fuera de España de padre o madre, (nacidos también fuera de España), abuelo o abuela, siempre que todos ellos originariamente hubieran sido españoles.

Además, el interesado deberá acreditar buena conducta cívica, y suficiente grado de integración en la sociedad española».

Entre los documentos que hay que acompañar a la solicitud, están:

-Certificado de antecedentes penales de su país de origen, traducido y legalizado, de acuerdo con los Convenios internacionales existentes o certificado consular de conducta expedido sobre la base de consulta a las autoridades competentes del país de origen.

-Certificado de antecedentes penales del Registro Central de penados. Puede sustituirse por la autorización de consulta al Ministerio de Justicia consignada en el modelo de solicitud.

-Diploma del Instituto Cervantes de la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales (CCSE) y la prueba de conocimiento del idioma español (DELE).

Las personas que pueden solicitar la nacionalidad española son aquellas que han cumplido la mayoría de edad en España (18 años), los que se encuentren emancipadas y los que hayan cumplido los 14 años acompañados por su asistente legal.

La eficacia de la concesión de la nacionalidad española por residencia estará supeditada a que en el plazo de 180 días se cumplan ante el encargado del Registro Civil del domicilio, los siguientes requisitos:

Que el interesado sea mayor de 14 años y capaz para prestar declaración por sí;

Jure o prometa fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y las leyes;

Renuncie a su nacionalidad anterior. Quedan a salvo de este requisito los naturales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal y los sefardíes;

Que la adquisición se inscriba de la nacionalidad en el Registro Civil español.

Esta es la ley vigente en España. Luego viene su retorcimiento, los trapaceos políticos y el uso y abuso del puesto de mando para poder mantenerse en él, para priorizar las circunstancias personales al interés de la ciudadanía en general.

El Gobierno actual, Pedro Sánchez=marxismo y Pablo Iglesias=comunismo, necesitan un millón de votos más, aproximadamente, para mantenerse en el poder más años que lo hicieron Stalin, Hitler, Franco, Mao Tse-Tung, Chaves o Fidel Castro, grandes demócratas por cierto, y para ello Pablo Iglesias (¿guardará algún secreto en su moño?) presiona de forma contundente al presidente Pedro Sánchez para que los inmigrantes puedan obtener la nacionalidad con solo tres meses de estancia en España, legales o ilegales, y que se elimine el examen de lengua y de conocimientos constitucionales y socioculturales del país, actualmente requisito indispensable, como ha quedado reflejado en párrafos anteriores, y exige que el procedimiento «sea flexible con las personas que tienen dificultades de aprendizaje por cuestiones cognitivas o de diversidad funcional». Traducción, que lleguen a España todos los analfabetos del mundo, incluso con deficiencias cognitivas o de diversidad cultural, o sea, los tontos.

Igualmente proponen «avanzar en el reconocimiento del derecho al sufragio, de acuerdo con la Constitución, a los extranjeros residentes de larga duración», hasta ahora reservado a los ciudadanos procedentes de la Unión Europea y aquellos con los que se mantienen acuerdos de reciprocidad, como son algunos países hispanoamericanos.

Como se encuentran en mayoría en el Congreso de Diputados, raspada, pero mayoría al fin y al cabo, lo conseguirán. Como la oposición está desunida y luchan entre ellos a ver quién la tiene más larga …. la lengua, lo conseguirán. Como la derecha es incapaz de movilizar a la gente en la calle, lo conseguirán. Como los sindicatos son la izquierda subvencionada, lo conseguirán. Como los acompañarán los secesionistas que quieren acabar con España como nación, lo conseguirán. Como nos estamos quemando en una olla de agua hirviendo, como la ranita, y pensamos que estamos bañándonos, lo conseguirán.

Y tendremos una situación en la que, a los inmigrantes ilegales actuales, jóvenes, bien alimentados, con buenos relojes y mejores teléfonos móviles, que han pagado un dinero muy importante (o se lo han pagado) para llegar aquí, se unirán los que tienen dificultades de aprendizaje por cuestiones cognitivas o de diversidad funcional, que es lo que textualmente han dicho PSOE y Podemos, a quienes deberemos cubrir todas sus necesidades vitales y corporales durante tres meses, y subvencionar hasta que se mueran porque, estadísticamente, el 85% de los llegados a Europa no quieren trabajar, y mucho menos si tienen esa capacitación intelectual que les presupone nuestro Gobierno, en unos tiempos en los que está previsto que en cinco años los robots hagan la mitad del trabajo existente en el mundo industrializado.

Todo ello, en un momento de gravísima situación sanitaria y económica, donde escasean las camas de hospital y las UCI para los enfermos más graves por coronavirus, donde los parados reales (inscritos, inactivos y ERTE) están sobre los cinco millones de personas, donde ya son evidentes “las colas del hambre” y dónde los mayores aportes al desarrollo son el turismo (cerrado), la construcción (cerrada) y el botijo andaluz.

Es otro golpe de estado legislativo, legal pero amoral, por mayoría democrática española, que es algo parecido a lo de la infabilidad del Papa, elección democrática que, en uno y otro caso, queda convertida en un caucus de media docena de personas que mueven los hilos de millones de ciudadanos a su antojo.

La inmigración incontrolada

La inmigración incontrolada que desde hace tiempo sufre España, con la aprobación del Gobierno y de determinadas organizaciones negreras, nos ha traído dos grandes grupos de delincuencia procedente de África: El taharruh y los charmil.

El Taharrush, que en árabe significa “acoso colectivo”, se trata de agresiones sexuales a “mujeres infieles” cometidos por los musulmanes, y consiste en que un grupo de hombres rodean a la víctima, por lo general una mujer occidental o una mujer con ropa de estilo occidental para, a continuación, someterla a abusos sexuales hasta consumar la violación. Rodean a la víctima en círculos. Los hombres en el círculo interior son los que maltratan físicamente a la mujer, el siguiente círculo son los espectadores, mientras que la misión del tercer círculo es distraer y desviar la atención de lo que está pasando.

Las primeras noticias de ello se tuvieron en Colonia (Alemania) en 2016, habiéndose extendido a toda Europa y, evidentemente, a España; en todos los sitios se silencian este tema tanto por la policía como por los medios de comunicación evitando en todo momento identificar a los agresores o utilizar palabras como árabe o musulmán, y las feministas pasan de ello como si estos escarnios no fueran con las mujeres. Muy conocido el de La Manada de Barcelona: catorce musulmanes abusan de una joven en el metro en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) y apuñalan a su novio; encima le contagian la sarna. Pero las feministas callan. No habrá multitud de histéricas tomando las calles de toda España al grito de “Cuando nos tocan a una nos tocan a todas” y resto de eslóganes conocidos cuando el acusado es español.

Los charmil son grupos delictivos de jóvenes dedicados a robar a personas mayores, generalmente en municipios costeros y cuyos protagonistas son de origen magrebí, en muchos casos menores de edad, extranjeros no acompañados (MENAS), a plena luz del día y con testigos presenciales.

Charmil es un plato marroquí de carne que se sirve con largos cuchillos. En 2014, grupos de jóvenes violentos atacaron diversos locales de Casablanca armados con machetes, y de ahí viene el nombre por el que son conocidos. Hacen ostentación de sus “trofeos de caza”, y se jactan en las redes sociales luciendo joyas, relojes de oro, ropa y zapatos carísimos, y son extremadamente violentos. Lo hicieron a menudo al inicio del estado de alarma, una especie de “orgullo de personas venidas a más”, huyendo de sus orígenes, siempre marginales.

La opacidad que el Gobierno ha impuesto sobre los MENA a las autoridades y a los medios de comunicación por él controlados, y la ausencia de estadísticas oficiales al respecto, ha producido el efecto contrario al previsto, aplicando el término con sentido peyorativo con carácter general, cuando, supongo, serán una parte de ellos los que delinquen constantemente en determinadas zonas de Madrid y de Barcelona, principalmente, sin olvidar otras ciudades de España en la que ya no caben más en los Centros de Acogida, con fugas y alborotos de todo tipo. Los delitos violentos en la Casa de Campo de Madrid cometidos por MENA se han incrementado en un 611% respecto a junio 2020 sobre 2019. Según fuentes policiales, de tapadillo porque pudieran expedientarlos, «Tres de cada cuatro menores detenidos en Madrid son menas».

En teoría, son menores de edad, sin progenitores ni familia que les proteja. En la práctica, son enviados a propósito y mediante el pago de un elevado importe no al alcance de todos los ciudadanos de sus países de procedencia, por sus propios padres o por el gobierno de turno, sin documentación para que no se pueda comprobar su origen ni su edad; en realidad, son todos hombres, de una complexión física envidiable, que igual pueden tener diecisiete años que veinticinco, con preparación militar, armas blancas largas, según el juez Calatayud nos cuestan 7.200 euros mensuales cada uno, y no hacen absolutamente nada, ni estudian, ni trabajan, ni se incardinan en la sociedad que los ha acogido. Y la policía está harta de detenerlos y que salgan de comisaría riéndose de los que les han detenido, porque al ser menores de edad, no pasa nada.

A todo ello, en estos momentos, se suman la cantidad de infectados, que según denunció en agosto el alcalde de Algeciras, el 40% de los inmigrantes ilegales llega con coronavirus; la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informó, también en agosto, de 47 casos positivos de COVID-19 entre los 61 integrantes de una patera (el 77%), y que el gran problema es que “se escapan” de los centros temporales de extranjeros, convirtiéndose en “un foco de contagio aún mayor que un nacional”, hasta tal punto que el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, hay sido muy crítico con la «dispersión de competencias». «La ausencia de una coordinación eficaz entre los distintos niveles de Administración del Estado, hace que la crisis provocada por la covid-19 convierta la acogida de inmigrantes en una suerte de carrera contra el tiempo, que no ofrece respuesta a los problemas de fondo». Dicho claramente, no hay nadie en España que sepa cuántos ilegales están contagiados, ni por donde andan ni el índice de contagios que puedan producir.

Estos son los “turistas” que están llegando este año a las playas españolas, a hundir aún más el primer sector por ingresos en España, y que llegan a disfrutar del “todo gratis” con el esfuerzo de los hoy jubilados, muchos de los cuales tienen menos ingresos mensuales que ellos subvenciones. Últimos ejemplos conocidos:

  • Torrevieja (Alicante) detienen a nueve inmigrantes marroquíes y argelinos acusados de narcotraficantes, con once mil euros en efectivo, todos receptores de ayudas públicas y viviendo de okupas.
  • Este verano han llegado dos mil ilegales a Canarias y el Estado los ha alojado en hoteles de tres y cuatro estrellas.
  • Detenidos dos marroquíes por violar en Zaragoza a una asistenta social de un centro MENA.
  • Madrid, distritos de El Batán y San Blas: Los vecinos han empezado a organizarse como “autodefensa” ante la delincuencia de MENAS.
  • Barcelona: Incontables robos y agresiones de todo tipo en los aledaños de Las Ramblas en la capital, y en diferentes ciudades periféricas. Según La Vanguardia, en los tres meses de verano del año pasado, 20 delincuentes extranjeros fueron detenidos 180 veces por robo con violencia e intimidación, pero los jueces no decretaron prisión, y eso que en los atestados se hacían constar todos sus antecedentes. 1 marroquí de 18 años, un marroquí de 28 años, un argelino de 19 años, un argelino de 17 años y un bosnio de 39 años, encabezan el ranking de delitos cometidos, por ese orden. Añade ese periódico que “hay delincuentes que actúan en Barcelona a los que la policía detiene más de una vez por semana …. Hay una realidad incuestionable, que es la actividad delincuencial protagonizada por migrantes tutelados o que dejaron de estarlo, que actúan con muchísima violencia en los asaltos en la vía pública”.

Los MENA y el resto de ilegales llegados a España, se enmarcan dentro de una política de “lucha de clases del siglo XXI”, en el que se incluye la destrucción de la familia, de la monarquía, de la iglesia católica, del asentamiento del hembrismo disfrazado de feminismo, de esos sectores de la sociedad española que proclaman que  “las feministas no nos defendemos de las violaciones de inmigrantes; nuestra guerra es solo contra el hombre blanco”; las que justifican las violaciones diciendo que solo hacen lo que ven en los fachas; quienes dicen que: “quien no se preocupa por los menas tampoco se preocupa por sus hijos e hijas”, los que pretenden tratarlos como si tuvieran siete años, cuando son hombres hechos y derechos, que buscan el placer de sus sentidos por las buenas o por las malas y que, junto a los que tienen menos de 35 años, están autorizados a saltarse las leyes musulmanes hasta acabar con “el infiel”, prestas las huestes para cuanto llegue el momento de la revolución callejera, porque tanto los MENA como la inmigración ilegal no se trata de un tema de racismo, xenofobia ni odio religioso, como muchos políticos y tertulianos de medios de comunicación pretenden hacernos creer, sino de subsistencia ante violaciones, robos y agresiones violentas de hombres como hastiales, con entrenamiento militar, para implantar su forma de vida medieval, en un país en donde no hace tantos años se podía dejar abierta la puerta de la casa sin temor a que nadie te hiciera nada.

No hay que olvidar la amenaza que periódicamente vierten los musulmanes contra España: “Si no puedes hacer la hégira (la emigración, en árabe) al Estado Islámico, el yihad no tiene fronteras. Haced el yihad donde estéis. Insha’Alllah (si Alá quiere) estará complacido con vosotros”, proclaman en español. “Y a los cristianos españoles, os olvidáis de la sangre derramada de los musulmanes por la Inquisición española. Vengaremos vuestra matanza y la que estáis haciendo actualmente con el Estado Islámico”.

Otro caso, no ya en España sino en nuestro país vecino, Francia, con motivo del asesinato de un profesor por un musulmán, y del peligro que no queremos ver: El plan de Macron contra el islam radical desata una oleada de protestas en los países musulmanes, al frente del que se encuentra el presidente de Turquía, Erdogan, y el presidente del CF Málaga, el catarí Al-Thani.

Un avión, origen Francia, tiene que hacer un aterrizaje de emergencia porque un musulmán quería hacer sus oraciones en el pasillo, teniendo que ser desalojado por cuatro policías.

En Dinamarca, tres musulmanes violan a una mujer y lo retransmiten en directo a través del teléfono móvil.

Atentado en Viena de hace unos días contra la comunidad judía, realizado por un profesional adiestrado militarmente.

¿Cómo reaccionamos ante todos estos hechos, ante el lavado de cerebro que pretenden hacernos los comunistas de nuevo cuño, que descalifican a quien no coincide con sus ideas?

Son ejemplos, recogidos al azar, de los muchos que todos los días se producen en Europa, porque si nos fijamos en la represión y exterminio de cristianos en ciertos países de África, probablemente podríamos hablar de genocidio.

En vez de prevenir lo que en el futuro puede convertirse Europa, el Congreso de Diputados, a instancia de Podemos, ha aprobado, con el voto en contra de PP y Vox, una proposición de ley por la que se insta al Gobierno a adoptar medidas para prevenir la propagación de mensajes de odio en las redes sociales, facilitando la vigilancia y la eliminación inmediata, habilitando a que empresas privadas sustituyan a los jueces en su juicio sobre lo que está bien o mal, sobre lo que es odio o no, y cuál es la interpretación correcta de esa palabra, odio, pues parece que no significa lo mismo para todo el mundo: Dejan fuera los insultos al Rey de España y el enaltecimiento del terrorismo y/o justificación de los delitos terroristas y sus autores, así como de los que conlleven “descrédito” y “humillación” a las víctimas del terrorismo y sus familiares. El Partido Popular ha declarado: “Quieren implantar una Inquisición laica contra todo aquello que rompe sus esquemas ideológicos”.

Y razones ideológicas es lo que lleva a aceptar la inmigración incontrolada, no reconocer que África no cabe en Europa, y España no puede atender a todo vago y paria del mundo que quiera instalarse aquí, sin preparación ni ganas de trabajar, en una sociedad cada vez con trabajos más tecnológicos, formación continua y capacidad de adaptación, o sea, subvencionados perennes, sin posibilidad alguna de rehabilitación. Y, como otras cosas de la España actual, el tema tiene que saltar por algún sitio.

Brotes

Pilar Blasco

Puerta de Madrid, 03-07-2020

 

Un señor procedente de algún país africano previa recogida en un puerto de la zona del Estrecho, a donde había sido enviado por alguien, desembarcado por algunos, fue trasladado por un tercero o cuarto anónimo a 700 km de distancia, en un furgón a Extremadura, destino Navalmoral de la Mata. El tal inmigrante ilegal, portador del covid´19 fue depositado en un centro de alojamiento o acogida del que huyó, desconociéndose hasta el momento su paradero. Si hacemos caso de toda la información recibida por todos los medios durante tres meses de confinamiento, un portador del virus es capaz de contagiar de forma exponencial a gran velocidad y sin necesidad de un contacto estrecho, a una media de 10 personas en su entorno, los cuales a su vez contagiarán a otros tantos, etc., especialmente tratándose de una persona procedente de territorios donde la pandemia está en fase ascendente, o sea que no ha llegado al famoso pico en el que comienza a descender la virulencia en cantidad y calidad. Esto en lo que respecta a ese africano desconocido, pues no suelen traer filiación, y si la traen nadie la conoce porque es secreto de Estado, no se trata de un españolito de los que se trasladan con su familia del garaje de su casa en Madrid al garaje de su vivienda en la sierra para confinarse obedientemente, al que se le aplica una multa recurrible por ilegal.

 

 

El caso del inmigrante de Navalmoral, que ya ha puesto en tensión a la población de la zona, autoridades y fuerzas del orden no es único, como sabemos, las pateras y barcos de ONG´s siguen llegando a nuestras costas y los viajeros siguen siendo recibidos y repartidos por diferentes centros, cuando no esparcidos a su suerte por España, según unos protocolos que la mayoría desconocemos y que ya llevan años funcionando. Luego están los brotes detectados en temporeros de la zona del Cinca en la raya de Huesca Lérida, poblada de explotaciones agrícolas fruteras que requieren mano de obra abundante y barata cada año durante el verano. Al aeropuerto de Madrid Barajas han llegado viajeros que después de unos días han dado síntomas de la enfermedad. Pese a la insistencia de las autoridades autonómicas y municipales, pese a ruegos y advertencias al gobierno central, el del doctor Sánchez, el doctor Iglesias, el epidemiólogo Simón y el filósofo Illa y un equipo de expertos, desconocidos “por seguridad”,  las medidas de control sanitario son de risa. En mi pueblo había un médico rural de los de entonces que con mirarte el ojo, la lengua y ponerte el dorso de la mano en la frente ya sabía lo que te pasaba, con métodos parecidos en 2020 se diagnostica en el aeropuerto a los viajeros de todo el mundo que salen a tierra madrileña con un papel relleno de datos personales incomprobables y la incertidumbre normal sobre su estado de salud, o sea que no saben si tienen el virus, no traen test PCR ni IGm ni IGg, ni de su lugar de procedencia ni de aquí, sino que al estilo del médico de antaño, son objeto de un reconocimiento visual ¡! Tengo entendido que los controladores de viajeros no son médicos propiamente dichos, no son sanitarios, o sí, da igual y que no siempre están presentes, que no dan abasto, o sea que muchos viajeros pasan a la sala de bienvenida sin pena ni gloria.

Luego están los botellones, bodas y bautizos, banquetes y celebraciones, que por su carácter privado y clandestino son poco o nada controlables. Esas son ampliamente publicadas para escarmiento y ejemplaridad del resto de la ciudadanía, que comparte la justa indignación por esas conductas irresponsables. Están las manifestaciones varias, las cuales, si son por causas nobles, es decir progres, tipo Black lives matter, se desarrollan con normalidad y permiso gubernamental aunque traspasen los límites de la concentración autorizada y sin control de mascarillas, ahora rigurosamente obligatorias, no como en febrero y marzo (que no había). Otra cosa es que se realicen en el barrio de Salamanca o en coche privado con bandera española, que esas contaminan o las de la calle de Pablo e Irene en Galapagar donde está prohibido el paso por medio centenar de guardias civiles de vigilancia permanente con garita, no vaya a ser que un descerebrado de los que ponen el himno nacional en el móvil, encaramado en una piedra del terreno montañoso de la zona, resulte ser un peligroso antisistema de la modalidad facha patriota españolista.

Así están las cosas y algunas más. Las únicas y más estrictas prevenciones, prohibiciones y controles han sido ejercidas con los naturales, los indígenas, como se dice ahora a raíz del redivivo tema de la esclavitud. Durante tres meses en los que hemos pasado por todas las fases de la incertidumbre, desde el  puedo salir pero con el perro, puedo salir a tal hora porque soy mayor, porque soy niño, porque hago deporte, aquí sí, aquí no, ahora en esta región pero no en la de al lado, puedo ir a Londres pero no a Guadalajara etc., del aquí no pasa ni pasará nada salvo algún caso esporádico, pese a los rumores del exterior, pese a las certezas y los datos de otros países cercanos y lejanos, a las advertencias y los consejos de expertos oficiales y alternativos, españoles y extranjeros, a los miles de muertos cada día, miles de compatriotas, vecinos , amigos, familiares, conocidos…. El mayor número relativo en muertes y contagios del mundo, hasta ahora. Todo lo hemos asumido, obedecido e interiorizado de forma ciudadanamente ejemplar a pesar del fatalismo, del dolor y de la indignación.

Resulta por lo mismo sorprendente que lo que hemos sufrido y aún sufrimos no haya dejado huella en la actitud de la gente inconsciente y gamberra, lo que era de prever dada la naturaleza del género humano. Lo que no esperábamos, o sí, es que nuestros gobernantes hayan tomado vacaciones veraniegas en el tema mediante abandono del inicial e inútil mando único y delegación de control en las comunidades autónomas, cada una a su criterio, deje de la mano de Dios las áreas de su competencia exclusiva como son fronteras y medios de transporte. Sabemos que Barajas y otros fueron foco de contagio masivo en las fechas decisivas. Cuesta creer que no haya método mejor que el reconocimiento visual y el termómetro para controlar la entrada del terrorífico enemigo, que nos ha diezmado seriamente y al que habría que seguir combatiendo con armas de destrucción masiva. El inefable ZP hizo sarcásticamente célebres los brotes verdes de la economía en crisis galopante.  Las “simpáticas” y siniestras bolitas con pinchos del coronavirus también las pintan verdes.

 

 

Disparar con pólvora del rey

Oficialmente, llevamos 27.136 muertos por el coronavirus en España; extraoficialmente, al 2 de junio, son 43.985 según el estudio de la Asociación de Servicios Funerarios; según Sanidad, durante el mes de junio han muerto 9 personas en toda España; en cambio, las CCAA’s han notificado más de 500 fallecimientos; los infectados son, oficialmente 245 mil personas. El rebrote que ha habido en China y en Alemania, no presagia nada bueno a nivel mundial.

La economía española se ha casi paralizado durante estos tres últimos meses, por lo que es necesario su rápida activación. Como nuestros verdaderos inventos han sido históricamente el botijo, la fregona y la siesta, se ha de volver al turismo internacional, para lo que se están volviendo a abrir las fronteras.

 

 

Pero se nos siguen colando inmigrantes ilegales, con la connivencia de políticos y autoridades, que han empezado a abrir un nuevo frente de contagio por coronavirus. En la última patera llegada a Fuerteventura con 39 personas, 14 de ellas han dado positivo por coronavirus. La cura y el confinamiento de todos ellos vale un dinero.

En Barcelona, los inmigrantes irregulares han dicho que “van a tomar las calles de España” hasta que el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias regularice la situación de los inmigrantes ilegales en España.

Alguien podrá decir que este texto es racista. Nada más lejos de la realidad. Es autodefensa. El dinero es un bien escaso, y hay que utilizarlo en aquellos que han contribuido a que el Estado tenga recursos. Y si sobra, atender a la caridad y solidaridad del resto. Pero no es el caso. España no puede aguantar el sostenimiento económico y el tratamiento sanitario de todo aquel que quiera venir aquí a vivir a costa de los ciudadanos españoles, nativos y extranjeros, que se levantan a las siete de la mañana todos los días para ir a trabajar. Y que llevan confinados desde el pasado 14 de marzo para evitar la propagación de esta pandemia. A quien suscribe las presentes líneas, persona de alto riesgo según nuestro Ministerio de Sanidad, no se le ha efectuado test de ningún tipo, que parece son caros, pero sí a esos inmigrantes ilegales, trasvasando mis impuestos a quien no ha aportado, ni piensa aportar nunca nada al erario público español.

El refranero español, que es muy sabio, dice: “Primero Dios, después los santos”.

 

 

O nosotros o el caos

En el BOE del 02-05-2020, el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Histórica, al frente del que se encuentra la vicepresidenta Carmen Calvo Poyato, se publica la Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal. Esta Resolución recoge parte de lo indicado en la del 16 de marzo de 2015 del Ministerio de la Presidencia, Partido Popular, BOE de 24-03-2015.

Destacamos los siguientes apartados:

Apartado 1 – punto 2. Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente.

Apartado 2 – 2. Datos de inscripción en el padrón municipal y documentación acreditativa. El artículo 16 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su apartado 2, establece los datos obligatorios que deberá contener la inscripción padronal.

A estos efectos el Ayuntamiento podrá comprobar la veracidad de los datos consignados por los vecinos en la hoja padronal, exigiendo la presentación del documento acreditativo de la identidad, el libro de familia, el título que legitime la ocupación de la vivienda u otros documentos análogos …

2.3 Documentación acreditativa del domicilio de residencia. El Padrón es el registro administrativo que pretende reflejar el domicilio donde residen las personas que viven en España. Su objetivo es, por tanto, dejar constancia de un hecho, por lo que, en principio, no debe resultar distorsionado ni por los derechos que puedan o no corresponder al vecino para residir en ese domicilio, ni por los derechos que podrían derivarse de la expedición de una certificación acreditativa de aquel hecho.

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En consecuencia, tan pronto como el gestor municipal adquiera la convicción de que los datos que constan en la inscripción padronal se ajustan a la realidad, deja de estar facultado para pedir al vecino ulteriores justificantes que acrediten aquel hecho. Y, en concreto, la posibilidad de que el Ayuntamiento solicite del vecino «el título que legitime la ocupación de la vivienda» (artículo 59.2 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales) no atribuye a las Administraciones Locales ninguna competencia para juzgar cuestiones de propiedad, de arrendamientos urbanos o, en general, de naturaleza jurídico-privada, sino que tiene por única finalidad servir de elemento de prueba para acreditar que, efectivamente, el vecino habita en el domicilio que ha indicado.

Por ello, este título puede ser:

– Título de propiedad (escritura, contrato de compraventa, Nota del Registro, comprobación de bases de datos municipales donde conste dicha propiedad, etc.).

– Contrato vigente de arrendamiento de vivienda para uso de residencia habitual acompañado del último recibo de alquiler.

Apartado 3 Casos especiales de empadronamiento – Punto 3.3 Empadronamiento en infraviviendas y de personas sin domicilio. Como se ha indicado anteriormente, el Padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio y de la misma manera que la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio. En consecuencia, las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc. e incluso ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el Padrón.

Casi coincidiendo en el tiempo, el Gobierno filtra un globo sonda para ver cómo reacciona la ciudadanía, insinuando que se han de rebajar las pensiones de forma importante, más a los que más han aportado, para poder mantener durante toda su vida a aquellos que consideran son su “nicho” de votos para conservar el poder más años que estuvo Franco. Y no engaña a nadie, solo a los que quieren dejarse engañar; Pablo Iglesias dijo en sede parlamentaria el martes pasado que “Para mí es un honor representar a un grupo político dentro del cual hay un partido con casi cien años de historia, el Partido Comunista de España”.

¿Qué diferencia lo legislado en 2015 de lo del 2020? Pues que España no atraviesa la misma situación económica, con cierre de empresas todos los días, paro desbocado, justicia laxa y fiscales liderados por una militante del partido en el poder, han aumentado exponencialmente los inmigrantes ilegales, vagos de todo tipo y de todo el mundo, así como los okupas, por lo que el empadronamiento a toda persona que viva en España puede convertirse en una “pandemia económica comunista”, en el que el “efecto llamada” está servido, en una España en la que 13,4 millones de trabajadores (10,0 millones empleados privados y 3,3 millones empleados públicos) tienen que pagar a 17,7 millones de personas que viven del erario público, datos correspondientes al 01-04-2020, que rectifican, por ser los más actuales, a los indicados en mi artículo de la semana pasada.

Ni que decir tiene que todas estas personas tendrán su paga de Renta Mínima, el colegio, las diferentes ayudas, el todo gratis, como antesala para que puedan votar, evidentemente a quienes los tienen cautivos por dependencia permanente del papá Estado.

Todo ello, a costa de lo que hasta ahora ha sido la “clase media”, esa que trabaja de sol a sol y llega a final de mes ajustándose el cinturón al máximo.

La foto que se incluye es el ejemplo. Estos inmigrantes ilegales, llegados a España el pasado 19 de abril, en plena pandemia del coronavirus, tienen todos ellos su mascarilla, sus guantes y su mono sanitario, algo que, a día de hoy, todavía no tienen muchos de nuestros sanitarios que se están dejando la vida día a día atendiendo a los miles de enfermos habidos, y al propio autor de estas líneas, a quién después de 45 años de cotización ininterrumpida a la Seguridad Social y a Hacienda, nadie ha facilitado ni una mascarilla ni unos guantes, ni por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid ni por parte del Gobierno Central que, bajo Real Decreto, asumió las funciones a nivel nacional en temas de Sanidad desde el momento que declaró el Estado de Alarma. He tenido que comprarla a una empresa privada, esa denostada palabra por el ideario marxista-comunista que impera en el poder actual y que, si por ellos fuera, aprovecharían la desgraciada situación por la que pasamos para el “nacionalícese” chavista-comunista.

 

La izquierda radical ya no representa al obrero que madruga para ganarse el pan con el sudor de su frente, para sacar adelante a su familia y sostener el país. La izquierda radical son ahora los que no quieren trabajar, los vagos, los perroflautas, los niñatos hijos de padres de derecha, centro e izquierda, enfermos psicológicos contra sus progenitores, los comunicadores que vacían el cerebro de los niños y jóvenes, los subvencionados, empezando por los malos actores y terminando por las feministas, y unos cuantos jubilados anclados en el pasado que quieren ganar una nueva guerra sin disparar un tiro.

José Manuel Vera, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos, explica que “determinados comportamientos del Ejecutivo parecen avanzar en ese peligroso camino de generar una dictadura dentro de la Constitución, por la suspensión de derechos fundamentales, tales como la libertad de circulación, reunión o manifestación”.

 

 

Cada día la política española nos da un nuevo motivo para estar alerta. “O nosotros o el caos” ha dicho el ministro todoterreno Ábalos, uno de los políticos que alcanzó hace tiempo su nivel de incompetencia, quedando únicamente como apagafuegos y vasallo de Pedro Sánchez. La frase está copiada de “Hermano Lobo” del 02 de agosto 1975, antes de morir Franco.

En 2020 está en juego la libertad y la democracia. Y el fraternal abrazo de reconciliación que nos dimos todos los españoles en la Transición, padres y abuelos de quienes ahora quieren acabar con ella.

 

 

Todo a Cien – 109 Sindicato de manteros

Se ha constituido en Barcelona el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, colectivo formado por jóvenes manteros de origen africano, inmigrantes ilegales en España. Su sede está en el Raval, antiguo barrio chino de desahogo amoroso de medio mundo, hoy lugar libertario de todo tipo de personas. Con la aquiescencia de los poderes políticos municipales, quince por ciento de los votos y poder omnímodo en las decisiones, una vez más la ley se sesga a favor de quien la transgrede, ante la inacción de quienes la respeten y, además, la sustentan con sus impuestos. Una mafia más de las que pululan por España, en dónde la policía se juega la vida diariamente y las leyes, el Parlamento y el poder ejecutivo, permiten su incumplimiento sistemático.

 

Publicado en PUERTA DE MADRID de Alcalá de Henares, nº 2397 del 07-11-2015, página 12