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Liquidez y solvencia

El Gobierno ha prohibido por Decreto los despidos por cualquier causa mientras dure el Estado de Alarma provocado por el coronavirus, si no es mediante la indemnización de 33 días por año trabajado:

  • La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.
  • La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, por las causas previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos contratos, como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido, en cada una de estas modalidades contractuales, respecto de las personas trabajadoras afectadas por estas.
  • La duración de los expedientes de regulación de empleo autorizados al amparo de las causas previstas en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no podrá extenderse más allá del periodo en que se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19 de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la misma norma, entendiéndose, por tanto, que su duración máxima será la del estado de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y sus posibles prórrogas.

Se pretende con ello que las empresas se acojan a un ERTE y no se produzca un aumento desmesurado de personas en el paro, reclamando a las empresas “ejemplaridad” y que mantengan los puestos de trabajo.

Para esas empresas afectadas por el coronavirus, el Estado avalará el 80% de los créditos a empresas, pymes y autónomos, para afrontar el pago de salarios, circulante, facturas, necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de préstamos o impuestos, para “asegurar el mantenimiento de la actividad” de las empresas.

Todo ello será gestionado por el ICO, a través de la red de oficinas de los bancos, el aval tendrá una vigencia igual al plazo del préstamo concedido, con un máximo de cinco años, el tipo de interés será el que marque cada banco, que a su vez pagará al Gobierno entre el 0,20% y el 1,20% por el aval prestado, según plazo del préstamo.

José María Roldán, presidente de la AEB, ha dicho que “ninguna empresa española solvente debe tener problemas de liquidez ni de financiación”. Ahí está el fondo del asunto, la solvencia.

 

 

Me olvido de tecnicismos y voy a tratar de explicar de una forma que esté al alcance de cualquier lector la diferencia entre LIQUIDEZ y SOLVENCIA.

Una empresa es solvente cuando tiene más bienes realizables que deudas. Supongamos una pequeña empresa que es propietaria de diez viviendas con valor global de dos millones de euros; y debe, por todos los conceptos, medio millón de euros; como en la situación actual los inquilinos no van a poder pagarle el alquiler durante un tiempo, tiene necesidades transitorias de LIQUIDEZ para hacer frente al préstamo del medio millón de euros que tiene de deudas, las nóminas, agua, luz, etc. Le falta liquidez, pero es SOLVENTE porque, en el supuesto de impago del préstamo, el prestamista puede cobrar dada la solvencia del prestatario.

¿Es este el supuesto de esas empresas que a fecha de estos comentarios han solicitado un ERTE para millón y medio de asalariados? Yo creo que no, que muchas empresas que ya antes de esta crisis apuntaban problemas financieros, van a aprovechar para solicitar Concurso de Acreedores en el momento que puedan posterior al actual Estado de Alarma. Perderá el banco el 20% de lo prestado, y el Estado el 80% restante, más lo que tendrá que pagar el FOGASA, que garantiza a los trabajadores la percepción de salarios, así como las indemnizaciones por despido o extinción de la relación laboral, pendientes de pago a causa de insolvencia o procedimiento concursal del empresario.

En cuanto a las medianas y grandes empresas, la cobertura del Estado será del 70% cuando se trate de nuevos préstamos, y del 60% cuando sean renovaciones de préstamos que vayan a vencer en los próximos meses, hasta el próximo septiembre, quedando excluidos de garantía los de importe unitario superior a 50 millones de euros.

No estoy diciendo que sea mala la decisión tomada por el Gobierno, pero no sería lo que yo hubiera hecho; solo estoy apuntando que todo esto no va a salir gratis ni a los bancos ni a los ciudadanos españoles.

PD – Mientras escribo estas líneas, está interviniendo Pedro Sánchez en los medios de comunicación, tratando de salvar su responsabilidad y de su equipo de gobierno, echándole la culpa a Europa por la falta de cooperación en facilitar material sanitario y ausencia de un plan de ayuda financiera para cuando acabe esta pandemia, a la vez que anuncia que “Todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán permanecer confinados en sus casas, con permiso retribuido y recuperación en el futuro de las horas no trabajadas”. Mal, muy mal tienen que estar las cosas para haber tomado esta decisión y para quedar en evidencia con sus colegas europeos.

Pedro el Venerado y los siete días de la semana

Entre la cantidad de noticias que se producen todos los días, muchas pasan desapercibidas, sobre todo para aquellas personas que, cuando llega el momento de votar, lo hacen con el corazón y no con la cabeza. En lo que llevamos del mes de febrero, hay algunas que yo considero importantísimas, pero que son algo así como la rana que se baña en agua templada y no se da cuenta que la están abrasando de calor hasta que no tiene fuerzas para saltar de la olla en la que se consume.

Uno

Dentro de las negociaciones para que el Venerado Líder Supremo siga ostentando el poder, se encuentran la transferencia de la gestión de la Seguridad Social a la Comunidad Vasca, si bien insisten que esa transferencia “no supondrá en ningún caso la ruptura de la caja única”, que está protegida constitucionalmente, y que además el Gobierno de Iñigo Urkullu no ha reclamado, porque le obligaría a asumir el abultado déficit de una eventual Seguridad Social vasca. La competencia lleva aparejada la gestión y control de las cotizaciones a la Seguridad Social y la recaudación de las cuotas o el aplazamiento y fraccionamiento de las mismas. Euskadi también se hará cargo de la afiliación, las altas y bajas de los trabajadores. Los ingresos y su reparto electoral para ellos, la deuda para lo que ellos llaman “el Estado”.

 

 

Si se rompiera “la caja única”, y más si lo es por las comunidades autónomas más ricas, adiós a la viabilidad de las pensiones por mucha reforma que se intente hacer, y que ni sanchistas ni podemitas vuelvan a hablar de solidaridad de “quien más tenga, más pague” pues su palabra huera quedaría reducida a los ricos que no piensan como ellos, y no contra sus amigos ricos.

Y, adelantándose a los acontecimientos, Iñigo Urkullu ha dicho que subirían la pensión a sus jubilados. Yo, que coticé cinco años en el País Vasco, ¿me voy a beneficiar de ello? Hoy en día no hay que usar mosquetones, espadas ni machetes para ganar una guerra.

Dos

Hace ya más de dos semanas que se produjo el derrumbe del vertedero de Zaldíbar (Vizcaya), dejando sepultados y desaparecidos a dos obreros de la empresa que lo gestionaba. La UME – Unidad Militar de Emergencia, lo único bueno que hizo ZP, se ofreció desde el primer día a colaborar en la tragedia, aportando el material humano y técnico necesario para ello. El ofrecimiento fue rechazado por el Gobierno Vasco, supongo que porque se consideran autosuficientes para solucionar el problema.

Si en vez de esos dos pobres obreros sepultados hubieran sido el lendakari y el vicelendakari, ¿hubieran actuado igual?

Si el hecho se hubiera producido en una Comunidad gobernada por la oposición, ¿Cuántos ecologistas, unidades móviles de La Sexta, periodistas de El País, sindicalistas liberados e incluso el vicepresidente Pablénin estarían a pie de obra despotricando contra la ineptitud de los gobernantes?

Tres

El presidente de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, ha pedido la supresión del impuesto de Patrimonio y una armonización de la fiscalidad de las autonomías para “evitar paraísos fiscales dentro del Estado español”. El presidente de CEIM, Miguel Garrido, le ha contestado: “No se puede pedir que le suban los impuestos a otros. Que le bajen los impuestos a Cataluña es bueno para todos, pero que se aumenten en Madrid supondría una caída de la competitividad de las empresas, de la actividad y del empleo. No sería bueno para España”.

Sánchez Llibre ha asegurado que «las diferencias (entre Madrid y Cataluña) son cada vez más importantes y abismales y pueden tener unas consecuencias económicas muy negativas para Cataluña». Lo argumentó con diversos ejemplos: «Los catalanes pagamos un 10,38% más de IRPF que el ciudadano de Madrid»; «los catalanes pagamos impuesto de Patrimonio, los madrileños no»; «cuando los catalanes pagamos renta y Patrimonio, pagamos un 40% más que los ciudadanos de Madrid»; «en transmisiones patrimoniales pagamos un 55% más que en Madrid»; «pagamos sucesiones y donaciones, los madrileños, no», y «en actos jurídicos documentados, un 233% más». A ello se suman, prosiguió el presidente de Fomento, los impuestos que afectan a la actividad empresarial, como la subida de la tasa turística, el impuesto sobre las viviendas vacías, el de las bebidas azucaradas y el gravamen sobre el CO2.

En las intenciones del Gobierno está acabar con la libertad fiscal que tiene Madrid. Los mensajes en este sentido se han repetido por varios miembros del Ejecutivo. Sostiene el presidente, Pedro Sánchez, que es preciso impulsar una armonización del pago de impuestos en España y acabar con «dumping» fiscales como el de Madrid que, a su entender, abren un «agujero» e influye en la despoblación de otros territorios. Hasta aquí un resumen de lo publicado por ABC.

A Sánchez Llibre se le ha olvidado decir que Cataluña, además de haber montado una infraestructura de amigos secesionistas en todas sus administraciones, destina muchísimo dinero para su demandada secesión de España, está comprando materiales diversos “por lo que pueda pasar”, y está manteniendo dinerariamente a miles de grupúsculos que agitan la calle y cuyo único objetivo es proclamar la republiqueta catalana.

En cuanto al otro Sánchez, el Venerado, quiere acabar con una comunidad autónoma que, año tras año, ha demostrado que se pueden bajar impuestos y crecer más que nadie hasta llegar a ser la que más aporta a las arcas públicas comunes. Eso sí, tiene un estigma: No es de pensamiento único a sus ideas. A pesar de ser Doctor en Economía, si hubiera trabajado en la empresa privada sabría que cuando los ingresos no suben, lo que hay que reducir son los gastos porque si no, al responsable se le señala la puerta de la calle que, por otra parte, es lo que le va a pasar a él cuando explote la nueva crisis económica española.

Cuatro

El Parlamento de Cataluña se compromete a dejar de comprar productos del resto de España. La decisión se ha tomado a raíz de una queja del Consejo Comarcal de les Garrigues, reclamando que en lugar de comprar aceite de Madrid se compre catalán, y que se compruebe la nacionalidad de unas manzanas que, parece ser, procederían de Italia. Igualmente, que la leche y el vino que se sirven en el parlament a partir de ahora sean productos catalanes con “denominación de origen”.

Borges, Nescafé, Marcilla, Okey, Hornimans, Font Vella, Codorníu, Freixenet, Vichy Catalán, Damm, Donetes, Bollycao, Kinder, Panrico, Fontaneda, Biocentury, ColaCao, Royal, Nutella, Ligeresa, Calvé, Apis, Flora, Tulipán, Knorr, Aneto, Casademont, Noel, Frigo, Evax, Ausonia, Dixan, Flor, Mistol, Neutrex, los supermercados Caprabo, Condis o BonPreu …. Todos estos, y muchos más, de carácter independentistas, que no se quejen que venden menos y que empiecen por limpiar en su propio parlamento autonómico.

Se completa el día con una tal Gilabert, que es una de las concursantes de OT 2020 en TVE sanchista, que se ha descolgado con: “He hablado con mis padres en español. En la vida había hablado con ellos en ese idioma del demonio” (sic). ¡Dona de poble petit!, ¿pretendes triunfar en Las Vegas hablando en catalán? O moure bé la boca, o tendrás que hablar español e inglés.

Cinco

La violación de una niña de trece años la pasada Nochebuena, ha sacado a la luz pública un montaje organizado de prostitución de menores de edad, 16 hasta ahora, que viven en centros concertados y bajo la tutela del Consell de Mallorca.

Según El Diario de Mallorca trabajadores sociales y policías denunciaban con frustración la negligencia e inacción del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y describían como un fenómeno habitual, desde hace años y con decenas de menores afectadas, las escapadas de niñas bajo su tutela para ser sexualmente explotadas a cambio de pequeñas cantidades de dinero o regalos.

Serían en su mayoría niñas a las que terceras personas han obligado a mantener relaciones con adultos cuando salen a diario de los centros de acogida o los pisos tutelados de régimen abierto, a los que llegan derivadas porque sus familias no pueden hacerse cargo de ellas, menores de extrema vulnerabilidad porque arrastran problemas psíquicos de todo tipo.

Me escribe mi amiga Ana Alba: ¿Dónde están las “hermanas feministas”? ¿Dónde están las manifestaciones en favor de estas pobres niñas? ¿Dónde están las condenas públicas y peticiones de investigación a toda máquina? ¿Por qué no se pone en la picota al Gobierno Balear? ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera sucedido en Madrid o Andalucía?

El Gobierno Balear es un tripartido de izquierdas. ¿Qué se ha hecho hasta ahora sobre este asunto? Que se sepa, nada. Es más, se ha corrido un tupido velo sobre ello por los más importantes medios de comunicación. Solo sabemos que no hay nadie detenido, nadie imputado, nadie investigado; y cuando así sucede, detrás hay drogas y corbatas, más aún cuando el Gobierno balear presidido por la socialista Francina Armengol, en coalición con Podemos, ha bloqueado una comisión de investigación sobre el caso.

Y el cenit del despropósito lo ha puesto Pablénin el pasado miércoles en el Congreso de Diputados, llamando “fascistas” a la oposición que ha preguntado por este tema: Del siniestro “hermana, sí te creo”, se ha pasado al insulto macarra barriobajero.

Seis

El ICO – Instituto de Crédito Oficial, es un Banco Público con personalidad jurídica, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión para el cumplimiento de sus fines, que se rige por normativa del año 1995.

 

 

Hay que decir que el ICO es donde todos los bancos enviaban las operaciones que no veían viables contabilizar en su balance, o sea, malas, y el Estado las financiaba, incluso a un precio más barato que las entidades bancarias. Con datos de 2017, presentaba una tasa morosidad del 83% del saldo vivo de su línea “ICO directo”, que corresponde al 39% si se incluye el propio saldo de Mora en el dividendo; he estado revisando la información financiera de 2018, última publicada, y le han lavado algo la cara, pero las cifras de morosidad aparecen diluidas bajo conceptos de “importes netos” de los diferentes epígrafes que componen su balance, y cuya Cuenta de Resultados la salva las “comisiones” por la gestión del FFPP y del FLA.

Es de todos conocido, el deseo, pasión, de Pablénin Iglesias de tener un Banco Público, su banco privado para desgracia de la economía española: Las antiguas Cajas de Ahorro van a ser un juego de niños comparado con lo que va a hacer este con el ICO que le están preparando, fuera del control de la supervisión competente, esto es, no tendrá que rendir cuentas a la CNMV sobre su gobierno corporativo. Según Hispanidad, Nadia Calviño adelantó algo la semana pasada durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso. Quiere reforzar el ICO y utilizarlo como instrumento para apalancar la transición energética y digital de nuestra economía, lo que significa eso que están pensando y que tendrá esas consecuencias que están imaginando.

Un tema que nace muerto, el juguete que se le da al tonto del pueblo para que se entretenga con él, mientras se dedica a eso no nos molesta con Bankia y las pretensiones del PNV de fusionarlo con BBVA y hacerse así con el futuro Banco Nacional Vasco de la republiqueta euskaldún, en contra de lo que piensan los dueños de ese banco, que son fondos de inversión extranjeros.

Casi estaría bien si con lo que jugase Pablénin fuesen fichas del Monopoly, pero se trata de dinero, que tendremos que poner todos los españoles cuando el gobierno actual salga del poder por la crisis financiera a la que nos veremos abocados por su política económica.

Siete

Hace menos de un mes, escribíamos del nuevo ministro de Justicia Juan Carlos Campo Moreno, actual pareja sentimental de la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Meritxell Batet. Persona de máxima confianza de Pedro Sánchez, está destinado a ser uno de los grandes protagonistas de esta legislatura.

Es un hombre preparado, escrupuloso y meticuloso en sus intervenciones. Ahora, como ministro de Justicia, es el momento de demostrar que la Justicia, con mayúscula, es totalmente independiente, y está por encima, del poder político y de los egos personales, como él mismo dijo el pasado 18 de diciembre cuando recibió el premio a la Excelencia y Calidad en la Justicia por parte del Consejo General de Procuradores de España:

“La pasión por la Justicia ha vertebrado mi vida. Debemos luchar por tener una justicia pronta, eficaz e imparcial”. Si es así, que la nación se lo premie; y si no es así, que el pueblo se lo demande.

 

 

Bueno, pues la primera en la frente. Asegura que cambiará la ley para que la Fiscalía instruya las causas penales, con lo que se le concederá muchísimo más poder a los Fiscales, a las órdenes del Fiscal General del Estado, nombrado por el Gobierno de turno.

Según Libertad Digital, uno de los objetivos sería acabar con la instrucción de los jueces, para “deslindar” las funciones de investigación de los “juzgadores”. Campo ha asegurado que esta es una forma de “actualizar” el sistema de enjuiciamiento criminal y “superar” así lo que ha denominado como una “legislación decimonónica”.

Es el sistema americano, que funciona muy bien, pero se le ha olvidado decir que allí los Fiscales son elegidos democráticamente por su propio colectivo, y no como en España que no dejan de ser lo que Pedro El Venerado dijo: ¿La Fiscalía de quién depende? “Pues ya está…”

 

 

 

 

Banca – Tropiezo en la misma piedra

El español tropieza no dos, sino muchas veces, en la misma piedra. Y no aprendemos, ni en la vida, ni en el amor, ni en política, ni de nuestros errores.

 

La anterior crisis bancaria se cerró en falso, tanto por la falta de saneamiento total de algunas entidades, como por las Carteras morosas que permanecían vigentes en otras y que, sin peligrar su futuro, lastraban considerablemente sus cuentas de resultados.

Por otra parte, se creó un mastodonte llamado SAREB, en el que participaban los principales bancos salvo BBVA, que, como advirtieron muchos profesionales, ha resultado un rotundo fracaso y que los bancos inversores tendrán que amortizar, por dos razones principales: Cuando el bodeguero vende la bota, o sabe a pez o está rota: Tanto los inmuebles como las Carteras de Morosos y Fallidos traspasados, estaban más que gestionadas por los propios bancos, y en esta vida, salvo la vacuna contra el cáncer y contra el infarto, está todo inventado; y en segundo lugar, porque se entregó el mando a banqueros, no a vendedores inmobiliarios que ajustaran los precios a la demanda del mercado.

Desde hace años, hacer banca es muy difícil. Construir la Cuenta de Resultados por arriba, pasó a la historia hace tiempo. Tuvieron que recurrir a la parte baja, a los gastos, empezando por desenroscar bombillas de luz, actualizando contablemente inmuebles, que luego se vendían con una hipoteca de la misma entidad cuya cuota mensual era similar al alquiler pactado, prejubilaciones de personal, fusión de oficinas, amortizaciones a medida de las necesidades, y otras actuaciones similares que el Banco de España conocía y permitía.

A ello se añadió la crisis por impagos de préstamos y créditos, muchas veces concedidos al amparo de promesas de reconversión de proyectos inmobiliarios que nunca salieron adelante. Más tarde se sumó la morosidad de los préstamos hipotecarios a particulares y el aumento disparado de las Suspensiones de Pago, lo que hoy se llama Concursos.

 

 

Se superó todo ello con mucho esfuerzo y con la aportación de más de sesenta mil millones de euros por parte del Estado (al final quienes no hubieran cobrado hubiesen sido los depositantes), a las antiguas y algunas centenarias Cajas de Ahorro, entidades benéficas que fueron tomadas al asalto por partidos políticos, sindicatos y nuevos caciques regionales, hasta llevarlas a la quiebra técnica, no como pretende hacernos creer la ultraizquierda que fueron a los bancos.

A todo lo hasta aquí expuesto se han añadido otros problemas muy importantes:

  • Intereses muy bajos, incluso negativos, que perjudican al ahorrador e invitan al endeudamiento
  • El sector de la construcción empieza a mostrar claros síntomas de agotamiento influido por una coyuntura económica delicada y por la subida de precios, que están alcanzando cotas similares a la crisis precedente
  • Normativa jurídica que protege al mal pagador, al moroso y al malintencionado
  • Aumento del paro real, estancamiento de las PYMES, crisis económica que, igual que la vez anterior, se está negando por parte del Gobierno
  • Riesgo comercial. He hablado muchas veces sobre este tema. Volvemos a caer, una y otra vez, en el mismo problema. Desde hace años, los banqueros no son los dueños del banco; su objetivo es la consecución inminente de presupuestos de crecimientos absurdos por exceso de ambición, porque una parte importante de su sueldo va en ello y, además, no hay nadie que sancione sus errores

La tasa de Mora ha vuelto a crecer de forma importante, esta vez impulsada por el crédito al consumo. En teoría, el porcentaje de impagados en este apartado debía ser muy pequeño, porque la decisión de concesión o denegación la toman ordenadores que cuentan con millones de datos, propios y de terceros, de experiencias pretéritas. Claro que para crecer más que nadie y ser los más altos y los más guapos, los ordenadores se pueden programar de acuerdo a las propias conveniencias.

Según datos del Banco de España, los créditos impagados ligados al consumo se han disparado en un 25% en el último año.

El número de insolvencias empresariales (Concursos) está subiendo este año un 14%, según los datos facilitados por Axesor. En los diez primeros meses del año han solicitado el concurso de acreedores 3.890 empresas, el dato más elevado desde 2015.

La morosidad no solo ha crecido en el sector privado, también las administraciones públicas están dilatando los periodos de pago, complicando así la supervivencia financiera de muchas pymes. Los peores datos se concentran en las instituciones autonómicas y locales: Las comunidades están pagando con un retraso de 42 días y los ayuntamientos a más de 70 días, datos que no se veían desde la crisis pasada.

¿Y qué hace la banca? Pues huir hacia adelante. La ratio de Mora se calcula como porcentaje entre los dudosos y el ‘stock’ de crédito. Según actuemos con el dividendo y el divisor, así será el resultado. Crecemos, crecemos, crecemos mucho, y así rebajamos la tasa de Mora.

¿Y qué hace el Banco de España? Pues avisar, informar y estarse quieto hasta recibir órdenes de la superioridad

¿Y qué hace el Gobierno? Negar la realidad. Es más, entre los objetivos de Podemos está destituir a Goirigolzarri como presidente de Bankia para nacionalizarla o, de forma alternativa ante la negativa del PNV y sus votos a ello, convertir el ICO en un Banco Público. Hay que decir que el ICO es donde todos los bancos enviaban las operaciones que no veían viables contabilizar en su balance, o sea, malas, y el Estado las financiaba, incluso a un precio más barato que las entidades bancarias. Con datos de 2017, presentaba una tasa morosidad del 83% del saldo vivo de su línea “ICO directo”, que corresponde al 39% si se incluye el propio saldo de Mora en el dividendo; gravarla con nuevos impuestos, e intentar que, jurídicamente, sea prácticamente imposible el embargo y/o desalojo de los morosos. Si a eso unimos el incremento de la Deuda, que obligarán, entre comillas, a comprar a los bancos, entre todos, volveremos a poner en una delicada situación el sistema financiero español.