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Sin complejos

A fecha 01-04-2020, datos oficiales, 13,4 millones de trabajadores (10,0 millones empleados privados y 3,3 millones empleados públicos) tienen que pagar a 17,7 millones de personas que viven del erario público. A esas cifras hay que sumar los nuevos parados por ERTE, Concursos y despidos que se producirán cuando se pueda volver libremente al trabajo, aunque también descenderán las de los ERTE’s actuales. Y la RENTA MÍNIMA, a todo aquel vago, español o extranjero, legal o ilegal, que quiera vivir del cuento en España, además de las prostitutas, a las que la izquierda niega su legalización y regularización, con cotización de impuestos y de seguridad social, pero las incluye como “voto cautivo” en esta nueva dádiva para dependientes perpetuos del Estado. ¿Quién va a pagar esta fiesta?

En mi opinión, y siempre que a nuestro Gobierno sanchista-comunista no se le ocurra salir del euro, expropiar los ahorros particulares o nacionalizar los sectores básicos de producción en España, habrá que afrontar una serie de reformas estructurales, en el fondo y en la forma, para que la empresa privada cree empleo, mucho y rápido, de tal manera que se evite el pillaje y los delitos por obtener el sustento básico, para lo que hay que incentivar fiscalmente la contratación y delimitar un “periodo máximo” de circunstancias extraordinarias: Ya que no se puede devaluar la moneda, ni tampoco se debe devaluar el salario, hacerlo mediante el aumento de una hora diaria más de trabajo, método empleado en Alemania y en Japón para su reconstrucción después de la IIWW.

Además, habrá que impulsar la creación de industrias y empresas de nueva tecnología, técnicas avanzadas, biomédicas, farmacéuticas, robotización, armamentística, investigación y desarrollos propios, que cumplan un doble objetivo: Evitar la dependencia de terceros, y sustituir al turismo y a la construcción como pilares básicos de nuestra economía. Esto habría que haberlo hecho, con o sin coronavirus, desde hace años.

Para ello, para que podamos volver a situarnos con el poder adquisitivo y el nivel de vida del que veníamos disfrutando, hay que aplicar una fórmula muy sencilla que decía un viejo profesor mío: Para que una empresa vaya bien, solo hay que hacer dos cosas: Aumentar los ingresos y disminuir los gastos.

Aumentar los ingresos en la Hacienda Pública es SUBIR LOS IMPUESTOS. Quienes en su día hayan votado conociendo y siendo conscientes de los programas electorales de los distintos partidos políticos, sabrán de las verdaderas intenciones comunistas de Podemos, que aprovechará la desgracia ajena del coronavirus para imponer su ideario:

Subir el IRPF a las rentas de más de 100.000 euros anuales, con un tipo marginal del 47%, que llegaría hasta el 55% para las de más de 300.000 euros.

Que las rentas del capital tributen en la misma base que las del trabajo, incluyendo las plusvalías generadas en menos de dos años (ampliable a seis en el caso de inmuebles).

Eliminar las desgravaciones fiscales de los planes de pensiones, cuyo límite actual se sitúa en 8.000 euros al año por contribuyente.

Crear un Impuesto sobre la Riqueza (ahora “tasa covid”) sobre patrimonios de más de 1 millón de euros, con el fin de recaudar el 1% del PIB (más de 10.000 millones de euros). Tendría un mínimo exento por primera vivienda de 400.000 euros y gravaría con un 2% los patrimonios de más de 1 millón, con un 2,5% los de más de 10, con un 3% los superiores a 50 y con un 3,5% los de más de 100 millones. Sustituiría al Impuesto de Patrimonio.

Elevar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, armonizándolo a escala estatal a partir de un mínimo de tributación para evitar la competencia fiscal entre comunidades autónomas.

Establecer un tipo del 35% en el Impuesto de Sociedades para las bases imponibles superiores al millón de euros, introduciendo, además, un tipo mínimo del 15% sobre el resultado contable.

Aplicar un Impuesto sobre los Depósitos con un gravamen mínimo del 0,2%, con la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan establecer recargos adicionales.

Crear un recargo específico en el IBI para viviendas desocupadas.

Aprobar un Impuesto sobre las Transacciones Financieras para gravar con un 0,3% la compra de acciones y derivados, quedando exenta la adquisición de deuda pública.

Y recortar las pensiones, algo parecido a lo que, en doce ocasiones diferentes, se hizo en Grecia cuando tuvo que acudir la Unión Europea a su rescate con el comunista Tsipras en el poder. Otros perjudicados serán los funcionarios públicos, congelando durante unos años las subidas de sueldo y suprimiendo MUFACE, ISFAS y MUGEJU.

La otra alternativa es la austeridad, lo que es lo mismo RECORTAR EL GASTO. Pero, me temo, que no va por ahí la estabilización de nuestra Deuda Pública, porque lo que propongo a continuación sería acabar con muchas canonjías propias, y muchos de nuestros políticos no podrían colocarse ni de cajero de un supermercado.

  • Congreso de Diputados: Dos por cada provincia con menos de medio millón de habitantes; cuatro Diputados para las provincias que tengan más de medio millón de habitantes.
  • El Senado estará formado por dos Senadores por cada provincia española, uno por cada una de las poblaciones de Ceuta y Melilla, y dos por cada Comunidad Autónoma, elegidos de entre sus parlamentarios.
  • El Concejo Municipal de los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes estarán compuestos por cinco personas, Alcalde, Vicealcalde y tres Concejales.
  • El Concejo Municipal de los ayuntamientos comprendidos entre 50.000 y 500.000 habitantes, estarán compuestos por diez personas, Alcalde, Vicealcalde y ocho Concejales.
  • El Concejo Municipal de los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes estarán compuestos por quince personas, Alcalde, Vicealcalde y trece Concejales.
  • Supresión de los casi doscientos mil asesores y cargos de confianza políticos, siendo sustituidos por funcionario públicos de carrera, que desempeñen la dirección técnica de las instrucciones políticas.
  • Fusionar algunas Comunidades Autónomas, con lo que desaparecerían multitud de cargos, carguillos, amiguetes y caciques locales, a la vez que se reconoce de forma expresa las particularidades propias de Cataluña y el País Vasco a las que, dentro de la solidaridad interterritorial e isonomía entre todos los españoles, mantendrán autonomía financiera y otras transferencias de servicio al ciudadano, salvo temas de educación, defensa, justicia y sanidad, que será igual en todo el territorio español.
  • Igualar las condiciones de las pensiones de todos los cargos públicos a la del resto de trabajadores, años de cotización y plazos, así como cotización por la totalidad de emolumentos.
  • Atajar el fraude a Hacienda y a la Seguridad Social en un doble sentido:

-Inspecciones, con capacidad sancionadora y fecha máxima de seis meses para resolver recursos, a empresarios y empresas, cobrando las deudas en efectivo o garantizándolas de forma suficiente, preferentes en el supuesto de Concurso.

-Convertir en productivo el gasto improductivo que es la prestación por desempleo, renta mínima  y subvenciones a quienes no trabajan, introduciendo criterios de eficacia, cambiando el concepto por el de Salario Estatal, periodo transitorio, cobrando las dos terceras partes del SMI, a fin de que busquen trabajo de forma activa, con contraprestación de colaboración social de obligado cumplimiento por parte de los perceptores, a disposición y mando del alcalde de cada municipio, en horario de jornada completa: Mañanas, de nueve a catorce horas, arreglo de carreteras y caminos, ambulatorios, hospitales, escuelas, cárceles, limpieza de bosques, riberas y acequias, medio ambiente, acompañamiento de disminuidos, discapacitados, ancianos, y mil y una necesidades más que es necesario cubrir. Horario de tarde, de cinco a siete: Cursos de capacitación impartidos en escuelas, institutos y universidades, por profesores de esos centros, controlados por el Estado. Todo ello con el mismo rigor con el que se lleva a cabo el horario en cualquier empresa privada.

  • Corrupción. Ley de punto final, y fijar un plazo máximo para sentenciar los procesos hoy abiertos. Acuerdo parlamentario (o sea, de siete personas: los cinco líderes nacionales, el vasco y el catalán) para que el próximo que caiga en ello, persona, grupo o partido, sea fulminado política, económica y carcelariamente, de forma rápida y ejemplar. El último tema, de la semana pasada, un supuesto fraude de 40 millones de euros por parte de la anterior cúpula del sindicato UGT en Andalucía
  • Suprimir todo tipo de subvenciones:

-Cultura, teatro, cine y artistas en general, darles un porcentaje de bonificación fiscal sobre el importe declarado de los resultados obtenidos por el trabajo realizado.

-Nuevas empresas y autónomos, exención fiscal total los dos primeros años, condicionado a su permanencia futura como actividad o empresa.

-Clubs, ONG’s, organizaciones varias, feministas, y de otra índole cualquiera, sin subvenciones de ningún tipo. Se harán cargo de ellas las Comunidades Autónomas, con funcionarios públicos de carrera, y serán auditadas por el mismo organismo que lo haga de las Cuentas Públicas.

-Inmigrantes, se aplicará la vigente Ley de Extranjería, debiendo acogerse a los identificados y legalmente expatriados, con contrato de trabajo, que tendrán las mismas ayudas que los nacionales.

-Sindicatos obreros y patronales, partidos políticos: Sin subvenciones. Solo tendrán ingresos por las cuotas de sus afiliados y por donaciones nominativas y suficientemente identificadas, sujetas a impuestos, de particulares y empresas, sujetas a bonificaciones fiscales.

-En cuanto a las ayudas al alquiler, becas de libros, sanidad y pensiones sin haber cotizado en toda su vida, se suprimirán para todo extranjero que se encuentre de forma ilegal en territorio español.

  • Modificar el sistema actual de pensiones para futuros pensionistas; el actual Ministro de Seguridad Social era un prestigioso profesional en esta materia, pero desde que le nombraron Ministro, parece que se le ha olvidado todo lo que sabía y se ha comprado una almohadilla para arrodillarse.

Con lo aquí expuesto, hay materia suficiente para formar un Grupo de Trabajo con verdaderos expertos, para analizar en profundidad estas propuestas y cuánto supone en la economía española para tratar de solucionar la situación económica actual, y si se atreve el Gobierno, promueva un referéndum nacional a ver qué dicen los ciudadanos sobre ello.

Cuanto antecede, siempre que no haya que pedir un RESCATE a la Unión Europea, que sería lo lógico, ante la falta de liquidez de nuestra Hacienda Pública. Hay quién apuesta por una intervención por parte de Europa para septiembre; cambiarán los hábitos de consumo, compraremos poco y lo necesario, imponiéndose las compras por internet. Se acabarán los gastos superfluos. Cambio cultural y estructural de todo el sistema político, económico y empresarial que hemos conocido hasta ahora.

Podemos se opondrá de forma contundente a ser dirigidos y controlados por Europa, por lo que Pedro Sánchez se verá forzado a convocar nuevas elecciones generales para el próximo año 2021.

La mayoría de españoles no son/somos conscientes que ya nada será igual, que tendremos que cambiar nuestra forma de vida y que los próximo años vamos a pasarlos muy mal en todos los aspectos, porque estamos en el momento más delicado, sanitaria y económicamente, desde la guerra civil española del siglo XX.

Antonio Campos

 

Publicado en PUERTA DE MADRID de Alcalá de Henares el 15-05-2020