Agosto político

Pedro Sánchez y sus huestes garbanceras gubernamentales se han echado encima -dialécticamente- de Isabel Díaz Ayuso por su amago de incumplir la nueva ley que regula la  temperatura del aire en los recintos habitables acondicionados, declarando pomposamente que “la ley en España se cumple”. Eso querríamos todos, aunque muchas de las que salen de su mano mejor hubiese sido que pasaran directamente a la papelera de los documentos nonatos.

En Cataluña no solo no han hecho caso de la ley de inmersión lingüística, sino que han puesto los denominados “coordinadores lingüísticos” en las escuelas, chivatos correctores fascistas para que los niños no hablen en castellano o español. Y han preparado un decreto autonómico para el presente curso 2022-2023 para los niños de hasta seis años en el que se incluye:

  • La familia es secundaria y debe adaptarse a los pedagogos
  • Imposición del catalán y exclusión de la lengua española
  • Perspectiva de géneros y educación afectivo sexual para el desenvolvimiento de los niños en un entorno sin estereotipos.
  • Igualitarismo ideológico
  • Agenda 2030

En una nación en profunda crisis económica, Cataluña cuenta con 63 embajadas en 43 países, para expansión internacional de la Generalidad catalana, abiertas con el dinero de todos los españoles para confabular contra España.

El presidente de España se reúne con el presidente de la autonomía catalana, de igual a igual, como si Cataluña fuera un país independiente, y el Conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, declara que “Queremos que el diálogo fructifique, pero el referéndum en Cataluña es inevitable”. Lo que es igual, se obtienen las conclusiones antes de iniciar el diálogo, imposición se llama eso. Y mala solución tiene el tema porque mientras el sanchismo permanezca en el poder con los votos independentistas catalanes, Pedro Sánchez antepone cualquier concesión que le propongan si ello le permite seguir utilizando el colchón nuevo que se compró cuando llegó a la Moncloa. Y si mañana fuese presidente alguien contrario a la independencia de ciertas autonomías, entraríamos en una espiral cuyo resultado final podría ser un enfrentamiento bélico, ese en el que algunos catalanes están dispuestos a poner 50.000 muertos para obtener su independencia.

Bruselas ha dicho, para quien quiere oírlo, que el gran problema de España son las autonomías, porque las reformas que piden chocan con las competencias autonómicas o las exigencias impuestas por los partidos nacionalistas.

Pedro Sánchez, para ir preparando el terreno, nombra al nuevo fiscal general, Álvaro García Ortiz, y pretende poner al frente del Tribunal Constitucional a Cándido Conde Pumpido, dos afectos a la causa sanchista de vida y hechos, para así retorcer la Constitución Española y el Código Penal, porque uno de los asuntos que han tratado entre “presidentes” es desjudializar los procesos o imputaciones iniciados contra más de 300 CDR, los delitos relacionados con el separatismo y las actuaciones que en ese sentido se pudieran producir en el futuro. La traducción es que Pedro Sánchez está avanzando a marchas forzadas hacia una concentración absoluta de poderes: El Ejecutivo que él preside; el Legislativo que él se ha encargado de convertir su minoría parlamentaria en mayoría de votos a cambio de concesiones y, además, envolverlos en la pátina de secretos oficiales; y el Judicial, que maneja tras bambalinas y que, si al final le falla, tiene el indulto como premio a sus adictos.

El pueblo español no pasa de comentarios de taberna, de sufrir la incomprensión de la democracia igual que sufría la del franquismo, de ver cómo se malgasta el dinero de los cada vez mayores impuestos y ayudas recibidas de la Unión Europea, de cómo sube el precio de la cesta de la compra, de volver a solicitar préstamos bancarios para poder llegar a fin de mes, y los bancos nuevamente caer en el mismo problema porque si una persona no puede pagar sus gastos habituales mensuales, ¿cómo va a poder pagar el importe extra que le supone ese préstamo?, de ver frustradas sus expectativas de futuro.

Pero, amigos, no hay que preocuparse, estamos en el mes de agosto, todo el mundo de vacaciones, incluido nuestro presidente del Gobierno, que se ha tomado veinte días pagados en instalaciones del Patrimonio Nacional -desconozco si se lo imputarán en sus emolumentos como retribución en especie- y hace un calor que muchos dicen corresponde al “cambio climático”, pero que se llamaba verano cuando yo era pequeño, y no había aire acondicionado ni en las viviendas ni en los coches, y la gente se sentaba a la puerta de sus casas en el pueblo, con el suelo correspondiente a su fachada debidamente regada, por ejemplo, cada hora, a “tomar el fresco” hasta que se “levantaba un ligero aire” y se iban a acostar.

Tampoco ahora son tiempos de eso, pero de aquello a que a las diez de la noche se apaguen las luces, hay un trecho muy importante, aunque entonces vivíamos aislados del mundo y ahora el mundo nos aísla.

Antonio CAMPOS

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