Semántica retorcida

El Gobierno sanchista ha presentado una proposición de ley para establecer un «gravamen excepcional no tributario», una «prestación patrimonial de carácter público» a banca y energéticas que, dada la mayoría absoluta parlamentaria que lo sostiene, es de suponer se aprobará sin enmiendas de ningún tipo.

Estos gravámenes, dice la Exposición de Motivos que trata de justificarlos, «están caracterizados por su carácter coactivo y el interés público que subyace en los mismos. Además, “dichas prestaciones no tienen un carácter tributario, por cuanto se configuran como instrumentos de intervención del Estado en la economía […] Por tanto, la exigencia de la prestación a los obligados al pago no se incardina en el ámbito de una relación jurídica-tributaria, sino en el contexto de la intervención del Estado en la economía a fin del cumplimiento de los principios y valores constitucionales que rigen nuestro contrato social».

Este nuevo impuesto, torticeramente retorcida la semántica, sobre las entidades bancarias y las empresas energéticas, se ha concebido que sea del 1,2% sobre las ventas de las empresas energéticas y del 4,8% sobre las comisiones e intereses netos de las entidades financieras, lo que, de entrada, significa que está redactado por alguna mala persona, que deja fuera del devengo todos los gastos que la actividad empresarial lleva consigo.

En la referente a los bancos, esa definición de “comisiones e intereses netos”, sin más explicaciones adicionales, corresponden al Margen Bruto de su Cuenta de Resultados, que según  el experto financiero Jose Ramón Fernández de la Cigoña lo simplifica: “Margen bruto = Ventas – Coste de los bienes vendidos”.

Sólo se tendrá en cuenta las operaciones dentro de España, por lo que los más beneficiados serán los grandes grupos diversificados internacionalmente, y en el caso de empresas extranjeras sólo tributará la filial doméstica. La base imponible serán los beneficios de los años 2022 y 2023 y se abonarán a ejercicio vencido en el mes de septiembre del año siguiente, con un pago a cuenta del 50 % del total en el mes de febrero, y no podrán deducirse en el Impuesto de Sociedades.

 Si analizamos los datos que han presentado las principales entidades bancarias a fin del primer semestre del presente año, las cifras serían las que se indican a continuación, que drenará liquidez al mercado y que podría acarrear problemas financieros a alguna entidad.

Pese a que el Gobierno tiene mucho cuidado en no nombrar la palabra impuestos en esta nueva propuesta de ley es evidente que no se trata de una tasa, pues estas se imponen a cambio de un servicio, que no es este el caso; es por tanto un impuesto al que se le ha cambiado la semántica para tratar de evitar pleitos ante la justicia porque, claramente, es una doble imposición que ya se grava en el Impuesto de Sociedades.

Como guardián de su cumplimiento ponen al Banco de España, cuando es el BCE el único habilitado para investigar en los bancos sistémicos europeos, y fue el que en su día dijo que “las entidades bancarias deben trasladar todos sus costes a los nuevos créditos”. Y los precios los marca la libre competencia porque si el Gobierno decidiera estabular los tipos de interés máximos a aplicar, entonces estaríamos claramente en una senda autócrata sin duda alguna.

Pese a que el Gobierno tiene mucho cuidado en no nombrar la palabra impuestos en esta nueva propuesta de ley, es evidente que no se trata de una tasa, pues estas se imponen a cambio de un servicio, que no es este el caso; es por tanto un impuesto al que se le ha cambiado la semántica para tratar de evitar pleitos ante la justicia porque, claramente, es una doble imposición que ya se grava en el Impuesto de Sociedades.

Como guardián de su cumplimiento ponen al Banco de España, cuando es el BCE el único habilitado para investigar en los bancos sistémicos europeos, y fue el que en su día dijo que “las entidades bancarias deben trasladar todos sus costes a los nuevos créditos”. Y los precios los marca la libre competencia porque si el Gobierno decidiera estabular los tipos de interés máximos a aplicar, entonces estaríamos claramente en una senda autócrata sin duda alguna.

Además, se abre una nueva vía judicial tanto para el Gobierno como para bancos y eléctricas, porque al no tratarse de impuestos, según ellos, no podrá aplicarse la vía económico-administrativa prevista para los tributos, ni los recursos pertinentes, quedando todos al arbitrio de los diversos tribunales que sentenciarán de diferentes formas.

Es de suponer que las empresas afectadas presentarán recurso de inconstitucionalidad, ese organismo que debería ser el sacrosanto lugar de justicia unánime e irrebatible, pero que se ha convertido en un partido en el que todos los intermediarios tratan de que jueguen los peones adictos a su causa y que, vistos antecedentes, en el mejor de los casos podrían pasar varios años antes de su decisión por lo que, si hubiera que devolver el dinero ahora recaudado, serían otros, del partido gobernante o de la oposición, pero no estos membrillos excesivamente azucarados en olor de multitudes dictatoriales bolivarianas de “si Ana Botín e Ignacio Galán protestan, es que vamos en la buena dirección”, o sea, todos para pobres subvencionados y en primer tiempo de saludo a favor del Gobierno.

El tema, en mi opinión, tiene otras derivadas que, hasta ahora, han pasado desapercibidas para los medios de comunicación.

La falta de seguridad jurídica y de garantías que tiene España para el inversor extranjero, fundamental para que llegue el dinero a nuevas empresas, actuales, tecnológicamente avanzadas y que generen valor añadido para todo el mundo, empezando por los salarios de sus empleados.

España sigue siendo un país de economías particulares moderadas y muchas familias, de todo tipo y condiciones, tienen sus pequeños ahorros en Planes de Pensiones y Fondos de Inversión que, todos, tienen posiciones en bancos y eléctricas, por su solvencia a largo plazo y por sus rendimientos en dividendos. Aquí va a salir perjudicado todo el mundo, sobre todo el modesto ahorrador que no tiene posiciones en los mercados internacionales, que son absoluta mayoría.

Todavía hay personas interesadas en decir, muy seguros y en voz muy alta, que hace años se rescataron a los bancos españoles. Es mentira, con mayúscula. Se rescataron a las centenarias Cajas de Ahorro, tomadas al asalto por políticos, sindicalistas y caciques locales, alguna de ellas con ilustres apellidos en sus consejos asesores y largas carreras políticas descorbatadas. Es más, tampoco. Se salvaron a los depositantes, a todos esos que, sin saber nada del tema aceptan como buenos los mensajes interesados, al Juan Español de a pie, que hubiera perdido sus ahorros pues el Fondo de Garantía de Depósitos no tenía dinero para hacer frente a todas las insolvencias que se habrían producido.

Y, en tercer lugar, algún maléfico, físico o mental, podría estar pensando en una OPA sobre los bancos españoles, cuya cotización está a tiro de piedra de algún amigo que facilitase la nacionalización de la banca vía toma de accionariado a unos precios muy por debajo de su valor en libros. Hay quien pensará que esta es una idea digna de Edgar Alan Poe, pero no, es una posibilidad que los consejos de administración de esas entidades deberían plantearse.

Y la oposición, ¿qué dice de todo esto? Me temo que, entre tenidas conjuntas y temidas universales, piensan en Esopo: Las uvas todavía están verdes.

Antonio CAMPOS

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2 responses to “Semántica retorcida”

  1. ANGELES VARELA JUL says :

    Buenos días Por favor quería saber si en la tabla del artículo aparece el 50% que mencionas en el artículo y sí aparece¿ Me podrías decir por favor que concepto es? Muchas gracias

    Me gusta

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