El problema de la vivienda

«Al terminar la guerra, ante el tremendo problema de la escasez de casas, se creó el Instituto Nacional de la Vivienda, y al señor Federico Mayo le fue confiada la dirección de este organismo, que ha regentado con singular acierto hasta su muerte en 1954 […] Como buen navarro era un católico ferviente, hombre de gran temple, español por encima de todo, con extraordinaria capacidad de trabajo y buen juicio, y su hombría de bien y austeridad constituyen un ejemplo admirable», glosaba ABC a en el momento de su óbito.

Cuando terminó la Guerra Civil, España tenía algo menos de 26 millones de habitantes. Solamente en Madrid, había 800.000 chabolas o infraviviendas, en las que vivían entre millón y medio y dos millones de personas.

Aunque las viviendas de protección oficial se crean mediante la ley de casas baratas del 13 de junio de 1911, que fue una entelequia que nunca produjo los resultados para la que fue legislada, no fue hasta el año 1954, con la Ley de Viviendas de Renta Limitada, cuando se reguló el precio de las viviendas e impulsó la creación de viviendas de protección oficial, dando luz verde, además, a la construcción de bloques en altura, “diferenciando claramente una vivienda de Protección Oficial de aquellas viviendas de mercado libre. Esta legislación queda bajo la responsabilidad del I.N.V, siendo estas viviendas de renta limitada aquellas construidas con arreglo a proyecto o anteproyecto aprobado por el I.N.V, estableciéndose a su vez dos tipos de vivienda: la vivienda “reducida” y la vivienda “mínima”. La primera categoría trataba de viviendas comprendidas entre 60m2 y 100m2 y un costo aproximado de 1.000 pesetas por m2. Mientras que la segunda categoría eran aquellas viviendas con una superficie entre 35m2 y 58m2, con un costo de 800 pesetas/m2·, según se recoge en Vivienda Social en España – Universidad Politécnica de Cataluña de febrero 2012.

Franco se propuso que «todos los españoles tuvieran un hogar con lumbre». En febrero de 1957, se creó el primer Ministerio de Vivienda, liderado por José Luis Arrese – “No queremos una España de proletarios sino de propietarios”, liberalizando la vivienda y el suelo, pasando a la iniciativa privada las herramientas jurídicas y financieras para desarrollar la construcción de vivienda social, convirtiéndolo en negocio privado copado por inmobiliarias lo que hasta entonces había sido liderado, controlado y desarrollado por los falangistas. Arrese promovió la vivienda en propiedad frente al alquiler, y apoyó la máxima rentabilidad del sector privado. “El régimen había pasado de la autarquía a la liberalización, y de los agitadores falangistas a los tecnócratas del Opus”, escribe Carlos Prieto.

Estaba claro que el régimen franquista tenía que satisfacer las graves necesidades de viviendas existente, que se hacía más evidente conforme pasaban los años. Tomada la firme decisión de construir muchas más viviendas, el problema era habilitar cómo y con qué dinero.

Sigue diciendo Carlos Prieto: “Se constituyó un conjunto de normas de financiación a los promotores, en forma de préstamos de las entidades de crédito públicas y privadas, a interés más reducido que el del mercado y préstamos del Estado sin interés -anticipos reintegrables- así́ como subvenciones o primas estatales y, en principio, suministro de materiales intervenidos, aunque durante muy corto espacio de tiempo. Así mismo, se otorgaron importantes exenciones y bonificaciones tributarias e incluso la expropiación forzosa para la adquisición de suelo”.

Esta política de vivienda conjugó la iniciativa privada con el sistema de ayudas estatales, dirigidas a las familias con menos ingresos, en la que participó no sólo la Administración Central, sino también los ayuntamientos.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, entre los años 1961 y 1973, se construyeron 3.347.768 viviendas en España, que se ampliaron con 358.460 en 1974 y con 374.391 en 1975; en total, en estos catorce años, fueron 4.080.619 viviendas, más de mil viviendas terminadas y entregadas diariamente a sus propietarios.

De todas esas viviendas, se acogieron a la Protección Oficial del Estado (subvencionadas, Grupo I, Grupo II y construcción directa) el 52,48% y las libres (algunas con exenciones tributarias), el 47,52% restante.

Seguimos con las estadísticas del INE: En 1940 había 5.803.361 viviendas, con una media de 4,48 habitantes por vivienda. En 1970 el número de viviendas era de 10.658.882 correspondiendo a cada vivienda una media de 2,99 habitantes. En ese periodo la población había aumentado en 8.162.000 habitantes, un 31,5 %, mientras el incremento de las viviendas fue del 83,6%.

La financiación de viviendas de libre mercado se realizaba a través de “letras persianas”, libradas por el promotor/constructor, aceptadas por el comprador, a plazo de diez años, documentada en efectos timbrados del Estado, que se “protestaban” notarialmente y eran ejecutivas en caso de impago.

Hoy tenemos en España una población superior a los 47 millones de habitantes y 18.754.800 viviendas de todo tipo, media de 2,53 personas por vivienda, según últimos datos publicados por el INE, si bien las circunstancias son absolutamente distintas a las del periodo anteriormente analizado, ya que hay casi cinco millones de viviendas ocupadas por una sola persona, familias monoparentales de todo tipo y circunstancias, viviendas turísticas y otras de oficinas y servicios, cosa que entonces no había, además de las desocupadas, con lo que la desviación media es muy importante con relación a las verdaderas necesidades a satisfacer, que los más completos estudios actuales cifran en un mínimo de un millón de viviendas nuevas, de precio asequible y lo deseable es que fueran viviendas sociales financiadas y protegidas por el Estado, en cualquiera de sus Administraciones: municipales, autonómicas o estatales.

Esta situación choca con el número de viviendas vacías que existen, ante la desprotección jurídica al propietario, que ve peligrar su propiedad privada por el efecto Okupa y/o impago de los alquileres; la laxitud de nuestras leyes ahuyenta a los inversores que, si algo exigen, son unas leyes permanentes, sin modificaciones al albur de encuestas electorales, ágiles y ejemplares en defensa de sus intereses.

Aunque esté feo decirlo, porque no es moda de uso actual, volvemos en este tema a la década 1955/1965: El poder gobernante sabe que tiene un problema. Hay una gran diferencia: Ahora no sabe cómo atacarlo, porque dinero que habría que invertir en ello, se dedica a subvencionar a adictos y agradecidos; y porque el invento ya existe, pero no es de su patente.

Antonio CAMPOS

Publicado en PUERTA DE MADRID el 22-07-2022

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