Nuevo Ejército del Aire y del Espacio

El Gobierno ha anunciado a finales del pasado mes de junio su decisión de cambiar, tras 83 años de historia, la nomenclatura del Ejército del Aire, que pasará a denominarse Ejército del Aire y del Espacio, para «hacer más visibles» los esfuerzos de «adaptar la defensa del país a esa nueva realidad».

La toma de decisiones para el cambio de nomenclatura ha durado dos años en el Ministerio de Defensa pues según la ministra Margarita Robles, «el futuro pasa por la unión del Ejército del Aire y del espacio», puesto que «no se puede contemplar el siglo XXI sin obviar el espacio». Con ello, entiendo, pasa a depender de dicho ministerio todo el tema aeroespacial.

Esta opinión es compartida, cómo no, por el Jefe del Estado Mayor del Aire (JEMA), el general Javier Salto, que ha puesto de manifiesto la importancia que ha adquirido el espacio en las últimas décadas, siendo este un nuevo escenario en el cual las amenazas y los desafíos están siendo abordados por las grandes potencias mundiales.

El Ejército del Aire tiene, aproximadamente, 23.000 efectivos y cuenta con un Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial (COVE) en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, y una delegación en la Base Aérea de Morón de la Frontera, en donde se ubica el radar de sensores del COVE, construido por Indra, uno de los más potentes del mundo y que tiene capacidad para observar objetos de dos metros a 1.000 kilómetros de distancia.

El espacio en sí mismo, es un concepto tan grande que puede referirse al espacio exterior, espacio vacío, espacio sideral o simplemente referirse a las regiones relativamente vacías del universo fuera de las atmósferas de los cuerpos celestes. Se usa “espacio exterior” para distinguirlo del espacio aéreo y las zonas terrestres.

En cualquier caso, nada que objetar en el fondo de la cuestión, pero en democracia las formas son tan importantes como el fondo de los principios que la rigen, y el nombre oficial del Ejército del Aire en el artículo 8 de la Constitución Española, por tanto, en el Título Preliminar, no se puede cambiar ni siquiera por LO; hay que iniciar el proceso de modificación constitucional según marca el artículo 168 de la CE.

El artículo 8 dice textualmente: Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

Y el artículo 168:

  1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.
  • Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.
  • Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.

Lo que a mí me asombra es que nadie, ningún partido político, medio de comunicación en general, plumillas agradecidos, amancebados/as en el pesebre gubernamental, ni cualquier otro tipo de persona verdaderamente libre en sus ideas o planteamientos, haya dicho nada sobre esta forma de actuar. También podría ser que el equivocado sea yo y tras ese “anuncio de cambio de nombre”, se esté diseñando todo el proceso constitucional antes descrito.

Son los militares de alta graduación, en la reserva claro, los que se preguntan si prevalece el mandato constitucional o los deseos, con o sin fundamento, de los gobernantes de turno, y su sentido de obediencia y silencio -son los únicos que no pueden opinar de política- ante la autoridad civil a la que están sometidos constitucionalmente.

El estricto silencio impuesto a los militares viene dado por ser los portadores de las armas que, en el supuesto de conflicto bélico, podría inclinar el fiel de la balanza hacia uno u otro lado.

Pero hay otro colectivo, mucho más importante en tiempo de paz, que es el judicial, que sí puede opinar, hablar, sindicarse o mostrar sus ideas políticas y cuya cúpula es designada de forma digital por el poder civil gobernante y por lo tanto a él agradecido, cuyas armas -más peligrosas en tiempos de paz que las de los militares- son sus sentencias, de todo punto acatables aunque se pueda estar en desacuerdo con ellas, en las que, habiendo estudiado lo mismo y teniendo la misma preparación jurídica, inclinan a diario sus dictámenes en función de comas intercaladas de una determinada forma, pruebas puntuales, circunstanciales o de sentidos intangibles como opinión, banderías, espíritus de conciencia u otras de imposible rebatimiento material.

Habrá quién diga que la cuestión planteada no es importante y sí de escasa eficacia. Pero son esos, los pequeños detalles los que preparan al ciudadano a respetar todo y a todos, personas educadas en la verdad y la libertad desde la más tierna infancia, sin adoctrinamientos y con el más estricto respeto a las leyes, son el ejemplo de una educación cívica que convierten una nación en fuerte y poderosa.

Antonio CAMPOS

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