El Gobierno quiere controlarlo todo

La intervención del Estado en la vida cotidiana de los ciudadanos está llegando a unas cotas inasumibles en cualquier democracia. Pretende controlarlo todo y a todos. Una vez más, es la banca el objetivo de su diana comunista. Pretende obligar a la banca, empresas privadas en un mercado libre, a que atiendan telefónicamente durante las veinticuatro horas del día a los clientes, a través  de personas y no de medios informáticos como hasta ahora se viene haciendo.

Es de suponer que, en una ideología igualitaria, legislarán lo mismo para los hospitales públicos, los médicos y enfermeros del sistema sanitario, los funcionarios de los ministerios, autonomías y ayuntamientos, los sindicalistas, los pescaderos, los charcuteros y cualquier otro trabajo u oficio que a cualquiera pudiera ocurrírsele. Trabajadores “martini”, donde estés y a la hora que estés.

¿Cuándo se van a dar cuenta que el Estado no debe intervenir en cómo cada empresa administra su propio negocio? Todas las empresas deben tomar sus propias decisiones en función de sus propios objetivos, que es lo que hace que unas sean triunfadoras y otras “zombis” sin ningún futuro, mantenidas con ayudas y subvenciones estatales para así no aumentar las estadísticas del paro y el fracaso de las políticas económicas que se están llevando a cabo, desaprovechando la ocasión de reconstruir la economía nacional con empresas e industrias de tecnología avanzada que generen alto valor añadido.

Si el líder de la oposición hubiera trabajado en la empresa privada, tendría un inventario de los ataques a la libertad que, poco a poco, pasando desapercibidos como hechos puntuales, pero de una impresionante magnitud en conjunto y en todos los sentidos, está llevando a cabo este Gobierno para dominar mentalmente a los españoles desde la más tierna infancia, con un catálogo de leyes y medidas coercitivas en las que no se permite la disensión, eso sí, siempre que no atañan a vascos y catalanes, por aquello de seguir durmiendo en su colchón nuevo en La Moncloa.

Los bancos son empresas con capital privado, en las que se juegan su dinero los accionistas, en unas condiciones actuales totalmente desfavorables dados los tipos de interés vigentes debido al sostenimiento artificial de la economía mundial a través de la emisión de deuda pública impagable a tipos tendentes a cero, alta morosidad (enmascarada por la nueva contabilidad bancaria de amortización acelerada y traspaso a situación de Suspenso de los impagados) derivada de los índices de paro y estancamiento de la economía (aunque realmente crezca, lo hace desde una bajada histórica por la pandemia del coronavirus y sus derivadas financieras), y los competidores que han aparecido en el mercado que, sin grandes estructuras, se sientan a la misma mesa a repartir el pastel.

Ello ha derivado en el cierre de oficinas bancarias, en despidos de personal (bajo otros nombres más prosaicos), incremento de las comisiones por servicios y una mala atención a los clientes por varios motivos: El personal bancario tiene asignados unos objetivos en función de los que les pagan un sueldo adicional: Si un cliente solicita una operación o un servicio que no entra en sus objetivos, lo soslayan; el personal bancario está desmotivado porque es consciente que lo que antes era un empleo para toda la vida, ahora van a ser despedidos en cualquier momento; y, además, ven que se han frustrado sus carreras profesionales porque los puestos de media y alta dirección son ocupados por personal externo o propios con poca antigüedad y previamente escogidos para ello.

Todo esto es evidente que redunda en la atención a los clientes, en especial en los de más edad, no preparados en su mayoría para interactuar a través de los medios informáticos. Lo peor de todo es que, nos guste o no, la informática, los medios telemáticos, el trabajo a distancia, la compra por internet y la comunicación mecanizada, ha llegado para quedarse, no es el futuro, es el presente, también en las relaciones con las diversas administraciones públicas españolas, con las que es prácticamente imposible hablar por teléfono y la única forma válida de comunicación es la informática.

Mientras que en nuestras relaciones con las administraciones públicas no tenemos más remedio que aguantar (de eso no dice nada el Gobierno de atención las veinticuatro horas del día), con las empresas privadas -los bancos- es fácil cambiar de entidad si no se está conforme con la calidad del servicio que prestan, igual que se cambia de proveedor de patatas si las que compramos no son de nuestro gusto.

Por favor, que nadie vea en estas líneas defensa alguna de la actuación de los bancos. Es tratar de poner en evidencia que nuestros gobernantes no usan el mismo metro de cien centímetros para medir todas las actuaciones por igual. Eso se llama legislar solo para unos, olvidándose del resto.

Antonio CAMPOS

Los bancos aumentarán el volumen de provisiones para prepararse para el  futuro | Banca

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