Medidas para captar votos

Podemos y PSOE han llegado a un acuerdo para aprobar, y posterior remisión al Parlamento, la llamada Ley de Vivienda, acuerdo sine qua non Podemos se negaba a prestar su conformidad a los Presupuestos Generales del Estado de 2022, circunstancia esta que hubiera supuesto la disolución de la actual Legislatura.

En la propuesta política con la que se presentó Unidas Podemos a las elecciones generales, envolviendo su programa en un colorista catálogo de productos de autoempleo casero para montar en casa, de marketing actual y muy superior al de cualquiera de sus contrincantes, imprimiendo a sus propuestas un carácter socialdemócrata y callando cualquier referencia a su verdadero ideario comunista, chavista y leninista, textualmente, se leía:

  • Alquiler de viviendas. Reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos regulando el alquiler para proteger a la parte más débil, los inquilinos, introduciendo mecanismo para prorrogar el alquiler de la vivienda habitual hasta el plazo mínimo de cinco años. Se modificará el procedimiento de desahucio arrendaticio para garantizar el derecho de defensa de los inquilinos.
  • Un impuesto de sociedades más sencillo y transparente y con unos tipos efectivos realmente próximos a los tipos nominales. Eliminaremos privilegios fiscales y deducciones, y estableceremos un impuesto mínimo para las grandes empresas. Estableceremos un tipo diferenciado en función del destino de los beneficios: un tipo estándar para los beneficios distribuidos a los accionistas (30%) y un tipo inferior (25%) para los beneficios reinvertidos productivamente en la empresa.

Como en España votamos sin conocer cuales son los postulados de cada partido político, nadie debería rasgarse las vestiduras, únicamente tomar nota para documentarse, no dejarse llevar por soflamas propagandistas y votar con la cabeza y no con el corazón.

De ese acuerdo al que hacíamos alusión al principio, solamente se conocen algunas filtraciones oficiosas que apuntan hacia la regulación del precio del alquiler de las viviendas que estén en manos de grandes propietarios (con más de 10 viviendas alquiladas) o de personas jurídicas, en base a índices de referencia para todos los contratos en zonas de mercado tensionado; ello afecta directamente a bancos, financieras, SOCIMI (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria cuya actividad es la adquisición, promoción y rehabilitación de activos de naturaleza urbana para su arrendamiento), promotores inmobiliarios con viviendas invendidas, y otra serie de empresas que aportan valor añadido al país, en empleo, cotizaciones e impuestos, y que van a paralizar los proyectos de inversión de construcción de viviendas para alquiler que diversas multinacionales estaban estudiando implantarse en España.

En cuanto a los particulares que tengan una vivienda en alquiler a terceros, se habilitarán los medios para que los propietarios bajen y mantengan el precio del alquiler, bonificando un porcentaje de las rentas que obtengan, y penalizando con un recargo del 150% el importe del IBI a las viviendas vacías, sin habitar por el propietario o sin alquilar.

Así mismo, se establecen medidas de protección frente a los desahucios, como ha adelantado la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, centradas en la población vulnerable. ¿Quién va a conceder una operación hipotecaria o concertar un alquiler sabiendo que, aunque no le paguen, nunca podrá recuperar el inmueble en el estado en el que cedió su uso a terceros?

Y la última barbaridad financiera: En todas las nuevas construcciones y promociones inmobiliarias, aún en viviendas de lujo y urbanizaciones de superlujo, habitadas por los verdaderamente ricos, se va a obligar a que el 30% de la construcción esté destinada a viviendas sociales «para que no exista distinción de clases ni guetos económicos ni sociales» entre los ciudadanos. Con ello, la presidenta del Banco Santander podría tener como vecino a un ilegal llegado a España procedente de una cárcel de Marruecos. Hay quien se cree que los pájaros maman y que el inversor privado va a tirar su dinero en pro de la causa marxista.

La ley incluye un bono de vivienda de 250 euros mensuales durante dos años para jóvenes entre 18 y 35 años con rentas de trabajo e ingresos anuales inferiores a 23.725 euros, 1.977 euros brutos mensuales en doce pagas, pudiendo incrementarse en los casos de las familias más vulnerables hasta el 40% del importe mensual del alquiler.

Ni que decir tiene que se tratan de unas medidas populistas, un ataque directo a la propiedad privada, en las que los más beneficiados son los jóvenes y los morosos, votos cautivos con espíritu de permanencia en el tiempo para implantar una sociedad comunista a un ritmo más acelerado que en Venezuela, rompiendo la unidad de mercado, definida como “La unidad de mercado se fundamenta en la libre circulación y establecimiento de los operadores económicos, en la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio español, sin que ninguna autoridad pueda obstaculizarla directa o indirectamente, y en la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica” ya que, una vez hecho el mal, para lavarse las manos, delega su cumplimiento en las Comunidades Autónomas. Ahora veremos cuales son las que llevan adelante este despropósito económico y las que habilitan soluciones alternativas a la carencia de parque inmobiliario modesto que, efectivamente, existe. ¿Se acuerdan de las más de cuatro millones y medio de viviendas sociales que se construyeron bajo el mandato del “innombrable”? Estos de ahora no habían nacido, o andaban a gatas, y solo han leído aquello que rezuma odio y que personas tan distantes políticamente como Manuel Fraga y Santiago Carrillo dieron, dimos, por cerrado hace ya cuarenta y cinco años, casi medio siglo.

Antonio CAMMPOS

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