Próximamente, en nuestra cartelera

El tema del coronavirus sigue desmadrado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una reunión telemática con todos los líderes de la Unión Europea, ha pedido que ningún país tome una decisión unilateral sobre el tema coronavirus sin que haya un consenso entre todos y se pueda actuar de la misma manera. Como dicen los futboleros, se la ha dejado botando: ¿Cómo propone eso cuando está permitiendo que cada autonomía española haga lo que le parezca bien, sin coordinación estatal?

España está prácticamente confinada, los positivos por coronavirus tienen que estar aislados y en cuarentena, el resto de los ciudadanos, con todos los establecimientos cerrados a las nueve de la noche y en casa a las diez. Y Cataluña, como va a celebrar elecciones autonómicas el 14-F, permite saltarse el confinamiento para asistir a los mítines y autoriza a que los infectados vayan a votar físicamente, con desplazamiento a los colegios electorales, esos mismos sitios a los que tienen que ir los niños a clase al día siguiente. Y la Generalitat, desafiando al Tribunal Supremo, vuelve a conceder el tercer grado carcelario a los políticos catalanes presos por el procés, justo a tiempo para que puedan hacer campaña. «La ciudadanía tiene derecho a recibir información de las propuestas de los partidos», defiende la portavoz del Govern, Meritxell Budó. Se antepone “el sillón de cuero”, “la columna peridiana” y “el garbancero satisfecho” a la salud. Dios, por favor, si tienes que seguir llevándote a gente por eso del coronavirus, que sea a estos insolidarios e irresponsables, tanto a los sedentes que vayan como a los que lo permiten.

Y como con lo malo enseguida se conecta, el independentista Laporta anima a los socios a saltarse el confinamiento municipal para votar el 7 de marzo al próximo presidente de ese club de fútbol, en quiebra técnica, entre otras cosas por pagar un sueldo total de 555 millones de euros a un solo jugador en cuatro años (exclusiva: El Mundo). Ahora ya no está Franco para solventarles un apuro similar al del año 1965 y, por sentencia firme, debe 23 millones de euros a la Agencia Tributaria, o sea, a todos los españoles, que no sé a qué espera para embargar. Veremos qué gatuperio se montan para que siga siendo “más que un club”.

Escribo estas líneas desde Alcalá de Henares, confinado de acuerdo a las normas establecidas por la Comunidad Autónoma y el Estado, y en dónde existe un muy buen hospital público, el HUPA – Hospital Universitario Príncipe de Asturias, dirigido desde hace unos pocos meses por una ilustre licenciada en medicina y cirugía, que ha cursado orden de “apagón informativo” y no facilitar dato alguno, incluso al Ayuntamiento, de los infectados, ingresados, de estancia en UCI ni fallecidos por el coronavirus. ¿Se trata de instrucciones superiores recibidas o lo ha decidido ella sola sin ayuda de nadie? En cualquier caso, creo que hay gente que considera que los españoles no estamos capacitados para pensar por nosotros mismos, que, como dijo el juez Gómez Bermúdez sobre el atentado de Atocha del 11-M, que golpeó trágicamente a muchas familias alcalaínas, «España no está preparada para conocer la verdad» que por lo que se ve, únicamente debe estar al alcance de los privilegiados.

Por cierto, el pasado 27 de enero, el Consejo de Europa aprobó un documento titulado “Vacunas Covid-19: consideraciones éticas, legales y prácticas”, que se puede consultar, en inglés, en https://pace.coe.int/en/files/29004/html que prohíbe a los Estados hacer obligatoria la vacunación contra el coronavirus o que pueda ser utilizada para discriminar a los trabajadores o a cualquiera que no se vacune.

PharmaMar es una empresa farmacéutica gallega que ha descubierto el Aplidin, un derivado de la ascidia, un animal invertebrado que vive en las profundidades del Mediterráneo y del que se extrae un compuesto químico que frena el avance del coronavirus casi al 100% según los estudios publicados en la revista científica del nivel de Science, en su primera fase de pruebas en ratones y células humanas. La mercantil pertenece a los Fernández-Sousa, que le metieron un gol por toda la escuadra a Núñez Feijóo, presidente de la Junta de Galicia, con el asunto Pescanova, crónica de una muerte anunciada desde hace mucho tiempo. Desconozco si será por ello, pero tanto el gobierno gallego como el central español se están desatendiendo de la empresa, de su medicamento, del avance de la investigación y de las soluciones que se podrían habilitar con dicho producto.

La noticia más importante de la semana es que el PSOE y Podemos firman una petición al BCE para que condone la deuda, en el caso español, por 300.000 millones de euros, el 25% aproximadamente del PIB, en un manifiesto titulado “Anular la deuda pública mantenida por el BCE para que nuestro destino vuelva a estar en nuestras manos», publicado en España por “El País” y encabezado por el economista francés Thomas Piketty, para poder afrontar inversiones “en la reconstrucción ecológica y social”; no se habla de contener gastos, sino de objetivos “Agenda 2030”: Ecología y subvenciones.

«Ilegal» y «carente de sentido», ha respondido Luis de Guindos, vicepresidente del BCE: «La cancelación de la deuda es ilegal, según los tratados, pero quisiera señalar que no es solo una cuestión legal o de que va contra los tratados. La cancelación de deuda no tiene ningún sentido económico o financiero en absoluto».

Mal, muy mal tienen que estar las cosas en Europa, para que se haya producido esa petición. En una empresa privada, la condonación de deuda es el “clavo ardiendo” donde agarrarse antes de la suspensión de pagos. Si se trata de Haciendas Públicas, el ejemplo claro son los países sudamericanos de marcado carácter de izquierdas; solo hay que comparar cómo se vive allí y ver lo que se nos puede venir encima.

Brigitte Bardot, que hizo explotar millones de cohetes en las manos de los espectadores de sus películas cuando era joven, y durmió en más camas que D. Juan Tenorio (por lo que viajaba, no piensen mal), ahora que tiene 86 años y seco el pucherillo, ha dicho que “El coronavirus es bueno, regula la superpoblación”. Hay demasiada gente que opina lo mismo, y todos están establecidos en la élite de la sociedad de las que, casualidades de la vida, no ha muerto ninguna por coronavirus, ni de Davos, ni del Club Bilderberg, ningún jefe de Estado ni presidente de ningún gobierno importante, ni banquero, financiero ni nadie de elevado poder económico, político o social.

Y sale un tal Cuenta Puertas y dice: Esto ha costado vidas, ha enfermado a millones de personas y ha llevado a la economía mundial a una recesión devastadora. Pero la realidad es que podría no ser la última pandemia. No sabemos cuándo llegará la próxima, la amenaza siempre estará sobre nuestras cabezas. No hay que descartar que en los próximos diez años pudieran morir dos o tres mil millones de personas por virus incontrolados.

Todo ello parece una película de terror, con un final al libre albedrío de los espectadores sobre quién es realmente el malo, muy a la moda literaria y peliculera de dejar abiertas varias alternativas, todas posibles y a la vez imposibles, para que cada uno elija si triunfa el bien o el mal, el bueno o el malo, lo justo o lo injusto. Y la vida, para el resto, sigue.

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