Finanzas estatales

Comenzamos un nuevo año y pese a los buenos deseos de todos, los problemas de los españoles siguen siendo los mismos, es más, yo creo que se van a acrecentar en el ya presente 2021. Hoy nos centraremos en las fuentes de financiación del Estado.

El Estado tiene dos fuentes principales de financiación: la Deuda Pública y los Impuestos. La Deuda Pública Española ha aumentado de forma desorbitada en los últimos tiempos, por los gastos derivados de la pandemia por coronavirus, por menores ingresos por aumento del paro y la reducción de beneficios empresariales, y por las subvenciones de todo tipo que se están produciendo para que la ciudadanía sienta que seguimos en una sociedad del bienestar, que no se corresponde con la realidad financiera del país y que si no se pone remedio urgente a la situación, desembocará en “colas del hambre” y revueltas callejeras, tanto de autóctonos como de inmigrantes.

La mayor parte de la Deuda Pública Española la tiene el BCE, preocupado seriamente por su creciente volumen porque mantiene en su cartera un importe estimado de 330.000 millones de euros, el 25% del total, fondos soberanos e inversores extranjeros poseen el 30% y los bancos españoles un total entre el 15 y el 20% que, abocados a fusionarse a corto plazo, van a tener en sus balances una exposición muy elevada al futuro económico de la nación.

Además, durante el año 2021 han de salir al mercado otros 300.000 millones de euros, 190.000 millones de euros para refinanciar emisiones anteriores, y 110.000 millones de euros nuevos, para el incremento del déficit y las desviaciones presupuestarias de los PGE recientemente aprobados. Y las ideas expansivas del gasto que mantiene el Gobierno van en contra de cualquier política de reducción de la deuda. España, y los residentes en España, estamos viviendo muy por encima de nuestras posibilidades reales y eso, antes o después, se acaba pagando.

La otra fuente de ingresos son los Impuestos. Estas son las modificaciones contempladas en los PGE, que entran en vigor con la llegada del nuevo año.

Alza fiscal del IRPF de dos puntos para las rentas del trabajo superiores a los 300.000 euros, y de tres para las del capital por encima de 200.000 euros. Si se suprimiera el tope de cotización a la Seguridad Social, quienes ganan ese dinero tendrían que repensarse si el líquido resultante merece la pena sobrepasar, o no, esos importes brutos; y si la preparación, el esfuerzo y dedicación que hacen para ganarlo es justicia distributiva al trasvasarlo a aquellos de no hacen nada y tienen “todo gratis”.  

Otro cambio que recogen los Presupuestos es la vigencia indefinida del impuesto sobre el patrimonio, que se suprimió en 2008 y se reintrodujo con carácter temporal durante la anterior crisis financiera, prorrogándose desde 2011 año tras año. El Gobierno también ha subido un punto el tipo —del 2,5% al 3,5%— para las fortunas de más de 10 millones de euros. Este impuesto será nulo de ingresos para la Hacienda Estatal, ya que este gravamen está cedido a las comunidades, que lo recaudan y tienen la capacidad de bonificarlo hasta el 100%, como ocurre en Madrid.

Como quiera que Madrid es la CCAA que más aporta a la caja estatal, con los impuestos autonómicos más bajos, el Gobierno ha pactado con ERC una armonización fiscal, lo que realmente significa que Madrid tenga que subir sus impuestos autonómicos al mismo nivel y rango que el resto de autonomías, dejando fuera el Régimen Especial del País Vasco y Navarra (ahí hay mucho miedo, prohibido tocar no vaya a ser que se molesten), porque los sectores independentistas vascos y catalanes son los que mantienen a Pedro Sánchez en el poder. Todo ello va a llevar a replantearse los impuestos autonómicos por IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, y si a esa parte de la población que más gana y mantiene el sistema de los que nada aportan, le conviene o no fijar la residencia en otros países europeos, como Portugal, a la misma distancia que Valencia o Málaga, que espera con los brazos abiertos y amplia exacción de impuestos a todo aquel español que allí llegue.

Incremento del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% al 21%, incluidos “cubatas”.

En el impuesto de sociedades, se limitará al 95% la exención sobre dividendos de las filiales para grupos con ingresos superiores a los 40 millones; las que facturen menos tendrán un periodo de gracia de tres años.

Se gravarán al 15% los dividendos no distribuidos de las Socimis -sociedades especializadas en inversiones inmobiliarias-, que ahora están exentas de pagar el impuesto de sociedades si reparten al menos el 80% de los dividendos entre los accionistas.

Subida de las cuotas de los autónomos entre tres y doce euros más mensualmente.

Impuesto a los residuos y a los envases plásticos.

Subida del impuesto de matriculación, debido a que se empezará a usar la nueva normativa WLTP para medir las emisiones. Se estima una subida media del 5%.

Se reduce los incentivos a los planes de pensiones individuales: el límite máximo de deducción por las aportaciones pasa de 8.000 a 2.000 euros. Para los planes colectivos, al contrario, aumenta de 8.000 euros a 10.000 euros.

Sube del 6% al 8% el tipo de gravamen del impuesto sobre primas de seguros.

La tasa Google gravará a un tipo del 3% a las grandes empresas con ingresos superiores a los 750 millones a nivel mundial y facturación en España de más de tres millones. Mientras que la tasa Tobin -el tributo a las transacciones financieras- gravará con un 0,2% las operaciones de compraventa de acciones de compañías españolas que coticen y tengan capitalización mayor a 1.000 millones de euros, todo el IBEX.

Se reduce de 2.500 a 1.000 euros el pago en efectivo entre empresas y particulares.

El sector de los combustibles vaticina una subida media del precio de los carburantes de 0,07 euros por litro.

La factura del gas sube de media el 5,97%

Correos subirá los sellos de las cartas hasta un 22,6%. El sello para el envío de cartas y tarjetas postales (normalizadas y de hasta 20 gramos de peso) a destinos nacionales subirá un 7,7%, y pasará a costar 0,70 euros. El envío de paquetes nacionales costará también un 5% más. La empresa pública ha encarecido más de un 55% la correspondencia nacional en cinco años.

Se prevé que baje la luz hasta un 13% de manera progresiva durante los próximos 5 años, debido a la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico.

Se calcula que las tarifas de las autopistas bajen un 0,11%.

El Ingreso Mínimo Vital sube un 1,8%

Las pensiones y prestaciones suben el 0,9% en el caso de las generales y el 1,8% en las no contributivas.

Si excluimos el aumento de cotización por IRPF a las rentas altas, el resto de las medidas adoptadas van a desembocar en un incremento de los precios al consumidor final, a la clase media que sostiene el país, a esos que se levantan todos los días antes de amanecer para que los verdaderamente ricos tengan a buen recaudo sus fortunas y los que no trabajan, ni quieren hacerlo en toda su vida, vivan a cuenta perpetua del “papá Estado”, al que le sale más beneficioso tenerlos callados y contentos que prepararlos, y obligarlos a través de leyes de reinserción laboral, para que aporten valor añadido al conjunto del país, que falta va a hacer en este año 2021 en el que las dificultades económicas van a ser aún mayores que en el infausto 2020 pasado. ¡Virgencita, virgencita, que me quede como estoy!!

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