Legal pero amoral

Los extranjeros podrán encontrarse en España en las situaciones de estancia o residencia.

Estancia es la permanencia en territorio español por un período de tiempo no superior a 90 días, sin perjuicio de lo dispuesto para la admisión a efectos de estudios, intercambio de alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado.

Son residentes los extranjeros que se encuentren en España y sean titulares de una autorización para residir. Los residentes podrán encontrarse en la situación de residencia temporal o de residencia de larga duración.

La residencia temporal es la situación que autoriza a permanecer en España por un período superior a 90 días e inferior a cinco años. Existen unas condiciones especiales para las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género.

La residencia de larga duración es la situación que autoriza a residir y trabajar en España indefinidamente, en las mismas condiciones que los españoles. Tendrán derecho a residencia de larga duración los que hayan tenido residencia temporal en España durante cinco años de forma continuada, que reúnan las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

Quede claro que lo hasta aquí escrito corresponde a permanencia en territorio español por un periodo determinado. Muy distinta situación es alcanzar la nacionalidad española, que lo es de forma permanente y que se adquiere por:

1) Nacionalidad para españoles de origen;

2) Nacionalidad por opción;

3) Nacionalidad por posesión de estado;

4) Nacionalidad por naturaleza; y

5) Nacionalidad por residencia.

Centrémonos en esta última, nacionalidad por residencia, y lo que dice el Ministerio de Justicia sobre ello:

«Una de las formas de obtención de la nacionalidad es por residencia, la cual exige la residencia de la persona en España durante diez años de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición. Existen casos en los que el período de residencia exigido se reduce; estos son:

Cinco años: para la concesión de la nacionalidad española a aquellas personas que hayan obtenido la condición de refugiado

Dos años: para los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí, pudiendo mantener la doble nacionalidad.

Un año: para el que haya nacido en territorio español, para los casados con un español o los hijos/nietos de españoles nacidos en España y para el nacido fuera de España de padre o madre, (nacidos también fuera de España), abuelo o abuela, siempre que todos ellos originariamente hubieran sido españoles.

Además, el interesado deberá acreditar buena conducta cívica, y suficiente grado de integración en la sociedad española».

Entre los documentos que hay que acompañar a la solicitud, están:

-Certificado de antecedentes penales de su país de origen, traducido y legalizado, de acuerdo con los Convenios internacionales existentes o certificado consular de conducta expedido sobre la base de consulta a las autoridades competentes del país de origen.

-Certificado de antecedentes penales del Registro Central de penados. Puede sustituirse por la autorización de consulta al Ministerio de Justicia consignada en el modelo de solicitud.

-Diploma del Instituto Cervantes de la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales (CCSE) y la prueba de conocimiento del idioma español (DELE).

Las personas que pueden solicitar la nacionalidad española son aquellas que han cumplido la mayoría de edad en España (18 años), los que se encuentren emancipadas y los que hayan cumplido los 14 años acompañados por su asistente legal.

La eficacia de la concesión de la nacionalidad española por residencia estará supeditada a que en el plazo de 180 días se cumplan ante el encargado del Registro Civil del domicilio, los siguientes requisitos:

Que el interesado sea mayor de 14 años y capaz para prestar declaración por sí;

Jure o prometa fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y las leyes;

Renuncie a su nacionalidad anterior. Quedan a salvo de este requisito los naturales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal y los sefardíes;

Que la adquisición se inscriba de la nacionalidad en el Registro Civil español.

Esta es la ley vigente en España. Luego viene su retorcimiento, los trapaceos políticos y el uso y abuso del puesto de mando para poder mantenerse en él, para priorizar las circunstancias personales al interés de la ciudadanía en general.

El Gobierno actual, Pedro Sánchez=marxismo y Pablo Iglesias=comunismo, necesitan un millón de votos más, aproximadamente, para mantenerse en el poder más años que lo hicieron Stalin, Hitler, Franco, Mao Tse-Tung, Chaves o Fidel Castro, grandes demócratas por cierto, y para ello Pablo Iglesias (¿guardará algún secreto en su moño?) presiona de forma contundente al presidente Pedro Sánchez para que los inmigrantes puedan obtener la nacionalidad con solo tres meses de estancia en España, legales o ilegales, y que se elimine el examen de lengua y de conocimientos constitucionales y socioculturales del país, actualmente requisito indispensable, como ha quedado reflejado en párrafos anteriores, y exige que el procedimiento «sea flexible con las personas que tienen dificultades de aprendizaje por cuestiones cognitivas o de diversidad funcional». Traducción, que lleguen a España todos los analfabetos del mundo, incluso con deficiencias cognitivas o de diversidad cultural, o sea, los tontos.

Igualmente proponen «avanzar en el reconocimiento del derecho al sufragio, de acuerdo con la Constitución, a los extranjeros residentes de larga duración», hasta ahora reservado a los ciudadanos procedentes de la Unión Europea y aquellos con los que se mantienen acuerdos de reciprocidad, como son algunos países hispanoamericanos.

Como se encuentran en mayoría en el Congreso de Diputados, raspada, pero mayoría al fin y al cabo, lo conseguirán. Como la oposición está desunida y luchan entre ellos a ver quién la tiene más larga …. la lengua, lo conseguirán. Como la derecha es incapaz de movilizar a la gente en la calle, lo conseguirán. Como los sindicatos son la izquierda subvencionada, lo conseguirán. Como los acompañarán los secesionistas que quieren acabar con España como nación, lo conseguirán. Como nos estamos quemando en una olla de agua hirviendo, como la ranita, y pensamos que estamos bañándonos, lo conseguirán.

Y tendremos una situación en la que, a los inmigrantes ilegales actuales, jóvenes, bien alimentados, con buenos relojes y mejores teléfonos móviles, que han pagado un dinero muy importante (o se lo han pagado) para llegar aquí, se unirán los que tienen dificultades de aprendizaje por cuestiones cognitivas o de diversidad funcional, que es lo que textualmente han dicho PSOE y Podemos, a quienes deberemos cubrir todas sus necesidades vitales y corporales durante tres meses, y subvencionar hasta que se mueran porque, estadísticamente, el 85% de los llegados a Europa no quieren trabajar, y mucho menos si tienen esa capacitación intelectual que les presupone nuestro Gobierno, en unos tiempos en los que está previsto que en cinco años los robots hagan la mitad del trabajo existente en el mundo industrializado.

Todo ello, en un momento de gravísima situación sanitaria y económica, donde escasean las camas de hospital y las UCI para los enfermos más graves por coronavirus, donde los parados reales (inscritos, inactivos y ERTE) están sobre los cinco millones de personas, donde ya son evidentes “las colas del hambre” y dónde los mayores aportes al desarrollo son el turismo (cerrado), la construcción (cerrada) y el botijo andaluz.

Es otro golpe de estado legislativo, legal pero amoral, por mayoría democrática española, que es algo parecido a lo de la infabilidad del Papa, elección democrática que, en uno y otro caso, queda convertida en un caucus de media docena de personas que mueven los hilos de millones de ciudadanos a su antojo.

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