La inmigración incontrolada

La inmigración incontrolada que desde hace tiempo sufre España, con la aprobación del Gobierno y de determinadas organizaciones negreras, nos ha traído dos grandes grupos de delincuencia procedente de África: El taharruh y los charmil.

El Taharrush, que en árabe significa “acoso colectivo”, se trata de agresiones sexuales a “mujeres infieles” cometidos por los musulmanes, y consiste en que un grupo de hombres rodean a la víctima, por lo general una mujer occidental o una mujer con ropa de estilo occidental para, a continuación, someterla a abusos sexuales hasta consumar la violación. Rodean a la víctima en círculos. Los hombres en el círculo interior son los que maltratan físicamente a la mujer, el siguiente círculo son los espectadores, mientras que la misión del tercer círculo es distraer y desviar la atención de lo que está pasando.

Las primeras noticias de ello se tuvieron en Colonia (Alemania) en 2016, habiéndose extendido a toda Europa y, evidentemente, a España; en todos los sitios se silencian este tema tanto por la policía como por los medios de comunicación evitando en todo momento identificar a los agresores o utilizar palabras como árabe o musulmán, y las feministas pasan de ello como si estos escarnios no fueran con las mujeres. Muy conocido el de La Manada de Barcelona: catorce musulmanes abusan de una joven en el metro en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) y apuñalan a su novio; encima le contagian la sarna. Pero las feministas callan. No habrá multitud de histéricas tomando las calles de toda España al grito de “Cuando nos tocan a una nos tocan a todas” y resto de eslóganes conocidos cuando el acusado es español.

Los charmil son grupos delictivos de jóvenes dedicados a robar a personas mayores, generalmente en municipios costeros y cuyos protagonistas son de origen magrebí, en muchos casos menores de edad, extranjeros no acompañados (MENAS), a plena luz del día y con testigos presenciales.

Charmil es un plato marroquí de carne que se sirve con largos cuchillos. En 2014, grupos de jóvenes violentos atacaron diversos locales de Casablanca armados con machetes, y de ahí viene el nombre por el que son conocidos. Hacen ostentación de sus “trofeos de caza”, y se jactan en las redes sociales luciendo joyas, relojes de oro, ropa y zapatos carísimos, y son extremadamente violentos. Lo hicieron a menudo al inicio del estado de alarma, una especie de “orgullo de personas venidas a más”, huyendo de sus orígenes, siempre marginales.

La opacidad que el Gobierno ha impuesto sobre los MENA a las autoridades y a los medios de comunicación por él controlados, y la ausencia de estadísticas oficiales al respecto, ha producido el efecto contrario al previsto, aplicando el término con sentido peyorativo con carácter general, cuando, supongo, serán una parte de ellos los que delinquen constantemente en determinadas zonas de Madrid y de Barcelona, principalmente, sin olvidar otras ciudades de España en la que ya no caben más en los Centros de Acogida, con fugas y alborotos de todo tipo. Los delitos violentos en la Casa de Campo de Madrid cometidos por MENA se han incrementado en un 611% respecto a junio 2020 sobre 2019. Según fuentes policiales, de tapadillo porque pudieran expedientarlos, «Tres de cada cuatro menores detenidos en Madrid son menas».

En teoría, son menores de edad, sin progenitores ni familia que les proteja. En la práctica, son enviados a propósito y mediante el pago de un elevado importe no al alcance de todos los ciudadanos de sus países de procedencia, por sus propios padres o por el gobierno de turno, sin documentación para que no se pueda comprobar su origen ni su edad; en realidad, son todos hombres, de una complexión física envidiable, que igual pueden tener diecisiete años que veinticinco, con preparación militar, armas blancas largas, según el juez Calatayud nos cuestan 7.200 euros mensuales cada uno, y no hacen absolutamente nada, ni estudian, ni trabajan, ni se incardinan en la sociedad que los ha acogido. Y la policía está harta de detenerlos y que salgan de comisaría riéndose de los que les han detenido, porque al ser menores de edad, no pasa nada.

A todo ello, en estos momentos, se suman la cantidad de infectados, que según denunció en agosto el alcalde de Algeciras, el 40% de los inmigrantes ilegales llega con coronavirus; la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informó, también en agosto, de 47 casos positivos de COVID-19 entre los 61 integrantes de una patera (el 77%), y que el gran problema es que “se escapan” de los centros temporales de extranjeros, convirtiéndose en “un foco de contagio aún mayor que un nacional”, hasta tal punto que el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, hay sido muy crítico con la «dispersión de competencias». «La ausencia de una coordinación eficaz entre los distintos niveles de Administración del Estado, hace que la crisis provocada por la covid-19 convierta la acogida de inmigrantes en una suerte de carrera contra el tiempo, que no ofrece respuesta a los problemas de fondo». Dicho claramente, no hay nadie en España que sepa cuántos ilegales están contagiados, ni por donde andan ni el índice de contagios que puedan producir.

Estos son los “turistas” que están llegando este año a las playas españolas, a hundir aún más el primer sector por ingresos en España, y que llegan a disfrutar del “todo gratis” con el esfuerzo de los hoy jubilados, muchos de los cuales tienen menos ingresos mensuales que ellos subvenciones. Últimos ejemplos conocidos:

  • Torrevieja (Alicante) detienen a nueve inmigrantes marroquíes y argelinos acusados de narcotraficantes, con once mil euros en efectivo, todos receptores de ayudas públicas y viviendo de okupas.
  • Este verano han llegado dos mil ilegales a Canarias y el Estado los ha alojado en hoteles de tres y cuatro estrellas.
  • Detenidos dos marroquíes por violar en Zaragoza a una asistenta social de un centro MENA.
  • Madrid, distritos de El Batán y San Blas: Los vecinos han empezado a organizarse como “autodefensa” ante la delincuencia de MENAS.
  • Barcelona: Incontables robos y agresiones de todo tipo en los aledaños de Las Ramblas en la capital, y en diferentes ciudades periféricas. Según La Vanguardia, en los tres meses de verano del año pasado, 20 delincuentes extranjeros fueron detenidos 180 veces por robo con violencia e intimidación, pero los jueces no decretaron prisión, y eso que en los atestados se hacían constar todos sus antecedentes. 1 marroquí de 18 años, un marroquí de 28 años, un argelino de 19 años, un argelino de 17 años y un bosnio de 39 años, encabezan el ranking de delitos cometidos, por ese orden. Añade ese periódico que “hay delincuentes que actúan en Barcelona a los que la policía detiene más de una vez por semana …. Hay una realidad incuestionable, que es la actividad delincuencial protagonizada por migrantes tutelados o que dejaron de estarlo, que actúan con muchísima violencia en los asaltos en la vía pública”.

Los MENA y el resto de ilegales llegados a España, se enmarcan dentro de una política de “lucha de clases del siglo XXI”, en el que se incluye la destrucción de la familia, de la monarquía, de la iglesia católica, del asentamiento del hembrismo disfrazado de feminismo, de esos sectores de la sociedad española que proclaman que  “las feministas no nos defendemos de las violaciones de inmigrantes; nuestra guerra es solo contra el hombre blanco”; las que justifican las violaciones diciendo que solo hacen lo que ven en los fachas; quienes dicen que: “quien no se preocupa por los menas tampoco se preocupa por sus hijos e hijas”, los que pretenden tratarlos como si tuvieran siete años, cuando son hombres hechos y derechos, que buscan el placer de sus sentidos por las buenas o por las malas y que, junto a los que tienen menos de 35 años, están autorizados a saltarse las leyes musulmanes hasta acabar con “el infiel”, prestas las huestes para cuanto llegue el momento de la revolución callejera, porque tanto los MENA como la inmigración ilegal no se trata de un tema de racismo, xenofobia ni odio religioso, como muchos políticos y tertulianos de medios de comunicación pretenden hacernos creer, sino de subsistencia ante violaciones, robos y agresiones violentas de hombres como hastiales, con entrenamiento militar, para implantar su forma de vida medieval, en un país en donde no hace tantos años se podía dejar abierta la puerta de la casa sin temor a que nadie te hiciera nada.

No hay que olvidar la amenaza que periódicamente vierten los musulmanes contra España: “Si no puedes hacer la hégira (la emigración, en árabe) al Estado Islámico, el yihad no tiene fronteras. Haced el yihad donde estéis. Insha’Alllah (si Alá quiere) estará complacido con vosotros”, proclaman en español. “Y a los cristianos españoles, os olvidáis de la sangre derramada de los musulmanes por la Inquisición española. Vengaremos vuestra matanza y la que estáis haciendo actualmente con el Estado Islámico”.

Otro caso, no ya en España sino en nuestro país vecino, Francia, con motivo del asesinato de un profesor por un musulmán, y del peligro que no queremos ver: El plan de Macron contra el islam radical desata una oleada de protestas en los países musulmanes, al frente del que se encuentra el presidente de Turquía, Erdogan, y el presidente del CF Málaga, el catarí Al-Thani.

Un avión, origen Francia, tiene que hacer un aterrizaje de emergencia porque un musulmán quería hacer sus oraciones en el pasillo, teniendo que ser desalojado por cuatro policías.

En Dinamarca, tres musulmanes violan a una mujer y lo retransmiten en directo a través del teléfono móvil.

Atentado en Viena de hace unos días contra la comunidad judía, realizado por un profesional adiestrado militarmente.

¿Cómo reaccionamos ante todos estos hechos, ante el lavado de cerebro que pretenden hacernos los comunistas de nuevo cuño, que descalifican a quien no coincide con sus ideas?

Son ejemplos, recogidos al azar, de los muchos que todos los días se producen en Europa, porque si nos fijamos en la represión y exterminio de cristianos en ciertos países de África, probablemente podríamos hablar de genocidio.

En vez de prevenir lo que en el futuro puede convertirse Europa, el Congreso de Diputados, a instancia de Podemos, ha aprobado, con el voto en contra de PP y Vox, una proposición de ley por la que se insta al Gobierno a adoptar medidas para prevenir la propagación de mensajes de odio en las redes sociales, facilitando la vigilancia y la eliminación inmediata, habilitando a que empresas privadas sustituyan a los jueces en su juicio sobre lo que está bien o mal, sobre lo que es odio o no, y cuál es la interpretación correcta de esa palabra, odio, pues parece que no significa lo mismo para todo el mundo: Dejan fuera los insultos al Rey de España y el enaltecimiento del terrorismo y/o justificación de los delitos terroristas y sus autores, así como de los que conlleven “descrédito” y “humillación” a las víctimas del terrorismo y sus familiares. El Partido Popular ha declarado: “Quieren implantar una Inquisición laica contra todo aquello que rompe sus esquemas ideológicos”.

Y razones ideológicas es lo que lleva a aceptar la inmigración incontrolada, no reconocer que África no cabe en Europa, y España no puede atender a todo vago y paria del mundo que quiera instalarse aquí, sin preparación ni ganas de trabajar, en una sociedad cada vez con trabajos más tecnológicos, formación continua y capacidad de adaptación, o sea, subvencionados perennes, sin posibilidad alguna de rehabilitación. Y, como otras cosas de la España actual, el tema tiene que saltar por algún sitio.

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