Ley Concursal

El pasado día uno de septiembre entró en vigor el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. Desde su aprobación en 2003, la Ley Concursal ha sido modificada en 28 ocasiones, “lo que ha generado incongruencias en su texto, problemas interpretativos y una alteración sistemática de su contenido que habían derivado en un problema de seguridad jurídica”, indica el Ministerio de Justicia en un comunicado.

El texto es complejo y manejable solo para profesionales especializados en el tema. El legislador hace referencia a la ley del año 2003, manifestando que “la profunda crisis duradera por la que atravesó la economía española, evidenció los defectos y las insuficiencias de la nueva normativa, y el correlativo aumento de los procedimientos concursales no tardó en colapsar los juzgados de lo mercantil. Ha habido casos de reformas de lo reformado, en un proceso continuado de diseño y rediseño, como sucedió con el régimen de los acuerdos de refinanciación, a medida que se manifestaban las insuficiencias de las primeras soluciones, acentuando así la inestabilidad de la normativa. De aquel derecho que aspiraba a ser estable se pasó así a un derecho en perpetua refacción”.

El nuevo texto refundido cuenta con un total de 752 artículos divididos en tres libros: el primero está dedicado al concurso de acreedores, con grandes modificaciones sobre el texto anterior. El libro segundo está dedicado a ese otro derecho de la crisis que es alternativo –y, en ocasiones, previo– al derecho tradicional de la insolvencia. El libro tercero incluye las normas de derecho internacional privado de la insolvencia, hasta ahora circunscritas al concurso de acreedores, que deberán aplicarse a los acuerdos de refinanciación y a los acuerdos extrajudiciales de pagos.

El Derecho concursal se reivindica como una herramienta fundamental para la conservación de tejido empresarial y empleo; y de ello es consciente el legislador y la propia Unión Europea, dice la introducción al nuevo texto legal.

Evidentemente, esa es la razón de las muchas rectificaciones legales habidas sobre la Ley Concursal. En estos momentos de manifiesta crisis económica, que puede llegar a ser financiera en el momento que los bancos tengan que soportar la morosidad originada por el impago de los préstamos avalados por el ICO, el Estado, que no va a hacer frente a los avales porque no tiene liquidez, va a prorrogar el periodo de carencia hasta marzo de 2022 como alternativa a emitir más deuda pública, que comprarían los propios bancos para así poder cobrar esos préstamos, aunque todo esto parezca un poco lioso, el resumen es más deuda, esa que dijo Podemos que no había que pagar antes de estar en el poder, más la parte no cubierta por los avales, más las hipotecas impagadas, que van a aumentar de forma considerable al haber caído el empleo en cientos de miles de personas, más las de PYMES que no se han recuperado de esta crisis, y ya veremos cuales son las que se recuperan, más las grandes empresas que se sostienen únicamente por presiones gubernamentales para que no aumente el número de parados, todo ello consumirá recursos propios de los bancos, que tendrán que acudir al mercado en busca de ampliación de capital, que ya veremos si son capaces de completar dada su bajísima cotización actual y su falta de rendimiento vía dividendos.

Además, los bancos son los principales perjudicados en los Concursos porque, no hay que engañarse, son muy pocas, en términos relativos, las empresas que superan esa situación y pagan a sus acreedores y, en el mejor de los casos, con una quita que muchas veces llega hasta el 80% del principal, sin devengo de intereses y a pagar en ocho o diez años; total, la ruina para los proveedores que, como todo va en cadena, presentan Concurso a su vez.

La peor situación de impago que se puede presentar es un Concurso. En cualquier otra situación, puede llegarse a un acuerdo, a un pacto y a unas condiciones privadas que pudieran hacer subsistir a deudor y acreedores. Pero en el Concurso, no. Los únicos que cobran de forma segura, son los administradores del concursado, nombrados por el juzgado correspondiente; y cuanto más dure el Concurso, más tiempo siguen cobrando. El resto, si hay solvencia no supervalorada, cobran las migajas de la forma descrita en el párrafo anterior.

Fuente: empresaactual.com: “Antes de la gran crisis de 2008 había en España unos 1000 concursos al año que llegaron a un máximo de 10.000 en 2013 para luego ir cayendo hacia 4000 el año pasado, 2019.

En el mes de septiembre 2020 se han registrado 379 concursos y 1.639 disoluciones en España. Así lo afirma el nuevo Estudio sobre Concursos y Disoluciones realizado por Informa D&B. Estos datos suponen que los concursos empresariales en septiembre se incrementan un 70% respecto al mes de agosto y un 18% más que el pasado año. En este sentido hay que destacar que el 61% de los concursos declarados en septiembre termina en liquidación de la empresa.

El estudio afirma que las microempresas representan el 82% del total de concursos empresariales en septiembre. En este sentido, el 15% se encuentran en la categoría de pequeñas empresas y algo más de un 2,5% en la de medianas. Tan solo una gran empresa ha iniciado proceso concursal este mes. Cataluña es la comunidad con más concursos desde enero, con 719, por delante de Madrid que acumula 561”.

En mi opinión, lo verdaderamente malo en economía vendrá el próximo año 2021, una vez que empresas, autónomos y particulares se convenzan que no pueden pagar, por falta de ingresos, a los que se sumarán los que no quieren pagar, morosos perpetuos a los que los bancos, una vez más y no haciendo caso de los dictámenes automatizados con millones de datos en sus entrañas, se han disputado para ver crecer sus cifras de negocio y que sus directivos cobrasen el “bonus”, y no me estoy refiriendo al director de una oficina, sino a esa docena de elegidos que forma el Comité Central de todos los bancos y que ganan más de 600.000 euros anuales.

La pandemia por coronavirus, con más de un millón de muertos en todo el mundo en el momento de escribir estas líneas, es actor principal en esta grave situación económica y, probablemente, financiera que pudiera presentarse. Pero los medios previstos por el Gobierno en los PGE es el “cuento de la lechera”, basados en una recuperación rápida en uve (V), estimando que la inversión crecerá un 15%, frente a la caída del 18,3% prevista para 2020, y un gasto público que aumenta el 33,3% sobre el de este año, con una previsión de subida de impuestos de 34.000 millones de euros más que en 2020, grabando más a los que más aportan: subirán tres puntos el gravamen de las rentas del capital de más de 200.000 euros al año; y dos puntos el IRPF de las rentas del trabajo de más de 300.000 euros.

Según el Instituto de Estudios Económicos, la subida de impuestos a las rentas altas provocará un efecto bumerán en la economía española. No solo habrá una «fuga de talento», menores inversiones e ingresos tributarios, sino que además provocará un aumento del paro, una pérdida de empleo de hasta el 4% adicional, sin desgravaciones fiscales a las empresas, falta de ayuda a la investigación, restricciones sanitarias, regalías a quien no hace nada ni nada aporta a esta nación y elevar el gasto en subvenciones caritativas a quienes viven del cuento, lo único que va a servir es para retirar dinero de la circulación para consumo, salida de grandes capitales y ausencia de inversiones de quienes tienen mucho dinero en todo el mundo, que los hay, ante el miedo a un gobierno que cambia las leyes cuando a ellos no les favorecen y que prima al que no genera riqueza, ante quienes sí lo hacen, tanto trabajadores como los empresarios.

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