Nuevo Estado de Alarma

En nuestro escrito del sábado pasado hablábamos de la falta de un verdadero liderazgo del presidente del Gobierno, que no retomaba el control de un único país que se llama España, unificando las instrucciones para todos los españoles sobre la pandemia del coronavirus, pendiente que Cataluña solicitara el Estado de Alarma, como lo habían hecho otras diez Comunidades Autónomas.

Una vez adherida Cataluña, el Consejo de Ministros reunido ayer domingo 25 de octubre, ha decretado un nuevo Estado de Alarma para todo el país y Pedro Sánchez ha calificado la situación como EXTREMA, regulando unas normas mínimas de actuación y pasando la responsabilidad de su cumplimiento a las CCAA y al Consejo Interterritorial de Salud, que es el órgano de cooperación e intercomunicación de los servicios de salud de las comunidades autónomas entre sí y con la administración del Estado. No sé si pensar que cuando uno no sabe o no se atreve a tomar una decisión a título personal, se crea o se traspasa la responsabilidad a un comité para que, si salen mal las cosas, la culpabilidad quede compartida.

La situación actual fue alertada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, el 30 de marzo: “Todo dice que probablemente en octubre o noviembre esto puede volver a reproducirse”. Y a primeros de mayo el Ejército hizo un informe que, entre otras cosas, decía:

a. El problema no es tanto el número de casos severos o muertes, sino que se acumulen todos a la vez de nuevo y colapsen los servicios sanitarios.

b. El aislamiento no ayuda a detener la expansión, pero sí a ralentizarla.

c. La idea fundamental para el Ejército es que se debe vigilar y estar preparados para la siguiente ola.

d. Para la autoprotección, la OMS y los EE. UU. recomiendan la mascarilla N 95, cuyo porcentaje de protección correspondería a la medida europea que se encuentra entre las mascarillas autofiltrantes FFP2 (92 %) y FFP3 (98 %) europeas. Y solo se pueden reutilizar si contienen una “R” en su designación.

e. Sería extremadamente importante disponer de una aplicación de teléfono móvil de control contactos para próximas oleadas.

f. Las medidas de confinamiento ayudan a quitar fuerza a la epidemia, pero no van a terminar con ella.

g. El mayor peligro en el futuro serán las aglomeraciones.

La nueva Ley impone la “restricción de la movilidad nocturna” entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana; la limitación de reuniones sociales hasta un máximo de seis personas; se aplica durante seis meses seguidos, hasta el 9 de mayo de 2021, con una revisión en marzo, y autoriza al presidente de Gobierno a comparecer ante la Cámara del Congreso cada dos meses, algo inaudito en una democracia consolidada; la autoridad delegada en la aplicación del estado de alarma recae sobre los presidentes autonómicos, quienes serán los que puedan aprobar las restricciones de movilidad entre territorios propios y con otras comunidades, desactivar el “toque de queda” nocturno a partir del 9 de noviembre y modificar en más/menos dos horas el horario de restricción marco establecido por el Gobierno. Con ello, desaparece el mando único, las compras centralizadas (que las utiliza cualquier empresa que tenga varias sucursales por economía de escala), los medios técnicos y humanos en igualdad de condiciones, y el control del gasto de una forma real y efectiva a nivel nacional.

Cataluña, la última región en pedirlo, ha sido la primera en poner en práctica: Cierre de todos los establecimientos a las nueve de la noche; y confinamiento nocturno desde las diez de la noche a las 6 de la mañana. La otra cara de la moneda: los hospitales catalanes empiezan de nuevo a dejar morir a los ancianos, sedándolos en espera de su fallecimiento.

Si nos comparamos con Italia, que tiene menos contagiados que nosotros, allí han ordenado el cierre total de gimnasios, cines, teatros y cualquier otro espectáculo de masas; y todos los negocios, establecimientos y empresas deberán cerrar a las seis de la tarde.

Como todas las cosas en la vida, la decisión hoy adoptada por el Gobierno tendrá defensores y detractores, porque hay en juego las dos cosas, probablemente, más importantes para cualquier individuo: la vida (la salud) y la economía (el dinero). Yo, como siempre, dejo constancia de mi opinión: Creo que era necesario porque, hoy por hoy, seguimos sin saber nada fundamental del coronavirus, ni su origen ni su curación, ni hay vacuna ni la va a haber a corto plazo; lo único que está claro es que los muertos cada día son más, en todo el mundo.

En cualquier problema, hay que distinguir entre si es urgente o importante; este es urgente e importante a la vez, por lo que nuestros políticos, todos, en estos momentos, deben dar prioridad absoluta y no tener otro objetivo que no sean los dos descritos, sin que nadie pueda usar este tema en beneficio propio, de sus ideas ni del partido al que cada uno dice representar.

El sistema de sanidad español saturado y una economía de subsistencia, deben obligar a nuestros políticos a modificar los PGE, suprimiendo todo tipo de subvenciones y regalías, a legales y a ilegales, porque en esta situación, en vez de convertir en ricos a los pobres, se van a hacer pobres a los ricos y no va a haber retroalimentación para sostener a los pobres. Y dejar aparcadas reivindicaciones e imposición de ideas políticas, apartando a “salvadores” de la patria, como puede ser el ministro Ábalos que ha dicho «Que haya políticos presos no ayuda a normalizar la situación catalana» en referencia a quien quebró la Constitución por no estar de acuerdo con lo que allí se regula. ¿Diría lo mismo si se hubiesen tratado de militares, sin muertos de por medio, tratando de demostrar su disconformidad con la Constitución o con el Gobierno?

En este tema del coronavirus falta información, transparencia y estadísticas fiables desde el principio, completas y profundizando en los pormenores de las circunstancias de cada caso, entre otras, sobre las denuncias que se han puesto y las multas que se han cobrado; supongo que un alto porcentaje corresponden a insolventes, con lo que no solo no se cobran, sino que producen un gasto público por la intervención de diversos funcionarios, sin resultado final positivo. ¿Por qué no se aplica la “doctrina Calatayud” y se tipifican y habilitan los medios necesarios para que los transgresores puedan ser condenados a tratar y cuidar a enfermos del coronavirus?

Desde el primer momento que empezó esta pandemia, dije y dejé escrito, que era la peor situación de España desde la Guerra Civil del siglo pasado. Esto no ha terminado, y vamos para largo. Si muero por ello, que no creo ni lo espero, quiero que me entierren en una lápida en la que conste una media luna musulmana, una cruz cristiana, y una estrella de David judía. Más vale tener tres padrinos que ninguno.

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