Seguridad Social y Pensiones

En 1900 se crea el primer seguro social en España, añadiéndose mejoras sociales a partir de esa fecha hasta llegar a 1963 en el que aparece la Ley de Bases de la Seguridad Social cuyo objetivo principal era la implantación de un modelo unitario e integrado de protección social, con una base financiera de reparto, gestión pública y participación del Estado en la financiación, que se plasmaron en la Ley General de la Seguridad Social de 1966, con vigencia de 1 de enero de 1967, que significó un salto cualitativo en la consolidación de un Sistema Público de Pensiones en el Estado Español.

En lo que atañe a las pensiones, la Ley General de la Seguridad Social establecía la edad de jubilación a los 65 años. Se necesitaban 8 años de cotización para tener derecho a la misma y en la base reguladora para calcular la pensión se tenían en cuenta los 2 años anteriores a la fecha de la jubilación.

Reforma de pensiones de 1985. El Gobierno del PSOE, Felipe González, presento un proyecto de Ley que consistía en pasar de 2 a 8 años el período de la base reguladora para calcular la pensión, y pasar de 8 a 10 los años necesarios para tener derecho a la misma.

Con el Pacto de Toledo en 1995, se acordó asentar un nuevo recorte a la cuantía de las pensiones, a través de pasar de 10 a 15 años para tener derecho a la pensión (con dos años cotizados dentro de los últimos 15) que incrementaban la base reguladora de la pensión en 7 años más.

En el año 2010 el gobierno de Zapatero impuso que cada año se aumentara la edad para poder jubilarse, hasta llegar en 2027 a los 67 años. Se pasa de 15 a 25 años el período para calcular la base reguladora de la pensión. También se pactó aplicar en el 2027 el factor de sostenibilidad. Y se aumenta de 35 a 37 los años necesarios para cobrar el 100% de la pensión. Por último, en 2011, Zapatero congeló por primera vez las pensiones.

En resumen, con Franco el importe de la pensión era la media de los últimos 28 meses trabajados y un mínimo de 8 años de cotización. Con la democracia, el importe es la media de los últimos 15 años trabajados, y un mínimo de 35 años de cotización, hasta llegar a 25 años de cotización y 37 trabajados, y devengados, en el año 2027. No todo era tan malo con Franco.

Este tema de las pensiones es uno de los grandes problemas que ahora mismo tiene España. Cada vez hay menos trabajadores activos y que cotizan por menor importe; otros trabajan en la economía sumergida y no cotizan nada; otros cobran paro y subvenciones, y trabajan en dinero negro, sin cotizar nada; otros, directamente, cobran subvenciones y tienen el “todo gratis” por pasearse por calles y plazas, sin cotizar, ni pretender hacerlo en toda su vida, a la Seguridad Social ni a la Hacienda Pública Española.

Recientemente, el Banco de España ha realizado un estudio con unos cálculos en el que el sistema de pensiones provee a cada jubilado de una media de 1,74 euros por cada euro que este aportó durante su vida laboral a la Seguridad Social. No dice nada de las pensiones de los políticos y los pocos años que han de cotizar para que les quede lo mismo que a cualquier ciudadano español que lo hace durante cuarenta años. A lo peor es que se paga poco a la Seguridad Social y mucho de Impuestos, para que el Gobierno de turno de rienda suelta a sus adláteres y agradecidos. A ver si lo que hay que revisar es pagar más a la Seguridad Social, caja única estatal, solo para quienes han aportado durante su vida laboral, y el resto de caridad y atenciones sociales tienen que salir directamente de los PGE.

Un ejemplo. El otro día fui al Banco Santander. Me atendió una muy amable señorita. ¿Qué desea? Quiero sacar dinero. ¿Cómo se llama? Le di mi nombre, buscó en el ordenador y me dijo: Señor, usted no tiene cuenta aquí, no ha ingresado nunca, ¿cómo pretende sacar hoy dinero?

 

Qué es un pensionista? | Concepto y características del pensionista

 

Porque todo esto, informe de Banco de España, rescate por parte de la Unión Europea, hablar de recortes y esfuerzos adicionales, tienen, en mi opinión, un único objetivo: Ir preparando mentalmente al ciudadano que las pensiones van a rebajarse, probablemente las actuales y, seguro, las futuras.

El Tribunal de Cuentas ha advertido que, «de no llevarse a efecto una reforma urgente, la viabilidad de las pensiones estaría en serio peligro».

El Ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, es partidario de aumentar la edad de jubilación a los 67 años, que la opción de las jubilaciones anticipadas debe restringirse al máximo, la extensión del periodo del cálculo de las pensiones para hallar la base reguladora, el aumento de la penalización de la jubilación anticipada a los que han cotizado por mayor importe al aplicar el porcentaje de reducción sobre la pensión y no sobre la base reguladora, o la eliminación de las deducciones a los planes de pensiones. Otros puntos de discusión es decidir si las pensiones no contributivas deben seguir integradas en la financiación de la Seguridad Social o no, y el tema del factor de sostenibilidad.

¿Y por qué tienen que ser los pensionistas los que paguen esta crisis? ¿Por qué no considerar otra alternativa de austeridad, acabando con canonjías políticas, sindicales, defraudadores a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social, y otros muchos vividores del Estado sin hacer nada en toda su vida?

Según el jurisconsulto romano Domicio Ulpiano, “la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde”. Y a muchos, que no son los pensionistas, les corresponde mucho menos de lo que reciben.

-Reducción de Diputados, Senadores, Concejos Municipales, Asesores de todo tipo y condiciones, atajar el fraude a Hacienda y a la Seguridad Social, suprimir subvenciones a Partidos Políticos, Sindicatos patronales y obreros (solo tendrán ingresos por las cuotas de sus afiliados y por donaciones nominativas y suficientemente identificadas), los inmigrantes ilegales no pueden cobrar más y pagar menos que los españoles que han cotizado por trabajar (un año de trabajo, cuatro meses de paro, pagando un porcentaje de las medicinas), convertir en productivo el gasto improductivo que es la prestación por desempleo, renta mínima  y subvenciones a quienes no trabajan, introduciendo criterios de eficacia, cambiando el concepto por el de Salario Estatal, periodo transitorio, cobrando las dos terceras partes del SMI, con contraprestación de colaboración social de obligado cumplimiento por parte de los perceptores a jornada completa, a fin de que busquen trabajo de forma activa, fusionar algunas Comunidades Autónomas, con lo que desaparecerían multitud de cargos, carguillos, amiguetes y caciques locales, a la vez que se reconoce de forma expresa las particularidades propias de Cataluña y el País Vasco a las que, dentro de la solidaridad interterritorial e isonomía entre todos los españoles, mantendrán autonomía financiera y otras transferencias de servicio al ciudadano, salvo temas de educación, defensa, justicia y sanidad, que será igual en todo el territorio español.

Los jubilados son los más débiles de la sociedad, y se lo han recordado, con premeditación, con los muertos por coronavirus en esta pandemia, a la que se pusieron tarde y mal los medios para minimizar su impacto. Y cuando creíamos que no se podía hacer peor, las Autonomías nos están demostrando que sí, que lo están haciendo mucho peor que el Gobierno Central, lo que podría llevarnos al caos político, sanitario y económico a partir de este último cuatrimestre del año, con lo que debería abrirse un foro de discusión sobre la efectividad de las Autonomías y si tienen o no razón de ser tal como están hoy configuradas, porque no todos los españoles somos ya iguales en cualquier parte de España.

 

Publicado en PUERTA DE MADRID de Alcalá de Henares nº 2.623 del 25-09-2020

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