Poder judicial

Al menos desde el Romanticismo, los jueces eran unas personas (hombres y mujeres) absolutamente respetados y respetables, íntegros, honrados, honestos, de vida discreta, con pocas relaciones sociales para no contraer compromisos que pudieran contaminar sus sentencias, que aplicaban las leyes vigentes en cada momento, y ha habido muchos momentos políticos en España desde entonces, y que pasaban desapercibidos fuera del ámbito de la judicatura. Lo mismo podríamos decir de los Fiscales, insobornables, moral o dinerariamente, en sus actuaciones.

Pero desde hace unos años, cuando surgieron los jueces y fiscales “estrellas”, algunos con veleidades políticas, otros superados por la fama, y todos afiliados a asociaciones con trasfondo de ideario político de todo tipo, tras la apariencia de defensa profesional de las puñetas, de cuando en cuando ocurren cosas raras tanto en la judicatura como en la fiscalía.

Vaya por delante que, en mi opinión, ni unos ni otros deberían estar afiliados a ninguna asociación con sentido político, igual que los militares. Estos, porque son los que tienen las armas, que pueden usarse para custodiarlas en el armero, para defenderse o para atacar, pero, en cualquier caso, para mantener el orden constitucional de todos los españoles; y aquellos, porque tienen el poder de interpretar las leyes según su ideario y relaciones políticas, en vez de aplicar por igual la independencia judicial que marca la Constitución vigente a todos los españoles. Que pueden equivocarse de forma puntual, y aquí cabe la labor del juez-árbitro de futbol, correcto. Pero desde el año 1985 surge una inercia al control judicial por parte de los políticos, con casos en el que un imputado quede libre porque un juez agote la prescripción de los plazos legales, que un juez diga que “España no está preparada para saber la verdad sobre el 11-M”, la libertad de los capos gallegos del narcotráfico por deficiente instrucción judicial, la corrupción política, de todos los colores, nunca llega a sentencias de consideración, el conocimiento de las sentencias del procés antes de que se publicara por parte del juez actuante, la destitución de la juez Mercedes Alaya que investigaba los ERES socialistas-ugetistas de Andalucía, sustituida por la adicta al régimen imperante, la juez Núñez Bolaños, que la semana pasada, estando de baja laboral, se dio de alta, hace la guardia del domingo, desimputa a dos altos cargos socialistas en el citado caso ERES y corrige a su sustituto para que la Guardia Civil no investigue a un concejal, y se vuelve a dar de baja tres días después del alta, es difícil creer en la independencia de la Justicia que, como dice el Magistrado Jesús Villegas, es “agua potable contaminada con materia fecal”, “la actitud de los propios Jueces y Magistrados, que en algunas ocasiones, haciendo por vía recusaciones a compañeros por causas que no se aplican a ellos mismos y por tanto configurando un Tribunal apropiado,  o no haciendo como sucede en el caso de los ERES de Sevilla, en el que día a día, prescriben los delitos, por la inacción de la Juez, del Ministerio Fiscal y de todo aquel que tiene razón en el proceso, quedando sin castigo conductas gravísimas; son intromisiones ilegitimas que menoscaban la calidad de la Justicia, la confianza del ciudadano y sobre todo la función que le corresponde en el sistema político que tenemos”, escribe Nicolas Poveda Peñas, que fue Magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El problema es que, a los jueces, a las más altas magistraturas del Estado, los eligen los partidos políticos, con lo cual queda contaminada cualquier decisión que tomen en contra de quién les ha nombrado con el dedo índice de la mano, derecha o izquierda, me es igual. Yo creo que, a los jueces, a partir del Juez Decano de cada Partido Judicial, deberían elegirlos únicamente los jueces, con lo que no estarían “agradecidos” a los políticos de turno.

Claro ejemplo, los diversos problemas judiciales en los que está incurso en estos momentos Podemos; Eduardo Inda escribe: «Lo que quiere Podemos es colar tres magistrados en el CGPJ para que ayuden con sus corruptelas, que tienen y las que están por llegar».

 

 

Todo lo escrito hasta aquí, es aplicable también a los fiscales y en concreto al Fiscal General del Estado, que lo elige directamente el Gobierno de turno, con organización jerárquica, y a los que el actual Ministro de Justicia quiere asignarles la investigación de los hechos previos a los juicios, que hasta ahora llevan los Jueces de Primera Instancia. El ministerio fiscal podría condicionar la vida de los ciudadanos por la política.

La penúltima, de la semana pasada. La Fiscalía del Tribunal Supremo no ve delito en la gestión del Gobierno de la pandemia de coronavirus por los errores que causaron miles de muertes ni por la compra de materiales defectuosos, por los que se pagaron precios muy por encima de los de mercado a empresas de dudosa experiencia comercial y conocimiento del tráfico mercantil chino, y pide a la Sala Segunda de lo Penal que inadmita una veintena de querellas presentadas contra miembros del Ejecutivo por delitos como prevaricación, homicidio imprudente, lesiones o contra los derechos de los trabajadores.

El periodista Joaquín Abad acaba de publicar un libro titulado La red secreta de Soros en España, en el que explica cómo captaron a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, a miembros de otros partidos, también de derechas; a jueces y fiscales (Baltasar Garzón y Dolores Delgado, por ejemplo); al empresario catalán independentista Grifols; a Esteban Beltrán, el de Amnistía Internacional; a banqueros de inversión como Borja Prado, o a José Luis Rodríguez Zapatero. Es un libro de consulta, muy interesante.

Dejo para otra ocasión la reforma profunda del Código Penal que demanda la mayoría del pueblo español, ajustada a la realidad del presente siglo XXI, que desde la que realizó el ministro Fernando Ledesma, masón, en el primer Gobierno de Felipe González, para actualizarla a aquel tiempo y derogar parte de los delitos penados por el franquismo, ha tenido pequeños retoques en diferentes legislaturas, pero siempre a favor del delincuente, rebajando penas y tratándolo como si fuera el perjudicado de sus delitos, y no lo que verdaderamente es, deudor de la sociedad.

 

 

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