El honor de la Guardia Civil

“Al rey, la hacienda y la vida se ha de dar; pero el honor es patrimonio del alma y el alma sólo es de Dios”. Pedro Calderón de la Barca

El domingo pasado fue destituido el jefe de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Pérez de los Cobos; por ese motivo, el lunes dimitió su superior, el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Laurentino Ceña. Todo ello porque el citado coronel se negó a facilitar al Gobierno un informe que sobre el 8-M les había solicitado una juez, bajo secreto de actuación, entre otras cosas porque lo que se estaba investigando afectaba a miembros del Gobierno. El miércoles han nombrado para sustituirlo, a Pablo Salas Moreno, hasta ahora jefe del servicio de información de la Guardia Civil. Nacido en Corera, pueblo de 250 habitantes en La Rioja, que ha venido realizado labores de información desde 1997, actualmente al mando del Servicio de Información (SIGG) el área técnica, que se ocupa de perseguir los ciberdelitos, entre ellos los de carácter terrorista.

 

 

Sobre esto, escribe el general de División ®, Rafael Dávila el 26-05-2020:

“Un juez se vale de la policía judicial para sus investigaciones: Guardia Civil o Policía Nacional. Dependencia única y exclusiva del juez. Es decir, en el caso que nos ocupa la guardia civil en su actividad de policía judicial no depende del coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, Pérez de los Cobos. Para nada y de nada deben informarle. Su dependencia es administrativa y para asuntos meramente burocráticos, pero para nada en su labor judicial. Es más, darle cuenta de ellos, o él pedirlo, sería sancionable e incluso delictivo. Es decir que cuando al coronel Pérez de los Cobos le han pedido el informe que la policía judicial ha realizado se ha limitado a cumplir con su deber: No.

El código de honor es para un guardia civil como el aire que respira y ninguno deja de respirar ni un segundo sin caer en el deshonor que se nota tanto que te delata.

Los hechos son: un alto cargo del Ministerio del Interior llama al coronel pidiéndole una copia del informe que la policía judicial iba a entregar a la Juez que investiga las presuntas irregularidades y responsabilidades por la manifestación del 8M en la que se ven claros -presuntos- indicios de responsabilidad de Simón y del Delegado del Gobierno de Madrid. El coronel cumple con su deber, se niega y es cesado. Eso es todo.

El problema es mucho más grave. Estriba en quién ha ordenado su destitución: el ministro del Interior. ¿Dónde está la gravedad? En que hasta hace muy poco este personaje era juez de la Audiencia Nacional. ¿Eso qué significa? Que nadie como él conoce la ley, o debería. Que nadie como él sabe cómo trabaja la policía judicial y cuáles son sus dependencias y jerarquías. Que nadie como él debe tener el compromiso moral y material de cumplir la ley y hacerla cumplir.

El escándalo alcanza niveles muy elevados y peligrosos porque es inevitable mirar hacia atrás y preguntarse el concepto de justicia que tiene un señor que siendo ahora ministro del Interior ha estado impartiendo justicia ni más ni menos que desde la Audiencia Nacional”.

David Lozano en periodistadigital del 26-05-2020: Importantes mandos de la Benemérita han reaccionado al cese del Coronel Diego Pérez de los Cobos como Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid y lo han hecho de manera muy crítica contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Una demoledora carta de la Unión de Oficiales Guardia Civil Oficial, a la que ha tenido acceso Periodista Digital, ha caído como una bomba tanto en Interior como en Moncloa y comienza de manera rotunda:

“Entre las consecuencias de este cese sabemos que lo que más le duele a nuestro Coronel no es que le hayan cesado, sino el duro golpe que se le ha asestado hoy a la Guardia Civil, a su imagen, a su neutralidad”.

Después de alabar la trayectoria profesional del Coronel, los mandos de la Benemérita destacan que “lo que ahora importa es que el político de turno confíe en ti, que te amoldes a su estrategia política, que no supongas un obstáculo a sus objetivos, aunque eso implique nefastas consecuencias para los ciudadanos. Lo único que importan son los criterios políticos, no los técnico-profesionales, aunque para ello haya que sacrificar la neutralidad”.

Los oficiales de la Guardia Civil miran hacia el futuro y se plantean dudas sobre quién reemplazará a Diego Pérez de los Cobos “¿quién lo sustituirá?, ¿qué requisitos de confianza debe reunir? A partir de ahora no podemos despreciar que aquél que lo sustituya estará bajo sospecha de ser el “hombre de confianza” del político, en una Institución en la que la neutralidad política forma parte de su ADN”.

Además, exigen al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que explique los motivos de su cese “si no se hace se estará permitiendo que se especule con el uso de la Guardia Civil como moneda de pago político, o se permitirá que se instaure la creencia de que se ha perdido la neutralidad de la Guardia Civil”.

Y termina de la manera más dura posible advirtiendo del negro futuro que le aguarda al Cuerpo con un Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez:

“Este cese, se suma al no tan lejano del Coronel Jefe de la UCO, Manuel Sánchez Corbí. Si se repiten hechos similares a éstos, si explicar sus motivos, podremos anunciar a todos los españoles que la Guardia Civil que conocían hasta ahora ha entrado en proceso de extinción”.

Yo creo más en la causalidad que en la casualidad. Vemos las últimas destituciones realizadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, todos ellos con alguna relación al proceso independentista de Cataluña:

Doña Maria José Segarra Fiscal General del Estado durante el Juicio del 1-O.

Doña Carmen Tejera, Abogada del Estado que apuntaló la malversación en el Juicio del 1-O.

Don Edmundo Val, Abogado del Estado que se negó a cambiar el delito de rebelión por sedición antes se comenzar el juicio del 1-O.

Coronel Sánchez Corbí, jefe de la UCO, destituido por ordenar suspender las actividades de su unidad por la falta de fondos reservados que el Gobierno negó a la UCO, en relación a investigaciones sobre Cataluña.

Coronel Diego Pérez de los Cobos, destituido por no facilitar un informe reservado judicialmente al ministro de Interior. También tuvo destino y relación con Cataluña, siendo testigo clave en el juicio del “procés”.

Destituido el coronel Pérez de los Cobos, ha faltado tiempo para que “alguien” haya filtrado el informe con “órdenes dadas al equipo de la Policía Judicial de reserva y secreto de las actuaciones en la investigación” que matiza la juez actuante, para que haya llegado al Gobierno y filtrado al director del periódico digital eldiario.es, Ignacio Escolar, acérrimo defensor del sanchismo-comunismo, y a la Cadena Ser. En un país verdaderamente democrático, no teórico como últimamente es España, se debería investigar este hecho y conseguir que fuera pensado el responsable de esa filtración judicial.

El informe emitido por la Guardia Civil, es un dosier con nº de diligencia 2020-101887-00000067, remitido con fecha 21-05-2020, mediante la entrega de “los tomos I, II y III, que constan de 81 páginas, útiles a una sola cara, portada, índice y 45 anexos”, dirigido a la Ilma Sra Jueza del Juzgado de Instrucción nº 51 de los de la Plaza de Castilla en Madrid, y con copia al Ilmo Sr. Fiscal competente, todo ello bajo el título OPERACIÓN:SANITARIO, supuestos delitos de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia.

  • Confirma que el primer caso por coronavirus en la CCAA de Madrid fue el 25-02-2020
  • Medidas y recomendaciones propuestas en materia de salud con anterioridad al 14 de marzo de 2020:

 

  • El 29 de enero de 2020, la OMS aconseja el uso de mascarillas en el entorno comunitario, en la atención domiciliarias y en centros de salud, y propone medidas para evitar la propagación del virus, tales como evitar las aglomeraciones y no permanecer con frecuencia en espacios cerrados y abarrotados, mantener al menos un metro de distancia de cualquier persona con síntomas respiratorios de infección, lavarse las manos frecuentemente con una solución hidro-alcohólica si no están suficientemente sucias, y con agua y jabón si están sucias, al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo de papel, desechar este inmediatamente y lavarse las manos, y abstenerse de tocarse la boca y la nariz.
  • El 30 de enero de 2020, la OMS califica el actual brote de COVID19 como pandemia. Ese mismo día, declara que el citado virus constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional, y sostiene el muy alto riesgo de propagación e impacto del mismo, basándose en la experiencia acumulada en la evolución de virus semejantes. Por otra parte, señala que Europa era el epicentro de la pandemia, con más casos y víctimas mortales que en el resto del mundo, exceptuando China.
  • El 16 de febrero de 2020, la OMS publicó un informe recomendando a las autoridades de salud pública de los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos terrestres internacionales, establecer planes y medidas de contingencia eficaces ante emergencias de salud pública de importancia internacional …/…
  • El 24-02-2020, la OMS publicó un informe en el que fija los objetivos estratégicos con respecto al COVID-19. El primero de ellos hace referencia a la prevención de eventos de amplificación de transmisión del virus. Este objetivo es repetido sucesivamente otros días.
  • El 02-03-2020, el ECDC refiere que España, al igual que el resto de Europa, se encuentra en el escenario 1, avanzando rápidamente hacia el escenario 2. Únicamente Italia es el único país europeo que en esa fecha se encuentra en escenario 2. …/…

Las recomendaciones realizadas por el ECDC fueron las siguientes:

  • La activación inmediata de los mecanismos nacionales de respuesta a emergencias y planes de preparación para una pandemia que permita Asegurar la contención y mitigación del COVID-19 con medidas de salud pública no farmacéutica.
  • Asegurar la comunicación e información a todos los ciudadanos, de forma que el público en general sea plenamente consciente de la gravedad del COVID-19. Un alto grado de conocimiento de la población, la participación comunitaria y la aceptación de las medidas puestas en marcha (incluyendo el distanciamiento social que es la más restrictiva), son claves en la prevención de la propagación.
  • Mejora de la vigilancia, la investigación epidemiológica, rastreo y gestión de contactos, la detección inmediata de casos y el aislamiento de positivos.
  • Implementación del distanciamiento social (por ejmplo, la suspensión de reuniones a gran escala y el cierre de las escuelas y lugares de trabajo) para interrumpir las cadenas de transmisión.
  • La comunicación de riesgos y suministro de equipos de protección individual (EPI’s) adecuados a los trabajadores de la salud y la aplicación rigurosa de las medidas de prevención y control de infecciones en los centros sanitarios.
  • Implementación de medidas de distanciamiento individual (auto-aislamiento, evitar dar la mano y besar, evitar los transportes en los que se prevea un gran movimiento de personas y las concentraciones masivas), deben seguirse en cualquier escenario como medidas preventivas.
  • Debe realizarse una rápida y completa comunicación de los riesgos a la población …/…
  • Medidas para reducir el riesgo que presentan concentraciones de masas, incluyendo medidas de distanciamiento interpersonal para evitar el hacinamiento o medidas organizativas tales como la cancelación o aplazamiento de eventos.
  • Del 5 y al 10 de marzo, habla de las medidas tomadas en la CCAA de Madrid, suspensión de la actividad docente, evitar viajes, se recomienda el teletrabajo, cierre de bibliotecas públicas y universidades.
  • Pasado el 8-M y la manifestación feminista encabezada por Irene Montero, pareja sentimental del vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias, el informa reseña el
  • 30-03-2020: Se tiene conocimiento a través de una noticia del diario digital “ok diario” en la que se participa que “el Gobierno pidió suspender un congreso evangélico en Madrid por el coronavirus 2 días antes del 8-M”. En la citada noticia aparece adjunto un comunicado, firmado el día 2 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad / Secretaría General de SDanidad / Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, titulado “Comunicado sobre la celebración de reuniones multitudinarias durante el periodo de epidemia del COVD-19”, en el que se comunica que en consonancia con el oficio firmado por el Ministro de Sanidad el 3 de marzo de 2020 sobre “Recomendaciones de medidas extraordinarias en relación con la situación provocada por el nuevo coronavirus COVID-19, los eventos multitudinarios de cualquier tipo se considerarán de riesgo para la transmisión de este patógeno y suponen un riesgo para la salud de la población, recomendándose ekl aplazamiento o suspensión de los mismos hasta que se haya verificado por la autoridad sanitaria el control de la transmisión de la enfermedad y del riesgo asociado. Por último, se cita que la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad agradece a los organizadores de eventos que se incluyan entre los descritos en este documento la mayor consideración a esta recomendación”.
  • El 31-03-2020, se tiene conocimiento a través de una noticia del diario digital “el mundo” titulada “La destitución del policía que alertó de la crisis del coronavirus”, en la que comenta que el responsable policial de prevención de riesgos laborales, José Antonio NIETO, recomendó el 24 de enero de 2020 “evitar aglomeraciones”, adjuntando en la noticia un documento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de la Policía y firmado por el citado agente. En el documento se refleja que se debe “evitar el contacto cercano con cualquier persona que presente síntomas de enfermedades respiratoria, como tos y estornudos. Evitar aglomeraciones” y en su apartado cuatro de conclusiones, se cita textualmente “Ante la información difundida por la OMS sobre posibilidad de expansión del virus, se propone la adopción de las siguientes medidas preventivas a los funcionarios policiales, especialmente de los puestos fronterizos ante la llegada de vuelos procedentes de las zonas afectadas.
  • El 1 de abril de 2020, se tiene conocimiento a través de una noticia del diario digital “diario.es” titulada “El video del 8-M, con el que acusan al Gobierno de ocultar la verdad sobre el coronavirus: No se besa”, en la que apunta que el Gobierno sabía el peligro real del coronavirus. En la noticia se adjunta un video de la cabecera de la manifestación celebrada en Madrid el día 8 de marzo de 2020 en el que se observa a la ministra Celaá y a la exministra Valerio portando guantes de látex y en la que se aprecia una voz advertir “No se besa, no se besa” a las personas que encabezan la manifestación. Se adjunta grabación.

Después de este relato, se detalla toda una serie de documentos, leyes, normas y anexos que se adjuntan, hasta llegar al folio 26 y siguientes, que reflejan lo concerniente a EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS MANIFESTACIO/ES CELEBRADAS ENTRE EL 5 Y EL 14 DE MARZO DE 2020, en cuyo apartado se recogen una serie de expedientes, documentados, sobre manifestaciones de diversos tipos convocadas para esas fechas, la mayor parte de ellas canceladas por problemas sanitarios por los convocantes.

Sobre el expediente 341 en concreto, dice: “Parece Adecuado significar que el manifestante participa que sobre el día 06 de marzo ya eran conscientes de la grave situación sanitaria a la que se enfrentaba España, pero tenían relativa tranquilidad al ver que las autoridades seguían autorizando actos públicos como el 8-M”. A destacar que, en todos los expedientes reseñados, son los convocantes de las manifestaciones previstas los que las cancelan, dando constancia de llamadas, consultas y otras gestiones con la Administración, pero en ningún caso es esa Administración quien las prohíbe. En el expediente 545 se dice textualmente: Las motivaciones para llevar a cabo la mencionada cancelación se relacionan con la llamada telefónica dimanante del DG que recibe el comunicante el día 12 de marzo de 2020, en las cual una mujer que se identifica como funcionaria de la DG “le sugiere que no se celebre la concentración por motivos sanitarios ya que manejaban información que desaconsejaba la convocatoria”.

Resumen su análisis de expedientes: De los 157 expedientes analizados, se detecta un total de 177 reuniones/manifestaciones celebradas en las Comunidad de Madrid, de los cuales 130 han sido celebradas, 35 desconvocadas, 8 no celebradas y 4 de las que no consta información al respecto. De las 356 desconvocadas, 26 han sido motivada su desconvocatoria por la crisis sanitaria del COVID-19, de los cuales 14 han sido instadas por los propios promotores “motu proprio” y 12 han sido instadas por DG mediante llamada telefónica; de las 8 reuniones/manifestaciones no celebradas, 1 ha sido prohibida por DG por vulneración de derechos fundamentales y 1 consta como celebrada en los datos de la DG, y sin embargo nadie acudió a la concentración por la crisis del COVID-19.

En el folio nº 62, se ha constar expresamente: Queda pendiente recibir la documentación que se solicitó mediante oficio (se adjunta en Anexo XLI) al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, el 08 de abril de 2020, y que, a día de la fecha de confección de esta diligencia, aún no ha sido recibida. Cabe destacar que citada petición se ha reiterado por parte de esta Unidad en numerosas ocasiones.

En el folio nº 64, apartado tercero, se dice: En este punto se van a reseñar cronológicamente los documentos (“lato sensu”) por los que la DG tenía conocimiento, con anterioridad al 14 de marzo de 2020, de la larga crisis sanitaria COVUID-19 al haberlos recibido directamente de otras administraciones públicas y organismos, o bien haberlos “tratado” internamente. Y fecha el 28-02-2020 un documento titulado “Información general sobre medidas preventivas básicas a adoptar en el entorno laboral frente al nuevo coronavirus” emitido por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del DG en el que “se tiene constancia de la gravedad de la enfermedad del COVID-19, ya que ekl propio documento refleja los síntomas que produce, así como otros datos de interés” …/… que “ha sido enviado desde el referido Servicio de Prevención y difundido a través de todas las cuentas de correo electrónico de DG, a las 09:12 horas del día 02 de marzo del actual (se adjunta Anexo XVIII)”.

En el folio nº 68, apartado cuarto: “Con el análisis documental llevado a cabo, se ha constatado que la DG tenía conciencia del peligro que suponía la celebración de reuniones y manifestaciones en fechas previas a la declaración del Estado de Alarma …/… La inexistencia de ningún tipo de registro de dichas llamadas telefónicas en los expedientes remitidos por DG, así como el especial interés por parte de la DG en que fueran los propios asistentes los que llevaran a efecto la cancelación de las manifestaciones, hace considerar, por un lado, la posible intencionalidad de la DG en que las mismas no figuren en ningún registro oficial; y por otro, el amplio conocimiento de la DG de los riesgos que comportaba la celebración de las concentraciones ante posibles contagios generales por el COVID-19 y su interés real de que no se celebraran.

…/… Se ha comunicado la intención de celebrar reuniones/manifestaciones a partir del 06/03/2020 (una de ellas el día 10/03/2020) habiendo tenido conocimiento la DG, y sin objeción a las mismas, permitir su celebración …/… se han celebrado numerosas de ellas con fechas posteriores al conocimiento total y generalizado de la sociedad española de la grave situación sanitaria y del riesgo de contagio, algunas de ellas en fechas muy avanzadas (10, 11 y 12 de marzo de 2020), e incluso una de ellas celebrada el 14 de marzo de 2020, fecha en la que ya se encontraba en vigor el Real Decreto 463/2020 por el que se declara el Estado de Alarma.

A partir de la página nº 72, el informe se centra en la actuación del CCAES y en la persona de su director, D. Fernando Simón Soria, remontándose el 27 de febrero de 2020, fecha en la que manifestó: “el virus puede haber circulado por Andalucía y eso si seria un riesgo, poniendo de manifiesto lo incointrolable del virus y por ende el peligro de contagio en las reuniones o aglomeraciones de personas en esas condiciones.

Folio nº 74: El ministro de Ciencia e Innovación, D. Pedro Duque, reconoció en la tercera semana del mes de marzo de 2020, la gravedad del coronavirus desde el mes de enero de 2020. En rueda de prensa junto al ministro de Sanidad, explicó que “los investigadores españoles empezaron a trabajar de forma intensa desde que se conoció esta enfermedad, en el mes de enero. Ya el 2 de febrero tuvimos una reunión con los profesores Juanes y García Sastre, este último en Nueva York, para asegurar que tengan más facilidades y todos los medios necesarios para investigar la enfermedad. Ese mismo 2 de febrero liberamos medios e hicimos cambios legales para reducir plazos que culminaron en el Real Decreto de Estado de Alarma donde hemos puesto todas las medidas en funcionamiento”. Por tanto, concluye, “el Gobierno ya conocía desde el mes de enero la gravedad real de la epidemia del coronavirus”.

Folio nº 76: Se deja constancia de una reunión del 05 de marzo de 2020 a la que asisten el ministro de Sanidad, Salvador Illa; Fernando Simón, director del CCAES; secretario general de Sanidad, Sr. Blanco; Consejero de Sanidad de la CCAA de Madrid, Sr. Ruiz Escudero; y dos representantes de Iglesias Evangélicas, Jorge Humberto Fernández Basso y Manuel Cerezo Garrido, sobre la celebración del Congreso UNLIMITED 2020 en la Caja Mágica de Madrid, para el que preveían la asistencia de unas 8.000 personas. El ministro Salvador Illa les dijo “No, eso no se puede hacer”, emplazándolos a una nueva reunión el día siguiente.

Volvieron a reunirse al día siguiente, día 06 de marzo de 2020, y Fernando Simón “les explicó la grave situación sanitaria ofreciendo datos concretos de contagios, haciendo constar que se trataba de una pandemia a escala internacional, mostrando datos de los seguimientos estrictos que se efectuaban sobre los contagiados, pidiéndoles a continuación la suspensión de las reuniones de pastores evangélicos, motivando la medida en la movilidad del colectivo y reunir los requisitos de riesgo incidiendo en que “NO SE PODÍAN CELEBRAR DE NINGUNA MANERA” …/… Y concluye el informe en relación a este apartado: “Las manifestaciones aportadas en unión de la documentación anteriormente referida da razón de un profundo conocimiento de los riesgos de la enfermedad por parte de los responsables sanitarios, así como un control exhaustivo de la evolución de la misma, cuando menos con fecha 05 de marzo de 2020 y de cómo los mismo evidenciaron que el evento NO SE PODÍA CELEBRAR, precisamente por los riesgos que comportaba la concentración de personas”.

“Todas estas circunstancias -concluye la Guardia Civil- hacen ver a esta instrucción que, a partir del 5 de marzo de 2020, no se debería haber realizado ninguna manifestación/concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria del Covid-19 y no celebrar unas y cancelar otras, como al final terminó ocurriendo”.

Hasta aquí, un amplio resumen de lo que dice el informe de la Guardia Civil. Hoy, miércoles día 27-05-2020 ya han aparecido artículos periodísticos, en todos los medios de comunicación, a favor y en contra del mismo. Los que lo rebaten, lo hacen todos en relación a la fecha en la que la OMS declaró oficialmente el coronavirus como pandemia, pero nadie habla sobre una verdad que parece insoslayable: Que el Gobierno conocía la gravedad del momento mucho antes de 8-M, permaneciendo inactivo de cara a los ciudadanos hasta que no se llevó a cabo la manifestación feminista liderada por Irene Montero, pareja sentimental del vicepresidente Pablo Iglesias.

Yo me he limitado a contar los hechos, a ser “notario” de lo acontecido; es la JUSTICIA, con mayúscula, independiente y libre, quien tiene que dictar lo que corresponda, en unos momentos en los que el mundo ya no hace las guerras con las armas en la mano: Cualquier virus puede cambiar el mundo, y cualquier político que se apodere del poder legislativo y del judicial, dar un Golpe de Estado, haciendo pasar por democracia lo que, sin lugar a dudas, sería una dictadura.

 

 

 

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