Perdón por pensar

Cuando se aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada Ley Mordaza, legislada por el Partido Popular en 2015 como si se fuera a mantener en el poder los mismos años que Franco, yo escribía que “puede volverse en su contra en el momento que pierda el Gobierno”.

”En dicha ley, aun estando penadas actuaciones discutibles constitucionalmente, lo peor, en mi opinión, es que el artículo 32 pone en manos del Ministro del Interior, el Secretario de Estado de Seguridad, las delegaciones del Gobierno y de la vía contencioso-administrativa, Fermín el del Banderín vestido de juez y parte política del partido de turno, la potestad sancionadora de hechos y situaciones que retrotraen mis pensamientos cincuenta años atrás.

¿Alguien cree realmente que el líder de la oposición emergente -PODEMOS- va a recurrir esa ley si hipotéticamente ganara las elecciones, solo o acompañado de terceros? Menudo chollo en sus manos para silenciar bolivarianamente a la ciudadanía discordante si llega al poder. ¡Ah!, se siente, es una ley del Partido Popular. Ojalá me equivoque”.

 

 

 

Pues no, no me he equivocado. Tanto el PSOE sanchista como Podemos comunista han llevado en sus programas electorales la derogación de esta ley, pero no solo no lo han cumplido, sino que la han utilizado para multar a quienes se han saltado el confinamiento de la ciudadanía por el Estado de Alarma. Según el Ministerio del Interior, «todas o el 99 por ciento» de las propuestas de sanción efectuadas en este periodo de confinamiento por las fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante este periodo han respondido la LSC. Más concretamente, a ese artículo 36.6, que castiga grave «la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación». La multa, de 601 a 30.000 euros.

Añadamos el tema “BULOS”, dícese de todo aquel comentario que vaya contra del pensamiento único que pretenden implantar en España el Gobierno sanchista-chavista, que la Fiscal General de Estado, a la que se va a traspasar las funciones de investigación que hasta ahora llevaban a cabo los Juzgados de Instrucción, parece quiere penar con cinco años de cárcel, enmascarando bajo el título de “monitorización de las redes sociales” lo que, a todas luces, es una CENSURA a la libertad de opinión y expresión.

 

 

Delatores, mordaza y censura.  Por si había alguna duda, el domingo 19 de abril, el Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, ha confirmado en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa que una de las misiones de la benemérita es la de “minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno”. A esos niveles, no se da puntada sin hilo; o es coacción gubernamental para quien disienta o es un aviso a sus compañeros de las Fuerzas Armadas de lo que está pasando.

Una vez más mi mente retrocede muchos años y hasta hace buena la Ley de Prensa de Fraga Iribarne, “Puede hablarse de una libertad de prensa siempre vigilada por el poder político”, el “Parte” obligatorio de RNE, el CUBA LIBRE o el GRANMA de la Cuba de Fidel Castro o el PRAVDA bolchevique.

Nunca creí que en España habría que volver a pedir perdón por pensar.

 

 

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