Liquidez y solvencia

El Gobierno ha prohibido por Decreto los despidos por cualquier causa mientras dure el Estado de Alarma provocado por el coronavirus, si no es mediante la indemnización de 33 días por año trabajado:

  • La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.
  • La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, por las causas previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos contratos, como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido, en cada una de estas modalidades contractuales, respecto de las personas trabajadoras afectadas por estas.
  • La duración de los expedientes de regulación de empleo autorizados al amparo de las causas previstas en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no podrá extenderse más allá del periodo en que se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19 de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la misma norma, entendiéndose, por tanto, que su duración máxima será la del estado de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y sus posibles prórrogas.

Se pretende con ello que las empresas se acojan a un ERTE y no se produzca un aumento desmesurado de personas en el paro, reclamando a las empresas “ejemplaridad” y que mantengan los puestos de trabajo.

Para esas empresas afectadas por el coronavirus, el Estado avalará el 80% de los créditos a empresas, pymes y autónomos, para afrontar el pago de salarios, circulante, facturas, necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de préstamos o impuestos, para “asegurar el mantenimiento de la actividad» de las empresas.

Todo ello será gestionado por el ICO, a través de la red de oficinas de los bancos, el aval tendrá una vigencia igual al plazo del préstamo concedido, con un máximo de cinco años, el tipo de interés será el que marque cada banco, que a su vez pagará al Gobierno entre el 0,20% y el 1,20% por el aval prestado, según plazo del préstamo.

José María Roldán, presidente de la AEB, ha dicho que “ninguna empresa española solvente debe tener problemas de liquidez ni de financiación». Ahí está el fondo del asunto, la solvencia.

 

 

Me olvido de tecnicismos y voy a tratar de explicar de una forma que esté al alcance de cualquier lector la diferencia entre LIQUIDEZ y SOLVENCIA.

Una empresa es solvente cuando tiene más bienes realizables que deudas. Supongamos una pequeña empresa que es propietaria de diez viviendas con valor global de dos millones de euros; y debe, por todos los conceptos, medio millón de euros; como en la situación actual los inquilinos no van a poder pagarle el alquiler durante un tiempo, tiene necesidades transitorias de LIQUIDEZ para hacer frente al préstamo del medio millón de euros que tiene de deudas, las nóminas, agua, luz, etc. Le falta liquidez, pero es SOLVENTE porque, en el supuesto de impago del préstamo, el prestamista puede cobrar dada la solvencia del prestatario.

¿Es este el supuesto de esas empresas que a fecha de estos comentarios han solicitado un ERTE para millón y medio de asalariados? Yo creo que no, que muchas empresas que ya antes de esta crisis apuntaban problemas financieros, van a aprovechar para solicitar Concurso de Acreedores en el momento que puedan posterior al actual Estado de Alarma. Perderá el banco el 20% de lo prestado, y el Estado el 80% restante, más lo que tendrá que pagar el FOGASA, que garantiza a los trabajadores la percepción de salarios, así como las indemnizaciones por despido o extinción de la relación laboral, pendientes de pago a causa de insolvencia o procedimiento concursal del empresario.

En cuanto a las medianas y grandes empresas, la cobertura del Estado será del 70% cuando se trate de nuevos préstamos, y del 60% cuando sean renovaciones de préstamos que vayan a vencer en los próximos meses, hasta el próximo septiembre, quedando excluidos de garantía los de importe unitario superior a 50 millones de euros.

No estoy diciendo que sea mala la decisión tomada por el Gobierno, pero no sería lo que yo hubiera hecho; solo estoy apuntando que todo esto no va a salir gratis ni a los bancos ni a los ciudadanos españoles.

PD – Mientras escribo estas líneas, está interviniendo Pedro Sánchez en los medios de comunicación, tratando de salvar su responsabilidad y de su equipo de gobierno, echándole la culpa a Europa por la falta de cooperación en facilitar material sanitario y ausencia de un plan de ayuda financiera para cuando acabe esta pandemia, a la vez que anuncia que «Todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán permanecer confinados en sus casas, con permiso retribuido y recuperación en el futuro de las horas no trabajadas». Mal, muy mal tienen que estar las cosas para haber tomado esta decisión y para quedar en evidencia con sus colegas europeos.

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