Ministerio de Seguridad Social

Quien siga mis escritos sabe que fui una de las primeras personas en este país en hablar y escribir sobre el problema de las pensiones, que todos los políticos han soslayado con buenas palabras, pero sin ningún hecho para tratar de solucionarlo.

El planteamiento inicial del problema es muy sencillo. Hay un pozo del que se va sacando más agua de la que mana y se nutre; tardará más o menos, pero el pozo acabará secándose. Cada vez hay más pensionistas nacidos a partir de los años cincuenta, que han cotizado muchos años y, en más de un caso, muy cualificados y con sueldos elevados, con cuyos impuestos se podían pagar mensualmente varias pensiones; ahora, son los impuestos mensuales de diez trabajadores activos los que tienen que pagar su pensión.

El nuevo Gobierno, de izquierdas revueltas, ha creado un nuevo Ministerio de Seguridad Social, al frente del que ha puesto a José Luis Escrivá Belmonte, manchego de Albacete, nacido en 1960, economista por la UCM, que trabajó en el Banco de España, donde desempeñó diferentes puestos en el Servicio de Estudios, y continuó posteriormente en Europa, donde participó activamente en el proceso de integración monetaria desde 1993 como asesor del Instituto Monetario Europeo. Con la creación de la Unión Monetaria fue nombrado jefe de la División de Política Monetaria del Banco Central Europeo en Frankfurt. Entre 2004 y 2012 trabajó como economista-jefe y director del Servicio de Estudios de BBVA y, a partir de 2010, como director gerente del Área de Finanzas Públicas. Desde 2014, nombrado por Rajoy, es presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). También ha desempeñado la presidencia de la de la Red de Instituciones Fiscales Independientes de la Unión Europea desde 2015. Políticamente “independiente” (queda para la historia sus desencuentros con FG en BBVA, y los informes de la AIReF enmendando las propuestas de sindicatos y partidos de izquierdas), no es ningún “piernas” que necesite un cargo político para vivir, pues es de esos que tienen trabajo en cualquier sitio y en cualquier momento.

 

 

Hace un año hizo un informe sobre la sostenibilidad de las pensiones, una reforma que asegure el futuro de las mismas que, sin restar importancia a la precaria situación financiera de la Seguridad Social, no produzca señales de alarma entre la ciudadanía.

En líneas generales, Escrivá es un convencido de la “japonización” (largo periodo de vida tras la jubilación) de la población española; es partidario de retrasar la edad real de jubilación de forma única a los 67 años a partir de 2027; incrementar el periodo de referencia para el cálculo de la pensión que, en diversas etapas, pasaría a ser de toda la vida laboral; destinar una participación mayor de las cotizaciones sociales del trabajo al pago de pensiones, restando la cuantía destinada al pago del desempleo, modificando el reparto del sistema actual en el que los trabajadores asalariados pagan un 35% de su salario bruto en cotizaciones (suma de la cuota obrera y la empresarial); aplicar medidas en España que sirvan para fomentar la natalidad, así como políticas para atraer a «millones y millones de inmigrantes» en los próximos años si queremos conservar el bienestar del país; exonerar a la Seguridad Social de algunos gastos que no le corresponden, lo que aliviaría sus cuentas, y trasladar ese déficit al Estado. Todo ello, dentro de un gran pacto de estado sobre el futuro de la Seguridad Social basado en criterios técnicos.

Estos planteamientos van a chocar, inmediatamente, con Podemos, porque bajo esos enunciados se disimula una bajada real del importe de las pensiones, uno de los caladeros de voto de sanchistas y comunistas.

Esas eran sus propuestas cuando ocupaba la dirección de la AIReF; la política tiene un “no sé qué” que hace tontos a listos, idiotas a inteligentes, y de ello hay múltiples antecedentes en todos los partidos que han llegado al poder. Veremos si Escrivá sigue manteniendo estos criterios en su nuevo cargo que, como he dicho antes, no lo necesita para vivir cómodamente y ganar más en la empresa privada que como ministro.

Vamos a tratar de “traducir”, en comentarios de la calle o de taberna de barrio, lo hasta aquí expuesto.

Al retrasar la edad de jubilación real a los 67 años e incrementar el periodo de referencia a toda la vida laboral, siendo legal las prejubilaciones (que no dejan de ser un despido encubierto) y el despido libre con indemnización reducida, convierte en imposible una pensión del 100% de la base correspondiente a los futuros jubilados. No tengo, ni he realizado, números concretos, pero, por lógica, son muchos los millones de euros que se van a retirar de la economía de nuestros mayores.

Destinar una parte de las cotizaciones sociales del trabajo al pago de pensiones, restando la cuantía destinada al pago del desempleo, solo es factible si se reduce drásticamente el desempleo con un aumento, actualmente inviable, de más de un millón de nuevos empleados; si se inspecciona, persigue y sanciona a quien está cobrando el paro y luego trabaja en dinero negro; o si se reduce el importe de las subvenciones por paro, tanto en su importe como en el tiempo que se cobra. Todo esto choca frontalmente con el “salario social” que pretenden los podemitas, para quienes intentan no trabajar en toda su vida.

Favorecer la inmigración para atraer a «millones y millones de inmigrantes». En 2019, fuente INE, hay 5.023.279 extranjeros, el 10,68% de la población en España. Si se trata de ingenieros, catedráticos, arquitectos, economistas, y personas que aporten valor añadido al país, perfecto. Pero si se trata de mano de obra no cualificada, en un mundo en el que van a cambiar todo tipo de profesiones, supondrá más carga dineraria y social para el erario público. Para ello habría que establecer unos controles sobre inmigración y aplicar la Ley de Extranjería, cosas que supongo no están de acuerdo ni sanchistas ni podemitas, porque la realidad es que la mayoría de los inmigrantes que nos llegan, sobre todo de algunas zonas concretas, vienen a vivir del sudor de los españoles, no a aportar ningún valor añadido al país.

Trasladar el déficit de la Seguridad Social al Estado. Eso es cambiar el nombre de la caja, pero sin solucionar el endeudamiento público, para lo que habría que modificar los presupuestos, que tampoco estoy seguro si lo apoyarían determinados partidos políticos.

En cuanto a los problemas a largo plazo de la Seguridad Social, hay que añadir a los anteriormente indicados, la “japonización”, el envejecimiento de la población y el aumento paulatino de la pensión media.

Vuelvo a exponer una de mis teorías, ajena a militancia política: Todo esto está bien, muy bien. Pero hay que tomar medidas drásticas, y no precisamente rebajando las pensiones, sino, a partir de una fecha concreta, pidiendo un esfuerzo adicional a empresas y trabajadores, creando una “mochila” con el porcentaje mensual que se consensúe, que irá siempre con el trabajador a cualquier trabajo que desarrolle en su vida profesional, todo ello complementario a la pensión estatal, permitiendo además una jubilación activa remunerada. Para ello, habría que crear incentivos fiscales, al trabajador y a las empresas, entre ellos establecer que el rescate de los Planes de Pensiones por jubilación, pague impuestos por rentas de capital en vez de rentas de trabajo, claves para fomentar el ahorro privado de cara a la jubilación.

Y esto solo puede hacerlo el socialismo, pues si lo hiciera la derecha se echarían a la calle los millones de personas subvencionadas por la izquierda, incluidos sindicatos y otras organizaciones que viven del cuento de sueños imposibles.

 

Publicado el 31-01-2020 en PUERTA DE MADRID de Alcalá de Henares con el título de “EL FUTURO DE LAS PENSIONES”.

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