Programa PSOE elecciones 2019 – Segunda parte

Hay varios temas que observo se han tocado demasiado someramente:

 

  • Situación, pactos y actuaciones que se van a llevar a cabo en relación a los secesionistas catalanes y vascos, cesiones que se les van a hacer, nuevos estatutos pactados, o al menos bosquejados, y si se van a amnistiar o no a los hoy juzgados por la asonada catalana y a los presos de ETA en su día condenados.

 

  • En los apartados 61 y 62 se habla de que “Las pensiones se actualizarán anualmente con el IPC real, aumentando en mayor medida las pensiones mínimas y no contributivas”. O sea, se beneficia a los más insolidarios, a los que no han cotizado nunca nada o a aquellos que han cotizado lo mínimo cobrando en dinero negro el resto de sus ingresos. Es urgente llegar a un pacto nacional sobre este tema, del que se habla mucho y nadie hace nada, pues en caso de venir mal dadas (una nueva crisis empieza a asomar en el horizonte) o ser intervenidos por Europa, las pensiones pasarían a devaluarse de una forma similar a como se hizo en Grecia en su momento.

 

  • Inmigración. Apartados 70 y 107. Se habla de protegerlos, pero no se dice nada de que vayan a escuelas, aprendan el español, trabajen y paguen impuestos. Los musulmanes utilizan la democracia occidental para vivir de las subvenciones y conquistar Europa, inshallah.

 

  • Violencia de género. Apartados 72, 73 Y 74. Habla de IGUALDAD. Pero igualdad no es la prevalencia de la palabra de la mujer ante la del hombre. Según la Constitución y el Ordenamiento Jurídico español, toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario, siendo la carga de la prueba de quien acusa.

 

  • Estatuto de los Trabajadores. Anular la reforma laboral con un nuevo Estatuto de los Trabajadores que blinde a los sindicatos. Se pretende avanzar en la participación de los trabajadores en la toma de decisiones empresariales, lo que en el PSOE denominan democracia y participación de las trabajadoras y trabajadores en las empresas. Y, puesto que esta función no se puede realizar con todos los trabajadores uno por uno, se hará por medio de los sindicatos, que ganarán un poder significativo en las empresas (en las que no cierren).

  • Ley Mordaza. Apartado 94. Esta ley es una auténtica locura en un estado verdaderamente democrático. Pero, cuidado, no la vayamos a empeorar, que no es muy de fiar ese añadido de “Es posible mayor libertad con mayor seguridad”.

 

  • Ley de Memoria Histórica. Apartado 95. Por aquí empezó a romperse la Transición. La redacción de “reparación de las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura”, deja fuera a muchos republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas, bolcheviques, con las manos manchadas de sangre con la misma intensidad que el otro bando contendiente.

 

  • Prostitución. Apartado 75. ¿No sería más fácil legalizar y regular la prostitución? Con la prostitución y el cannabis pasará como con la Ley Seca de Estados Unidos, algún día serán legales, en vez de meter la cabeza debajo de la almohada como ahora se hace, pero a la vez tener en cuenta sus cifras de negocio para calcular el PIB.

 

  • Identidad de género. Un/a menor de 16 años puede ser madre, abortar, cambiar de sexo, etc, etc…. Pero sigue siendo menor legal cuando comete algún delito. Algo chirría.

 

  • Política del agua. Otro tema sobre el que estamos escondiendo la cabeza. ¿Por qué no se hacen más pantanos? Si no fuera por los que hizo Franco, España estaría ahora muriendo de sed. Igualmente, con el agua del Ebro que se pierde en la desembocadura catalana al Mediterráneo.

 

  • Vivienda social. Apartado 84. Franco construyó cuatro millones de viviendas sociales. ¿Por qué no se hace algo parecido? ¿Por qué esa actuación tiene el apellido franquista? ¿Por qué no se quiere de verdad atajar el problema en su verdadera amplitud? ¿Por qué los lobbies inmobiliarios (todos los lobbies van a reforzarse según el apartado 50) no quieren perder su pedazo de tarta, en connivencia con intereses espurios? ¿Porque todo el mundo quiere vivir en el barrio de Salamanca en Madrid?

 

  • Reforma Constitucional. Apartado 88. No dice nada de los verdaderos intereses en reformar la Constitución, con temas tan candentes como ahora mismo tiene España.

 

  • Ejército Europeo. Apartado 104. Con eso se evita tener un Ejército Nacional que pueda cumplir con los artículo 2 y 8 de la Constitución, tanto para la defensa de nuestras fronteras, la unidad de España o una hipotética situación homónima a la actual de Venezuela, cuyos “profesores” no hay que olvidar que fueron los líderes de Podemos, conmilitones del PSOE, a quienes ahora presionan para que el exJEMAD Julio Rodríguez sea el próximo Ministro de Defensa, del que dependería el CNI.

 

  • Economía. Traslado unos artículos de la prensa nacional para que nadie pueda decir que sesgo mis opiniones:

 

 

 

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha instado a buscar una fórmula, “sea la que sea”, para asegurar el mantenimiento de las autovías, que tiene un coste anual para el Estado de 11.000 millones de euros, y que se hace inviable porque cada vez hay más kilómetros (20.000 actualmente) y menos recursos públicos. Las palabras del ministro abren la puerta a la instauración de un posible pago por el uso de las autovías hasta ahora gratuitas. Precisamente, la patronal de grandes constructoras y concesionarias SEOPAN propuso la semana pasada la extensión de peajes a toda la red viaria de gran capacidad (autovías y autopistas) con concesiones a 25 años, lo que aportaría al Estado entre 60.000 y 110.000 millones de euros, dependiendo de las tarifas aplicadas. SEOPAN también aboga por la implantación de sistemas de peaje inteligente para el acceso y salida a las grandes ciudades, como Madrid o Barcelona. Por Ramón Muñoz en El País del 09-11-2018.

 

En la noche del 30 de abril, una vez ganadas las elecciones el PSOE, Pedro Sánchez envió a Bruselas la Actualización del Programa de Estabilidad. En los grandes números del documento, el Ejecutivo confirmaba un aumento de la presión fiscal que tendrán que soportar los contribuyentes y las empresas y corregía las cifras de déficit presentadas hasta la fecha. Pero, además, analizaba los peligros que acechan a la economía española en un momento de desaceleración para reconocer que si los vientos de cola que en los últimos años han sido favorables se vuelven adversos -como ya anticipa la subida del petróleo-, su impacto negativo en la economía exigirá una subida adicional de impuestos. La primera de las amenazas sería que el Banco Central Europeo (BCE) module su discurso y decida recuperar la hoja de ruta que tenía para 2019 con el inicio de una subida de tipos. Se trata de una “hipótesis improbable”, según reconoce el documento enviado a Bruselas. La debilidad de la economía de la Eurozona obligó a Fráncfort a guardar en un cajón esa posible subida de tipos. Sin embargo, tampoco es del todo descartable. Mario Drahgi finaliza su mandato en octubre de 2019 y son muchas las voces que se muestran preocupadas por la escasa munición con la que el BCE cuenta en caso de que estalle otra crisis económica.De acuerdo con los cálculos del Gobierno español, un aumento de 120 puntos básicos en los tipos, tendría un impacto negativo en el PIB de alrededor de un 1% de aquí a 2021. Algo que impactaría en las cuentas públicas, con una menor recaudación fiscal, un mayor gasto en prestaciones sociales y un mayor coste de los intereses de la inmensa deuda pública que acumula España. Todo ello en un entorno “en el que la demanda interna y la creación de empleo se resienten”. Trasladado a los números, ese escenario supondría un aumento extra del déficit de 0,8 puntos porcentuales, que habría que compensar con nuevas medidas tributarias para cumplir con el objetivo de déficit. Por María Vega en Okdiario del 03-05-2019.

 

El Gobierno de Pedro Sánchez ha esperado a la celebración de elecciones para revelar a la opinión pública su estrategia fiscal para la presente legislatura. El principal objetivo del PSOE consiste en elevar la presión fiscal desde el 35,1% del PIB en 2018 hasta el 37,3% en 2020, lo cual equivale a recaudar unos 26.000 millones de euros adicionales cada año.

 

Para conseguirlo, el Ejecutivo confía en que la buena marcha de la economía siga contribuyendo positivamente a llenar las arcas públicas, pero también contempla una sustancial subida de impuestos por dos vías. En primer lugar, al incremento de las cotizaciones sociales aplicado este año, con un impacto próximo a los 3.800 millones de euros, se sumará un aumento de impuestos por valor de otros 5.600 millones a partir de 2020, fruto de la puesta en marcha de las medidas tributarias que contenía el fallido proyecto de Presupuestos de 2019. Y, en segundo término, Hacienda espera elevar la recaudación mediante la eliminación o rebaja de beneficios fiscales.

 

Este particular palo, consistente en revisar las cuantiosas deducciones y bonificaciones que incluye el sistema tributario español, es menos perceptible, puesto que no consiste en elevar tipos o crear nuevos impuestos, pero el resultado a nivel recaudatorio es idéntico, ya que la reducción de este tipo de incentivos se traduce, en última instancia, en la ampliación de las bases imponibles y el pago de una mayor factura fiscal para los contribuyentes afectados.

 

En concreto, el Programa de Estabilidad que el Gobierno remitió a Bruselas el pasado martes hace alusión a la necesidad de revisar este tipo de beneficios para ahorrar dinero a la Administración —en perjuicio del contribuyente—. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) será el organismo encargado de revisar estas partidas. En una primera fase, desarrollada en 2018, dicha entidad ya detectó una serie de ineficiencias en el ámbito de las subvenciones y las recetas médicas, cuya corrección permitiría contener el gasto. El Gobierno se compromete ahora con Bruselas a realizar estas mejoras, tras incluir estos ahorros en las proyecciones presupuestarias que maneja hasta 2022.

 

La segunda fase, sin embargo, se llevará a cabo el presente año y, en este caso, la AIReF revisará, entre otras partidas, el amplio elenco de deducciones y bonificaciones fiscales que están vigentes, un trabajo que también aprovechará el Gobierno para elevar la recaudación fiscal. Así, tal y como señala el Programa de Estabilidad, “los beneficios fiscales son instrumentos de política fiscal que persiguen determinados objetivos económicos y/o sociales, mediante ahorros o mejoras en la renta de personas físicas y jurídicas a través de reducciones en sus cuotas tributarias. Conllevan, por tanto, una minoración de la recaudación tributaria. Por todo ello, conocer su efectividad resulta crucial para poder diseñar un sistema tributario que alcance sus objetivos de manera óptima”.

 

El plan consiste en evaluar un total de trece beneficios fiscales, cuya cuantía asciende a 57.187 millones de euros. Seis de estos beneficios están vinculados al IRPF, desde la tributación conjunta hasta reducciones por alquiler o aportaciones a planes de pensiones privados; otros tres son relativos al Impuesto sobre Sociedades; tres se aplican al ámbito del IVA; y uno en Impuestos Especiales, tal y como refleja el siguiente cuadro.

 

 

Dado el importe a revisar, equivalente al 5% del PIB, a poco que la AIReF detecte posibles correcciones, las arcas públicas podrían engrosar varios cientos e incluso algunos miles de millones de euros mediante el rediseño, reducción o eliminación de dichos beneficios, con la consiguiente carga extra para las familias y empresas afectadas.

Además, también se revisarán los incentivos a la contratación, en referencia a las bonificaciones y reducciones en las cuotas de la Seguridad Social de las que se benefician las empresas por contratar determinados perfiles, como jóvenes o parados. La cuantía de estos incentivos ronda los 2.600 millones de euros año y, según señala el Gobierno en su documento, “suponen una minoración de los ingresos por cotizaciones sociales”.

 

Aquí, la AIReF revisará los incentivos que se aplican a jóvenes menores de 30 años y mayores de 45; mujeres con infrarrepresentación en determinadas profesiones y oficios; transformación de contratos temporales en indefinidos o tarifa plana de trabajadores autónomos; reducciones al trabajo autónomo con carácter general y específico; y contrataciones de personas con discapacidad.

Esto no significa que el Gobierno de Sánchez vaya a eliminar todas estas deducciones fiscales, ni mucho menos, pero sí muestra su disposición a revisar cada una de estas partidas para elevar la recaudación, lo cual, en caso de efectuarse, implicaría una nueva subida de impuestos por la puerta de atrás. Así, por ejemplo, el Programa de Estabilidad estima que tan sólo la reorganización de los incentivos aplicados a la contratación podría llegar a elevar la recaudación de la Seguridad Social en unos 500 millones de euros al año desde 2020, equivalente al 19% del volumen total de dichas ventajas fiscales. Por M. Llamas en Libre Mercado del 03-05-2019

 

 

IRPF, diésel, Patrimonio, Sociedades… así es el estacazo fiscal de Sánchez en el que Bruselas no cree. La Comisión considera que las previsiones de ingresos del Gobierno socialista están infladas y que España seguirá incumpliendo el déficit.

 

Un total de 26.000 millones de euros acumulados en los próximos cuatro años. Este es el aumento de la presión fiscal que el Gobierno de Pedro Sánchez ocultó durante la campaña electoral y que acaba de prometer a Bruselas apenas dos días después de ganar las elecciones del 28-A. El aperitivo llegará en 2020 con una subida de impuestos por valor de 5.654 millones de euros. En principio, 2019 se salva de cualquier incremento impositivo por tratarse de un año electoral.

 

La mayoría de estas medidas estaban ya incluidas en el acuerdo al que llegó Sánchez con Podemos para los Presupuestos de 2019, que finalmente fueron rechazados en el Congreso, lo que precipitó las elecciones anticipadas. Ahora, el Gobierno socialista se dispone a resucitar el pacto con Pablo Iglesias.

 

Su objetivo, aduce, es que “quienes disponen de mayor riqueza contribuyan de forma equitativa en un modelo fiscal progresivo, donde cada uno aporte en función de su capacidad y reciba en función de su necesidad, preservando a la clase media y trabajadora”. Pero lo cierto es que algunas subidas, como la del diésel, afectan a toda la población y el resto pueden ser repercutidas por las empresas en los consumidores.

 

Con esta subida masiva de impuestos, el Gobierno de Sánchez pretende convencer a Bruselas de que podrá financiar el fuerte aumento de gasto público incluido en su programa (en medidas como volver a ligar las pensiones a la inflación, algo que la Comisión ve contraproducente; el incremento de los salarios de los funcionarios; el subsidio de paro para mayores de 52 años; o el aumento del permiso de paternidad). Y que por tanto cumplirá los objetivos de reducción del déficit públicos exigidos por la Unión Europea.

 

Sin embargo, Bruselas ya ha dejado claro que no se cree los números de Sánchez. Las cuentas no cuadran. Según la evaluación que hizo el Ejecutivo comunitario del borrador de Presupuestos para 2019, las previsiones de ingresos de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, son demasiado optimistas, están infladas. Hay un alto riesgo de incumplir el Pacto de Estabilidad. El Fondo Monetario Internacional (FMI) también ha avisado de los riesgos de una subida de impuestos en un momento en que el crecimiento económico se ralentiza.

 

La Comisión tiene previsto publicar el próximo martes 7 de mayo sus previsiones económicas de primavera, en las que examinará el impacto de las medidas de Sánchez sobre el crecimiento y el déficit. Y a principios de junio aprobará sus recomendaciones de política económica al Gobierno socialista, en las que previsiblemente reiterará sus críticas y dudas. De momento, este es el incremento de impuestos que prepara Sánchez.

 

Nuevos impuestos

SUBIDA DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES (1.776 MILLONES): Esta medida busca acercar el tipo efectivo al nominal, con el objetivo de lograr “una mayor contribución de las grandes empresas y grupos consolidados”. Por un lado, se limitarán algunas exenciones. Por el otro, el Gobierno de Sánchez impondrá un tipo mínimo efectivo de tributación del 15% para las grandes compañías. Las pymes quedan exentas. Es más, las que facturen menos de un millón de euros verán reducidos del 25% al 23% el impuesto de sociedades. (-276 MILLONES)

 

INCREMENTO DEL IRPF A LAS RENTAS ALTAS (328 MILLONES): Se incrementan dos puntos los tipos impositivos para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. Asimismo, el tipo estatal sobre la base del ahorro aumentará cuatro puntos para las rentas del ahorro superiores a 140.000 euros, pasando del 23% al 27%. Sánchez sostiene que esta medida “responde a la justicia social y a la capacidad contributiva de los ciudadanos”.

 

SUBIDA DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO (339 MILLONES): Subirá un 1% el tipo aplicable a patrimonios superiores a 10 millones de euros “con el objetivo de que aporten en mayor medida los ciudadanos que dispongan de mayor patrimonio”. Bruselas considera “muy improbable” que esta medida genere la recaudación que espera el Gobierno socialista.

 

En España, este denominado “impuesto sobre la riqueza” está transferido a las comunidades autónomas, que tienen poderes para fijar el tipo que quieran. La subida prevista por Sánchez sólo se aplicaría a Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha y Castilla y León, las únicas que no tienen su propio impuesto sobre el patrimonio y se remiten al estatal. En el esto de regiones, el impuesto a las rentas altas sólo generó 89 millones en 2016, según los datos de la Comisión.

 

NUEVO IMPUESTO AL DIÉSEL (670 MILLONES): Sánchez tiene previsto aumentar la fiscalidad de los gasóleos: en concreto, una subida de 38 euros por cada mil litros. No obstante, de momento se salvan el gasóleo de uso profesional y el gasóleo bonificado. Se trata de otorgar a sus usuarios más tiempo para adaptar su actividad a otros productos menos contaminantes y de no mermar su competitividad.

 

El Gobierno sostiene que su objetivo es equiparar progresivamente la fiscalidad del diésel y la de la gasolina: “No persigue, por tanto, un fin recaudatorio per se, sino que busca proteger el medioambiente”. El Ejecutivo comunitario ha venido señalando reiteradamente que España es uno de los países de la UE que menos recauda con impuestos medioambientales y que por tanto tiene más margen para subirlos.

 

REBAJA DEL IVA A LOS SERVICIOS VETERINARIOS (-35 MILLONES): Se reducirá  el gravamen a los servicios veterinarios del actual 21% al tipo reducido del 10%. El Gobierno socialista considera necesario adecuar la tributación de estos servicios a la de los medicamentos para uso veterinario, que sí pagan un 10%.

 

MEDIDAS DE FISCALIDAD DE GÉNERO Y DESIGUALDAD (-18 MILLONES): Este capítulo incluye dos cambios. En primer lugar, se rebaja el IVA de los productos de higiene femenina del actual tipo reducido del 10% al superreducido del 4%. En segundo lugar, Sánchez introducirá una deducción en el impuesto de sociedades para las empresas que incrementen el número de mujeres en su consejo de administración hasta alcanzar la paridad.

 

REBAJA DEL IVA A LAS PUBLICACIONES DIGITALES (-24 MILLONES): El Gobierno socialista rebajará del 21% al 4% el IVA para libros, periódicos y revistas en soporte electrónico. De esta forma, España hace uso de la posibilidad recientemente aprobada por la UE para acabar con la discriminación fiscal que sufren las publicaciones digitales respecto a las de papel.

 

TASA A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS (850 MILLONES): Consiste en gravar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero, con independencia de la residencia de las personas o entidades que intervengan en la operación o del lugar en el que se negocien. Estas operaciones no se encuentran en la actualidad sujetas a impuesto alguno, por lo que, según el Gobierno de Sánchez, el establecimiento de la tasa supone un avance en equidad tributaria.

 

Esta medida está inspirada en una propuesta de la Comisión Europea que lleva años atascada en Bruselas. Además, el Ejecutivo comunitario considera que la previsión de ingresos está inflada. Basándose en las experiencias de Francia e Italia, que ya tienen sus propias tasas nacionales, concluye que la recaudación será un 30% inferior a la prevista. Es decir, unos 595 millones.

 

TASA DIGITAL (1.200 MILLONES): Se trata de gravar los ingresos obtenidos en España por grandes empresas internacionales como Google o Facebook a partir de ciertas actividades digitales que escapan al actual marco fiscal. La tasa se aplicará a un tipo del 3% a los ingresos generados por servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea como los que prestan las redes sociales y la venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario.

 

Esta tasa se basa también en una propuesta de Bruselas pero que ya ha sido enterrada en la UE por falta de unanimidad. Tampoco en este caso el Ejecutivo comunitario se cree la previsión de ingresos de Montero y le aplica un descuento del 30%, lo que dejaría la recaudación en 840 millones.

 

LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL (828 MILLONES): Este apartado se concreta en tres medidas: limitación de los pagos en efectivo, refuerzo de la lista de morosos a la Hacienda Pública y adopción de las mejores prácticas internacionales en la lucha contra los paraísos fiscales. La Comisión estima que la recaudación real será la mitad de la prevista por Sánchez (414 millones) debido a la incertidumbre sobre la puesta en marcha efectiva de estas iniciativas.

Por Juan Sanhermelando en Elespañol.com del 02-05-2019.

 

 

Publicado en el Blog de Campos el 07-05-2019

 

 

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