España – Presidentes de Gobierno del periodo Constitucional

 

 

Adolfo Suárez González (Cebreros, 25 de septiembre de 1932-Madrid, 23 de marzo de 2014, Duque de Suárez y Grande de España, fue un político y abogado español, presidente del Gobierno de España entre 1976 y 1981. Junto con el Rey Juan Carlos I y el Presidente de Las Cortes Torcuato Fernández Miranda, fue el verdadero artífice de la Transición pacífica de la dictadura a la democracia.

 

Leopoldo Ramón Calvo-Sotelo y Bustelo (Madrid, 14 de abril de 1926 – Pozuelo de Alarcón (Madrid), 3 de mayo de 2008) era ingeniero civil y, probablemente, el presidente más preparado intelectualmente de los habidos en el periodo democrático. Durante su mandato se produjo el ingreso de España en la OTAN, asunto que sería objeto de referéndum en 1986 sobre la permanencia en dicha institución.

 

Felipe González Márquez (Sevilla, 5 de marzo de 1942), abogado, fue secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desde 1974 hasta 1997, y tercer presidente del Gobierno de España desde la reinstauración de la democracia, entre 1982 y 1996.

 

 

Utilizaba el alias de “Isidoro” en la clandestinidad; en el Congreso Extraordinario del PSOE en septiembre de 1979, a su instancia y proposición, el PSOE abandona sus postulados marxistas y evolucionara hacia la socialdemocracia; esa moderación le permitió ganar las siguientes elecciones y llegar a ser presidente del Gobierno desde el año 1982 a 1996, tiempo en el que situó a España en primera línea europea, en todos los sentidos. Es uno de los políticos-estadistas más importantes habidos en Europa en el último cuarto del siglo pasado, y uno de los personajes mejor aceptados por todos los partidos políticos y ciudadanos de todas ideas y condiciones.

 

José María Aznar López (Madrid, 25 de febrero de 1953). Licenciado en derecho, empezó a trabajar como Inspector de Finanzas del Estado hasta su salto a la política de la mano de Alianza Popular, que más tarde sería refundado en el Partido Popular. Tras su progresivo ascenso dentro del partido, llegó a ser presidente de la Junta de Castilla y León (1987-1989) y jefe de la oposición desde 1989 a 1996, etapa durante la que sufrió un intento de asesinato por parte de ETA en 1995.

 

 

Durante su primera legislatura, entre 1996 y 2000, su gobierno destacó por la liberalización y desregularización de la economía, al tiempo que recortó gastos del Estado y privatizó diversas empresas estatales de sectores estratégicos. La economía creció y el país cumplió con los criterios de convergencia fijados en Maastricht y se integró en el grupo de países que tendrían el euro como nueva moneda, Su segunda legislatura al frente del gobierno vino marcada por la mayoría absoluta obtenida en las elecciones del 1ño 2000. La economía continuó en índices altos de crecimiento y el paro bajó progresivamente. En el plano internacional, España se acercó a Estados Unidos, especialmente después de iniciado el gobierno de George W. Busch, apoyando eventualmente la llamada “Guerra contra el terrorismo” y la invasión de Afganistán.

A tres días de las elecciones de 2004, una célula yihadista, supuestamente motivada por el apoyo de España a las invasiones de Irak y Afganistán, hizo explotar diez mochilas cargadas de explosivos en cuatro atentados coordinados en diferentes estaciones de trenes de Cercanías de Madrid. El gobierno de Aznar acusó inicialmente a ETA de ser la autora del atentado y mantuvo durante unos días esa hipótesis, preocupado de la pérdida de votos que podía acarrear un atentando de corte islamista. Finalmente, el Partido Popular perdió las elecciones, influidas no tanto por los atentados sino por la creencia sostenida de la opinión pública de que el gobierno había mentido deliberadamente.

 

José Luis Rodríguez Zapatero (Valladolid, 4 de agosto de 1960). Abogado. Su época como presidente estuvo dividida en dos etapas, coincidentes con las legislaturas octava y novena de la democracia española. Durante su primera etapa, las principales medidas de su gobierno fueron la retirada de las tropas españolas de Irak, el envío de tropas a Afganistán y la promoción de la Alianza de Civilizaciones, que trajo consigo el inicio de la inmigración masiva musulmana. La estabilidad económica durante su primer Gobierno permitió el desarrollo de un programa progresista, como la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, la ley de atención a las personas en situación de dependencia, la ley de Violencia de Género de diciembre 2004, que antepone la veracidad de la palabra de la mujer en temas sexuales ante la presunción de inocencia que estable la Constitución, la ley antitabaco, la reforma de varios Estatutos de Autonomía, uno de ellos el de Cataluña, que fue declarado anticonstitucional por el Tribunal Constitucional, y que fue el inicio real de los graves problemas secesionistas hoy existentes en España o la Ley de Memoria Histórica, que abrió las heridas de la Guerra Civil, cerradas en la Transición, creando un ánimo de revanchismo entre los descendientes de aquellos que perdieron la guerra, como si estuviesen en posesión absoluta de la verdad y no hubieran cometidos las mismas, o mayores, atrocidades que quienes la ganaron.

Su segundo mandato estuvo intensamente marcado por el impacto de una crisis económica y financiera mucho más grave y profunda de lo previsto por su gobierno, que no supieron o no quisieron reconocer en su empeño expansivo del gasto público. Este periodo de recesión, con gravísimos problemas en los sectores financieros e inmobiliarios, conllevó un brusco deterioro de la economía nacional y un rápido crecimiento del desempleo (que llegó a superar los cinco millones de parados), dejando España en situación de quiebra técnica y a punto de tener que ser rescatada financieramente hablando, por la Europa comunitaria.

 

Mariano Rajoy Brey (Santiago de Compostela, 27 de marzo de 1955). Registrador de la Propiedad. Fue cinco veces ministro y vicepresidente del Gobierno entre 2000 y 2003. Obtuvo mayoría absoluta en las elecciones generales del año 2011, renovando mandato con mayoría simple en 2016.

 

Rajoy posa en el exterior del Palacio de la Moncloa junto a los ministros de su gobierno en diciembre de 2011.

 

El 20 de diciembre de 2011 Mariano Rajoy fue investido presidente del Gobierno y el 21 juró su cargo ante el rey. Nada más constituirse, el nuevo gabinete —con Soraya Sáenz de Santamaría como vicepresidenta y portavoz y con Luis de Guindos y Cristóbal Montoro al frente de los ministerios de Economía y Competitividad y de Hacienda y Administración Pública, respectivamente— acordó una fuerte reducción del gasto público para controlar el déficit presupuestario —que superaba el 8 % del PIB, por encima del límite pactado por Rodríguez Zapatero con la Comisión Europea— y una subida del IRPF y del IBI —y políticas de ajuste y con las “reformas estructurales”, la más importante de las cuales fue la reforma laboral diseñada por la ministra de Empleo Fátima Báñez, con la oposición parlamentaria y en la calle de los partidos de izquierda y sindicatos, y gracias a la cual bajo en más de dos millones de personas los parados durante sus dos mandatos como presidente.

Para reducir el déficit el gobierno no sólo recortó el gasto público —los sueldos de los funcionarios siguieron congelados así como las oposiciones, por lo que no se cubrirían las jubilaciones; se recortaron los beneficiarios de la Ley de Dependencia; no se aumentó el salario mínimo; se disminuyeron las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y patronales; etc.— En cuanto a las pensiones decretó un aumento del 1%, para diferenciarse de la congelación decidida por el gobierno de Zapatero en mayo de 2010. ​

En abril de 2012 el gobierno anunció un recorte adicional del gasto en educación y sanidad de 10 000 millones de euros, lo que levantó las protestas de los sectores afectados. ​ El 26 de junio, Sanidad estableció el copago sanitario, que implicaba que, a excepción de casos concretos, todos los ciudadanos tendrían que pagar un porcentaje de los medicamentos que compraban. Destacar, que por primera vez los jubilados deberían hacer frente al pago de medicinas, un 10 % del precio del producto, con unos máximos mensuales según su pensión, que iban desde los tres a dieciocho euros.

El 25 de mayo de 2012 se conoció que Bankia (antigua Caja de Madrid), nacionalizada dos semanas antes, necesitaría una inyección de más de veinte mil millones de euros de dinero público para ser saneada, poniendo en evidencia la fragilidad del sistema bancario español. ​ El 9 de junio el ministro de economía Luis de Guindos anunciaba que España iba a pedir un rescate financiero a la Unión Europea por un valor máximo de 100 000 millones de euros para sanear las cajas de ahorros con problemas, aunque se negó a utilizar el término «rescate» y prefirió el de «crédito en condiciones muy favorables». La prima de riesgo en julio de 2012 superó los 600 puntos básicos respecto del bono alemán, un nivel que hacía prácticamente imposible la financiación de la deuda española en los mercados, por lo que parecía inevitable que el gobierno pidiera el “rescate europeo” como habían hecho ya Grecia, Irlanda y Portugal. ​ El 11 de julio el presidente Rajoy dijo en el Congreso de los Diputados: ​

“Los españoles hemos llegado a un punto en que no podemos elegir entre quedarnos como estamos o hacer sacrificios. No tenemos esa libertad. Las circunstancias no son tan generosas. La única opción que la realidad nos permite es aceptar los sacrificios y renunciar a algo; o rechazar los sacrificios y renunciar a todo”.

El lunes 2 de junio de 2014 el rey Juan Carlos I anunciaba su abdicación, tras casi treinta y nueve años de reinado, lo que fue aprovechado por los partidos de izquierdas y separatistas para pedir un referéndum sobre monarquía o república.

A lo largo de 2014 se confirmó que la economía española había salido de la recesión. En abril el Banco de España estimaba que el PIB había crecido un 0,4 % en el primer trimestre de 2014, la mayor subida de los últimos seis años. ​ Crecimiento que continuó en los meses siguientes estimulado por las medidas acordadas a principios de junio por el Banco Central Europeo para reactivar la economía europea, debilitar el euro frente a otras divisas y hacer frente al riesgo de deflación, ​ que obtuvieron una respuesta favorable inmediata de los mercados —la prima de riesgo española bajó a mínimos históricos, situándose en los 129 puntos básicos—.​ Así a finales de julio el Banco de España anunciaba que el PIB había crecido un 0,5 % en el II trimestre, con lo que se encadenaban cuatro trimestres consecutivos de crecimiento, lo que no ocurría desde el comienzo de la crisis.

Al finalizar el año de 2014 la prima de riesgo de la deuda española se situó en los 106 puntos básicos y, por primera vez desde 2007, se registró un aumento del número de afiliados a la Seguridad Social (417 574 personas más). ​ Según la EPA – Encuesta de Población Activa del IV Trimestre el número de parados el 31 de diciembre ascendía a 5.457.700, 477.900 personas menos que hacía un año, lo que situaba la tasa de paso en el 23,7 %, todavía por encima del 22,85 % que fue la tasa de paro con que se encontró el gobierno cuando llegó al poder en diciembre de 2011. ​ La buena marcha de la economía se confirmó durante el primer trimestre de 2015 —a finales de marzo el Banco de España avanzó que la economía española había crecido un 0,8 % de enero a marzo—.​ A finales de marzo el gobierno anunciaba que las previsiones del déficit público en 2014 se habían cumplido, y que se había reducido hasta el 5,72 % del PIB, situándose por debajo del 5,8 %, límite máximo acordado con la Comisión Europea.

Irrumpieron dos nuevos partidos: Podemos, de carácter leninista-chavista, y Ciudadanos, centrista, de carácter no suficientemente definido, salvo que es constitucionalista y defiende la unidad territorial española. ​

Aparecieron escándalos de corrupción en el que se vieron mezclados varios dirigentes del Partido Popular.

Tras unas elecciones frustradas en el año 2015, al no ser elegido presidente por el Congreso ninguno de los presentados, el 3 de mayo de 2016, se activó lo dispuesto en el artículo 99.5 de la Constitución Española de 1978 y el rey disolvió las Cortes para convocar de nuevo elecciones generales, por primera vez en la historia democrática se repetirían las elecciones. ​

En las elecciones generales del 26 de junio de 2016, el Partido Popular ganó las elecciones con un 33,01 % de los votos y 137 escaños, y mantuvo la mayoría absoluta en el Senado, volviendo a ser la fuerza más votada, pero en minoría para gobernar. El 9 de agosto Albert Rivera anunció que estaba dispuesto a negociar el apoyo de Ciudadanos la investidura de Rajoy si el PP aceptaba seis medidas contra la corrupción y a favor de la regeneración. Rajoy aceptó estas condiciones y fue elegido otra vez presidente de Gobierno.

 

Rajoy posa en el exterior del Palacio de la Moncloa junto a los ministros de su gobierno en noviembre de 2016.

 

Durante esta legislatura, la banda terrorista ETA anunció su plan para entregar sus armas (desarme unilateral) desvelando la ubicación de sus zulos.​

Siguieron las acusaciones de corrupción, que fueron mutuas contra la oposición, especialmente contra el PSOE, en ambos casos temas muy conocidos y demostrados judicialmente de forma histórica desde el inicio de la Transición.

Se producen atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils, con quince personas muertas, más de cien heridos y cinco terroristas abatidos.

Junto a la crisis económica, el otro gran problema al que tuvo que hacer frente el gobierno de Mariano Rajoy fue el “desafío soberanista” de Cataluña. El crecimiento del secesionismo catalán bajo el lema “Som una nació, nosaltres decidim”, que acabó en octubre de 2017 en la Declaración de Independencia de Cataluña, aprobada por el Parlament de Catalunya, y sobre lo que hablaremos en el próximo capítulo.

El sábado día 21 de octubre, Rajoy anunció en la Moncloa que por primera vez desde la instauración de la democracia en España, el gobierno de la nación aplicaría el Artículo 155 de la Constitución española, que dice: ​

Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

El 2 de mayo de 2018, la organización terrorista ETA anunciaba mediante una carta su disolución tras más de medio siglo de terror, secuestros, extorsiones y más de 800 asesinatos.265​ Catorce días antes, el 20 de abril, ETA publicó un documento en el que reconoció por primera vez «el daño que ha causado en el transcurso de su trayectoria armada» y pidió «perdón» a las víctimas que no tenían «una participación directa en el conflicto». ​

Su presidencia terminó tras la moción de censura que los socialistas registraron el 25 de mayo de 2018 como consecuencia de la sentencia del Caso Gürtel, que consideraba probado que el Partido Popular se había financiado ilegalmente desde 1989, antes que Mariano Rajoy fuera presidente. ​ La propuesta fue debatida y aprobada el 1 de junio de 2018 con 180 votos a favor (PSOE, UNIDOS PODEMOS, ERC, PDeCAT, PNV, COMPROMÍS, EH BILDU Y NCA), 169 en contra (PP, CD, UPN Y FORO ASTURIAS) y 1 abstención (CC). ​ Mariano Rajoy se retiró de la política y fue nombrado presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

 

Pedro Sánchez Pérez-Castejón (Madrid, 29 de febrero de 1972) es economista. Desde el 2 de junio de 2018, es el séptimo presidente del Gobierno de España de la etapa democrática, y también es secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desde 2017, tras ser reelegido para el cargo que ya desempeñó entre 2014 y 2016. Habla español, francés e inglés.

Llegó a la presidencia de gobierno como ha quedado expuesto en el apartado del anterior presidente, Mariano Rajoy, con el menor número de Diputados obtenidos por el PSOE en todas las elecciones habidas, pero sostenido por la ultraizquierda de Podemos y los secesionistas catalanes y vascos.

En nueve meses, ha girado al Partido Socialista claramente a la izquierda, retomando posiciones marxistas y abandonando de hecho, aunque sin reconocerlo, la socialdemocracia de Felipe González, siguiendo la política iniciada por el expresidente Rodríguez Zapatero.

Ha utilizado en demasía el Decreto Ley que es una figura jurídica existente para aplicar solo en casos de absoluta necesidad, urgencia e inmediatez. Tras la moción de censura presentaba “para convocar elecciones”, una vez nombrado, Sánchez manifestó su voluntad de agotar la actual legislatura y no convocar elecciones hasta junio de 2020.

Ante la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, al votar en contra los independentistas catalanes que pusieron como condición diversas concesiones judiciales para los políticos catalanes presos, disolvió el Parlamento, convocando elecciones generales para el próximo 28 de abril del presente año.

 

 

Aspectos muy discutidos de su política, hasta por los propios socialistas, son:

Ley de Memoria Histórica.- Objetivo prioritario cambiar dicha ley, apoyando la búsqueda de cadáveres del bando republicano de la Guerra Civil, con olvido del otro banco, anulación de sentencias del régimen franquista y borrar cualquier rastro y opiniones favorables a dicho extinto régimen desde hace más de cuarenta años, abriendo las heridas y los recuerdos más profundos de los herederos de toda aquella luctuosa contienda. Es un planteamiento que anula el espíritu y las leyes de la Transición.

Exhumar el cadáver de Franco de la Basílica del Valle de los Caídos.- Todos los españoles que tienen en la actualidad menos de 35 años, no había oído hablar de Franco y la mayoría no sabían quién fue. Pedro Sánchez lo ha puesto de moda con su pretensión, y las visitas al sitio de enterramiento se han multiplicado por 137%. Y ha fomentado ciertos tics a la derecha de la derecha que antes no existían.

Inmigración.- Europa está siendo invadida, de forma silente, por los musulmanes que llegan de forma ilegal. Cuando ya existen países que no acogen a ninguno de ellos, como Italia o Hungría, el año pasado llegaron a España más inmigrantes que durante los diez años anteriores, a los que, en Cataluña por ejemplo, el emigrante marroquí cobra 1.072 euros al mes, más 250 euros por cada hijo, total 1.800 euros mensuales, más sanidad pública, medicinas, comedor escolar y colegio gratis, sin dar un palo al agua, ni ahora ni piensan en trabajar nunca durante toda su vida.

Subvenciones.- En España viven de las subvenciones varios millones de personas: Los inmigrantes, los que no trabajan, jubilados que no han cotizado nunca al erario público, asociaciones feministas, de gays, lesbianas y travelos, antianimalistas, antitaurinos, estudios de estimulación del clítoris, amigos de las acelgas, de los boniatos y de la vaselina, etc….

Presupuestos expansivos.- Aumento de la deuda pública, caída de la Bolsa y aumento de la prima de riesgo desde su nombramiento.

Podemos.- Partido de la ultraizquierda que sostiene a Pedro Sánchez en el Gobierno. Sus postulados son leninistas, sin reconocerlo, anticonstitucionales que aceptan la Constitución para destruirla, antimonárquicos y anticatólicos; pretenden subir las subvenciones, el sueldo que cobran los penados en la cárcel, y todo tipo de bagatelas en asociaciones paralelas donde colocar a sus afiliados y votantes. Y participan en manifestaciones y algarabías pidiendo referéndum secesionista para Cataluña y el País Vasco.

Plurinacionalidad.- Pedro Sánchez mantiene que “España es una nación de naciones”, pretendiendo cambiar (cuando pueda) la Constitución, que dice lo contrario, para que pudieran tener acceso al secesionismo diferentes autonomías, convirtiendo así la nación española en algo parecido a la extinta URSS bajo de República Ibérica Socialista, o algo parecido.

Secesionismo catalán.- Pretensión histórica de los catalanes. El lector asiduo de esta serie ya estará informado de quien fue Companys. El asunto permaneció en silencio hasta loas primeros años ochenta del siglo pasado, habiendo aumentado en progresión geométrica desde la presidencia de Rodríguez Zapatero, la aplicación del artículo 155 por el presidente Mariano Rajoy, y siendo actualmente “una guerra sin muertos” con el presidente actual Pedro Sánchez, de lo que hablaremos más ampliamente en capítulos posteriores.

 

Para acabar este capítulo haciéndonos una idea de las cifras macroeconómicas del año 1975 en el que murió Franco, y las correspondientes al año 2013 (las últimas que tengo testadas), el valor actualizado con el IPC General (sistema IPC base 2016) entre diciembre de 1975 y diciembre de 2018, la tasa de variación ha sido del 1.052,8%; estos importes deberían multiplicarse por esa tasa para comparar equivalencias, en “números gruesos”, entre ambos años.

 

 

Publicado en el Blog de Campos el 28-02-2019

 

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