España – La Transición – 2ª parte

De: https://es.wikipedia.org/AdolfoSuarez

Adolfo Suárez González (Cebreros, 25 de septiembre de 1932- Madrid, 23 de marzo de 2014), duque de Suárez y Grande de España, fue un político y abogado español, presidente del Gobierno de España entre 1976 y 1981.

Suárez, cuya infancia transcurrió en Ávila se licenció en derecho por la Universidad de Salamanca e hizo sus estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Desempeñó varios cargos públicos durante la dictadura franquista: fue Gobernador Civil de Segovia, procurador en Cortes y Director General de RTVE. Fue nombrado presidente del Gobierno por el rey Juan Carlos I en 1976.

 

Como presidente del Gobierno, Suárez fue una de las figuras clave de la Transición española, el proceso a través del cual se dejó atrás el régimen dictatorial de Francisco Franco y España se constituyó un Estado social y democrático de derecho. Durante su presidencia se llevaron a cabo diversas medidas que reformaron el sistema previo, como la «autoliquidación» de las Cortes franquistas o la legalización de los partidos políticos; fue especialmente notoria la legalización del Partido Comunista. Fue elegido presidente bajo la coalición Unión de Centro Democrático (UCD) en las elecciones generales de 1977, convirtiéndose en el primer presidente del gobierno del nuevo período democrático español, cargo que ocuparía durante las legislaturas constituyente y en la primera.. En 1981 presentó su dimisión como presidente del Gobierno.

Tras su dimisión, creó junto a otros dirigentes de UCD el partido Centro Democrático y Social  (CDS) y fue elegido diputado en Cortes en varias elecciones generales, hasta que abandonó la política en 1991. Se retiró de la vida pública desde 2003 por haber sido diagnosticado con enfermedad de Alzheimer. Falleció en 2014 a causa de una enfermedad pulmonar obstructiva.​ Tras su fallecimiento, le fue concedido el collar de la Orden de Carlos III.

 

De: https://es.wikipedia.org/wiki/Transicionespañola

La Transición española​ es el período de la historia contemporánea de España en el que se llevó a cabo el proceso por el que el país dejó atrás el régimen dictatorial del general Francisco Franco  y pasó a regirse por una Constitución que restauraba la España democrática. Dicha fase constituye la primera etapa del reinado de Juan Carlos I.

Existe cierto consenso en situar el inicio de la transición en la muerte del general Franco, el 20 de noviembre de 1975, tras la cual el denominado Consejo de Regencia asumió, de forma transitoria, las funciones de la jefatura del Estado hasta el 22 de noviembre, fecha en la que fue proclamado rey ante las Cortes y el Consejo del Reino Juan Carlos I de Borbón, que había sido designado seis años antes por Franco como su sucesor “a título de rey”.

El rey confirmó en su puesto al presidente del Gobierno del régimen franquista, Carlos Arias Navarro. No obstante, pronto se manifestaría la dificultad de llevar a cabo reformas políticas bajo su gobierno, lo que produciría un distanciamiento cada vez mayor entre Arias Navarro y Juan Carlos I. Finalmente el rey le exigió la dimisión el 1 de julio de 1976 y Arias Navarro se la presentó. Le sustituyó ADOLFO SUÁREZ, quien se encargaría de entablar las conversaciones con los principales líderes de los diferentes partidos políticos de la oposición democrática y fuerzas sociales, más o menos legales o toleradas, de cara a instaurar un régimen democrático en España.

 

 

Adolfo Suárez formó un gobierno de jóvenes «reformistas» franquistas, en el que no incluyó a ninguna figura prominente —Fraga y Areilza, se negaron a participar—, pero que no carecía de experiencia política —se dijo que era un «gobierno de PNNs», en referencia a los profesores universitarios no numerarios—​. El peso mayor lo tenían los «reformistas» democristianos del grupo Tácito o asimilados (Alfonso Osorio, Marcelino Oreja, Landelino Lavilla, Leopoldo Calvo Sotelo …) seguidos de los «reformistas azules», como el propio Suárez y Rodolfo Martín Villa o Fernando Abril Martorell. Sólo uno de los miembros del gabinete, el almirante Pita da Veiga, había sido ministro con Franco.

El camino utilizado fue la elaboración de una nueva Ley Fundamental, la octava, la Ley para la Reforma Política que, no sin tensiones, fue finalmente aprobada por las Cortes franquistas y sometida a referéndum el día 15 de diciembre de 1976. Como consecuencia de su aprobación por el pueblo español, esta ley se promulgó el 4 de enero de 1977. Esta norma contenía la derogación tácita del sistema político franquista en solo cinco artículos y una convocatoria de elecciones democráticas.

 

 

Se creaban unas nuevas Cortes, formadas por dos cámaras, el Congreso de Diputados y el Senado, compuestas de 350 y 207 miembros, respectivamente, elegidas por sufragio universal, excepto los senadores designados por el rey «en número no superior a la quinta parte» de los miembros del Senado.​ Así pues, según Javier Tusell, «lo fundamental de Ley de Reforma Política era la convocatoria de elecciones y la configuración de un marco institucional mínimo para realizarlas». Pero al mismo tiempo quedaban abolidas implícitamente todas las instituciones establecidas en las «leyes fundamentales» que no fueran esas Cortes, es decir, todas las instituciones franquistas sin excepción —el Consejo Nacional del Movimiento y el Movimiento mismo, las Cortes establecidas en la ley de 1942, el Consejo del Reino y el Consejo de Regencia de la ley de 1967, etc.—, por lo que la ley de reforma lo que hacía en realidad era liquidar lo que pretendía reformar.​ En el preámbulo de la ley al basar la legitimidad en el sufragio universal se introducía una especie «autorruptura» —expresión acuñada por Javier Tusell— con las instituciones franquistas.

Para ello hubo que conseguir que las Cortes franquistas «se suicidaran» y votaran a favor de una Ley que suponía su desaparición y la del propio régimen para dar paso a la democracia. Además, debería salvar otros muchos obstáculos: convencer a la cúpula militar de la necesidad de la reforma; desalojar de las posiciones de poder a los franquistas inmovilistas; convencer a la oposición democrática de la bondad de la misma y conseguir que participara en el proceso para legitimarlo, tanto interna como internacionalmente.

En seguida se produjeron los primeros contactos con los partidos de la oposición democrática —durante los meses de julio y agosto Suárez habló con los democristianos José María Gil Robles y Joaquín Ruiz Giménez; los socialistas Felipe González y Joan Reventós  y con el catalanista Jordi Pujol, entre otros—​ e incluso, de forma discreta y a través de personas interpuestas, con Santiago Carrillo, el secretario general del PCE. Fruto de los mismos, y de la promesa hecha en su primera declaración, fue la concesión de una amnistía el 31 de julio, de la que se excluyeron los «delitos de sangre» por lo que aún permanecieron en las cárceles muchos «presos vascos» presuntos miembros de ETA. También hubo contactos con los sindicatos ilegales Comisiones Obreras, Unión Sindical Obrera (USO) y UGT.

Será el gobierno de Suárez el que asumirá la tarea que la oposición había asignado a ese gobierno: convocar elecciones generales.​ Asumiendo que la iniciativa política había pasado al gobierno de Suárez, Felipe González, líder del PSOE, declaró que la oposición democrática tenía que superar «la dialéctica del todo o nada» y participar en el proceso diseñado por aquél.

El 18 de marzo de 1977 el gobierno promulgó el decreto-ley que regulaba las elecciones que se iban a celebrar en junio. Para el Congreso de los Diputados establecía un sistema electoral de representación proporcional corregido —por la aplicación del sistema D’Hont y la fijación de un mínimo de dos diputados por provincia, lo que favorecía a las zonas rurales en detrimento de las zonas urbanas e industriales más pobladas—​ y listas cerradas y bloqueadas; para el Senado un sistema electoral mayoritario y de listas abiertas, en el que 41 escaños, de los 207, no eran elegibles sino que serían designados directamente por el rey. ​ Dos meses después habían solicitado su inscripción en el registro 111 partidos, de los que fueron legalizados 78. La prensa empezó a hablar de sopa de siglas.

Por la izquierda, el panorama estaba dominado por los dos partidos históricos, el PSOE y el PCE. El primero mucho menos implantado, había podido realizar su XXVII Congreso dentro de España en diciembre de 1976 después de cuarenta años, gracias a la tolerancia del gobierno pues aún no había sido legalizado. El PSOE se reafirmó en ese Congreso como un partido socialista marxista y republicano, aunque el programa inmediato que propugnaba era moderado —poner en marcha una serie de reformas sociales y económicas que permitieran alcanzar los niveles de bienestar y de protección social que gozaban los europeos del norte de Europa, después de bastantes años de gobiernos socialdemócratas—.​ En el Congreso, celebrado bajo el lema Socialismo es libertad y al que asistieron importantes líderes socialistas europeos como Willy Brandt y Olof Palme, se ratificó el liderazgo del grupo sevillano encabezado por Felipe González y Alfonso Guerra. ​

Pero disputándoles el «espacio socialista» al PSOE se encontraba el Partido Socialista Popular del profesor Enrique Tierno Galván además de otros partidos socialistas de ámbito «regional» —entre los que destacaba el Moviment Socialista de Catalunya— que formaban la Federación de Partidos Socialistas (FPS), que al final optarían por presentar candidaturas conjuntas de Unidad Socialista PSP-FPS, en lugar de integrarse en el PSOE, que se negó a formar coalición con ellos.

 

Por su parte el PCE, el partido antifranquista hegemónico, había abandonado el marxismo-leninismo y su dependencia del Partido Comunista de la Unión Soviética, y ahora defendía el llamado eurocomunismo, una vía democrática para alcanzar el socialismo −idea que compartía con los partidos comunistas italiano y francés−, aunque sin abandonar del todo el modelo leninista de la Revolución de octubre de 1917. Junto al PCE y disputándole el «espacio comunista» existía un numeroso grupo de pequeñas organizaciones y partidos de extrema izquierda que no fueron legalizados y que por tanto no pudieron presentarse a las elecciones bajo sus propias siglas — Movimiento Comunista, PCE (marxista-leninista), Partido del Trabajo de España, Liga Comunista Revolucionaria, Organización Revolucionaria de Trabajadores, Organización Comunista de España (Bandera Roja), etc ….—. ​

Por otro lado, los partidos republicanos, con una escasa implantación, tampoco fueron legalizados y también tuvieron que presentarse a las elecciones camuflados —como fue el caso de la histórica Esquerra Republicana de Cataluña—.​

 

Logo de Unión de Centro Democrático, la coalición liderada por Adolfo Suárez que ganó las elecciones de junio de 1977:

 

En la derecha la situación era más confusa que en la izquierda. En la extrema derecha el búnker franquista aparecía muy fragmentado entre diversos grupos falangistas y Fuerza Nueva, que se presentó a las elecciones bajo la candidatura Alianza Nacional 18 de julio. Entre los reformistas franquistas, Manuel Fraga Iribarne acabó liderando al sector que pensaba que la reforma de Suárez había ido demasiado lejos con la legalización del PCE y con la consideración de las nuevas Cortes como constituyentes. Así nació, en octubre de 1976, una coalición llamada Alianza Popular integrada por siete exministros franquistas, apodados por un sector de la prensa como los siete magníficos: Manuel Fraga, Laureano López Rodó, Federico Silva Muñoz, Cruz Martínez Esteruelas, Gonzalo Fernández de la Mora, Licinio de la Fuente y Enrique Thomas de Carranza. La pretensión de Fraga fue, según Javier Tusell, «vertebrar el franquismo sociológico”.​ Un punto de vista que comparte Julio Gil Pecharromán. ​

Por su parte, los reformistas franquistas que apoyaban la reforma de Suárez fundaron en noviembre de 1976 un partido que llamaron Partido Popular —tomando el nombre de los partidos democristianos europeos—. El partido encabezado por Pío Cabanillas y José María de Areilza defendía la opción centrista «con el propósito de evitar la politización de la vida española en dos bloques antagónicos», según se decía en su manifiesto fundacional.​ De este partido surgió la idea de formar una gran coalición que acogiera también a los partidos de la oposición moderada —liberales de Ignacio Camuñas y Joaquín Garrigues Walker; democristianos de Fernando Álvarez de Miranda;  socialdemócratas de Francisco Fernández Ordoñez —. Así fue como nació la coalición que finalmente se llamó Unión de Centro Democrático (UCD), a cuyo frente se pusieron el propio Suárez y los principales ministros de su gobierno —los hombres del presidente—, desplazando a los fundadores del Partido Popular —José María de Areilza fue obligado a abandonarlo—​. Los únicos partidos de la oposición democrática moderada que no se integraron en la operación de UCD fueron los democristianos de Izquierda Democrática de Joaquín Ruiz Giménez y de Federación Popular Democrática de José María Gil Robles, aliados con dos partidos democristianos «regionales» (Unión Democrástica de Catalunya y Unió Democrática del País Valencià), que formaron el Equipo Demócrata Cristiano del Estado Español.  Tampoco se integraron en UCD los nacionalistas vascos del PNV ni los nacionalistas catalanes de Convergencia Democrática de Catalunya, liderada por Jordi Pujol.

 

 

Las elecciones se celebraron el 15 de junio de 1977 sin que se produjera ningún incidente y con una participación muy alta, cercana al 80% del censo. La victoria fue para UCD, aunque no consiguió alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso de Diputados —obtuvo el 34 % de los votos y 165 escaños: le faltaban 11 para la mayoría absoluta—.

El segundo triunfador fue el PSOE que se convirtió en el partido hegemónico de la izquierda —al conseguir el 29,3% de los votos y 118 diputados— desbancando por amplio margen al PCE —que obtuvo el 9,4% de los votos y se quedó en 20 diputados— a pesar de que era el partido que había soportado el mayor peso en la lucha antifranquista —también quedó desbancado el PSP de Tierno Galván que sólo obtuvo seis diputados y el 4% de los votos—. El otro gran derrotado de las elecciones, junto con el PCE, fue la Alianza Popular de Fraga que sólo obtuvo el 8,3% de los votos y 16 diputados —13 de los cuales habían sido ministros con Franco—​, aunque el descalabro mayor lo padeció la democracia cristiana de Ruiz Giménez y Gil Robles que no obtuvo ningún diputado. Por otro lado, ni la extrema derecha —que sólo obtuvo en conjunto 192.000 votos—ni la extrema izquierda consiguieron representación parlamentaria.

 

 

Las elecciones eran las primeras desde la Guerra Civil. A partir de ese momento comenzó el proceso de construcción de la democracia en España y de la redacción de una nueva Constitución.

 

Publicado en el Blog de Campos el 24-01-2019

Etiquetas:, ,

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: