España – Guerra Civil – 2ª parte

 

 

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Al Golpe de Estado del 18 de julio de 1936 en España siguió de forma casi inmediata una brutal represión ejercida desde ambos bandos que, persiguiendo la eliminación física del adversario, produjo decenas de miles de muertes.

Estudios, basados en evoluciones demográficas, cifran en 540 000 la sobremortalidad de los años de la Guerra Civil y la inmediata posguerra, y en 576 000 la caída de la natalidad. ​ La estimación de víctimas mortales en la Guerra Civil Española consecuencia de la represión puede cifrarse en 200 000 personas. De ellas, se calcula en unas 50 000 las asesinadas en la retaguardia de la zona republicana, ​ calculándose en 100 000 las asesinadas en la retaguardia de la zona sublevada, ​ a las que hay que añadir unas 50 000 ejecuciones en la represión franquista que siguió a la Guerra Civil. ​ Estas estimaciones, aún en 2009, estaban sometidas a revisión; aunque las víctimas producidas por el bando republicano fueron bien identificadas, las producidas por los sublevados, habiendo sido ignoradas durante el franquismo, hoy existen dificultades para cuantificarlas e identificarlas.

Represión en ambas zonas

Los impulsos ciegos que han desencadenado sobre España tantos horrores, han sido el odio y el miedo. Odio destilado, lentamente, durante años en el corazón de los desposeídos. Odio de los soberbios, poco dispuestos a soportar la insolencia de los humildes. Odio a las ideologías contrapuestas, especie de odio teológico, con que pretenden justificarse la intolerancia y el fanatismo. Una parte del país odiaba a la otra y la temía. Miedo de ser devorado por un enemigo en acecho: el alzamiento militar y la guerra han sido, oficialmente, preventivos para cortarle el paso a una revolución comunista. Las atrocidades suscitadas por la guerra en toda España han sido el desquite monstruoso del odio y del pavor. La humillación de haber tenido miedo y el ansia de no tenerlo más atizaban la furia.
Manuel Azaña​

Desde los primeros días, en ambas zonas, se desató una represión que se concretó en juicios sumarísimos y numerosos paseos, eufemismo que utilizaron aquellos que sacaban de sus casas, amparados por la noche en la mayoría de los casos, a los que consideraban enemigos y los llevaban para fusilarlos, normalmente, al borde de las cunetas.

Esta situación de terror se concentró en los primeros meses de la contienda y respondían a un objetivo común, la eliminación física del adversario. Aunque las características fueron diferentes en las dos distintas zonas. En el bando sublevado fueron los mecanismos judiciales instaurados por los rebeldes, y las milicias falangistas y carlistas, los que llevaron a cabo esta represión, con el beneplácito e instigados desde la cúpula militar. ​ En el bando republicano, desatada la contienda, el Gobierno y el resto de instituciones públicas perdieron el control de los acontecimientos, se desató una revolución que los desbordó, propiciando la creación de fuerzas paralelas y tribunales que fueron los que, principalmente, ejercieron la represión.​ La represión continuó, aunque en menor medida, hasta el final de la contienda y, aun, se prolongó con la represión que el franquismo ejerció en los años siguientes.

 

El deterioro de la justicia fue común en ambas zonas. Tanto los tribunales militares como los populares estaban compuestos en su mayoría por personas ajenas a la magistratura. En el bando sublevado, en tribunales militares únicamente uno de cada cinco miembros debía ser jurista, los juicios duraban breves minutos y en ocasiones los acusados eran juzgados en grupo. Se llegaba al absurdo de juzgar por «rebelión militar» a aquellos que no se sumaron a la sublevación. En la zona republicana, los tribunales populares, creados el 14 de agosto de 1936, estaban formados por tres funcionarios judiciales y un jurado de catorce miembros pertenecientes a diferentes organizaciones del Frente Popular. A estos tribunales populares, más adelante, vendrían a sumarse los de urgencia que restringían aún más las garantías procesales. ​

Los parlamentarios fueron un grupo especialmente castigado por ambas partes. Uno de cada cinco miembros de este colectivo fue asesinado. Los sublevados ejecutaron a unos cuarenta diputados de Frente Popular, mientras que en la zona republicana fueron ejecutados veinticinco de la coalición de derechas. ​

Las declaraciones públicas de destacados republicanos como Manuel Azaña, quien en un discurso pedía «paz, piedad y perdón» o Indalecio Prieto que apelaba: «No imitéis esa conducta, os lo ruego, os lo suplico. Ante la crueldad ajena, la piedad vuestra; ante los excesos del enemigo, vuestra benevolencia generosa»; contrastaron con el silencio entre las autoridades del bando sublevado. Igualmente, si hubo voces en la prensa de la zona republicana que mostraron su malestar ante la violencia desatada como la del periodista Zugazagoitia que escribiría: «para juzgar a cuantos hayan delinquido disponemos de la ley», en la zona sublevada, anulada la libertad de prensa, la represión ejercida en su zona fue silenciada. No obstante, desde el bando de los sublevados también se alzaron voces en contra de la represión, destacando las declaraciones de Marcelino Olaechea, obispo de Pamplona que declaró: «Nosotros no podemos ser como nuestros hermanos de la otra banda: esos hermanos ciegos, que odian, que no saben de perdón».​

Represión en la zona sublevada

La zona sublevada se militarizó desde los primeros días de la contienda. Se prohibieron los partidos políticos, únicamente se mantuvieron legales la Falange y el Carlismo que desarrollaron una actividad más militar que civil. Esta militarización alcanzó a la magistratura: los jueces debían demostrar simpatía por los sublevados. Los primeros en sufrir la represión fueron las autoridades civiles. Sometidos a simulacros de juicio que duraban menos de cinco minutos, en su mayoría, fueron condenados a la pena de muerte y, casi de inmediato, fusilados. Fueron candidatos a sufrir la represión todos aquellos que, no pudiendo demostrar simpatías por los sublevados, desempeñaban cargos públicos en el momento de la sublevación. Promulgada una huelga general en contestación a la sublevación fueron fusilados, sin juicio, los sindicalistas que se significaron. Masones, socialistas, sindicalistas y nacionalistas eran condenados a muerte por el simple hecho de serlo. Esta represión fue llevada a cabo principalmente por el ejército, aunque también participaron en ella las milicias de la Falange y los carlistas.

Significativa fue la represión en Navarra, donde la sublevación triunfó el primer día sin apenas enfrentamientos. El general Mola, el día 19 de julio, dio instrucciones explícitas: «Es necesario propagar una atmósfera de terror. Tenemos que crear una impresión de dominación […]. cualquiera que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado».​

Destacó, también, el terror ejercido por Queipo de Llano en Andalucía, jactándose por radio de las hazañas represivas que cometía. Málaga, Granada y Córdoba fueron las provincias andaluzas más castigadas. Esta última sufrió un doble castigo primero a cargo del Frente Popular y, después, por parte de los nacionalistas. ​ La masacre de la carretera Málaga-Almería acaecida el 8 de febrero de 1937, durante la entrada en Málaga de las tropas franquistas, causó la muerte a varios miles que intentaban alejarse da la ciudad.

En Valladolid, una denominada «patrulla del amanecer», grupo de falangistas dirigidos por Onésimo Redondo, cofundador de las JONS, fusilaba a unas cuarenta personas cada día. Allí, como en otras ciudades de la zona sublevada, los presos eran sacados por la noche en camiones para ser fusilados en las afueras de la ciudad sin siquiera el simulacro de un juicio.16​ El general Mola enviaría un comunicado pidiendo que estas ejecuciones se hiciese en lugares más discretos y que se enterrase a los muertos, algo que hasta entonces no se hacía.17

En Zaragoza se asesinaron a más de 6.000 personas, la mayoría de las cuales en los primeros meses de la contienda.

En Cáceres capital se asesinó a más de 600 personas, solo durante las navidades de 1937 lo fueron unas 200.

La toma de Badajoz supuso una gran matanza protagonizada por las fuerzas moras que tomaron la ciudad al mando del general Yagüe. Las estimaciones más comunes apuntan que entre 2.000 y 4000 personas fueron ejecutadas, algunas por el simple hecho de portar moratones en sus brazos, signo de haber empuñado un fusil.

 

La represión en cifras en la zona sublevada

Cuantificar el número de víctimas de la represión en la zona franquista ha sido hasta ahora un problema. Durante el franquismo, éste intentó silenciar esta represión y, en todo caso, minimizar su dimensión. Tradicionalmente, los estudios más o menos documentados sobre estas víctimas, han corrido a cargo de historiadores cercanos al franquismo y basándose en los datos suministrados por el propio franquismo. Los registros utilizados por estos historiadores (Instituto Nacional de Estadística y Registros Civiles, principalmente) se ha demostrado no fiables, reflejando tan sólo la mitad, incluso sólo la tercera parte, de las muertes. ​

A partir de 2008, este problema comenzó a superarse. Poco a poco fueron apareciendo estudios que mediante trabajos de campo y consulta de archivos desvelaron el verdadero alcance de la represión. Estos trabajos avanzan despacio, en parte, por las dificultades intrínsecas de esta labor y, en parte, por la resistencia de los Gobiernos Militares expresada por los investigadores​ y por dificultades en el acceso a determinados archivos. ​

Con los datos disponibles en 2009, el número de víctimas mortales en la retaguardia de los sublevados puede cifrarse en 100.000 (no incluye las ejecuciones y muertes del franquismo posteriores a la guerra); siendo éstas, principalmente, sindicalistas, intelectuales, políticos republicanos y nacionalistas (el colectivo de maestros fue objetivo de una dura represión) y la población en general acusada de colaborar con la República o de no ofrecer resistencia a esta.

Puede ser interesante conocer las cifras que se han ido barajando hasta 2009, acercamientos que denotan las dificultades que los historiadores han encontrado ante la falta de registros fiables (estos estudios no desglosaban las víctimas producidas durante la guerra y las producidas por la posterior represión franquista). Historiadores, en 2002, ya cifraban el número de víctimas en 150.000. ​ Las asociaciones de la memoria histórica cifraron este número en 130.000​ y algunos historiadores elevan esta cifra. El historiador británico Paul Preston calculó el número de víctimas en 180.000 y, el también historiador, Santos Juliá aporta una cifra mínima de 90.000 para las 36 provincias que ha estudiado. ​ Eduardo Guzmán, estudiando especialmente la represión de posguerra, da la cifra de 200.000 muertos. ​

En 2008, el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón solicitó a Ayuntamientos y otros organismos un listado de desaparecidos durante la Guerra y la posguerra. ​ El listado, que se reunió el 22 de septiembre de 2008 incluía 143.353 nombres, aunque sus propios autores avisan que faltan muchos nombres y, al mismo tiempo, que muchos de los nombres podrían estar duplicados e incluso triplicados (lo que hicieron en el momento de hacer entrega del material para evitar suspicacias).​ Presenta la siguiente distribución geográfica (según las actuales comunidades autónomas):

 

 

 

Represión en la zona republicana

Tras el levantamiento, en las zonas en las que no triunfó la insurrección, se desató una revolución que propició la desaparición o transformación de muchas instituciones. En las grandes ciudades surgieron las fuerzas paralelas a las de orden público, cada partido político contaba con sus milicias. Los milicianos republicanos, especialmente de partidos y sindicatos de izquierda, establecieron sus «checas«, especie de cárceles al margen de la autoridad de la república, que pronto se significaron por la práctica de la tortura (en Madrid llegaron a abrirse varias docenas). Los revolucionarios dieron especial importancia a la autoridad municipal y numerosos ayuntamientos fueron tomados y los comités revolucionarios asumieron sus funciones, desplazando, también, a las fuerzas de orden público. ​

 

 

 

La revolución se inició con una oleada de asesinatos, destrucciones y saqueos. ​ En las grandes ciudades, las milicias de los diferentes partidos se dedicaron dar paseo a todo aquel que identificaban como potencial enemigo. Los sacerdotes y frailes fueron los que más sufrieron sus iras, desatándose lo que se ha conocido como la persecución religiosa, asesinando a 6.866 eclesiásticos en toda la geografía española. ​ Uno de los ejemplos más destacados entre los casos de la brutalidad revolucionaria ejercida contra el clero aconteció en la diócesis de Barbastro, donde se asesinó a 123 de los 140 sacerdotes, es decir, el 88% de sus miembros.

En Madrid, durante el mes de noviembre de 1936 se produjeron las sacas masivas de presos que, ante la cercanía del frente, se consideró que debían ser trasladados. La mayoría de estos presos no llegaron a su destino, entre 2.000 y 5.000 fueron fusilados en el municipio de Paracuellos del Jarama y de Torrejón de Ardoz.

Los tres primeros meses de la guerra fueron de especial terror en las grandes ciudades de la zona republicana. Las pasiones revolucionarias estaban en su zénit y la autoridad del Gobierno en su nadir. Madrid se convirtió en territorio ocupado por un laberinto de milicias que, al amparo de la noche, sacaban de sus casas a aquellos que arbitrariamente eran denunciados por colaborar con los sublevados; en casos, la prueba consistía en haber escuchado radio Sevilla o haber encendido las luces del coche, supuestamente para orientar a los aviones de los sublevados. Esos meses, las embajadas se llenaron de refugiados. ​

En Barcelona la situación fue muy similar a Madrid, con el añadido de que fueron frecuentes los enfrentamientos entre las distintas milicias principalmente las de la UGT se enfrentaban a las de la CNT y los comunistas del PSUC se enfrentaban a los trotskistas del POUM. ​

Al contrario de lo ocurrido con las víctimas en la zona nacional, puede considerarse que las víctimas en la zona republicana están bien identificadas y sobre su número existen menos controversias. Al concluir la Guerra Civil, el franquismo acometió un exhaustivo estudio que quedó reflejado en la llamada Causa General. El estudio recoge las consecuencias del denominado «terror rojo» desde febrero de 1936 hasta el fin de la contienda. Se trata de un minucioso estudio realizado municipio por municipio y que ocupa más de 1.500 legajos, hoy conservados en el Archivo Histórico Nacional. Según la conclusión de la Causa General, el número de víctimas de la represión republicana sería de 85.940, ​ aunque un estudio de la documentación conservada en el Archivo Histórico Nacional reduce la cifra a 38.563. Ramón Salas Larrazabal publicaría un estudio, según el cual este número ascendería a más de 70.000; estimaciones actuales calculan que el número de estas víctimas no debió superar las 50.000.​

Las víctimas, en esta zona fueron, principalmente, religiosos, terratenientes, empresarios y políticos de derechas, y éstas se concentraron principalmente los primeros meses de la contienda, producto de numerosos paseos que, aunque en menor medida, siguieron produciéndose hasta el fin de la misma.

Represión en la posguerra

El régimen había llegado al poder como resultado de una violenta propaganda que, en especial en sus primeros años, se basó en una coacción extremada, con el fin de mantener bajo control a los enemigos declarados. […] El excesivo número de ejecuciones políticas por parte de ambos bandos en los primeros meses del conflicto, que llegó a decenas de miles de víctimas en cada zona conoció una mayor moderación el 1937. […] La terminación de la Guerra Civil no puso fin a la represión, sino que facilitó una más eficaz sistematización de ella.
Stanley G. Payne, La Época de Franco. ​

Acabada la guerra, con el triunfo de los sublevados, los vencedores iniciaron otra etapa de represión cuya finalidad fue atemorizar a todos aquellos que no se identificaban con el nuevo régimen. En febrero de 1939 se promulgó la Ley de Responsabilidades Políticas, según la cual, no solo aquellos que habían colaborado con el gobierno legal de la República podían ser condenados, sino también aquellos que supuestamente hubieran mostrado una “pasividad grave”. Entre otras arbitrariedades, haber pertenecido a una logia masónica, personal obsesión de Franco, fue suficiente para ser procesado.

En la geografía española surgieron numerosos campos de concentración donde se hacinaban los detenidos viviendo en condiciones durísimas, sometidos a malos tratos y muertes arbitrarias. La primera represión la ejercieron las milicias falangistas que se presentaban en estos campos y se llevaban a aquellos a los que consideraban debían darles el «paseo». Antes de terminar la guerra ya funcionaba el de Castuera que se construyó una vez caída en manos del ejército franquista la comarca de La Serena. En el campo de concentración de Albatera fueron ingresados muchos republicanos que no pudieron exiliarse desde Alicante en los últimos momentos de la contienda. A finales de 1940 estos campos ya habían sido desmantelados en su mayoría y los presos pasaron a diferentes cárceles en las que las condiciones no eran mucho mejores. no obstante, los campos de concentración siguieron existiendo hasta 1947, año en que se cierra el último, el de Miranda de Ebro.

La primera depuración la sufrió el sistema judicial, el franquismo tuvo especial cuidado en que los tribunales estuviesen compuestos por elementos afines. Estaban compuestos principalmente por militares, el defensor era otro militar al que no se le pedía una formación jurídica y debía subordinación al presidente del tribunal, también militar. Estos tribunales se encargaron de juzgar a aquellos que, como en un mundo al revés, eran acusados de promover o apoyar la insurrección. Los juicios duraban breves minutos, en ocasiones se juzgaban a grupos de sesenta personas las que podían o no ser escuchadas. Otro sector especialmente castigado fue el de la enseñanza. Se continuó con la represión iniciada con la sublevación militar. «Además de los asesinatos, con formación de causa o sin ella, durante el proceso de depuración resultaron sancionados en torno a dieciséis mil maestros y maestras, alrededor del 25% del cuerpo. Casi el 10% fueron expulsados del ejercicio de la profesión».​

En 1939, el número de detenidos esperando juicio superaba los 270.000. Ramón Salas, en los años 1970, daba la cifra de 30.000 ejecuciones dictadas por estos tribunales. En la actualidad se calcula en unas 50.000 las personas que fueron ejecutadas​ (aunque, aun hoy, esta cifra puede considerarse provisional). A esta cifra habría que sumar todas aquellas muertes que se produjeron en las cárceles como consecuencia de las pésimas condiciones en las que intentaban sobrevivir los presos. «En la cárcel Modelo de Valencia llegaron a concentrarse 15.000 prisioneros en algunos meses de 1939 y 1940, pese a que la capacidad prevista de ese recinto construido en 1907 era para 528 personas».​ Como ejemplo, se conoce que en Albacete, donde hubo un millar de ejecuciones, murieron en la cárcel 300 personas. ​ Los datos sobre las víctimas que murieron ejecutadas o en las cárceles franquistas se obtienen por extrapolación de los pocos datos con los que cuentan los investigadores, ya que el franquismo se preocupó de que muchos de estos crímenes no figuraran en registros oficiales y los datos existentes, aún hoy son de difícil acceso.

 

 

En la primavera de 1940 de los más de 250.000 reclusos, solo 103.000 lo estaban por sentencias judiciales. En 1941, en el segundo aniversario de la terminación de la guerra se promulgó una amnistía que alcanzó a los condenados a sentencias inferiores a doce años y el 17 de diciembre de 1943 otra amnistía dejó también en libertad provisional a aquellos cuyas condenas eran inferiores a los veinte años.​ Se dictó un decreto que reducía las condenas en un tercio por la realización de trabajos “voluntarios” en la reconstrucción del país. La principal obra que acometieron estos batallones de reclusos fue la construcción del Valle de los Caídos, basílica que alojó la tumba del propio Franco, cuyo proyecto se dio a conocer el 1 de abril de 1940. ​

Los Tribunales y los procesos no sólo sirvieron a una finalidad represora sino que también tuvieron la misión de amedrentar a la población. Como ejemplo, el caso conocido de Albacete, donde los tribunales militares juzgaron a 34.000 personas lo que supuso que el 9% de la población pasó por estos tribunales. ​

Otra forma de represión fue la administrativa y la económica. El franquismo en su afán de combatir al «enemigo interior», depuró todos los organismos oficiales (siendo maestros y catedráticos sospechosos, puso especial atención en la depuración de la enseñanza) y la economía se montó favoreciendo a los adeptos al Régimen, excluyendo de ella a todo sospechoso de desafección. En todas las ciudades y pueblos, la autoridad civil y religiosa, esta última encarnada por el párroco, emitían informes que, en el caso de ser negativos, conllevaban sanciones de todo tipo. ​ Se impusieron sanciones no sólo a los condenados sino también a familias completas y determinadas regiones y provincias fueron castigadas por haber permanecido fieles a la República o ser consideradas izquierdistas. La represión no sólo alcanzó a aquellos que se habían opuesto al Régimen sino que se extendió a aquellos a los que se les consideró discrepantes. «Los avances en la comprensión de la represión como un fenómeno de más amplio alcance que las ejecuciones y los asesinatos van haciendo cada vez más inteligible la nueva realidad social que se fue configurando en torno al régimen».​

Especial fue la dedicación a la represión de la mujer del bando vencido. «Las sanciones que se ejecutaban sobre las «mujeres rojas» actuaba sobre la imagen de la mujer», se las rapaba el pelo al cero, se les suministraba aceite de ricino para provocar la posterior mofa por sus efectos, o se las obligaba a barrer las iglesias y las casas de los señoritos. ​

Refugiados y exiliados

Los primeros meses del conflicto provocaron desplazamientos de población principalmente en las regiones fronterizas con Francia, que se sentían amenazadas por la acción de ambos contendientes y especialmente, numerosas personas afectadas por la violencia durante la revolución social y la acción de milicias. La provisionalidad y carácter minoritario de estos primeros refugiados fue dejando paso a formas más permanentes y masivas que afectaron mayormente a la población de las zonas de control «republicano» a medida que progresaban las áreas bajo autoridad de las fuerzas franquistas, para generar a término del conflicto, una situación de exilio o de no retorno a cientos de miles de personas.

Los desplazamientos masivos se produjeron como consecuencia de la batalla del Norte, periodo durante el cual cerca de 200.000 personas cruzaron a Francia, de las cuales 165.000 regresaron para reincorporarse a la zona republicana. Desde entonces Francia recogería un goteo de exiliados hasta que en los últimos momentos de la guerra, con la caída de Cataluña, se produjera la gran oleada en la que pasaron a Francia otras 350.000 personas. En los días siguientes al cese de hostilidades y final de la contienda, desde Alicante, zarparon unas 15.000 personas, la mayoría con destino al norte de África y la Unión Soviética. En total se calcula que fueron unos 450.000 personas las que permanecían exiliadas en la primavera de 1939, inmediatamente después de acabada la Guerra Civil, de ellas, casi la totalidad, 430.000, lo estaban en Francia, confinadas, en su mayoría, en campos de concentración habilitados para acogerlas. ​

Francia no previó la gran cantidad de españoles que cruzarían la frontera, no destinó suficientes medios y los campos de concentración se convirtieron en lugares inhabitables donde los exiliados se hacinaban en condiciones de vida penosas. Francia negoció con Franco para que aceptara el retorno de aquellos exiliados que quisieran regresar y a finales de 1939 el número de refugiados que permanecían en los campos se redujo a 140.000, otros 42.000 se distribuyeron en otros países. ​ La Unión Soviética, Argentina, Cuba, Santo Domingo y especialmente Chile, por los esfuerzos de Pablo Neruda (en aquel tiempo embajador en París) y México, que llegaría a acoger a unos 22.000 refugiados, fueron los principales países de acogida.

Los campos de Francia no se desmantelaron hasta bien entrado el año 1940. Los refugiados fueron incorporándose a la Legión Extranjera y compañías de trabajo destinadas a trabajadores extranjeros.

Con la ocupación alemana de Francia, los exiliados españoles pasaron a sufrir una nueva represión. Dirigentes del Frente Popular fueron reclamados por Franco y entregados a la policía franquista, éste fue el caso del Presidente de la Generalidad Companys ((1)) que posteriormente fue ejecutado; 13.000 españoles fueron enviados a campos de concentración en Alemania, entre ellos Largo Caballero. De los 13.000 españoles que fueron enviados a campos de concentración nazis únicamente lograron sobrevivir 2.000 pereciendo el 85% de ellos, porcentaje de muertos superior al de cualquier otra nacionalidad. Entre 30.000 y 40.000 españoles fueron enviados a campos de trabajo en Alemania.

((1)) Nota del editor del Blog.  ​Lluís Companys i Jover​ (1882-1940) fue un político y abogado catalán, de ideología catalanista, independentista y republicana, líder de Esquerra Republicana de Cataluña, presidente de la Generalidad de Cataluña desde 1934 hasta 1940. Exiliado tras la Guerra Civil, fue capturado en Francia por la Gestapo, a petición de la policía franquista, y trasladado a España, donde fue juzgado por un Consejo de Guerra.

Dolça Catalunya del 05-06-2015: Era un político incapaz que regó Cataluña de sangre. Su golpe de estado de 1934 dejó 46 muertos y 11 heridos. Bajo su gobierno fueron destruidos más de 7.000 edificios religiosos, asesinados 47 periodistas, mossos d’esquadra y hasta un sordo por saber latín, destrozada la Sagrada Familia y asesinados los tres curas que la atendían, y organizados dantescos campos de concentración como el de Omells de Na Gaia. Toleró el asesinato del 3er presidente de la Generalitat desde su restauración, Jiménez Arenas. Más de 8.129 catalanes fueron asesinados bajo la presidencia de Companys.

 

Publicó un decreto el 26 de julio de 1936 donde, “a proposta de Presidència”, para “acabar de aniquilar en toda Cataluña los últimos núcleos fascistas existentes” creaba el “Comité de Milicias Antifascistas de Cataluña”. El catalán Gassiot Magret escribía que “cuantos tuvimos la desgracia de tener que sufrir el terror rojo de Barcelona, sabemos que las Milicias Antifascistas eran los técnicos y ejecutores de los asesinatos. Nos consta que no hubo ningún asesinato de personas religiosas que no hubiese sido autorizado por el Comité Directivo”. No, això no ho ensenyen a les madrasses de la Gene.

Companys autorizó personalmente decenas de asesinatos. Per exemple, podem veure la foto de la Sentència 377 del Tribunal d’Espionatge i Altra Traició de Catalunya, de 19-11-1938, i confirmada pel President Lluís Companys el 10-12-1938: pena de mort a 7 homes i 6 dones. Gràcies a Déu aquest cop el mandat d’en Companys no es va complir, perquè va fugir davant l’arribada dels nacionals el 26 de gener del 1939. De paso se llevó bienes púbs y patrimonio de todos. El president había mandfado destruir gran parte del pastrimonio artístico de Cataluñas.

Con el inicio de la II Guerra Mundial, la mayoría de los refugiados que permanecían en Francia se incorporaron a unidades militares para combatir a Alemania y unos 10.000 refugiados, principalmente comunistas, se integraron en la resistencia jugando un papel importante en la lucha contra la ocupación alemana. ​ Los combatientes españoles liberaron gran parte del sur de Francia, una de las primeras unidades en entrar a París la integraban exiliados españoles y los batallones Guernica y Libertad participaron en liberación de posiciones en la zona del Atlántico. El número de exiliados españoles muertos en la II Guerra Mundial puede acercarse a la cifra de 25.000. Acabada la II Guerra Mundial, los exiliados españoles en Francia adquirieron un estatus legal, del que carecían con anterioridad, que les permitió permanecer en el país. También es de destacar la comunidad de exiliados en México. ​

El exilio republicano permanente se calcula en 200.000 exiliados, compuesto principalmente por combatientes del Frente Popular, cargos públicos, profesionales e intelectuales. En determinadas áreas como la poesía, las ciencias o el pensamiento, quienes emigraron representaban una parte trascendental de la cultura española, por lo que la sociedad española se vio mutilada por la desaparición de esas personas.

 

 

Consecuencias de la Guerra Civil Española

De: https://historiaybiografias.com/civil_espanola/

La principal consecuencia de la Guerra Civil Española fue la gran cantidad de pérdidas humanas, no todas atribuibles a las acciones propiamente bélicas y sí muchas de ellas relacionadas con la violenta represión ejercida o consentida por ambos bandos, entre las que se pueden incluir las muertes producidas por los bombardeos sobre las poblaciones civiles.

En el aspecto político, el resultado fue el brusco cambio de un gobierno emanado de las urnas electorales a otro surgido de las armas; es decir, el final de la democracia para dar paso a una férrea dictadura que se prolongaría hasta la muerte de Franco en 1975.

Las principales consecuencias en el plano económico fueron: pérdida de reservas materiales y financieras, disminución de la población activa, destrucción de infraestructura, disminución de la producción y reducción en el nivel de ingresos. La mayoría de la población española padeció durante la contienda y por las siguientes dos décadas, los efectos del racionamiento y la privatización de bienes de consumo.

El Plan Marshall, que después de la Segunda Guerra Mundial ayudó en la recuperación económica de otros países europeos, no se hizo extensivo a España debido a que el régimen franquista debía su triunfo a la ayuda nazi—fascista. La Guerra Civil Española, con todas sus brutales implicaciones para la población y el desarrollo político y económico del país, parecía constituir el preámbulo de la nueva guerra total que amenazaba al mundo entero, un conflicto que colocaba a las naciones occidentales en la disyuntiva entre el terror rojo y la amenaza fascista, una guerra cuyo desarrollo y pavoroso desenlace final fundamentarían los cimientos de la etapa histórica que hoy llamamos “mundo actual”.

 

Francisco Franco

 

Relaciones internacionales

Las repercusiones políticas y emocionales de la guerra trascendieron de lo que es un conflicto nacional, ya que, por muchos otros países, la Guerra Civil española fue vista como parte de un conflicto internacional que se libraba entre la religión y el ateísmo, la revolución y el fascismo. Para la URSS, Alemania e Italia, España fue terreno de prueba de nuevos métodos de guerra aérea y de carros de combate. Para Gran Bretaña y Francia, el conflicto representó una nueva amenaza al equilibrio internacional que trataban dificultosamente de preservar, el cual se derrumbó en 1939 (pocos meses después del fin de la guerra española) con la Segunda Guerra Mundial. El pacto de Alemania con la Unión Soviética supuso el fin del interés de esta en mantener su presión revolucionaria en el sur de Europa.

En cuanto a la política exterior, supuso el aislamiento de España y la retirada de embajadores de casi todo el mundo. Solo unos pocos países mantuvieron relaciones diplomáticas con España desde el final de la II Guerra Mundial hasta el inicio de la Guerra Fría. A partir de los años 50, las relaciones internacionales españolas, con el apoyo de EE. UU., pasan a ser casi normales, salvo con los países del Bloque Soviético.

 

 

 

Franco no derrotó en 1939 a una democracia, sino a un frente popular disgregador y totalitario, salido de unas elecciones fraudulentas. Por Pío Moa

Escrito por Pío Moa • 2018-09-05

La izquierda y los separatistas tienen una coherente versión histórica de la historia reciente: en 1936 Franco y los suyos dieron un golpe de estado contra un régimen democrático, que llaman la república, la cual amenazaba los privilegios de los “enemigos del pueblo y de la libertad”. Luego instituyeron una dictadura feroz, durante cuarenta años. Y tras la muerte del dictador, sus seguidores y beneficiarios impusieron una transición democrática a medias, desde el franquismo y no contra él, reteniendo gran parte de su poder. Y hoy ha llegado el momento democratizar plenamente a España, integrarla en Europa, etc. Este esquema histórico es el que subyace a todas sus políticas y argumentario.

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El Frente Popular no fue la república, sino la destrucción de ella mediante el golpe de estado de unas elecciones fraudulentas seguidas de un verdadero régimen de terror. Se compuso de partidos separatistas y totalitarios acompañados de los mariachis republicanos de izquierda, a su vez golpistas desde 1933. Carecía, por tanto, de toda legitimación democrática. Y por ello mismo, los partidos que después se identificaban moral y políticamente con el Frente Popular estaban en la misma posición.  (Diré de pasada que esta evidencia decisiva he sido el primero o de los primerísimos en señalarla e insistir en ella).

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a) Franco no derrotó en 1939 a una democracia, sino a un frente popular disgregador y totalitario, salido de unas elecciones fraudulentas. Y no tuvo oposición democrática, sino comunista y/o terrorista, porque era preciso asegurar un país próspero y sin odios antes de replantearse una democracia, y todo el mundo lo entendía más o menos conscientemente. Y eso fue lo que hizo el franquismo.

b) Franco volvió a derrotar después de muerto a un nuevo frente popular en ciernes. Fue en el referéndum de 1976, cuando la inmensa mayoría del pueblo votó por una democratización desde el franquismo y contra una amalgama de partidos izquierdistas y separatistas (“rupturistas”) que se identificaban con los derrotados del 36. Con la novedad de incluir a grupos cristianos y similares salidos del confusionismo sembrado por el Vaticano II.

c) Los frentistas no renunciaron a las tesis que les daban la citada coherencia, sino que aprovecharon las ventajas que les proporcionaba la democracia para socavarla, bien conscientes de la utilidad que representaba una visión de la historia, aunque fuera falsaria. Con Zapatero lograron fuerza suficiente para anular la transición, deslegitimar por fin al franquismo, y con él a la monarquía y a la democracia, agravando los problemas de separatismos y el impulso totalitario, bien manifiesto en un tipo de propaganda, en leyes como la de la memoria histórica o la de género, o en la recompensa política a los asesinatos de la ETA.

d) Cumplida esta primera parte, quedaba aún ultrajar al hombre que los había vencido por dos veces y destruir de alguna manera, física o simbólicamente, el Valle de los Caídos, que con su mera presencia denunciaba la falsedad del discurso frentista y de sus políticas derivadas.

  

Publicada en el Blog de Campos el 13-12-2018

 

 

 

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