Todo a cien – 343 Las cloacas de la política y la realidad de la calle

El portavoz del Partido Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, publica un wsp, alardeando del acuerdo alcanzado con el PSOE  para el nombramiento del presidente y vocales del CGPJ, en el que dice que controlarán “desde detrás” varios órganos claves del Tribunal Supremo, al nombrar al magistrado Manuel Marchena “Un presidente gran jurista con muchísima experiencia en el Supremo, que prestigiará el TS y el CGPJ, que falta le hace, con una capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0″. O sea, algo así como que el poder político controle y supedite al poder judicial.

El magistrado Marchena ha presentado su dimisión irrevocable, toda la judicatura se ha puesto de su parte, el resto de Partidos Políticos en contra del Partido Popular que, otra vez, ha disparado sobre sus propios pies.

 

 

El Ministerio de Defensa ha abierto una investigación a un teniente coronel, doctor por la Universidad de Salamanca, en la reserva, en situación de prejubilación militar, que ha escrito un artículo en el que destacan los siguientes párrafos:

“A medida que las nuevas circunstancias pluralistas han ido descomponiendo la unidad de los sistemas de valores, han aparecido diversas reacciones posibles a las que pueden recurrir las sociedades y sus dirigentes políticos responsables para lograr la cohesión social que tu (sic) estás dilapidando con la Ley de la Memoria Histórica, el conflicto catalán, el conflicto vasco y tus alianzas con la extrema morada izquierda que quiere dilapidar la Nación española como los artistas políticos del sexenio revolucionario”.

“Me consta que todo lo dicho o gran parte de ello son declaraciones teóricas de solución de conflictos, pero no soy ajeno a las soluciones derivadas de la aplicación de la violencia legítima que, como última salida y si no entran en razón las partes, el Estado tiene la obligación de aplicar antes, durante y después del estallido real del enfrentamiento civil. Lo que sí me queda claro como sociólogo es que existe un problema que hay que solucionar con la buena voluntad de las partes, pero que, si ésta no existe, como militar nos quedaría la solución armada en la que se aplicará la Ley de Estados (estado de alarma, excepción y sitio) con toda su contundencia, pero, eso sí, sin rencor por nuestra parte ni ánimos de venganza que para eso somos profesionales y ustedes españoles, aunque no les guste. No les quepa la menor duda a los dirigentes de todas las partes en lid”.

Estoy absolutamente convencido que tanto el primer caso como el segundo, tendrán millones de personas a favor y millones de personas en contra, porque una cosa es lo que se cuece en las “cloacas de la política” y otra la realidad de lo que ocurre en la calle.

 

 

Para mí, ambas son injustificables; pero esto no pasaría si fueran los propios jueces y fiscales quienes eligieran a sus mandos a partir de Fiscal Provincial hasta la más alta magistratura del Estado, sin que pudieran pertenecer a ningún partido político ni manifestar sus ideas políticas, que deberían quedar aparcadas siempre a favor de la justicia, al igual que la milicia tiene prohibida su afiliación e infringir la neutralidad política, contemplando hasta su expulsión del Ejército, aunque vea que cada día se desprestigia más España y su bandera, que ellos juraron defender hasta su última gota de sangre.

 

 

Publicado en el Blog de Campos el 20-11-2018

 

 

 

 

 

 

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