España – II República Española – 5ª parte

12/03/2017

Así fue el fraude en las elecciones del Frente Popular, con falsificaciones en el recuento. Hubo un ‘baile’ de 50 escaños a favor de las izquierdas. Dos historiadores, tras cinco años de investigación, aportan las cifras y las pruebas del desvío de votos

Actas con raspaduras y dígitos cambiados para añadir más votos que los reales a los candidatos del Frente Popular en Jaén, donde hubo urnas con más votos que votantes; recuento adulterado gravemente en La Coruña; fraude en Cáceres, Valencia -con escrutinios a puerta cerrada sin testigos- o Santa Cruz de Tenerife, donde “la victoria oficiosa del centro-derecha se convirtió en un corto triunfo del FP, que se anotó los cuatro escaños de las mayorías; desvíos de votos en Berlanga, Don Benito y Llerena para perjudicar a la CEDA… Al menos el 10% del total de los escaños repartidos (lo que supone más de 50) no fue fruto de una competencia electoral en libertad, sostienen Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, los autores de ‘1936: Fraude y Violencia‘. El libro supone, según el historiador Stanley G. Payne, “el fin del último de los grandes mitos políticos del siglo XX”. “España se ha vuelto Coruña”, dejó escrito Niceto Alcalá-Zamora para referir cómo se generalizó lo ocurrido en La Coruña, que para el ex presidente de la República ejemplificaba “esas póstumas y vergonzosas rectificaciones” acontecidas con las actas electorales. Si a los 240 asientos conseguidos por el Frente Popular se le restan los que fueron fruto del fraude, las izquierdas solas no habrían llegado al Gobierno.

 

Ilustración realizada a partir de un cartel del PCE, obra de Josep Renau, de 1938

 

Tras un meticuloso empeño detectivesco, consultar y desempolvar los archivos y actas, una a una, de cada provincia, además de otras fuentes primarias -memorias y prensa-, los prestigiosos historiadores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García han reconstruido, casi minuto a minuto, el relato del recuento de las últimas elecciones generales anteriores a la Guerra Civil. Y publican, por primera vez, tras consultar todas las actas, los resultados oficiales de las elecciones del 16 de febrero de 1936, que pasaron a la historia como las de la gran victoria del Frente Popular y situaron a Manuel Azaña al frente del Gobierno de la II República. No sólo confirman que la derecha se impuso por 700.000 votos en el conjunto de España, sino que explican los casos más escandalosos de fraude.

Vuelcos increíbles y recuentos de papeletas interrumpidas. Papeletas que aparecen a última hora, en bloque y a veces en sobres abiertos, para decantar el resultado en una mesa. Otras con tachaduras, borrones y raspaduras… En La Coruña, Orense, Cáceres, Málaga, Jaén, Santa Cruz de Tenerife, Granada o Cuenca ocurrieron cosas muy raras. Todas influidas por una circunstancia sabida pero que ha pasado relativamente desapercibida: en mitad del recuento -que ocupaba varios días- dimitió el Gobierno de Portela -a quien los autores responsabilizan en gran parte del desaguisado-. El nuevo Gobierno, “sólo de Azaña”, como diría el presidente de la República, Alcalá Zamora, para subrayar que lo integraban figuras secundarias de la Izquierda Republicana y Unión Republicana, condicionó las horas decisivas del escrutinio.

Las elecciones de febrero de 1936 fueron limpias; la campaña, muy sucia. Se cerró, precisan los autores, con 41 muertos y 80 heridos de gravedad. La violencia se instaló en las calles y los comicios adquirieron un carácter plebiscitario en un ambiente viciado, radicalizado, polarizado y caníbal. Fueron unos comicios en pie de guerra en los que parecía ventilarse el futuro de la República.

Ahora el libro de los historiadores y expertos en el periodo Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, que recogen en la obra 1936. Fraude y Violencia en las elecciones del Frente Popular (Espasa), descubre la verdad de lo ocurrido. Se trata de una mastodóntica y absolutamente novedosa investigación que, como subraya el hispanista Stanley Payne, pone fin a uno de los “grandes mitos políticos del siglo XX».

Porque los profesores de la Universidad Rey Juan Carlos (Álvarez imparte allí Historia del Pensamiento Político y Villa, Historia Política) desmontan leyendas construidas en torno a la victoria de las izquierdas. Lo que sucedió durante los días posteriores a la votación no fueron manifestaciones de entusiasmo, celebración y alborozo de simpatizantes del Frente Popular, sino prácticas coactivas y de intimidación organizadas e instigadas por las autoridades interinas provinciales, que aprovecharon el cambio repentino de Gobierno el día 19. Se extendieron por todo el país, generaron un clima de inseguridad jurídica en torno al recuento e influyeron en los resultados finalmente admitidos.

Los autores, además de publicar por vez primera los resultados oficiales de aquellas elecciones, identifican los casos de fraude, falseamiento y manipulación. Detallan caso a caso, vuelcos inexplicables y recuentos interrumpidos; papeletas que aparecen a última hora, en bloque, para decantar el resultado en una mesa y otras con tachaduras, borrones y raspaduras. Demuestran que algo más del 10% del total de escaños de esas nuevas Cortes, más de 50, no fue fruto de una libre competencia electoral.

Nunca hubo un acta única con los resultados oficiales. Las Juntas Provinciales informaban del recuento a la Central, que lo trasladaba al Congreso. El cómputo final debía aparecer en los anuarios estadísticos del año siguiente. No fue así. Hasta el momento, los historiadores hacían proyecciones sobre la base de la relación entre las cifras publicadas en prensa y la asignación final de escaños.

El fraude fue directamente promovido o pasivamente respaldado por las autoridades provinciales interinas del Frente Popular, que obraron con total impunidad y pudieron hacerse con la documentación electoral tras el cambio de Ejecutivo, hecho que propició la dimisión de los gobernadores civiles y presidentes de Diputación o simplemente su expulsión o detención -en algunos casos para preservar “su seguridad”-. Por supuesto, la ola de violencia desatada entre los días 16 y 19 precipitó los acontecimientos. En algunos lugares los alborotadores obligaron a las autoridades de un hospital de leprosos a dejar marchar a los enfermos.

Las elecciones se falsearon fundamentalmente en mesas de Málaga y Santa Cruz de Tenerife, donde hubo de repetirse la votación. Aunque sin la fiscalización y presencia de apoderados de centristas y representantes de las derechas. Fueron, según se desprende del nuevo libro, una auténtica farsa.

 

 

El día 20 debían abrirse de nuevo 57 colegios de la capital malacitana. Se disputaban nada menos que 29.000 votos. Los resultados del día 16 favorecieron con holgura al FP. Por eso resulta un misterio que la coalición cambiara de candidato (práctica legal), el socialista Luis Dorado, que tenía que sacar 13.000 votos de diferencia respecto del cedista para asegurar su escaño. Militantes del FP ocuparon en la víspera la sede del Gobierno Civil y sustituyeron al gobernador por un concejal afín. Lo mismo hicieron en el Ayuntamiento y la Diputación. El nuevo gobernador clausuró las sedes de la CEDA y Falange y detuvo a varios afiliados. Finalmente, el cedista Emilio Hermida retiró su candidatura (lo que no impedía que fuera votado). Hubo disturbios y tiroteos, pero votó todo el mundo: unos 29.000 censados. Casi 28.000, al socialista Dorado.

En Santa Cruz de Tenerife el triunfo parecía asegurado para el representante de centro-derecha, que llevaba, según el Gobierno Civil y a falta de abrir los últimos colegios, una ventaja de 11.000 votos. El centrista Félix Benítez de Lugo, dándose por vencedor, pidió el voto por las candidaturas republicanas para frenar a socialistas y comunistas (el sistema electoral era de lista y mayoritario en circunscripciones plurinominales).

El día 19 se produjo un giro inesperado: candidatos del FP invitaron al gobernador a dejar su puesto. La razón era sencilla: no tenía sentido que siguiera en él si su Gobierno había dimitido. Ugetistas, cenetistas y miembros del FP exigieron a Azaña en varias ciudades la apertura de cárceles para liberar a los “presos sociales” y la entrega a las izquierdas de los ayuntamientos, esto último para impedir que la derecha alterase los resultados. El día 20 se declaró el estado de guerra en la ciudad. El candidato radical se retiró. Proclamada una huelga general, las elecciones no se celebraron. No obstante, en ocho de nueve colegios aparecieron las papeletas del FP: 3.700 votos fantasma que contribuyeron, junto con otras manipulaciones de las actas, a dar un vuelco al resultado de la provincia.

También tenían que votar el día 20 los electores del pueblo jienense de Alcaudete. Acudieron a las urnas mientras la Junta Provincial procedía al escrutinio. Total, que las izquierdas se impusieron en ese feudo de tradición conservadora por 599 a 0. En Linares aparecieron urnas sin precintar y en cinco de la provincia había más votos que votantes censados. Asimismo, en Valencia, La Coruña o Cáceres se rompieron o interceptaron urnas.

En Valencia las fuerzas estaban igualadas. El cambio de Gobierno precipitó un aparatoso recuento de 21 municipios: las izquierdas ganaron por 400 votos, los suficientes. La Junta Provincial se negó a un recuento oficial, porque “ya se había hecho a puerta cerrada”.

En La Coruña el cómputo se prolongó hasta el día 24: los resultados de 188 actas no se correspondían con las certificaciones de las mesas. “España se ha vuelto Coruña”, escribió Alcalá Zamora. Allí las autoridades interinas exigieron la presentación inmediata de las actas de 56 colegios y amenazaron con una huelga general si no se encontraba una solución “satisfactoria para las izquierdas”. Los candidatos de las derechas fueron arrestados por un día acusados de fraude.

Y en siete municipios de Cáceres la documentación llegó a la Junta Provincial con el lacrado roto y los sobres abiertos. En cinco mesas desapareció el acta de la votación. Los investigadores ilustran con muchos ejemplos de maniobras similares que el cambio de autoridades modificó el reparto final de escaños. Interrumpieron el recuento donde la contienda estaba más ajustada.

El día 20, cuando se reunían las Juntas Provinciales, el procedimiento para introducir confusión fue parecido en muchos sitios: las izquierdas denunciaban a las derechas por manipulación y fraude, impugnaban los resultados e incluso detenían a sus representantes. Hasta ese momento, la mayoría del FP sólo se daba “por supuesta”.

El propio Portela, cuyo escaño por Pontevedra estaba en el aire, rehusó avanzar resultados antes del día 20. Algunas embajadas adelantaban el día 18 un empate, lo cual convertía en decisiva la segunda vuelta, que a la postre fue irrelevante, a pesar de tener que realizarse en un buen número de provincias. Las izquierdas pusieron en marcha su aparato propagandístico: el FP “no se dejaría arrebatar la victoria”; “¿Tienen el mismo valor, políticamente, el medio millón de sufragios logrados en Madrid y Barcelona que los 50.000 arrancados a los campesinos palentinos por el caciquismo?”. Las consignas del PCE iban dirigidas al nuevo Gobierno, cuyo deber era ajustar las Cortes, “desembarazadas de impurezas”, a las preferencias electorales, que nada tenían que ver con las de “un capitán de industria como March”.

Las izquierdas no estaban dispuestas a admitir un escrutinio que no les otorgara la victoria. Según el estado de opinión que se creó, partiendo con la ventaja adquirida, cualquier vuelco durante el escrutinio era fraudulento. El FP se impondría en número de escaños, pero estaba en juego la mayoría parlamentaria suficiente: 240 asientos.

¡Bingo!, obtuvieron más de 50 escaños de manera dudosa. Los números salieron tras el cambio de Gobierno, pues antes de esa fecha y en los dos primeros días de recuento, los datos de Alcalá Zamora, Azaña y el embajador británico coincidían: entre 216 y 217 diputados para el FP. Si a los 240 asientos conseguidos por el Frente Popular se le restan los que fueron fruto del fraude, las izquierdas solas no habrían llegado al Gobierno. En total había 473 escaños en liza.

El Gobierno de Azaña era legal y legítimo, pues correspondía al presidente disolver y nombrar otro, pero su “inteligencia política” no sale bien parada. Este libro precisa todo lo que ocurre en esos cuatro días. El 19 lo cambió todo. Tras la “huida” de Portela, el FP se hizo con el poder local, hecho decisivo para condicionar el recuento y crear una atmósfera intimidatoria. Los desórdenes no se produjeron como reacción a los rumores de golpe sino para asegurar una mayoría parlamentaria al FP. El Estado de Derecho quedó de facto suspendido.

La tarea que han hecho Tardío y Villa es prodigiosa. Para demostrar el fraude han seguido un escrupuloso método de verificación de los aspectos legales y formales de las elecciones. Después han comparado votos escrutados en las mesas y los resultados proclamados por las juntas -aquí está la madre del cordero del falseamiento-. Y por último, han analizado la justificación de las impugnaciones.

Han sido más de cinco años de investigación. No recurren a documentos secretos. Todos son públicos. Había que expurgarlos, ordenarlos y construir el puzle. La mayoría de los papeles no habían sido consultados antes. Los autores han recorrido España y han escudriñados los archivos del Foreign Office, el Quai d’Orsay y el archivo del Vaticano para contar desde distintos ángulos seis meses decisivos en la historia de España, desde diciembre de 1935 hasta la primavera del 36.

Los autores testan la calidad democrática de la República y sostienen que la CEDA resistió electoralmente. Demuestran que había una sólida base sociológica para construir una República inclusiva. Por desgracia, sostienen en conversación con Crónica, “la estrategia del Frente Popular en la discusión de las actas en el Congreso y el hecho de que la izquierda republicana, con Azaña a la cabeza, no se plantara ante el radicalismo socialista, fue lo que una vez más dinamitó los puentes de diálogo con la oposición conservadora. Eso constituyó un duro golpe para la consolidación de la joven democracia republicana”. En todo caso, no dan pábulo a las tesis revisionistas que proyectan determinados acontecimientos sobre el Golpe del 36. Cuentan hechos desnudos, con máximo rigor y sin prejuicios. Muy pocas veces se puede decir de un libro que es definitivo. “1936. Fraude y violencia” (Espasa), de Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García.

 

https://www.elespanol.comhttps://www.elespanol.com/reportajes/20160715/14

Elecciones de febrero del 36. Dos historiadores denuncian el “fraude” y la “violencia” destinados a asegurar la victoria de las candidaturas de izquierdas.

Libertad Digital del 2017-03-25

 

Portada de ‘1936 Fraude y Violencia en las elecciones del Frente Popular’. | Espasa

 

La izquierda no ganó las elecciones del 16 de febrero de 1936. Fueron los candidatos de la derecha, agrupados fundamentalmente en torno a la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) los que sacaron más votos, casi 700.000 papeletas más. Sin embargo, quien se hizo con el Gobierno fue el Frente Popular que, además, aceleró a partir de ese momento su proceso de radicalización y exclusión del adversario.

La editorial Espasa publica 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular de Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, dos profesores de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Las conclusiones son demoledoras. La izquierda manipuló el recuento en hasta 50 de los 240 escaños que se le otorgaron al Frente Popular en aquel momento y que le sirvieron para obtener la mayoría absoluta de los 473 escaños en juego para el Congreso. Sin estos 50 escaños, el FP no habría podido gobernar en solitario. Si lo consiguió fue a causa de un fraude masivo, orquestado o al menos permitido desde el Gobierno, para favorecer a los candidatos de la izquierda.

El libro explica que todo comenzó con la dimisión de Manuel Portela como presidente del Gobierno, ocurrida el 19 de febrero, tres días después de las elecciones y con el recuento todavía en marcha. El político centrista cedió el poder a Manuel Azaña y, a partir de ahí, los acontecimientos se precipitaron. En aquellas provincias en las que el resultado no era del agrado de los radicales de izquierda, estos denunciaban a la derecha por fraude, reabrían el recuento e incluso detenían a los representantes de los partidos que no fueran parte del FP. En ese momento, y con la complicidad de las autoridades (pasiva o activa), se iniciaba un segundo recuento plagado de irregularidades que favorecía sistemáticamente a los candidatos de la izquierda. Los autores hablan de actas con raspaduras, dígitos cambiados, recuentos adulterados en los que la cifra final no coincide con los votos escrutados en las mesas, escrutinios a puerta cerrada, papeletas que aparecen sin saber muy bien cómo a última hora, sobres abiertos, urnas con más votos que votantes…

¿El resultado? Pues que los 216-217 escaños que tanto Niceto Alcalá-Zamora (presidente de la República) como el embajador británico daban al Frente Popular tras los tres primeros días del recuento se convirtieron en 240 cuando se terminó y se declaró el resultado final: mayoría absoluta para los partidos de la izquierda. En opinión de los autores, el fraude fue directamente promovido o respaldado de forma pasiva por las autoridades provinciales del Frente Popular. Las provincias donde las irregularidades fueron más graves fueron La Coruña, Jaén, Cáceres, Valencia, Málaga y Tenerife. Según estos historiadores, hasta 50 escaños pudieron cambiar de manos de forma fraudulenta.

Sobre el volumen de Álvarez y Villa, Stanley G. Payne ha asegurado que se trata del “fin del último de los grandes mitos políticos del siglo XX”.

 

La tradición de la izquierda española de quemar iglesias, aunque no haya guerra. Juan E. Pflüger .  05 abril, 2016

 – https://gaceta.es/blogs/crimenes-del-comunismo/tradicion-izquierda-espanola-quemar-iglesias-haya-guerra

La Segunda República, esa que nuestros políticos a la izquierda de Ciudadanos venden como el paradigma de las libertades y el respeto, se estrenó pocos días después de su proclamación con ataques a la Iglesia. Durante el Gobierno del Frente Popular, antes de estallar la Guerra Civil, también andaban quemando Iglesias. Luego su afición por la piromanía no se ciñe a los periodos bélicos. No es una cuestión de reacción frente a un alineamiento de la jerarquía eclesiástica con los alzados el 18 de julio.

Las primeras agresiones violentas contra centros religiosos se extendieron por España durante los días 11 y 12 de mayo de 1931. La República se había proclamado menos de un mes antes, el 14 de abril, tras las revueltas posteriores a unas elecciones municipales celebradas el domingo 12 de aquel mes. El día 10 de mayo de aquel 1931 era domingo. Los monárquicos inauguraban la sede del Círculo Monárquico Independiente. La música elegida para la apertura de los actos fue –no podía ser de otra manera- la “Marcha real”. Nada de lo que allí se hizo era ilegal ni contrariaba la legalidad republicana que se estaba constituyendo con el anuncio de que sería una democracia abierta en la que se respetarían todas las ideas políticas. Incluso las monárquicas.

 

 

Junto a la sede del Círculo se congregaron varios “convencidos republicanos” que insultaron a los que se encontraban en el interior. En ese momento llegaba un taxi con dos asistentes al evento de los monárquicos que discutieron con el conductor y con varios de los allí presentes. El resultado es que los republicanos empezaron a quemar los coches de los monárquicos que había aparcados en la puerta. Inmediatamente los revoltosos hicieron correr la falsedad de que el taxista había sido asesinado y los manifestantes se dirigieron hacia las oficinas del periódico monárquico ABC. Allí la Guardia Civil tuvo que disparar para evitar un asalto violento de las instalaciones del diario y murieron tres personas.

La respuesta de la muchedumbre fue asaltar un quiosco de venta del periódico El Debate, de inspiración católica, y el incendio de una librería especializada en textos religiosos. Si el incidente se había iniciado por un enfrentamiento entre monárquicos y republicanos ¿Por qué los izquierdistas se lanzan contra los católicos?

No son pocos los autores que señalan que los ataques contra instalaciones católicas estaban preparados y se iban a producir independientemente de la actitud que la Iglesia tomara y este fue el momento que aprovecharon para ponerlos en marcha.

Madrid fue la primera ciudad en verse asolada por una turba que pertenecía a los partidos que formaban parte del Gobierno provisional. Allí estaba la izquierda radical –socialistas, anarquistas y comunistas-, pero también miembros de partidos de la izquierda burguesa como la Acción Republicana de Manuel Azaña, que ocupaba la cartera de Guerra. En Gobernación estaba el único miembro de un partido de derecha moderada de aquel Ejecutivo: Miguel Maura, de Derecha Liberal Republicana, que abogó por sacar la Guardia Civil para frenar los ataques. El propio Azaña se negó, primero el día 10 y luego el 11 de mayo. Fue entonces cuando pronunció aquella frase que se ha hecho célebre: “Todos los conventos de España no valen la vida de un republicano. Si sale la Guardia Civil, yo dimito”.

Los radicales empezaron, ante la inacción del Gobierno, una orgía de incendios en Madrid. Entre la noche del 10 de mayo, todo el día 11 y las primeras horas del 12, momento en el que se declaró el Estado de Guerra en Madrid y se sacó a la Guardia Civil, fueron decenas de centros religiosos los atacados.

 

 

Los desmanes empezaron en la residencia de profesos de los Jesuitas de la calle Isabel la Católica, allí se incendió también la capilla adyacente al edificio. La izquierda, que lleva décadas considerándose la garante de la cultura frente a lo que consideran el obscurantismo de la Iglesia, no tuvo ningún problema a la hora de incendiar los casi 90.000 libros de la biblioteca de ese centro de estudios, entre ellos había numerosos incunables y primeras ediciones de miles de títulos clásicos. Después se pasó a incendiar el Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI), con su biblioteca de 20.000 volúmenes y el Colegio de la Inmaculada. De allí pasaron al Centro de Enseñanza de Artes y Oficios que se encontraba en la calle Areneros y en el que los jesuitas daban formación técnica a hijos de obreros que no podían pagar sus estudios.

También fueron pasto de las llamas en Madrid la Iglesia de los Carmelitas Descalzos en la Plaza de España, el colegio del Sagrado Corazón, el de Nuestra Señora de las Maravillas y su museo de ciencias, el colegio de María Auxiliadora y los conventos de las Mercedarias Descalzas y de las Bernardas de Vallecas. Además, otra docena de edificios se salvaron de las llamas o solamente fueron parcialmente destruidos gracias a la acción de los bomberos o de ciudadanos que lograron parar la acción de los izquierdistas.

La ciudad donde mayores daños causaron los ataques de los republicanos contra edificios religiosos fue Málaga. En la ciudad andaluza los ataques se habían producido desde el mismo momento en el que se proclamó la República: el 14 de abril se incendiaba la Residencia de los Jesuitas y el 15 el Seminario de la ciudad. El 11 de mayo volvieron a asaltar la residencia de los Jesuitas y la residencia del Obispo, que no llegó a ser destruida gracias a la actuación de la Guardia Civil que después fue retirada de las calles por orden del gobernador militar de Málaga, el general Gómez-Caminero, que dejó vía libre a los izquierdistas para que destruyeran durante 24 horas cuantos edificios religiosos quisieran. Así, en Málaga ardieron 42 iglesias y conventos, fueron asesinados seis religiosos, otros 27 resultaron heridos y más de 50 edificios próximos a los incendiados se vieron afectados por el fuego.

En Valencia ardieron seis edificios y fueron asaltados otros seis. En Sevilla, además del colegio de los Jesuitas de Villacís, fueron incendiados otras cinco iglesias y conventos y una docena recibieron ataques. En la provincia de Sevilla también se incendiaron templos en varias localidades como Lora del Río, Alcalá de Guadaíra o Carmona. En Granada se asaltaron dos diarios conservadores y católicos: Gaceta del Sur y El Noticiero Granadino y se incendiaron dos colegios, una iglesia y un convento. En Córdoba ardió el Convento de San Cayetano. En Cádiz y varios pueblos de su provincia fueron destruidos por las llamas 10 iglesias y conventos.

Ya fuera de Andalucía, en Murcia se quemó la Iglesia de la Purísima y los conventos de las Isabelas y las Verónicas, además de las oficinas del diario La Verdad de Murcia. Y en Alicante se incendiaron 15 centros religiosos.

Las reacciones desde los medios de la izquierda fueron más que llamativas. Todas ellas exculpaban a los pirómanos y asesinos –en toda España murieron cerca de 30 personas y más de 100 resultaron heridas de diversa consideración-, pero es especialmente significativo el editorial del diario El Socialista en el que se decía: “La reacción ha visto ya que el pueblo está dispuesto a no tolerar. Han ardido los conventos: esa es la respuesta de la demagogia popular a la demagogia derechista”.

Tras estos incidentes se produjo el ataque legal a los católicos. Se prohibió su actividad docente, lo que llevó a cerrarse miles de colegios en toda España, se expulsó a los Jesuitas y se incautaron sus bienes y se limitó la capacidad de practicar ritos de culto en público.

 

 

Durante la revolución de octubre de 1934 en Asturias se incendió la Universidad de Oviedo, parte de la Catedral y la Cámara Santa, el teatro Campoamor y diversos edificios religiosos en los municipios en los que los revolucionarios tuvieron el poder o cierta fuerza como en Gijón, La Felguera o Sama.

En el periodo de Gobierno del Frente Popular, ya en 1936 y antes del alzamiento militar del 18 de julio, los ánimos volvieron a crisparse y la deriva revolucionaria del nuevo Ejecutivo permitió que se retomasen los desmanes. Durante casi cuatro meses, el diputado José Calvo Sotelo empleó sus intervenciones parlamentarias para burlar la censura y hacer públicas las destrucciones de edificios religiosos, los ataques a personas y organismos, los asesinatos, secuestros, bombas y petardos que sumaron, según sus cuentas, 1.874 actos violentos en ese periodo.

 

 

Tras el asesinato de Calvo Sotelo, José María Gil Robles, líder de la CEDA, completó su trabajo y en la sesión especial en el Congreso de los Diputados del 14 de julio que trataba sobre la muerte del dirigente derechista hizo el último recuento antes de la Guerra Civil: “Desde el 16 de junio al 13 de julio, inclusive, se han cometido en España los siguientes actos de violencia, habiendo de tener en cuenta los señores que me escuchan que esta estadística no se refiere más que ha hechos plenamente comprobados y no a rumores que, por desgracia, van teniendo en días sucesivos una completa confirmación: Incendios de iglesias, 10; atropellos y expulsiones de párrocos, 9; robos y confiscaciones, 11; derribos de cruces, 5; muertos, 61; heridos de diferente gravedad, 224; atracos consumados, 17; asaltos e invasiones de fincas, 32; incautaciones y robos, 16; Centros asaltados o incendiados, 10; huelgas generales, 129; bombas, 74; petardos, 58; botellas de líquidos inflamables lanzadas contra personas o casas, 7; incendios, no comprendidos los de las iglesias”.

 

Publicado en el Blog de Campos el 01-11-2018

 

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